Argentina: lanzamiento nacional de la campaña “CAEME y otros ¡Abandonen el caso!” #abandonenelcaso

Advierten que peligra el acceso a medicamentos por dramático aumento de precios si prospera juicio de multinacionales farmacéuticas contra el Estado

  ver tambien  Lanzamiento internacioal en marzo en conjunto con BRASIL http://medicamentos-comunidad.blogspot.com.ar/2016/03/redlam-abandonenelcaso-interfarma-y.html

Fundación GEP, 13 de julio de 2016

En el lanzamiento de la campaña “CAEME y otros ¡Abandonen el caso!” de Fundación GEP, panelistas coincidieron en la importancia de defender las políticas que protegen la salud pública y la soberanía sanitaria

Fundación GEP lanzó ayer nacionalmente su campaña “CAEME y otros ¡Abandonen el caso!” junto al ex Ministro de Salud Dr. Daniel Gollán, la diputada y presidenta de la Comisión de Salud de esa cámara Carolina Gaillard, el periodista Raúl Dellatorre (Página 12), Andrés López del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros expertos en derecho a la salud, propiedad intelectual y acceso a medicamentos. La campaña, cuyo objetivo es juntar firmas para exigir el cese del juicio que empresas multinacionales están llevando a cabo contra el Estado Argentino por la adopción de medidas que favorecen la salud pública, fue presentada en la sede de la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) frente a un centenar de personas junto a una muestra de fotos y la proyección de un video con testimonios de personas sobre el impacto de la falta de acceso a medicamentos en sus vidas.

El lanzamiento, seguido del seminario “El medicamento como bien social: la defensa de la soberanía sanitaria en el Bicentenario de la Independencia” organizado junto a la Fundación Soberanía Sanitaria, fue la plataforma desde la cual se discutieron en profundidad en qué consiste el juicio de CAEME al Estado y la importancia de defender las guías de examinación de patentes farmacéuticas.



Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de GEP, junto a Andrés López (CELS), Dr. Daniel Gollán (ex Ministro de Salud) y José María Di Bello (Secretario General de GEP)

“Estamos aquí porque la demanda de CAEME contra el Estado es escandalosa: si prospera, peligra la sustentabilidad económica de los programas de provisión gratuita de medicamentos, tanto públicos como de seguridad social y las pre-pagas, y nuestro derecho a definir nuestras propias políticas en materia de Salud”, declaró Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de GEP, quien añadió: “Con cada patente farmacéutica le damos un monopolio a una compañía. Debemos defender las guías para que no haya abusos y para que prime la Salud Pública”.

Los panelistas dieron varios ejemplos del impacto que el abuso al sistema de patentes tiene sobre los precios de medicamentos. Es el caso de sofosbuvir, medicamento que cura la hepatitis C y que cuesta U$S 84.000 el tratamiento en EEUU pero cuya versión genérica fabricada nacionalmente por Richmond tiene un precio de U$S 1.400, o de Atripla, medicamento para el tratamiento del VIH cuya versión genérica fuera adquirida por el Estado al laboratorio indio CIPLA a un precio 19 veces menor que el de venta de Gilead, compañía titular de la patente. En este sentido, José María Di Bello, moderador de los paneles y Secretario General de GEP, remarcó que “En este juicio queda claro que la puja es entre el derecho humano a la salud y los derechos de las compañías farmacéuticas multinacionales, que razonan como los fondos especulativos de inversión: no les interesa curar sino lucrar”.

Las exposiciones de los invitados también analizaron las necesidades y problemáticas entre los derechos de propiedad intelectual y el acceso a medicamentos en el contexto político argentino. En el primer panel, el ex Ministro de la cartera de Salud Dr. Daniel Gollán dijo que“Las empresas farmacéuticas extorsionan con sus precios porque fabrican algo por lo que no se puede esperar. Si no nos organizarnos en campañas como ésta, nuestro acceso a medicamentos como sociedad estará comprometido”. En el mismo sentido, la diputada Carolina Gaillard expresó que “La producción pública de medicamentos puede evitar los abusos de las compañías, para quienes la enfermedad es un negocio” y remarcó que“Por el lobby de los laboratorios la llamada ley de genéricos está casi en desuso”. Los panelistas coincidieron en que ambas estrategias son desaprovechadas como alternativas en la actualidad por las autoridades gubernamentales.



Carolina Gaillard, diputada nacional por Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Salud de esa cámara

En el panel final del evento fue el turno de advertir sobre los riesgos que suponen para la disponibilidad de medicamentos y el derecho a la salud los tratados de libre comercio. Los disertantes se detuvieron en particular en el Tratado Trans-Pacífico, ya que el ingreso de Argentina al mismo ha sido expresado como objetivo por el gobierno. Raúl Dellatorre, periodista de Página 12, advirtió que “Estos tratados suponen la imposición de monopolios neoliberales, que no sólo afectan la capacidad de decisión de los estados, sino al propio mercado, porque atentan contra la oferta y elevan los precios”. Dellatorre subrayó además que “Las corporaciones vienen por todo, y son tan fuertes que tenemos que defender un derecho tan básico como la salud. Esta campaña es necesaria y bienvenida porque es un intento por pararlas”. Nicolás Krepak, ex-viceministro de Salud, afirmó que “Las medidas ADPIC-plus que conlleva el TTP son una entrega de soberanía sanitaria pero también de independencia económica y política frente a las corporaciones”.

En el cierre del evento y entre aplausos de los asistentes, José María Di Bello cerró la presentación recordando que la organización activa de la sociedad civil junto a la academia, el sector sanitario y los tomadores de decisiones de política pública “es el único camino para seguir defendiendo a los medicamentos como lo que son: un bien social que garantiza el derecho a la salud, y no una mercancía”.



José María Di Bello (GEP), Pablo García (RedAR Positiva), Nicolás Kreplak (Soberanía Sanitaria), Lorena Di Giano (GEP), Raúl Dellatorre (Página 12), Paula Español (ex Subsecretaria de Comercio Exterior) y Alex Freyre (GEP) en el cierre del evento.

Farmacéuticas en la mira de la Justicia por acciones ilegales

por Andrew Ward, Financial Times, 25 de abril 2014

Cada vez hay más demandas millonarias contra los laboratorios por ocultar información sobre posibles efectos secundarios de un medicamento hasta el pago de sobornos

Cuando el exitoso abogado fue contratado para representar en un juicio a un hombre que asegura que medicamento para la diabetes le provocó cáncer, la industria farmacéutica supo que estaba en problemas.

Tras el alegato final de Mark Lanier, que mencionó una “desconsideración imprudente por la seguridad del paciente”, un juez federal en Louisiana ordenó a Takeda de Japón y a Eli Lilly de EE.UU. el pago de daños y perjuicios por la suma récord de u$s 9.000 millones por ocultar evidencia de una posible relación entre su medicamento Actos y el cáncer a la vejiga.

Para Lanier, fue el último de una serie de triunfos frente a grandes farmacéuticas. Se hizo conocido en EE.UU. hace una década, por ganar un juicio por u$s 250 millones contra Merck & Co iniciado por una viuda que culpó al analgésico Vioxx de la muerte de su esposo por un fatal ataque al corazón.

La multa de su última victoria legal es tres veces superior al récord de u$s 3.000 millones que pagó GlaxoSmithKline por malas prácticas en la promoción de sus medicamentos en 2012. Los analistas sostienen que la suma es tan elevada que seguramente un juez la reduzca y aún podría ser rechazada en una apelación. Takeda y Eli Lilly insisten en que Actos es seguro y prometieron apelar el fallo.

Pero el juicio, en el que los miembros del jurado oyeron cómo Takeda destruyó grandes cantidades de documentos relacionados con Actos, se sumó a una serie de casos que pusieron a toda la industria en el banquillo.

A primera vista no hubo una conexión directa entre el fallo judicial de Louisiana y otros titulares vergonzosos: una acusación de soborno contra GSK en Irak; una investigación sobre supuestas prácticas anticompetitivas contra Novartis y Roche en Francia; y un informe que asegura que el costoso antiviral Tamiflú no sería mejor que una aspirina.

Sin embargo, de una o otra manera, respaldan las acusaciones de críticos del sector que aseguran que las grandes farmacéuticas anteponen las ganancias a la salud pública, desde elegir las mejores pruebas clínicas para ocultar riesgos a la salud, hasta sobornar médicos y bloquear medicamentos más baratos.

Dichas acusaciones son rechazadas ferozmente por las empresas, pero incluso los líderes de la industria admiten que han tenido cierta resonancia en el público.

En respuesta a las críticas, algunas farmacéuticas como Roche, GSK, y Johnson & Johnson, anunciaron el año pasado algunas medidas para abrir su información de pruebas clínicas a revisiones independientes. Otros son más precavidos y citan la necesidad de proteger su propiedad intelectual y la confidencialidad de los pacientes. Pero la opción quizás ya no dependa de las compañías: el parlamento europeo acaba de aprobar una ley que establece que los resúmenes detallados de los ensayos clínicos deben ser públicos.

“La presión no va a diminuir”, dijo una alta fuente de la industria. “Hay una movida hacia una mayor transparencia en todas las áreas de la sociedad. Es imposible resistirse”.

Los desafíos reputacionales no son nada nuevo para las grandes farmacéuticas, pero la tendencia las está obligando a repensar sus estrategias de marketing ahora que se presta más atención a sus vínculos financieros con los médicos. GSK anunció en diciembre que desde 2016 dejará de pagarle a los profesionales de la salud por asistir a conferencias médicas o por hablar de sus productos. También eliminó los objetivos individuales a su equipo de ventas.

Esa fue la respuesta a la multa norteamericana por u$s 3.000 millones que recibió el grupo en 2012 por comercializar en forma ilegal y a la investigación iniciada por las autoridades chinas en julio del año pasado por supuestos sobornos a médicos. La revelación hace días de que GSK está enfrentando acusaciones similares en Irak recalcó la naturaleza global del desafío. Per el grupo británico asegura que sus modificaciones de las prácticas de marketing lo colocaron a la vanguardia de la reforma de la industria.

A los ejecutivos del sector les preocupa que la peor imagen de la industria les dificulte defender sus precios, en un momento en que los presupuestos de salud caen en todo el mundo desarrollado.

Mientras tanto, en Louisiana, Lanier se prepara para atender a 2.700 personas que hacen fila para demandar a Takeda y Eli Lilly.

http://bit.ly/1kcOGua

Caso Agreal (veraliprida): Cataluña confirma la sentencia y condena a pagar a 14 mujeres

La Audiencia de Barcelona condena a Sanofi a pagar 120.000 euros a 14 mujeres
La farmacéutica omitió en el prospecto los efectos secundarios de un fármaco contra la menopausia

Antía Castedo, El País (España) 28/1/2014

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ratificado la condena a Sanofi-Aventis por los efectos secundarios del medicamento Agreal, utilizado contra los síntomas de la menopausia y retirado del mercado en España en 2005. La farmacéutica deberá indemnizar a 14 mujeres afectadas con cantidades de entre 1.200 euros a más de 30.000, hasta un total de 120.209 euros. Algunas de las demandantes consideran que los importes son bajos y se plantean recurrir ante el Tribunal Supremo, según ha informado su abogado, Joaquim Juncosa.

La sentencia responde a sendos recursos de apelación presentados contra una sentencia previa del juzgado de primera instancia 24 de Barcelona por parte tanto de algunas de las afectadas como de la farmacéutica. El procedimiento –uno de los varios que se abrieron contra Sanofi- se inició por la demanda de 35 mujeres, que denunciaron que el fármaco les había provocado problemas psiquiátricos, como depresión y ansiedad, y neurológicos, entre ellos temblores o rigidez. El tribunal determinó que el medicamento presentaba un defecto de seguridad al no advertir en el prospecto sobre los posibles efectos adversos y condenó a la empresa en 18 de los casos.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona modifica al alza las indemnizaciones a cuatro de las demandantes y anula las que el tribunal había impuesto en relación a otras seis afectadas. Agreal está fuera del mercado. Sanofi ha explicado que recurrirá esta sentencia.

Enlace original

http://bit.ly/1a6c2js

EE.UU. denuncia a farmacéutica Novartis por sobornar a médicos

RíoNegro.com.ar 
26/04/2013 


El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este viernes a la farmacéutica Novartis por pagar sobornos a médicos para que prescribieran medicamentos de la empresa y no productos rivales.En la segunda demanda de la justicia estadounidense contra la firma suiza esta semana, el Departamento de Justicia dijo que la filial estadounidense de Novartis multiplicó las ventas de caros medicamentos de marca proporcionando incentivos a los médicos, que finalmente eran pagados con fondos de los programas de salud pública.

La demanda, presentada en el Tribunal federal de Distrito de Nueva York, alega que, para promover la venta de medicamentos de Novartis como Lotrel y Valturna, recetados para tratar la hipertensión, o Starlix, prescrito para la diabetes, la empresa pagó a médicos para dar conferencias en lo que denominaban "eventos sociales" y organizó lujosas cenas para los doctores.Este tipo de acciones "eran, en realidad, sobornos para los conferenciantes y asistentes con el fin de inducirlos a recetar los medicamentos de Novartis", afirmó el Departamento de Justicia.

Los pagos incluyeron "miles" de programas de conferencias en las que los médicos "pasaban muy poco tiempo o casi ninguno hablando sobre el medicamento en cuestión".

"Al contrario, Novartis sólo agasajaba a los doctores en restaurantes de moda con costes astronómicos, así como en bares deportivos o viajes de pesca con otros objetivos lejos de los programas educativos", afirma la demanda.

Estas acciones violaron el estatuto anti-sobornos estadounidense e hicieron que el gobierno pagara "falsas peticiones" a través de sus programas de salud para adquirir los productos farmacéuticos de Novartis.

Demanda por sobornosPor otro lado, este martes el gobierno estadounidense presentó una demanda contra Novartis por pagar sobornos a al menos una veintena de farmacias con el objetivo de que recomendaran el uso del Myfortic en lugar de otros medicamentos genéricos más baratos para tratar a los pacientes trasplantados, a cambio de obtener beneficios sobre las ventas.

Los pagos a las farmacias sumaron decenas de millones de dólares e hicieron que las ventas de Myfortic en las farmacias implicadas llegaran a los 100 millones de dólares, casi la mitad de los cuales fueron pagados con fondos de los programas de salud pública estadounidense, según el texto de la demanda.

En un comunicado, Novartis contestó ambas demandas y afirmó que el gobierno estadounidense estaba expandiendo la definición de "soborno" más allá de la ley."Los descuentos y las rebajas realizadas por las compañías farmacéuticas son una práctica habitual, adecuada y legal reconocida por el propio gobierno", indicó la firma farmacéutica.

La demanda gubernamental, según Novartis, "amenaza con minar los descuentos y promociones de las compañías farmacéuticas que benefician tanto a los consumidores como a quienes los subvencionan, incluyendo el gobierno".Además, la compañía añadió que "las conferencias médicas son aceptadas como práctica habitual en la industria".


nota de prensa  original del departamento de Justicia de los EE.UU.

FOR IMMEDIATE RELEASE
United States Files Complaint Against Novartis Pharmaceuticals Corp. for Allegedly Paying Kickbacks to Doctors in Exchange for Prescribing Its DrugsFriday, April 26, 2013 Office of Public Affairs. Department of Justice. USA


http://www.justice.gov/opa/pr/2013/April/13-civ-481.html

Argentina: Condena a Bayer por la cerivastatina

CONDENA MILLONARIA CONTRA BAYER EN ARGENTINA

A MÁS DE UNA DÉCADA DE LAS MUERTES POR LIPOBAY
 PHARMABAIRES 19 de septiembre de 2012,


Durante el juicio, el damnificado, Claudio Rein, demostró que el laboratorio alemán distribuyó en Estados Unidos el Lipobay con un prospecto que advertía de eventuales efectos adversos, información que ocultó en su presentación en Argentina.

El juicio fue iniciado en 2002 y constituye la segunda sentencia contra Bayer a causa del Lipobay que se conoce en el mundo, luego de una condena similar en España. El medicamento fue retirado del mercado a fines de 2001 luego de provocar un centenar de muertes.
La sentencia fue emitida por los jueces Sebastián Picasso, Ricardo Li Rosi y Hugo Molteni, integrantes de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

El tribunal condenó a Bayer a abonar una indemnización de 200 mil pesos por “incapacidad sobreviviente –comprensiva de la incapacidad física y la psíquica-, pero esa suma a causa del tiempo transcurrido y los intereses, asciende a alrededor de 1.100.000 pesos.

Flavio Rein tenía 41 años en 1998 cuando le recetaron Lipobay contra el colesterol y los triglicéridos. Estaba casado y tenía mellizos que en esa época tenían cinco años. Era un gran deportista, amaba especialmente el fútbol, aún cuando toda su vida realizó distintos deportes.
A partir de la ingesta de medicamento Lipobay comenzó a padecer de cefaleas, extremo cansancio físico, sintiéndose sumamente agotado, para realizar tareas cotidianas como trabajar, retirar a sus hijos del colegio, entre otras consecuencias. Una vez concluida la toma de una caja del medicamento comenzó los síntomas agudos que se prolongan por el término de cinco meses. Rein asegura que los síntomas crónicos se mantienen hasta la fecha causándole una altísima incapacidad.

Un mes después de la toma del medicamento, Rein pasó de ser un hombre pleno y sano a un grave discapacitado, que nunca más pudo volver a jugar al futbol por el daño muscular que le produjo el medicamento, entre otros males.
“Un domingo, refregándome los ojos al despertarme noto que no veo del ojo izquierdo, cuando me quiero levantar de la cama, no puedo, me caigo, no tenía fuerzas, se me doblaban las rodillas.”

La abogada de Rein es Patricia Venegas, adjunta en la Cátedra de Obligaciones Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho de la UBA. La estrategia de la demanda fue demostrar que Bayer ocultó deliberadamente información en Argentina.: “Durante el juicio adjuntamos una copia del prospecto de Baycol, la misma droga que el Lipobay, que se comercializaba en Estados Unidos y que daba una amplia información respecto a los riesgos y complicaciones que podía producir esta droga, lo cual se omite en el prospecto argentino, que es sumamente pobre en sus especificaciones”.

Al respecto, el perito oficial farmacólogo, de apellido Zutel, afirmó que:

1) La información en el prospecto de Lipobay, en la Argentina, resulta insuficiente, en cambio en el de Baycol, es amplia. Las diferencias más importantes, son que en Baycol se admite que el 04, % de los pacientes tratados sufrieron miopatías (dolores musculares y debilidad muscular), se aclara que puede causar visión borrosa u oftalmoplejía, pérdida de la líbido, disfunción eréctil, astenia, etc.
2) Que el prospecto que circulaba en la Argentina contenía menos información que los extranjeros.

3) Que no se describen trastornos en la función tiroidea como efecto secundario, pero para Baycol se describe como resultados de laboratorio: anomalías en la función tiroidea. Agrega que numerosos trabajos científicos citan una asociación estadísticamente muy significativa entre hipotiroidismo, Tiroiditis de Hashimoto, y estatinas en el desarrollo de la toxicidad musculatura, el hipotiroidismo incrementa la toxicidad de las estatinas.

Finalmente y de modo lapidario, el perito Zutel sostuvo que resulta INACEPTABLE QUE NO FIGURE EN EL PROSPECTO DEL FARMACO QUE LA ASOCIACION DE ESTATINAS CON HIPOTIROIDISMO AUMENTA LAS MAS QUE FRECUENTE REACCION ADVERSA MUSCULAR DE LAS ESTATINAS.
El tribunal consideró que Bayer al omitir información determinante para prevenir a los profesionales y los pacientes violó no solo el principio de no causar un daño injusto, sino el principio de buena fe del cual nace una obligación tácita de seguridad, cuya violación hace surgir la obligación de reparar el daño injustamente ocasionado.

Bayer sostuvo en su defensa que las autoridades argentinas no los obligaban a poner todas las especificaciones, pero el tribunal considero que “ello no lo exculpa, pues su deber primordial era hacia los consumidores, a quienes estaban obligados conforme el art 6 de la ley 24.240 a brindarle una información amplia y detallada de los riesgos que implicaba la toma de dicho medicamento”, explicó la abogada de Rein.

 
Bayer en una carta fechada en noviembre de 1998, contestando un reclamo efectuado por Rein, quien refería síntomas de dolores musculares y visión borrosa, atribuyéndolo a Lipobay, reconoce que: “…el prospecto de Lipobay en la Argentina ha sido escrito de acuerdo a las especificaciones locales…ciertas diferencias con el prospecto en los Estados Unidos se refieren a los efectos de clase (estatinas) cuya descripción no es exigida por las disposiciones europeas ni locales…”

Bayer incumplió con su obligación primordial, de elaborar y comercializar medicamentos que sirvan ni más ni menos que para intentar curar a las personas, afirmó Venegas.

Pero hay más demandas contra Bayer: La Suprema Corte de Estados Unidos en los autos “Smith Et Al c Bayer Corp” No 09-1205, resuelto el 16 de junio de 2011 permitió a las víctimas del medicamento Baycol, que es la misma droga que el Lipobay, retirado de dicho mercado en 2001 por Bayer, iniciar una acción de clase o colectiva para obtener una indemnización por los daños producidos por dicho medicamento, completó la abogada de Rein.

enlace a nota original:http://bit.ly/PWgfIW