El precio de la primera terapia génica contra la leucemia vuelve a cuestionar la transparencia de los laboratorios

 Teguayco Pinto, El Diario.es, 1 de septiembre de 2017

EEUU aprueba un tratamiento pionero basado en la utilización de células de los pacientes genéticamente modificadas que será comercializado por Novartis
Varias ONG critican este coste por haber recibido, según algunos estudios, 200 millones de dólares de financiación pública para la investigación

"La terapia no es cara de fabricar y el mercado es lo suficientemente grande para justificar un precio mucho más bajo", explica el economista James Love

 

EEUU aprueba la primera terapia génica contra la leucemia linfoide EFE

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU  aprobó el pasado miércoles un tratamiento pionero contra un tipo de leucemia basado en la utilización células genéticamente modificadas de los pacientes para combatir la enfermedad. La propia agencia (FDA, por sus siglas en inglés) calificó el hecho como un paso "histórico" que podría transformar los tratamientos contra el cáncer durante los próximos años. Sin embargo, su precio, 475.000 dólares, vuelve a reabrir el debate sobre la accesibilidad y la falta de transparencia en el sector.

La terapia, denominada Kymriah y desarrollada en su fase final por la farmacéutica Novartis, se basa en la técnica CAR-T, que consiste en extraer linfocitos de un paciente y manipularlos genéticamente para que sean capaces de reconocer y atacar a las células tumorales. Una vez han sido modificados, los linfocitos volverían a inyectarse en el paciente en una sola intervención.

El procedimiento está indicado para pacientes menores de 25 años que padecen leucemia linfoblástica aguda de células B y que no responden a los tratamientos convencionales. "Este tipo de leucemia aguda es la más habitual en niños", explica a eldiario.es Miguel Ángel Canales, Jefe de sección de Hematología del Hospital de la Paz, "y el tratamiento habitual se basa esencialmente en quimioterapia, aunque en los casos de mal pronóstico también utilizamos el transplante de médula".

Según datos de la Sociedad Americana del Cáncer, los tratamientos convencionales consiguen hoy una remisión de 5 años o más en el 85% de los niños afectados. Pero existen unos 500 casos al año, solo en EEUU, en los que estos tratamientos no funcionan. En esos casos es en los que se ha probado Kymriah y, según los resultados publicados por la FDA, la terapia ha funcionado en un 83% de ellos.

Para Canales, este nuevo tratamiento representa "un avance importantísimo, porque se basa en utilizar nuestro propio sistema inmunológico para atacar a las células tumorales" y asegura que "hacer tratamientos dirigidos que permiten mayor eficacia y menor toxicidad es el futuro".

¿Un precio disparatado?

Junto al anuncio de la aprobación por parte de la FDA,  Novartis también ha hecho público el precio de referencia del tratamiento, que será de unos 475.000 dólares. El coste no incluye todos los gastos médicos asociados vinculados a la administración de este tratamiento.

El precio de salida de la terapia es, no obstante, inferior a algunas de las estimaciones que se habían realizado en los últimos meses para este tipo de tratamientos, como la realizada el pasado mes de marzo por el Instituto Nacional de Salud y Cuidados de Excelencia del Reino Unido, que estimó que el "límite superior" de un tratamiento como Kymriah podría ser de hasta 649.000 dólares.

Aún así, varias organizaciones han criticado el elevado coste. David Mitchell, fundador y presidente de la ONG Patients For Affordable Drugs, ha criticado duramente el precio en un comunicado y ha asegurado que " Novartis no debería recibir crédito por traer al mercado un medicamento a 475.000 dólares y afirmar que podrían haber cobrado mucho más por él".

En España, la portavoz de Médicos del Mundo, Elena Urdaneta, ha asegurado a eldiario.es que aunque "el precio es muy alto, aún es un poco pronto para hacer valoraciones", ya que el hecho de que sea "una medicina personalizada, hace que no se pueda comparar al resto de fármacos".

Por su parte, desde la farmacéutica han defendido el precio fijado, asegurando que han intentado "equilibrar el acceso de los pacientes al tratamiento y garantizar un retorno de la inversión", según declaraciones del jefe de oncología de Novartis, Bruno Strigini, al medio STAT. Sin embargo, la compañía no ha hecho públicos los costes del desarrollo de este tratamiento.

"Desconocemos cuánto ha invertido la compañía en el desarrollo de la terapia y creo que el primer paso es ser transparente", explica a este medio Irene Bernal, responsable del área de acceso a medicamentos de la ONG Salud por Derecho. "Más allá de considerar que pedir 475.000 dólares por un tratamiento es algo disparatado, es fundamental que las compañías especifiquen cómo se ha llegado a ese precio", insiste Bernal.

Más de 200 millones de dinero público

Además de las críticas por la falta de transparencia a la hora de especificar los costes de desarrollo de un fármaco o una nueva terapia, varias organizaciones también han criticado el hecho de que parte de la investigación que se utiliza para desarrollar nuevos tratamientos está financiada con dinero público. En el caso de Kymriah, Patients For Affordable Drugs ha publicado unos  datos que indican que los contribuyentes estadounidenses han invertido más de 200 millones de dólares en el descubrimiento de las terapias CAR-T.

Pero no solo la financiación pública de parte de las investigaciones es objeto de crítica. Según ha desvelado la organización Knowledge Ecology International (KIE), la mitad del dinero invertido por Novartis para la realización de los ensayos clínicos provenía de créditos públicos. "La cifra de 200 millones de dólares es solo un punto de partida", explica a eldiario.es James Love, director de KIE.

Según este analista, "una de las razones por las que el precio de Kymriah es tan alto es precisamente porque el desarrollo ha sido fuertemente subsidiado por el Gobierno de los EEUU". Aún así, Love considera que el precio sigue siendo demasiado elevado, pues "la terapia no es cara de fabricar y el mercado es lo suficientemente grande para justificar un precio mucho más bajo".

Novartis solo cobrará si resulta efectivo

La compañía también ha anunciado que cobrará por el medicamento solo cuando logre una respuesta clínica positiva. Novartis ha asegurado que establecerá una colaboración con el programa de asistencia pública Medicare para que el Gobierno únicamente pague por los tratamientos si los pacientes responden bien durante el primer mes. Sin embargo, el escaso tiempo de garantía ha sido criticado por varias instituciones.

Desde el Drug Pricing Lab, un centro de investigación centrado en analizar los precios de los medicamentos contra el cáncer, consideran positivo que se empiece a relacionar directamente el precio de un medicamento con su eficacia, pero han mostrado sus dudas sobre que la farmacéutica haya establecido el margen de éxito del Kymriah en 30 días, dado que varios de los pacientes que tuvieron una respuesta positiva durante el primer mes, terminaron recayendo a los seis meses.

También James Love considera que "un mes no es tiempo suficiente para evaluar la eficacia y la seguridad de un tratamiento como este" y asegura que "este corto periodo de garantía parece más una medida de relaciones públicas que una propuesta seria".

En cualquier caso, más allá de las particularidades del acuerdo de Novartis, el precio de Kymrah representa la confirmación del progresivo e imparable aumento de los nuevos tratamientos contra el cáncer y aún está por ver cómo reaccionarán las farmacéuticas que tienen terapias similares pendientes de aprobación.

En este ámbito se esperaba que la próxima compañía en comercializar su propio tratamiento genético fuera Kite Pharmaceuticals, que ha desarrollado una terapia basada también en la técnica CAR-T para el tratamiento del linfoma no Hodgkin y previsiblemente recibirá la aprobación de la FDA en los próximos meses. 

Sin embargo, el pasado lunes el gigante Gilead anunciaba la compra de Kite Pharmaceuticals por una cantidad cercana a los 12.000 millones de dólares. Con esta compra, la polémica empresa farmacéutica, denunciada por más de 30 organizaciones por el precio de su medicamento contra la hepatitis C (Sovaldi), consigue un lugar de privilegio en el ámbito de las terapias contra el cáncer.

Medicamentos de alto costo (MAC): caros y no siempre los mejores

pharmabaires, 14 noviembre, 2016 

Los medicamentos de alto costo (MAC), amenazan con quebrar los presupuestos de la salud debido a los precios exorbitantes que imponen las patentes, con el agravante que no siempre tienen una efectividad demostrada, coincidieron profesionales argentinos durante un debate organizado por Femeba.

“Todo el mundo está preocupado por dos temas: los medicamentos de alto costo y Donald Trump”, ironizó Héctor Buschiazzo, profesor de farmacología en la Universidad Nacional de La Plata. El comentario del profesional fue efectuado cuando aún no se conocían los resultados de las elecciones en Estados Unidos y todavía los votantes de la costa oeste acudían a las urnas.

El ex ministro de Salud, Aldo Neri, en la apertura del debate había calificado de “problema sistémico” el efecto de las nuevas tecnologías médicas y los MAC para los sistemas de salud de todo el mundo.
Buschiazzo cuestionó que los medicamentos de alto costo (MAC) están protegidos por patentes que han “formalizado que el mercado sea monopólico y quince laboratorios concentran el 60 por ciento del mercado mundial”.

También recordó que el Consejo Europeo en 2015 pidió a los Estados que “pongan un precio a estos medicamentos acorde al valor terapéutico y no al valor que exige el mercado”.

Buschiazzo  explicó que los medicamentos monoclonales en Estados Unidos “cuestan 50 veces más que los medicamentos convencionales, que tienen un precio promedio de 15 dólares”.

En Argentina “el gasto en salud es de 35 por ciento, mientras que el alto costo solo representa el 5 por ciento de la prescripción, pero ese cinco por ciento equivale al 30 por ciento del presupuesto de las obras sociales”.

Buschiazzo apeló a la ecuación beneficio/riesgo y Costo/efectividad y propuso que “deberíamos aceptar solo medicamentos que garanticen desenlaces clínicos relevantes”. Por eso una de las mediciones debería ser “más sobrevida total y menos mortalidad”.

“La efectividad es más importante que la eficacia y el error en este país es que se aprueban medicamentos por su eficacia y no por su efectividad, porque hay pocos estudios de efectividad”, subrayó.

También detalló que desde mayo 2012 se han desarrollado más de un millar de medicamentos en el mundo, de los cuales 42 son biológicos con un costo que varía de 10 mil a 100 mil dólares.

La agencia europea EMA en 2013 aprobó 81 nuevos medicamentos pero al mismo tiempo admitió que “solo uno era innovador, 3 tenían ciertas ventajas con ya existentes, 14 fueron catalogados de útiles y 42 aportaban ventajas mínimas”.

Buschiazzo estableció una comparación entre medicamentos de alto costo y “beneficios altos” como Sovaldi para la Hepatitis C e Imatinib (Glivec) para la leucemia mieloide crónica que cuesta 51.392 pesos en su presentación de 40 mg x 30 comprimidos.
Pero también diferencias abismales entre medicamentos de alto costo que básicamente ofrecen la misma efectividad. Por ejemplo, para la leucemia linfocítica crónica un tratamiento con Fludarabina cuesta 19.746 pesos y con Alentuzumab 1.613.898 pesos.
Cetuximab para tratamientos oncológicos tiene un precio de 80.352 pesos y “solo garantiza una sobrevida de 1.2 meses y por eso fue rechazado NICE de Reino Unido”,  resaltó.
Esteban Lifschitz, director de la carrera de Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Facultad de Medicina de la UBA, afirmó que la propuesta de “todo para todos no es necesaria ni buena” para el sistema de salud, público o privado.
En Argentina, la ANMAT es “la única barrera para el mercado” y no es una garantía aseveró, citando que “hay drogas que están flojas de papeles como Nimotuzumab”.
“Usamos un montón de drogas que jamás pasaron por el sistema de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS). Tenemos las drogas ‘me too’ que son una seudoinnovación, no son innovaciones”, subrayó.
Mientras la ANMAT es esa barrera “débil” de contención en Argentina para las drogas “me too”, “en Inglaterra las rechazan y en Brasil ponen un techo al precio”, comparó.
Esteban Lifschitz precisó que del gasto en salud en Argentina el 44 por ciento corresponde a medicamentos. Gasto que entre 2005 y 2010 creció 73 por ciento y “dos a cuatro pesos se tiran a la basura”.
En ese período entre 2005 y 2010 el costo de los tratamientos de cáncer de colon aumentó 320 veces y en España en 2015 el 47 por ciento del gasto estuvo destinado a veinte medicamentos, detalló.
Lifschitz mencionó ejemplos de “sobreprestaciones y subprestaciones inadecuadas en el caso de tratamientos similares, según el médico y la financiadora. En consecuencia, “necesitamos  herramientas que permitan alinear los intereses del paciente con el financiador y los prestadores”.
El profesional propuso en esa línea argumental “paquetes de beneficios con listas positivas o negativas, para evaluar si un  medicamento mejora la sobrevida en  15 minutos o dos años”.
En ese sentido, afirmó que la ETS “es el puente entre la evidencia científica y la toma de decisiones”.
En Brasil, la agencia reguladora ANVISA entre 2009 y 2014 demostró que solo el 6,7 por ciento de los nuevos medicamentos aprobados tenían ventajas comparativas y en Europa, entre 2009 y 2014 se aprobaron 1.032 medicamentos “pero solo el 1 por ciento era realmente innovador”.
“Los médicos tenemos la capacidad de convertir en catastróficas enfermedades que no lo eran y en definitiva la salud financiera del  sistema de salud depende de la lapicera del médico”,  aseveró.
“Los médicos tienen ética cuando hay alguien marcándoles la cancha, sino suelen quedar en offside”, advirtió.
Carlos Vasallo, economista y profesor de la Universidad Nacional del Litoral, afirmó que en Argentina “tenemos precios altos porque no supimos construir un mercado de medicamentos de genéricos, pese a que la mayoría que está en el mercado tiene la patente vencida”.
“La industria se hace un festín con la fragmentación del mercado” y “el financiador es el traidor que se deja cooptar por la industria”, enfatizó.
En tal sentido, comparó que “las HMO en Estados Unidos discuten los precios de los medicamentos y en Argentina a las obras sociales no les interesa discutir el precio porque no pagan más del 10 por ciento del precio de los medicamentos ambulatorios”.
“No nos podemos ir del sistema de patentes pero hay que adoptar medidas contra los monopolios, porque hay mucho margen para aplicar una política de genéricos y para competir por precios”, propuso.
“Argentina ha incrementado peligrosamente su gasto privado en salud y el 72 por ciento del costo del medicamento es privado”, afirmó.
Vasallo insistió que en Argentina “hay información imperfecta sobre costos, calidad, efectividad y el papel de los actores”  del sistema.
También aseguró que la extensión de las patentes de 17 a 20 años le proporcionó a la industria ganancias adicionales de 175 mil millones de dólares por 109 medicamentos favorecidos entre 1995 y 2012.
“No se puede poner muchas barreras a los procesos de globalización, pero no se puede dejar de tener un plan”,  propuso. A continuación mencionó que el grupo farmacéutico Insud (Elea) se benefició del trabajo asociado con el CONICET pero “los más pequeños no pueden acceder a esa asociación”.
Una alternativa sería “patentes con compensación fija, un fondo de patentes para la compra de patentes por parte de los Estados, subsidios y premios a la I+D o un acuerdo internacional sobre I+D con la contribución de los Estados según la capacidad económica de los países”, enumeró.
Hugo Catalano, profesor de Medicina Interna de  la Facultad de Medicina y director del programa de Medicina Basada en Pruebas del Hospital Alemán, miembro de la Red Cochrane Iberoamericana,  citó a la revista especializada Lancet para asegurar que “nos enfrentamos con fármacos menos efectivos, más tóxicos, pero más caros”.
También aseguró que esos medios especializados como Lancet, Jama, NEJM, Ann Intern Med,  Arch, Intern Med y BMJ demostraron que solo la mitad ( o menos) de las pruebas de utilización de los nuevos medicamentos  eran “ciertas y comprobables”.
Por ejemplo,  Lancet revisó el 13 por ciento de 94 pruebas  y el criterio de validez fue del 6 por ciento. Para Jama, de 101 pruebas, revisó el 13 por ciento y el criterio de validez fue de 7 por ciento. El BMJ revisó 8 por ciento de 61 y el resultado positivo fue de 4 por ciento.
“¿Un medicamento está probado por estudios controlados bien hechos.  La FDA o la EMA dan aprobaciones confiables?”, se preguntó durante el debate organizado por FEMEBA.

Y en consecuencia propuso “revisiones sistemáticas para sostener la efectividad de los medicamentos” porque los laboratorios “han encontrado como jaquear las evidencias”.
El 66 por ciento de los tratamientos oncológicos aprobados por la FDA y la EMA entre 1990 y 2012 “fueron de baja calidad”, aseveró Catalano, citando bibliografía especializada.
Catalano mencionó que la  periodista especializada Deborah Cohen del BMJ demostró que Rivaroxaban “es diez o veces más caro” que un tratamiento con el anticoagulante clásico Warfarina con resultados similares.
Además, aseveró,  “la industria hizo fraude en los estudios aleatorios entre ambos medicamentos en los niveles de anticoagulante”.
El profesional propuso el sistema GRADE de evaluación de pruebas. GRADE “mira todas las evidencias y saca conclusiones beneficios/riesgo y la calidad de las evidencias”, explicó.
La aplicación de este método reveló que Ticagrerol “fue un fraude”, citó como ejemplo.
En el Hospital Alemán la aplicación del estudio GRADE demostró que el 27 por ciento de los medicamentos que se recetaban no servían o eran innecesarios. Otro 27 por ciento era recomendable y el 46 por ciento se podían recetar pero con restricciones.
Por eso, recomendó el sistema GRADE para “sustentar con las mejores pruebas la utilización o no de medicamentos de alto costo”.
Catalano pidió, por último, que se adopten “medidas para minimizar los conflictos de intereses” entre la industria y los médicos que suelen participar de los estudios clínicos y redactan “recomendaciones” sobre medicamentos.

Uruguay: Sentencia de alto impacto. Pacientes, Sistema de salud y medicamentos de alto costo

El País ( Uruguay ), 8 de octubre de 2016
La voz de la Suprema Corte de Justicia entró al debate por la cobertura financiera de los medicamentos de alto costo, poniendo en aprietos al Estado uruguayo. Es posible que esta histórica sentencia modifique la política pública. Lo seguro es que los jueces no podrán ignorar semejante opinión.



Un antes y un después. Así interpretan varios especialistas el peso de la sentencia en la que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declara inconstitucional parte de una ley que limita el acceso a los medicamentos de alto costo.

Desde el punto de vista formal, el pronunciamiento de la Corte aplica solamente para el paciente que hizo el reclamo y no genera obligaciones más allá del caso puntual. Sin embargo, hay cierto consenso entre los especialistas respecto a lo siguiente: la palabra de los ministros del órgano máximo del Poder Judicial no es cualquier palabra. Su opinión podría llegar a impactar al punto tal que el gobierno deba modificar la posición que ha adoptado hasta ahora y que, sobre todo en el último año, ha defendido a fuerza de polémicas leyes y ordenanzas.

De hecho, El País informó ayer que la sentencia llevó a las autoridades de los ministerios de Economía y de Salud a sentarse a pensar juntos sobre los pasos a seguir de ahora en más. Al cierre de esta edición seguían sin expresarse, aduciendo a través de sus voceros que el tema, por lo delicado, requiere de un análisis minucioso previo a emitir una declaración oficial.

Hay quienes especulan que el MSP buscará la forma de hacer contrapeso a la sentencia de la Corte echando mano a algún instrumento jurídico de apuro. Mientras tanto, ¿es posible pensar que la suerte de los pacientes que hoy reclaman al Estado el financiamiento de medicamentos caros se haya modificado en algo a partir de este pronunciamiento de la SCJ?

La respuesta es sí.

El camino largo.
El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho que dirige el abogado Juan Ceretta se ha convertido en estos años en un abanderado del acceso universal a la salud.Ha patrocinado gratis a cientos de pacientes a quienes sus médicos aconsejan consumir medicamentos que están disponibles en Uruguay pero que el MSP no ha incluido en el Formulario Terapéutico Médico (FTM) o no ha incluido para sus patologías específicas. El consultorio tiene base en Montevideo pero atiende también en Maldonado, Paysandú, Salto y Bella Unión.

En 2015 Ceretta y sus estudiantes de sexto grado de Derecho asesoraron a unos 50 pacientes en el reclamo judicial de esos medicamentos y los jueces les dieron la razón en la mayoría de los recursos de amparo. Ese año, dice Ceretta, se registró una especie de "boom".

En el primer semestre de 2016, en tanto, los amparos cayeron estrepitosamente fruto de un cambio en la política gubernamental, formulada para desandar el transitado camino de la judicialización de la medicina. Fue primero mediante el articulado de la ley de Presupuesto 2015-2019 y luego a través de la ordenanza 882.

La ley, en su artículo 448, estableció que solo al Poder Ejecutivo compete definir "las prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación, medicamentos y vacunas" a los que la población usuaria del Sistema Nacional Integrado de Salud puede acceder. Esto vino a reafirmar lo que ya se advertía en la ley 18.335: entre los derechos del paciente está el acceso a "medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el Formulario Terapéutico de Medicamentos".

La ordenanza, por su parte, generó un procedimiento administrativo para que fuera el MSP y no la Justicia el que analizara los casos excepcionales.

Pero la jugada no salió del todo bien, según Ceretta. A su juicio, "la ordenanza que parecía bienintencionada resultó ser una trampa". El procedimiento se tradujo en "meses de espera de un camino en el cual los dados estaban echados para decirte que no", porque el MSP nombraba un médico externo para evaluar el caso, y a pesar de que muchas veces aconsejaba dar el medicamento, "el ministro tenía siempre la última palabra y decidía que no". Según Ceretta, en esos casos el argumento del MSP era que el medicamento entraría en el FTM "próximamente". "Y yo, ¿qué hago mientras?", preguntaban los pacientes. La respuesta entonces pasaba por argumentos económicos, algo que ahora la Corte considera inconstitucional.

"Era una burla. Muchos de ellos se murieron en el camino", dijo Ceretta. Un caso emblemático fue el de Adriana, que falleció dos días antes de que Jorge Basso firmara la resolución. Ahora el abogado y la familia analizan la posibilidad de entablar un juicio contra el MSP y el ministro mismo por daños y perjuicios.

Más de un juez coincidió con la posición de Ceretta y plasmó sus críticas al procedimiento de la ordenanza en sus sentencias, tanto por su extensa duración como por su "ilegitimidad manifiesta". "El acto que finalmente resuelve la petición (...) implica por su naturaleza una conducta reñida con la protección constitucional de bienes jurídicos fundamentales, y la omisión en resolver en un tiempo prudencial el requerimiento del fármaco configura asimismo una conducta teñida de ilegitimidad manifiesta", expresó días atrás una sentencia del juzgado de segundo turno.

Ceretta aseguró que, con el tiempo, empezaron a quedar en evidencia las fallas del sistema de la ordenanza y entonces volvieron a surgir los recursos de amparo. Hoy, ante la opinión de la SCJ, el docente entiende que los pacientes podrían recurrir directamente a la Justicia sin necesidad de pasar por el MSP.

"A mi juicio, en principio, y sin haber estudiado demasiado la sentencia, la gente ahora podría ir directamente al amparo. Se terminó la ordenanza, ya ni importa si elmedicamento está en el FTM", consideró Ceretta. "Si a un paciente su médico le dice que necesita tal medicamento, llama a un perito, y si dice que el médico tiene razón, bueno, el juez debería decir déselo. ¿El medicamento está en Uruguay? Sí. ¿El que tiene plata lo puede comprar? Sí. Bueno, entonces déselo".

Ceretta sostuvo que más allá de cómo reaccione el Gobierno, es probable que el impacto del pronunciamiento de la Corte se vea plasmado en un aumento de los amparos y en más sentencias favorables de los jueces, que "generalmente no ignoran lo que dice" la SCJ. Él mismo, incluso, puede empezar a citar a texto expreso la sentencia en sus argumentaciones a favor de los pacientes, "y a los jueces seguramente les va a pesar".

El abogado constitucionalista Martín Risso, especializado en Derechos Humanos, coincide. "Esta es una sentencia que tiene efectos extrajurídicos, esto es que incide en la forma en que se aplicará la norma en el futuro. Esto podría cambiar la jurisprudencia, no sé si va a ocurrir, pero está dentro de las posibilidades", dijo. Y agregó: "Este es un caso muy fundado, la sentencia es muy buena, más allá de un fallo cuatro a uno, dudo mucho que la posición vaya a cambiar en un futuro si se planteara un caso similar. Además la posición de la Corte recoge en buena medida la posición de la mayoría de los jueces".

Para el abogado Santiago Pereira Campos, estudioso del tema de los medicamentos de alto costo, no es tan claro que la SCJ falle siempre de la misma manera. El especialista advirtió sobre el impacto económico que podría tener si este camino de plantear la inconstitucionalidad se replicara. "Hay que tener en cuenta que en el mundo todos los días están apareciendo nuevas drogas muy costosas, lo cual volvería muy dificultoso cumplir con las demandas", apuntó.

A raíz de esta sentencia, en el consultorio jurídico analizan la posibilidad de hacer una acción de inconstitucionalidad colectiva por un conjunto de pacientes. Sería algo inédito en Uruguay. De hecho, no es seguro que sea posible ya que daría lugar a una sentencia sobre personas que, a diferencia del paciente que motivó este pronunciamiento de la Corte, no habrían llegado a iniciar un juicio. En otros países hay experiencias al respecto que podrían orientar ese nuevo camino.

(Producción: Renzo Rossello)

El fallo de la Suprema Corte de Justicia que estudió el caso.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia que dictó la inconstitucionalidad en favor del reclamo hecho por un paciente necesitado de un medicamento de alto costo —Vemurafenib, destinado al tratamiento oncológico— argumentó contra la utilización de razones de orden económico por encima de las relativas al derecho a la salud. En tal sentido la Corte concordó con el fallo inicial de la acción de amparo que sostuvo que "la norma impugnada vulnera el principio constitucional de igualdad, ya que no asegura el acceso a la medicación costosa para personas cuyos recursos económicos no son suficientes". Asimismo el fallo recoge el argumento de que "todo paciente tiene derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico demedicamentos, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización". Más adelante el fallo suscrito por los ministros Jorge Chediak, Ricardo Pérez Manrique, Jorge Larrieux, Felipe Hounie y la posición en discordia de la ministra Elena Martínez, refuerza esta línea. "El principio general es la igualdad y toda diferenciación será excepción y por ende de interpretación estricta, y requerirá una justificación apropiada, como en toda limitación de un derecho humano". Los altos magistrados establecieron que dicho principio está reflejado en el Artículo 44 de la Constitución de la República, que en lo medular establece que "todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes". El fallo contradice las argumentaciones oportunamente presentadas por el Ministerio de Salud en cuanto a su potestad de no brindar aquellos medicamentos que no estén incluidos en el vademécum (FTM), y sostiene que "no hay una razón de interés general que justifique una limitación de tal naturaleza".

original en http://www.elpais.com.uy/que-pasa/sentencia-alto-impacto-suprema-corte.html

Medicamentos de alto costo 260 por ciento más caros en Argentina que en Reino Unido

Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina, 5 de Octubre de 2016

Estudio de análisis del IEPS-AAPMRA


Los medicamentos para los tratamientos de cáncer, artritis y esclerosis entre otros; en Argentina se venden del 150 al 250 más caros que en Reino Unido y España, reveló un estudio de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM) basado en datos del British National Formulary (BNF) del Reino Unido y el listado de precios para la seguridad social de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.

Es importante conocer que Argentina vende mas de 700 millones de unidades de fármacos (envases) y factura mas de 75 mil millones de pesos (5000 millones de dólares) a precio de droguería, es decir que a esto se debe incrementar un 30% mas de precio al público, una cifra muy alta.

Uno de los ejemplos flagrantes de esa distorsión de precios es el Enbrel (etanercept) para la artritis reumatoide que en su presentación de 50 mg x iny x4 en Argentina el laboratorio Pfizer vende a 36.296,34 pesos, mientras que el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido abona 715 libras (13975 pesos), con una diferencia de 260 por ciento.
El precio de Enbrel en Reino Unido no es una excepción ya que en España la misma presentación también tiene un valor autorizado de 492,52 euros (8.225,08 pesos) para la seguridad social. La diferencia con el precio de venta en Argentina es de 332,66 por ciento menor.
El estudio realizado por la AAPM tomó como referencias el British National Formulary (BNF) del Reino Unido y el listado de precios para la seguridad social de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. El oncológico Erbitux (cetuximab) de Merk Serono se vende en Argentina a 67.482,89 pesos en su presentación de 5 mg x 100 ml, mientras que en Reino Unido la seguridad social lo paga 890,50 libras (17.596,28 pesos). La diferencia es de 283,51 por ciento.
Avastin (bevacizumab), oncológico de Roche, en Argentina se vende 60.250 pesos a las obras sociales y las prepagas en su presentación de 400mg 16 ml ampx1. En Reino Unido su precio autorizado para la seguridad social es de 924,42 libras (18.266,54 pesos) con una diferencia de 204,98 por ciento. En España, la misma presentación de Avastin tiene un precio de 1.381,95 euros (23.078,57 pesos), similar al Reino Unido y alrededor de la mitad de Argentina. La diferencia es de 141,39 por ciento.
Del estudio realizado por la AAPM surge como evidencia que Humira (adalimumab) de Abbott en Argentina cuesta 35.631,32 pesos y en Reino Unido 704.28 libras (13.916.57 pesos) en sus presentaciones de 40 mg La diferencia es de 141,54 por ciento.
En España, Humira tiene un precio de 1.127 euros (18.830,42 pesos) para las mismas presentaciones de 40 mg. O sea, casi la mitad, con una diferencia de 78,51 por ciento menor.
El oncológico Mabthera (rituximab) de Roche en Argentina se vende a 57.652,08 pesos en su presentación de 500 mg/50ml x 1 amp. En Reino Unido la seguridad social paga 873.15 libras (17.252,44 pesos). La diferencia es de 183,58 por ciento.
En España, Mabthera tiene un precio autorizado de 1.896,47 euros (31.671,05 pesos). La diferencia es de 54,48 por ciento. Herceptin (trastuzumab), oncológico de Roche, en Argentina tiene un precio de 61.846,70 pesos para todas sus presentaciones, mientras que en Reino Unido se abona por la seguridad social a 1.220,20 libras, o sea 24.150.67 pesos. La diferencia es de 141,38 por ciento.
En España, Herceptin en sus presentaciones de 440/50x1 amp y 600/5x1amp se vende de 1.342,06 a 1.693,32 euros (27.443,44 pesos), un valor similar al Reino Unido, pero menos de la mitad de lo que cuesta en Argentina. La diferencia es de 112,42 por ciento.
Tarceva (erlotinib) de Roche, indicado para tratamientos de cáncer de pulmón, en Argentina cuesta 87.484 pesos. Pero en Reino Unido el mismo laboratorio lo vende al NHS (que es público) en 1.631,53 libras (32.239,03 pesos). La diferencia alcanza a 171,36 por ciento.
Glivec (imatinib), para los tratamientos de leucemia mieloide de Novartis, en Argentina se vende a 73,714 pesos en su presentación 100mg/compr x180. En Reino Unido fue autorizado a 1.836,48 libras (36.288,84 pesos). La diferencia es de 103,13 por ciento.
En España, su precio de venta para la seguridad social oscila, según la presentación, de 1.219 a 2.520,61 euros (42.094,19 pesos). La diferencia es de 75,12 por ciento. Tyverb (lapatinib) de Glaxo (GSK) se receta para algunos casos de cáncer de mama y su precio en Argentina es de 44.201,05 pesos en su presentación de 100 mgx180 comp. El laboratorio de origen inglés, en su país se lo vende al NHS a solo 965,16 libras (19.071,56 pesos). La diferencia es de 120,73 por ciento. En España, el precio de Tyverb o Tykerb (nombre comercial en ese país) oscila de 1.989 a 2.167,89 euros (36.203,76 pesos). La diferencia es de 16,28 por ciento. Lembrada (alemtuzumab) para esclerosis múltiple de Genzyme (Sanofi) en Argentina cuesta 242.150 pesos. En Reino Unido se vende a 7.045 libras (139.209,20 pesos). La diferencia es de 73,96 por ciento para la misma presentación. En España, el mismo medicamento se vende a 7.858,15 euros (131.231,11), casi la mitad que en Argentina, equivalente a 84,52 por ciento menos.
Sutent (sunitinib), para tumores malignos de Pfizer, en Argentina cuesta 101.594,43 pesos en su presentación de 50mgx 28 cápsulas. En Reino Unido 3.138,80 libras (62.022,69 pesos). La diferencia es de 56 por ciento. A su vez en España cuesta 2.700 euros (45.093,17 pesos), o sea 114,57 por ciento menor. Zytiga (abiraterona) de Janssen para el cáncer de próstata, en Argentina cuesta 83.254,56 pesos. En Reino Unido se cotiza a 2.930 libras (57.896,80 pesos). La diferencia es de 43,80 por ciento.En España el mismo medicamento se vende a 3.594,15 euros. (66.034 pesos). La diferencia es de 38,68 por ciento.

No se salvan ni los que no son de alto costo.
No solo hay diferencias de precios abrumadoras en los medicamentos de alto costo entre Argentina y los mercados europeos. El popular ibuprofeno, en España, los laboratorios Sandoz, Stada y Teva, entre otros, venden la presentación de 400 mg x 40 a 2.06 euros (32,96 pesos) y la de 600 mg x 40 a 2,50 euros (40 pesos).
En Argentina, el ibuprofeno 400 mg x 40 tiene un precio de 101 pesos y el de 600 mg x 50 de 182 pesos. En España, hay presentaciones de paracetamol de 500 mg x 20 que se venden al público a 0,67 euros (10,72 pesos) y de 650 mg x 20 a 0,86 (13,76 pesos). En Argentina los precios de estas presentaciones oscilan de 16,30 pesos (500 mg x 20) a 39,10 pesos (650 x 20).

Nexavar: un producto cuestionado
El National Institute for Health and Care Excellence del Reino Unido (NICE) rechazó recientemente el oncológico Nexavar de Bayer, para el cáncer de hígado, porque el laboratorio alemán no pudo demostrar que proporcione suficiente sobrevivida como para justificar su precio. El medicamento está en venta en Argentina desde agosto de 2006 y constituye uno de los "medicamentos de alto costo" que figuran "ocultos" en los manuales de consulta del mercado farmacéutico.
No es la primera vez que NICE rechaza el Nexavar (sorafenib) pues ya lo había excluido para el uso rutinario del Servicio Nacional de Salud (NHS) en 2010. O sea, cuando ya tenía cuatro años de autorización para su venta en Argentina.
NICE está tomando el control de las drogas oncológicas autorizadas para el Servicio Nacional de Salud (NHS) debido a los elevados costos y también impugnó Afinitor de Novartis para cáncer de mama, Imbruvica de Johnson & Johnson y Adcetris de Takeda para el tratamiento de linfoma de Hodgkin, citando que la eficacia clínica de este último medicamento es "inmadura y limitada.

Ricardo Peidro
Secretario General de AAPM - CTA
15-5892-6206
Equipo de Comunicación - Visitadores Médicos de Argentina
Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina www.apm.org.ar 
 

Medicamentos: ¿Beneficio público o interés privado? INVESTIGACIÓN Y ALTO COSTO

Óscar Lanza ,  nuevatribuna.es 22 de Agosto de 2016

Según la Organización Mundial de la Salud, al menos un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos.

A nivel global se registra un acceso discriminatorio a medicamentos según la ubicación geográfica o la situación económica de las poblaciones y amplía aún más las existentes desigualdades e inequidades en salud

El elevado costo de los medicamentos y de los nuevos agentes biológicos interfieren con el ejercicio del Derecho a la Salud y tienen un impacto abrumador sobre los presupuestos de salud. Esta situación generada por la avidez de ganancias de las empresas farmacéuticas refleja en buena medida, que los altos precios de los medicamentos están siendo legitimados por los políticos que permiten y toleran este problema, poniendo en evidencia la imprudente interferencia con la atención de salud eficiente, por parte de empresas con fines de lucro. Por ello, recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en una resolución adoptada el 1 de julio 2016, ha reconocido que el acceso a los medicamentos es "uno de los elementos fundamentales para lograr progresivamente la plena realización del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y salud mental". 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos. La situación en más que más preocupante en el caso de los países menos desarrollados, donde entre el 50 y el 90% del gasto en salud privado se utiliza para el pago de medicamentos esenciales (1).
La indiferencia de los tomadores de decisión para afrontar algunos temas trascendentes de salud, como el presente, hace que, por ejemplo, se conozca poco acerca del costo real necesario para desarrollar un nuevo medicamento y/o para la innovación, lo que plantea la necesidad de contar con más investigación para la toma de decisiones. Así, las autoridades mismas ven debilitada su capacidad para intervenir con solvencia y evidencia en la fijación de precios, para que resulten asequibles a las personas, buscando una relación ”calidad-precio” que sea razonable y fortalecer el ejercicio del Derecho a la Salud. A nivel global se registra un acceso discriminatorio a medicamentos según la ubicación geográfica o la situación económica de las poblaciones y amplía aún más las existentes desigualdades e inequidades en salud. El asumir una responsabilidad de autoridad en salud, implica privilegios, pero tambien responsabilidad social, para asegurar mayor justicia social, decisiones basadas en evidencia, escrutinio público, rendición de cuentas de sus acciones, transparencia, apertura para la evaluación y gestión de riesgos, fortalecer la capacidad de análisis independiente sobre los costes reales de la investigación y desarrollo, en este caso en relación a los fármacos. Si no se presta suficiente atención a estos aspectos no se protege el Derecho a la Salud y no se puede alcanzar la confianza ciudadana en las autoridades y promover el acceso efectivo a medicamentos.

PATENTES Y EL PRECIO DE MEDICAMENTOS

La patente resulta un artificio legal para asegurar monopolios de producción y el negocio sobre productos por un tiempo estipulado

Cuando se desarrolla un nuevo fármaco y es puesto en el mercado, este, está protegido por una patente, que se entiende como el conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado al inventor de un nuevo producto que es susceptible de ser explotado comercialmente, por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención.
La protección de patentes se enmarca dentro de las normas de propiedad industrial, que forman parte del régimen de propiedad intelectual. La patente resulta un artificio legal para asegurar monopolios de producción y el negocio sobre productos por un tiempo estipulado. Esto hace que los productos patentados resulten más caros que los no patentados, pues la patente permite asignarle un buen precio y no infrecuentemente un precio exagerado y abusivo, hasta que expire la misma y la competencia pueda producirlo cuando ya no está protegido, o bien surja un producto genérico.
El acceso a medicamentos debe examinarse no solo desde la perspectiva del acceso a los medicamentos existentes, muchos de cuales aumentan su precio sin suficiente explicación, pero también desde la perspectiva del desarrollo y el acceso a nuevos medicamentos en los que intervienen factores tales como la innovación, la asequibilidad y disponibilidad entre otros.
Si bien los países en desarrollo pueden hacer uso de flexibilidades previstas para las patentes, en los países en vías de desarrollo la presión por parte de los países desarrollados es mayor para que no adopten estas flexibilidades, en una suerte de doble discurso, que afecta el derecho a la salud. Las flexibilidades son salvaguardias que los países pueden incluir en sus legislaciones para favorecer el acceso a medicamentos arguyendo razones de interés para la salud pública, como ser licencias obligatorias que son una autorización concedida por el Estado para el uso de la invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente, o bien la importación paralela que permite importar un producto protegido de un país donde el medicamento haya sido puesto en el mercado por el titular de la patente o por terceros autorizados por él, al comercializar el producto en el país exportador los derechos del titular de la patente ya fueron reconocidos, no habiendo, por tanto, justificación para que el titular sea de nuevo recompensado en el país importador.

LA INVESTIGACIÓN MÉDICA Y EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS

Se estima que el 41% de la investigación médica y desarrollo (I+D) a nivel mundial son subvencionados con fondos públicos

Se estima que el 41% de la investigación médica y desarrollo (I+D) a nivel mundial son subvencionados con fondos públicos (2). La investigación y desarrollo de nuevas vacunas, medicamentos e instrumentos de diagnóstico son a menudo realizados en universidades y otras instituciones de investigación pública, pero luego resulta que las patentes benefician al sector privado. Muchos medicamentos para el SIDA, por ejemplo, fueron desarrollados en laboratorios públicos y después explotados por laboratorios privados. Por ello, surgen preguntas como ser: ¿la investigación y desarrollo responden y aportan genuinamente al interés público o más bien van, sesgadamente a favorecer el interés privado?, ¿cuál es el beneficio de la ciencia y el desarrollo de medicamentos innovadores si la mayoría de las personas no pueden pagarlos?
Las patentes son consideradas, no por pocos, como la base de una “colaboración eficiente entre universidades (que se encargan, en buena parte, de la Investigación y el desarrollo) y las compañías (que al comercializar los descubrimientos se favorecen de los fondos públicos, para poner en el mercado los productos). En el actual sistema, el fabricante fija el precio y “secuestra” la producción de fármacos a través de los patentes por 20 años y así representan un símbolo de “ciencia en el interés (industrial) privado”. El Premio Nóbel Joseph Stiglitz se refiere a los derechos de propiedad intelectual como la “cerradura o candado al acceso del conocimiento”. Así, junto a las publicaciones, las patentes se han convertido hoy en un segundo patrón para el éxito de la investigación científica.
Mientras la investigación médica básica, en su mayoría es conducida en instituciones de investigación pública, las compañías farmacéuticas son luego los principales responsables por el desarrollo de un medicamento hasta que esté listo para explotarlo en el mercado. Bajo esta óptica, las enfermedades que afectan principalmente a personas pobres, no son del interés de las industrias farmacéuticas para producirlos, ni objeto de su investigación, ya que su objetivo está dirigido a la producción de medicamentos comerciales para patologías prevalentes en poblaciones de los países ricos.
De esta forma afrontamos hoy una serie de “enfermedades desatendidas” (enfermedades que reciben poca atención y se ven postergadas en las prioridades de la salud pública porque los afectados son poblaciones pobres del mundo en desarrollo, que carecen de influencia política, y viven en países de bajos ingresos)  y de “medicamentos huérfanos” (fármacos que no son desarrollados por la industria farmacéutica, al no ser de su interés por razones económicas, pero que son necesarios para responder a necesidades sentidas de salud pública). La afirmación de un alto ejecutivo de la farmacéutica alemana Bayer, confirma la posición de la industria al sostener sobre estos temas al sostener "no producimos medicamentos para los indios. Los producimos para los pacientes occidentales que pueden permitírselos" (4).

MEDICAMENTOS DE ALTO PRECIO

El 80% de fármacos solo tratan en lugar de curar, para así hacerlos más rentables

Si un medicamento tiene un exorbitante precio al público es también debido al hecho de que las agencias reguladoras de medicamentos, las autoridades estatales y los gobiernos lo toleran, evidenciando un fallo del sistema. Estas autoridades deberían generar, a través de la investigación, mayor información que justifique autorizar o tolerar el alto costo de medicamentos. La creciente aparición y comercialización de medicamentos de alto precio para muchas enfermedades, exige cambios radicales en el modelo comercial actual vigente referente a la investigación, el desarrollo y la comercialización de fármacos.
Diversas estrategias han sido planteadas para tener precios más razonables de los medicamentos y facilitar su asequilibilidad, tales como las licencias obligatorias, importaciones paralelas, ya antes mencionados, además de un sistema de precios diferenciales que es esencialmente, un sistema de discriminación de precios, buscando establecer precios diferentes para el mismo producto, planteando que el coste de la innovación y la publicidad de un nuevo producto sea sufragado por los países desarrollados, y que los países menos desarrollados tan sólo paguen el coste directo del tratamiento. Algunos estiman que los beneficios de la industria sobrepasan el 20%, margen de utilidad tan alto que no lo tienen otras industrias como puedan ser las financieras y del armamento. A ello se suma que el 80% de fármacos solo tratan en lugar de curar, para así hacerlos más rentables (3). Los crecientes costos de salud se convierten en la principal causa de la pobreza inducida, empujando a cerca de 150 millones de personas en el empobrecimiento cada año (5), aspecto que de ser tolerado, promueve la deshumanización de la medicina. La investigación y el desarrollo en el campo de la salud deben estar orientados a responder a las necesidades del ser humano, deben estar guiados por principios básicos de respeto a la vida, la eficacia, la eficiencia, asequibilidad y equidad, y deben ser consideras como una responsabilidad compartida basada en la evidencia.

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Óscar Lanza | Director Justicia, Salud & Desarrollo Bolivia

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REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA
1.- Joan Costa Font, El Servier-  Revista Farmacia Profesional, Vol. 17. Núm. 11. Diciembre 2003 – España
2.- BUKO - Investigación médica:La ciencia en el interés público “Licencias Justas” para resultados de investigaciones financiados con fondos públicos – Alemania 2009
3.- Dempeus per la salut pública Germán Velásquez
4.- Marijn Dekkers, Revista Bloomberg Business Week.London.UK. December 3rd.2013
5.- Kanaga Raja -Access to medicines fundamental to achieving right to health–South Centre–Geneva August 2016

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/medicamentos-beneficio-publico-p-interes-privado/20160822100500131131.html

Argentina: se elaborará lista de Medicamentos de alto costo producidos en el país, para cobertura seguro social

Resolución 1134/2015  MINISTERIO DE SALUD y  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Bs. As., 11/11/2015

VISTO el Expediente N° 22583/2015 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, la Ley N° 26.688, los Decretos N° 1615 del 23 de diciembre de 1996 y N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, la Resolución Conjunta N° 1710 y N° 406 del 30 de septiembre de 2015 del MINISTERIO DE SALUD y de LA SECRETARÍA DE COMERCIO, del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 1615/96-PEN dispuso la creación de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional en jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN con personalidad jurídica y con un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera.


Que es competencia de este organismo la regulación, fiscalización, supervisión y control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud, a fin de asegurar las políticas de promoción, preservación y recuperación de la salud de la población, reglamentando y regulando los servicios de salud.

Que la Ley N° 26688 de Producción Pública de Medicamentos, declaró de interés nacional, en el año 2011, la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, con el objeto de promover su accesibilidad.

Que la Resolución Conjunta N° 1710/2015 y N° 406/2015 del MINISTERIO DE SALUD y de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, respectivamente, ha establecido la preferencia a los productos de origen nacional disponibles en el mercado, que contengan el mismo principio activo o sea biosimilar de aquellos de origen extranjero para el cumplimiento de las obligaciones de cobertura de los medicamentos de alto costo por parte de los Agentes del Seguro de Salud, contemplados en los Anexos IV.1 y IV.2 de la Resolución N° 1048 de fecha 13 de junio de 2014 de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD o la que en el futuro la modifique o sustituya.

Que en virtud de lo expuesto y en un todo de acuerdo a las facultades de esta SUPERINTENDENCIA, se estima necesario convocar a una consulta pública a fin de poder tomar conocimiento de aquellos medicamentos de alto costo, que realicen la totalidad de su proceso de producción (entendido como obtención de principio activo, formulación de especialidad medicinal y proceso de empaque) dentro del país, en el marco de lo dispuesto por el Anexo V del Decreto N° 1172/2003 PEN.

Que en tal sentido, la presentación de la información deberá efectuarse a través del FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE OPINIONES Y PROPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION PARTICIPATIVA DE NORMAS que como ANEXO I formará parte integrante de la presente.

Que la Gerencia de Gestión Estratégica, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia General han tomado la intervención de sus respectivas competencias.

Que se dicta la presente en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos N° 1615/96, N° 1008/12 y N° 2710/12 PEN.

Por ello,


LA SUPERINTENDENTA
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — CONVOQUESE a la presentación de información respecto de las especialidades medicinales de alto costo con proceso de producción dentro del país, en el marco del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas conforme el Anexo V del Decreto N° 1172/03-PEN.

ARTICULO 2° — INVITESE a toda persona física o jurídica, pública o privada, involucrada en la cadena de producción de medicamentos a presentar información ante la Mesa de Entradas de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, por el plazo de TREINTA (30) días hábiles, mediante el FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE OPINIONES Y PROPUESTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION PARTICIPATIVA DE NORMAS que se aprueba en este acto y se incorpora como ANEXO I de la presente.

ARTICULO 3° — DELEGUESE la función e implementación de convocatoria de la presente Resolución a la GERENCIA DE GESTION ESTRATEGICA de este organismo, en orden a lo dispuesto en el Artículo 7° del Anexo V del Decreto N° 1172/03-PEN.

ARTICULO 4° — En base al procedimiento dispuesto por los artículos 1° y 2°, la GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA confeccionará un LISTADO DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO DE PRODUCCION NACIONAL.

ARTICULO 5° — ESTABLECESE la dirección de correo electrónico medicamentosnacionales@sssalud.gob.ar y la dirección postal Av. Pte. Roque Sáenz Peña 530, C.A.B.A., a los efectos de recibir comentarios informales, los que podrán ser publicados en la página de internet de este organismo, no integrando los expedientes o el registro de la presente convocatoria.

ARTICULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese por DOS (2) días en el Boletín Oficial de la República Argentina y durante QUINCE (15) días en la página web de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, oportunamente, archívese. — LILIANA KORENFELD, Superintendenta, Superintendencia de Servicios de Salud.

ANEXO I

UNASUR: Un bloque único contra los laboratorios de medicamentos

Los ministros de Salud del continente, reunidos en Montevideo, acordaron conformar un comité internacional para tratar de manera conjunta con la industria farmacéutica. Buscan aumentar así el poder de negociación y lograr una reducción de los precios.

Soledad Vallejos, Página 12, 12 de septiembre de 2015

Los ministros de Salud de Unasur acordaron la creación de un comité internacional para negociar de manera conjunta los precios que los Estados pagan a los grandes laboratorios por medicamentos de alto costo y garantizar, así, el acceso de la población a los tratamientos. El ministro de Salud argentino, Daniel Gollan, calificó la decisión de “histórica”. “Veníamos trabajando en la resolución, con los equipos de los distintos países, desde hace dos meses y medio, y además con una coincidencia del 100 por ciento entre los equipos de la región. Eso es algo llamativo, porque estamos hablando de distintas políticas, y sin embargo la coincidencia en esto es absoluta porque el problema es muy grave para todos. Hemos decidido actuar fuertemente con unidad de acción histórica. Nunca antes se había dado en reuniones del Consejo Unasur tanta unanimidad y ejecutividad”, señaló Gollan. En dos semanas, el comité ad hoc se reunirá para comenzar las negociaciones por un primer grupo de medicamentos, tres que sirven para tratar la Hepatitis C –sofosbuvir, declatasvir y simeprevir– y uno para VIH –darunavir.

En la reunión, celebrada en Montevideo, participaron representantes de los once países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Además del ministro Gollan, fueron parte sus pares de Uruguay (Jorge Basso), Ecuador (Carina Vance), Paraguay (Antonio Barrios), Chile (Carmen Castillo), Brasi (el viceministro, Adriano Massuda), Venezuela (Claudia Morón), Colombia (Martha Lucía Ospina), y representantes de Perú, Surinam y Bolivia.

En las próximas dos semanas el comité, que está conformado por un representante técnico y el viceministro de Salud de cada país, “va a entrar en etapa de negociación”, explicó Gollan en diálogo con Página/12. “El comité va a estar llamando a las empresas proveedoras de los cuatro productos, con los que iniciamos la ronda de negociación. De culminar con éxito la ronda, el acuerdo inmediatamente va a ser refrendado por los ministros”.

–¿Y el proceso cómo continúa?

–Luego hay un camino que recorrer, porque la negociación es conjunta pero la compra se hace a través del Fondo Estratégico de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para compras a gran escala, que está trabajando para adecuar la logística y los equipos de trabajo para asumir el volumen, mucho más importante en comparación con lo que se compra ahora. El Fondo Estratégico compra una enorme cantidad de medicinas de costo bajo y medio de manera habitual, pero con esto estamos agregando medicamentos innovadores de alto costo. Habitualmente compra medicamentos con precios mucho menores que los diez mil o treinta mil dólares el tratamiento, como éstos de que hablamos ahora, sino tratamientos con comprimidos a 4,7 dólares. Dicho sea de paso, esos tratamientos los compramos mediante el Fondo Estratégico a 4,7, pero los proveedores, en negociación directa con el país, nos lo ofrecían a 75 dólares. Y ese precio, obtenido en licitación, y ofertado por el laboratorio, fue el resultado de una negociación larga, porque el precio inicial era de 90 y pico. En este caso, de los medicamentos por los que vamos a negociar no tengo cifras exactas, pero es claro que las diferencias son abismales.

De acuerdo con las previsiones de la reunión, y por los tiempos en que comenzará la negociación, los ministros estiman que los primeros medicamentos comprados por este sistema estarán disponibles en los países el año próximo. Además, por un acuerdo con OPS, los países de la región que no formen parte de Unasur pero quieran acceder a compras a esos mismos precios acordados por el comité, podrán hacerlo a través del Fondo Estratégico. En las rondas de negociación siguientes, se incorporarán más producto. En tres años, señaló el ministro Gollan, el comité ad hoc proyecta llegar a un total de 40 medicamentos, “con un ahorro importantísimo para los Estados”. “El objetivo es que todos accedan a los medicamentos que necesitan. A precios altos, las compras son menores y hay gente que queda fuera del acceso a tratamientos. A precios razonables, van a poder acceder todos”, explicó el funcionario.

–¿Cree que este modelo de negociación conjunta a cargo de los Estados de una región se puede exportar?

–Hoy, después de firmar la resolución, nos quedamos hablando informalmente con otros ministros. Todos estábamos de acuerdo en que, si esto funciona, sería perfectamente razonable llevarlo a otros continentes. La variabilidad de precios de medicamentos es un problema que tienen también los países europeos de alta y mediana renta, y, por supuesto, el continente africano. Si esto funcionara, podría ser un ejemplo a copiar a nivel mundial. Si uno actúa de esta manera, las empresas se garantizan un volumen de productos a vender, y pueden hacer un plan de negocio a lo largo de los años. Nosotros, así, logramos bajar los precios y las empresas logran ganar también, pero a menor precio, y entregándole medicamentos a todo el mundo, para que nadie quede sin acceder.

nota original en http://bit.ly/1KKyGjk

Argentina, La ley de genéricos: Una norma que cumple poco

Una norma que cumple poco

La ley de genéricos

Santiago Rodríguez, Página 12, 10 de septiembre de 2015

–¿Cuál es el nivel de aplicación actual de la ley que obliga a los profesionales de la salud a prescribir las recetas priorizando la denominación genérica de los medicamentos, relegando a un segundo plano a las marcas comerciales, como una forma de abaratar los costos?
–La ley sobre prescripción de genéricos se aprobó durante la gestión del doctor Ginés González García. Primero se estableció que debía prescribirse el nombre genérico del medicamento y no la marca comercial, pero luego la ley se modificó para permitir que se agregara la marca. Hoy el cumplimiento de esa ley no es alto, es muy bajo. Los médicos no cumplen mayoritariamente con la ley, al punto que en algunos casos ponen la marca comercial con letras más grandes que el nombre genérico del medicamente, y en algunos casos ni mencionan el nombre genérico. Los que debemos hacer cumplir la ley en la Capital Federal somos nosotros. Estamos haciendo inspecciones para verificar las recetas que estén mal confeccionadas y les estamos enviando cartas a los médicos que la están confeccionando en forma ilegal. El acto siguiente será entrar en un sistema punitivo porque las leyes deben cumplirse. Los que no las cumplan tendrán que verse con la Justicia. En el resto del país, los que deben hacer cumplir la ley son los gobiernos provinciales. Muchas provincias han delegado esta actuación en los colegios de profesionales, que deberían hacer cumplir la ley porque es parte de la ética profesional, pero no lo hacen. Hay muchos actores que miran para otro lado.
–Es muy delicado el paso de hacer cumplir esta ley –comentó el secretario de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, Federico Kask–, porque una de las estrategias sería la de prohibirle a los farmacéuticos que reciban una receta con esas características, pero esto sería impedir que una persona tenga acceso al medicamento que necesita; por eso estamos auditando al legalmente obligado, que es el médico.
–Ministro, usted había mencionado una situación que se había producido, en Santiago del Estero, con un farmacéutico.
–Hace unos días, en el diario El Liberal, un representante de los farmacéuticos aparece en una nota titulada “Faltante de medicamentos en Santiago del Estero; grave situación”. Lo que dice, en realidad, es que faltan tres marcas y él mismo dice que hay provisión del mismo medicamento, genérico y de marca, en la misma farmacia, lo que significa que ni siquiera conoce la ley. En el tema de los genéricos hay un error frecuente, porque muchos laboratorios dicen que los remedios de marca son mejor que los genéricos, pero todos los medicamentos son genéricos. Hay un medicamento que es el original y los otros son todos genéricos, de manera que es un falso concepto el que se trata de instalar en la gente.
–¿Cómo está la balanza entre los medicamentos que se producen en el país y los que son importados?

–En Argentina se consumen más medicamentos hechos acá que importados. En una época estábamos mitad y mitad, pero hoy la industria farmacéutica nacional ha superado el 50 por ciento del mercado, siendo que algunas empresas internacionales tienen planta de producción en el país. Lo que ocurre es que los medicamentos importados son mucho más caros. Por eso es que la balanza comercial farmacéutica, por más que producimos más en el país e incluso exportamos, sigue siendo desfavorable para nosotros. La balanza comercial farmacéutica viene aumentando el déficit año a año a un ritmo de 150 a 200 millones de dólares anuales. Ya estamos cerca de los dos mil millones de dólares. Hay que tener en cuenta que los medicamentos importados son los de más alto costo y que el 99 por ciento de la droga base para los medicamentos también es importada.

Original en http://bit.ly/1QqtLCZ

Argentina: Ministro advierte sobre las presiones de los laboratorios multinacionales: “Queremos denunciar el abuso y la extorsión que venimos sufriendo”

Carlos Rodríguez, Página 12, 10 de septiembre de 2015
El Ministro de Salud nacional advierte sobre las presiones de los laboratorios multinacionales

“Queremos denunciar el abuso y la extorsión que venimos sufriendo”

Daniel Gollan explica la propuesta para que los países de la Unasur enfrenten en forma conjunta el poder de las empresas y puedan lograr el abaratamiento de los costos ahora usureros.

“Lo que estamos tratando de cristalizar con los ministros de Salud de la región, en el Mercosur y el Unasur, es un documento histórico en el cual se denuncia, en forma conjunta, el abuso y la extorsión que venimos sufriendo”, de parte de los laboratorios multinacionales “mediante la fuerte presión de organizaciones financiadas por esas mismas empresas y a través de los medios de comunicación”, para mantener los precios de los medicamentos, a punto tal que un mismo producto puede valer “mil, cinco mil o diez mil, según la cara del cliente”. La afirmación la hizo, en diálogo con Página/12, el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gustavo Gollan, en la previa de la reunión que mantendrá a partir de mañana, en Montevideo, el Consejo de Salud Suramericano, órgano de la Unasur que toma decisiones respecto de cuestiones sanitarias del bloque regional de países, a través de los responsables del área de Salud.
Gollan, acompañado por el secretario de Promoción y Programas Sanitarios de su cartera, recordó que el texto del documento comenzó a gestarse en la 68º reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizada en Ginebra, en mayo pasado, y que tomó forma en una reunión que se hizo hace dos meses en Brasilia.
“El consenso que se logró entre los ministros nos dio la pauta de que es imposible seguir como estamos y de allí surgieron varias alternativas: realizar compras conjuntas entre los países para abaratar los costos” mediante adquisiciones a gran escala y empezar a discutir la formación de “un banco de precios” regional, similar al que funciona en Europa, y que establece que “ningún país puede pagar un medicamento más del promedio del que pagan otros tres países europeos”.
Esto es importante porque “nosotros, por ejemplo, pagamos tres veces más que Perú algunos medicamentos, mientras que ellos pagan más que nosotros por otros productos, algo que es incomprensible e inadmisible”. Lo que se está formando es “un banco de precios del Unasur, para tener una noción real del costo de los medicamentos en la región y de la diferencias que existen, para impulsar incluso una legislación de la región, como ocurre en Europa, para evitar estos abusos de los laboratorios”.
–Las ganancias de los laboratorios son increíbles y parecen no tener techo. ¿Cómo es discutir con las multinacionales de la salud?
–Siempre fue una negociación complicada la de los precios de los medicamentos, aunque nosotros siempre hemos tenido como base de negociación patrones de precios fijados por la Sigen (Sindicatura General de la Nación) que nos dan pautas sobre hasta dónde puede llegar a pagar el Estado en las licitaciones producto por producto, aunque esas pautas no pudieran ser impuestas por nosotros en la negociación. Ahora se da una nueva situación en el mercado farmacéutico mundial porque los nuevos productos biotecnológicos no tienen ninguna relación con lo que ocurría antes, porque las empresas multinacionales de medicamentos le ponen precios diferenciados para cada país y dentro de cada país, cuál es el precio para el sector público, para las obras sociales, para los sistemas prepagos. Lo que se busca, a través de esa fórmula es obtener lo máximo que se le puede sacar a cada país, en ese momento. Además, en cada negociación, se hace jugar, como elemento de presión, a organizaciones de familiares que están siendo financiadas en el mundo, por los mismos laboratorios, junto con la fuerte presencia que los laboratorios tienen en los medios de comunicación. Esto se complementa, en todos los países latinoamericanos, según señalaron los ministros de salud de la región, con medidas cautelares judiciales que terminan favoreciendo la política de los laboratorios.
–Esto significa que todo contribuye al crecimiento desmesurado del precio de los medicamentos.
–Es un combo que hace posible que el precio de un producto pueda ser 1000, 5 mil o 10 mil, según el país. Por ejemplo, existe una medicación para la hepatitis C y la misma pastilla cuesta mil dólares en Europa, Canadá y los Estados Unidos, que se ofrece a 100 o 110 dólares en países de renta media como Argentina, Brasil, Colombia o Chile, y a 10 o 11 dólares en países como India. Ese mismo medicamento le da buenas ganancias al laboratorio indio que lo produce y que lo vende a 11 dólares, a pesar de pagar royalties (derecho a la utilización de la patente). A partir de ese dato, imaginemos la rentabilidad que hay vendiéndola a 100 o a 1000 dólares.
–¿Qué es lo que evalúan los laboratorios para semejante variación de precios? Podría compararse con el caso de esos mecánicos que cobran en forma diferenciada el mismo arreglo, si se trata de un auto común y otro de alta gama.
–¿Qué es lo que evalúan? El Producto Bruto Interno (PBI) del país, el PBI per cápita, la capacidad de pago del sistema de salud, la capacidad de pago de cada uno de los financiadores del sistema de salud, la cantidad de población que hay que tratar con el medicamento, la comparación con otros tratamientos existentes. Esto no se había visto nunca y tiene un lógica determinada muy claramente, porque detrás de estas empresas biotecnológicas, o por lo menos de muchas de ellas, hay fondo globales de inversión, los mismos fondos buitre que están litigando contra la Argentina y contra otros países. Hay una lógica de máxima rentabilidad que tiene una lógica financiera especulativa, la lógica del mercado que dice “si este se baja de un auto importado se lo vendo a un precio” y llega otro con un Fiat 600 y se lo vende a otro precio. De acuerdo con la cara del cliente, al poder adquisitivo de cada país y de cada institución de cada país. Esto está llevando a que en el mundo todos los sistemas de salud estén jaqueados. Y cuando digo el mundo, incluyó a Europa y a países de alta renta. En Estados Unidos pasa lo mismo, pero la idiosincrasia y la filosofía del país, aceptada mayoritariamente, a pesar de los esfuerzos de Barack Obama de cambiar algunas cosas, se acepta que pague el que pueda y el que no, que se jorobe. En Europa hay un Estado más protectivo, que termina pagando más.
–¿Y cómo es la situación en la Argentina?
–En Argentina pasa lo mismo que en Europa, porque termina pagando el Estado, porque esta situación conduce tarde o temprano a la aplicación de medidas cautelares que hacen que el sujeto de derecho, que merece sin duda tener ese medicamento, lo tenga. Lo que nosotros decimos es que, para que todo el mundo pueda acceder al medicamento que necesita, la única variable posible es terminar con los precios usureros. Si nosotros pagáramos, durante cinco años, los tratamientos contra la hepatitis C al precio que nos están proponiendo a nosotros, no a los países del Primer Mundo, estaríamos pagando el equivalente a dos o dos y medio del monto total del presupuesto en salud de este Ministerio. Serían unos 25.000 millones de dólares que nosotros tendríamos que pagar en el término de cinco años. Esto no lo podemos afrontar de ninguna manera.
–Supongo que sucede lo mismo con los tratamientos oncológicos o de VIH-sida?
–Pasa todo el tiempo con los tratamientos oncológicos, antirreumáticos o de HIV-sida de última generación, con los tratamientos de nuevas enfermedades poco frecuentes que estamos enfrentando.
–Ante ese panorama, ¿en qué nivel está hoy el abastecimiento de medicamentos a las personas con problemas oncológicos o VIH-sida, que durante años han padecido dificultades graves para seguir con esos tratamientos?
–Los programas nacionales hoy cubren casi las dos terceras partes del total de los tratamientos de paciente con VIH. Tenemos 73 mil en general, de los cuales cubrimos unos 60 mil, aunque en realidad entregamos 57 mil, porque hay ocho mil que están pero hoy no necesitan tratamiento, pero si lo necesitaran, podemos asistirlos. A nivel del VIH y de las enfermedades catastróficas, el Ministerio de Salud de la Nación y los de algunas provincias están concurriendo y no faltan los medicamentos.
–¿Cuál es la estrategia para bajar el precio de los medicamentos?
–Estamos tratando de cerrar algunos acuerdos entre todos los ministros de Salud del Unasur, para llevar una postura consensuada a la reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ampliar del Fondo Estratégico para adquisición de medicamentos a gran escala. La OPS compra a gran escala, para determinado período y los precios que pagamos son enormemente inferiores. Por ejemplo, un medicamento que es para el tratamiento del VIH, que es el Atripla. Cuando lo compramos la última vez, hace dos años, en la primera compra pagamos 49 pesos y en una segunda, la oferta se había elevado a 90 pesos. Le pedimos una mejor del precio y ofertaron a 75 pesos, pero lo compramos por el Fondo Estratégico de la OPS a 4,70 pesos. Diez veces menos que los 49 pesos iniciales. Los laboratorios, nunca pierden plata, lo que ocurre es que siempre aspiran a ganar cada vez más.
–Usted decía que, a nivel mundial, existe un “combo” entre laboratorios, medios de comunicación, jueces y ONG subvencionadas por las empresas, que hacen lobby para obligar a comprar medicamentos a precios escandalosos. ¿Eso también ocurre en la Argentina?
–En nuestro país, la Justicia también participa, pero en mucho menor escala, porque a veces tenemos fallos buenos. Le digo más: si a un juez o a los tribunales se les explica bien cómo es esto, termina fallando diferente, pero muchas veces los jueces actúan por una lógica de la protección al paciente. En Brasil, los jueces municipales, que son como nuestros jueces de paz, intiman en forma permanente a los sistemas de salud a que paguen medicamentos, lo que lleva a una situación incontrolable.
–¿Y cómo se hace para encontrar una salida pensando en el paciente y tratando de torcerle el brazo a la usura de los laboratorios?
–Una de las alternativas es la negociación conjunta a través del fondo estratégico de la OPS, que va a ser muy importante si logramos que sea acompañada nuestra estrategia en la reunión que comienza mañana en Montevideo, y en la reunión de ministros de la OPS que se hace a fines de septiembre. La idea es ampliar este Fondo Estratégico, algo que no va ser inmediato porque necesitamos crear una logística mucho más importante, pero en seis u ocho meses esperamos tener respuestas. Otro de los puntos es que haya negociaciones conjuntas por países, fuera del Fondo Estratégico, para hacer compras en conjunto de otras líneas de productos. Que nos pongamos todos de acuerdo y negociemos todos juntos con las multinacionales biotecnológicas, mostrando poder de negociación y que luego cada país compre con su sistema administrativo. Otra línea es que para otros productos, el país más grande, que sería Brasil, realice compras más grandes, para favorecer a Chile, por ejemplo, y que Argentina haga lo mismo con Uruguay. Y por supuesto, la apuesta al futuro, en el mediano y largo plazo, es lograr la producción local, con investigación y desarrollo, mediante el trabajo conjunto de todos los laboratorios productores de medicamentos del sector público e innovador, para lo cual hemos generado la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos para que tenga un financiamiento y un desarrollo asociado. También hay posibilidades de firmar convenios de transferencia tecnológica con Cuba, con India, para trabajar en el mismo sentido.
–¿Cuál sería la diferencia, en relación a los costos, de producir medicamentos en el país, respecto del costo que hoy conlleva la importación de esos productos?
–El costo, si eso se pudiera hacer, no debería superar el 50 por ciento de lo que hay que invertir trayendo los medicamentos desde afuera. De todos modos no es aplicable a todos los medicamentos, porque si producimos un medicamento a un costo de 1000 pesos, yo diría que 500 sigue siendo caro. Tendríamos que hablar de medicamentos que nos llegan a un valor de 10 pesos y que podemos hacerlo a un costo de 5 pesos. Hay laboratorios argentinos que pueden producir tal medicamento, pero después nos lo dejan a un valor que es apenas más inferior al que pagamos por la importación. En esos casos, nos sentamos a dialogar, a consensuar para que bajen los precios, conociendo los márgenes de ganancia y rentabilidad que tienen los laboratorios para poder hacernos rebajas que a veces conseguimos.
–Explique qué significa esta propuesta del 90-90-90.
–Es una propuesta de la organización ONU-Sida que plantea llegar al 2020 con el 90 por ciento de población con VIH-sida diagnosticado, el 90 por ciento bajo tratamiento y el 90 por ciento sin detección serológica del virus. Con esto se estima que estaríamos en los albores de afirmar que el sida ya no es un problema sanitario mayúsculo. Habríamos “vencido” al sida, aunque sin poder decir que fue erradicado. Nosotros le agregamos un cuarto 90, producto de las charlas que tenemos con asociaciones de familiares de pacientes con VIH-sida que trabajan con nosotros. El cuarto 90 que nos propusieron estas asociaciones es que el 90 por ciento de los pacientes que necesitan un tratamiento lo tengan a precios justos.
–El tratamiento del VIH-sida es muy caro.
–Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestra que si no hubieran irrumpido los científicos indios con tratamiento del virus con medicamentos genéricos, el 90 por ciento de los que tienen VIH-sida en Africa ya habrían muerto. Es un dato durísimo. Por eso es tan necesario imponer la discusión sobre el precio de los medicamentos. La Sociedad de Infectología de Argentina hace rato que viene hablando del tema, porque está claro que sin precio justo, no hay acceso masivo a los medicamentos. Es importante que nosotros tengamos la bandera del acceso, porque parece que somos nosotros los que negamos el acceso cuando no queremos pagar los precios abusivos, cuando en realidad nos negamos a pagar esos precios para que todos puedan tener el acceso al medicamento que necesitan.
Durante la charla con Página/12, el ministro de Salud, Daniel Gustavo Gollan, se refirió al incumplimiento, por parte de los médicos e incluso de las asociaciones de profesionales, de la obligatoriedad de prescribir medicamentos bajo el nombre genérico, dándole prioridad por encima de las marcas comerciales. La norma tiene como finalidad permitir que los usuarios puedan adquirir los medicamentos que necesitan a un precio mucho más razonable.


Nota original http://bit.ly/1EQ1qFa

La industria farmacéutica, en alza

Carlos Rodríguez, Página 12, 10 de septiembre de 2015
Por Carlos Rodríguez
Un informe difundido por el Ministerio de Salud de la Nación afirma que la industria farmacéutica argentina creció hasta alcanzar “ventas por 35 mil millones de pesos en el año 2014”, según fuentes del Ministerio de Economía. En los últimos 12 años los laboratorios nacionales “lograron dar un salto cualitativo y cuantitativo en su nivel de competitividad, generando un aumento del 398 por ciento de sus exportaciones y una mayor participación en el mercado local”. En suma, “el sector farmacéutico ha sido uno de los más beneficiado por los créditos del bicentenario” y “a través de estas líneas de crédito, entre el 2010 y el 2013, se le otorgaron préstamos por 1043 millones de pesos”.
El Ministerio de Salud asegura que la política de medicamentos en el país “es una política de Estado y desde hace años se vienen llevando adelante acciones para mejorar el acceso de la población a los tratamientos adecuados y oportunos”. Según el parte oficial, el Ministerio de Salud nacional invirtió en medicamentos el 25 por ciento de su presupuesto anual para el año 2014, que ascendió a 16.300 millones de pesos. La OMS recomienda que este porcentaje no supere el 10 por ciento.
El año pasado, el gasto en medicamentos fue 3998 millones de pesos, de los cuales, 2500 millones fueron destinados a la distribución de medicamentos a través de diferentes programas.
Del total de compras, el 95 por ciento fue a laboratorios privados, de las cuales el 74 por ciento son nacionales, y el 26 por ciento correspondieron a compañías extranjeras.