Las empresas ganan, en cuatro años, hasta diez veces el coste de I+D en fármacos contra el cáncer

Un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU ha analizado 10 medicamentos contra el cáncer  

 

Cristina Castro,  El Independiente,  13 de Septiembre de 2017

cristina.castro@elindependiente.com @criscastro_sm

 

 

Los beneficios de compañías que lanzan nuevos medicamentos contra el cáncer alcanzan los 10 veces los costes de I+D en cuatro años.

Las farmacéuticas suelen justificar el alto precio de los medicamentos contra el cáncer en el gasto en investigación y desarrollo. Sin embargo, esos gastos no suelen ser transparentes y, además, las investigaciones proceden, en ocasiones, de proyectos con financiación pública. La escalada de precios de los fármacos ha generado en los últimos tiempos un debate sobre el que esta misma semana se pronunciaba la Sociedad Europea de Oncología Médica, con una advertencia sobre el peligro de que el sistema se vuelva “insostenible”.

El análisis publicado en JAMA establece el coste medio de desarrollo de un medicamento en 648 millones de dólares

Hasta el momento, las estimaciones que se han hecho en EEUU sobre estos costes han arrojado cifras muy dispares, con valoraciones desde los 320 millones de dólares por medicamento que ha estimado el lobby americano Public Citizen hasta los 2.700 millones (ocho veces más) que ha calculado el Centro Tufts para el estudio de desarrollo de medicamentos de la Universidad de Boston.

 

 

Por ello, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés, un organismo independiente supervisor del mercado) ha analizado 10 medicamentos contra el cáncer, desde la investigación a su comercialización, con el objetivo de ofrecer un análisis transparente. Los resultados de su estudio, publicados en Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA, por sus siglas en inglés), han arrojado un coste medio de desarrollo de cada medicamento de 648 millones de dólares y unos beneficios medios de 1.648,4 millones de dólares.

Estos datos arrojan conclusiones, según la agencia, que deben tenerse en cuenta en el actual debate que afecta a todo el mundo sobre la fijación de los precios de los medicamentos.

Siete años de media para el desarrollo de un medicamento

De los 10 medicamentos analizados – que habían sido aprobados entre 2006 y 2015 – el tiempo medio de desarrollo fue de 7,3 años. De ellos, la mitad recibió una aprobación acelerada y la otra mitad obtuvo una aprobación regular.
La mitad de los medicamentos fueron comprados por otras compañías farmacéuticas, por precios que oscilaron entre los 204 y los 21.500 millones de dólares.

Con una media de cuatro años desde su aprobación, el estudio ha recogido un ingreso total por ventas de los 10 medicamentos de 67.000 millones de dólares respecto a los 7.200 millones de costes de desarrollo. Incluyendo un coste de oportunidad del 7% anual que el estudio calcula para cada medicamento, el beneficio fue, de media, siete veces el gasto.

El laberinto de la industria farmacéutica

Para el 90% de los medicamentos, cuatro años después de la aprobación los beneficios eran más altos que el coste de I+D y para cuatro de ellas el beneficio ya era 10 veces mayor que lo invertido en I+D.
El estudio compara la metodología con las utilizadas para otros análisis y pone el foco de sus fortalezas en que ha analizado compañías que tenían un solo medicamento en el mercado. También tiene en cuenta que el análisis se ha realizado para 10 medicamentos contra el cáncer, que calcula son el 15% de las moléculas emitidas durante ese período o que las compañías puedan haber calculado sus costes de investigación de manera poco fiable. El estudio, en el que han participado investigadores de Universidades y centros de Portland y Nueva York.

Nuevos fármacos contra el cáncer: ¿Se repetirá la historia de la hepatitis C?

Nota Original en https://www.elindependiente.com/vida-sana/2017/09/13/las-empresas-ganan-en-cuatro-anos-hasta-diez-veces-el-coste-de-id-en-farmacos-contra-el-cancer/

Medicamentos: ¿Beneficio público o interés privado? INVESTIGACIÓN Y ALTO COSTO

Óscar Lanza ,  nuevatribuna.es 22 de Agosto de 2016

Según la Organización Mundial de la Salud, al menos un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos.

A nivel global se registra un acceso discriminatorio a medicamentos según la ubicación geográfica o la situación económica de las poblaciones y amplía aún más las existentes desigualdades e inequidades en salud

El elevado costo de los medicamentos y de los nuevos agentes biológicos interfieren con el ejercicio del Derecho a la Salud y tienen un impacto abrumador sobre los presupuestos de salud. Esta situación generada por la avidez de ganancias de las empresas farmacéuticas refleja en buena medida, que los altos precios de los medicamentos están siendo legitimados por los políticos que permiten y toleran este problema, poniendo en evidencia la imprudente interferencia con la atención de salud eficiente, por parte de empresas con fines de lucro. Por ello, recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en una resolución adoptada el 1 de julio 2016, ha reconocido que el acceso a los medicamentos es "uno de los elementos fundamentales para lograr progresivamente la plena realización del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y salud mental". 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos. La situación en más que más preocupante en el caso de los países menos desarrollados, donde entre el 50 y el 90% del gasto en salud privado se utiliza para el pago de medicamentos esenciales (1).
La indiferencia de los tomadores de decisión para afrontar algunos temas trascendentes de salud, como el presente, hace que, por ejemplo, se conozca poco acerca del costo real necesario para desarrollar un nuevo medicamento y/o para la innovación, lo que plantea la necesidad de contar con más investigación para la toma de decisiones. Así, las autoridades mismas ven debilitada su capacidad para intervenir con solvencia y evidencia en la fijación de precios, para que resulten asequibles a las personas, buscando una relación ”calidad-precio” que sea razonable y fortalecer el ejercicio del Derecho a la Salud. A nivel global se registra un acceso discriminatorio a medicamentos según la ubicación geográfica o la situación económica de las poblaciones y amplía aún más las existentes desigualdades e inequidades en salud. El asumir una responsabilidad de autoridad en salud, implica privilegios, pero tambien responsabilidad social, para asegurar mayor justicia social, decisiones basadas en evidencia, escrutinio público, rendición de cuentas de sus acciones, transparencia, apertura para la evaluación y gestión de riesgos, fortalecer la capacidad de análisis independiente sobre los costes reales de la investigación y desarrollo, en este caso en relación a los fármacos. Si no se presta suficiente atención a estos aspectos no se protege el Derecho a la Salud y no se puede alcanzar la confianza ciudadana en las autoridades y promover el acceso efectivo a medicamentos.

PATENTES Y EL PRECIO DE MEDICAMENTOS

La patente resulta un artificio legal para asegurar monopolios de producción y el negocio sobre productos por un tiempo estipulado

Cuando se desarrolla un nuevo fármaco y es puesto en el mercado, este, está protegido por una patente, que se entiende como el conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado al inventor de un nuevo producto que es susceptible de ser explotado comercialmente, por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención.
La protección de patentes se enmarca dentro de las normas de propiedad industrial, que forman parte del régimen de propiedad intelectual. La patente resulta un artificio legal para asegurar monopolios de producción y el negocio sobre productos por un tiempo estipulado. Esto hace que los productos patentados resulten más caros que los no patentados, pues la patente permite asignarle un buen precio y no infrecuentemente un precio exagerado y abusivo, hasta que expire la misma y la competencia pueda producirlo cuando ya no está protegido, o bien surja un producto genérico.
El acceso a medicamentos debe examinarse no solo desde la perspectiva del acceso a los medicamentos existentes, muchos de cuales aumentan su precio sin suficiente explicación, pero también desde la perspectiva del desarrollo y el acceso a nuevos medicamentos en los que intervienen factores tales como la innovación, la asequibilidad y disponibilidad entre otros.
Si bien los países en desarrollo pueden hacer uso de flexibilidades previstas para las patentes, en los países en vías de desarrollo la presión por parte de los países desarrollados es mayor para que no adopten estas flexibilidades, en una suerte de doble discurso, que afecta el derecho a la salud. Las flexibilidades son salvaguardias que los países pueden incluir en sus legislaciones para favorecer el acceso a medicamentos arguyendo razones de interés para la salud pública, como ser licencias obligatorias que son una autorización concedida por el Estado para el uso de la invención patentada sin el consentimiento del titular de la patente, o bien la importación paralela que permite importar un producto protegido de un país donde el medicamento haya sido puesto en el mercado por el titular de la patente o por terceros autorizados por él, al comercializar el producto en el país exportador los derechos del titular de la patente ya fueron reconocidos, no habiendo, por tanto, justificación para que el titular sea de nuevo recompensado en el país importador.

LA INVESTIGACIÓN MÉDICA Y EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS

Se estima que el 41% de la investigación médica y desarrollo (I+D) a nivel mundial son subvencionados con fondos públicos

Se estima que el 41% de la investigación médica y desarrollo (I+D) a nivel mundial son subvencionados con fondos públicos (2). La investigación y desarrollo de nuevas vacunas, medicamentos e instrumentos de diagnóstico son a menudo realizados en universidades y otras instituciones de investigación pública, pero luego resulta que las patentes benefician al sector privado. Muchos medicamentos para el SIDA, por ejemplo, fueron desarrollados en laboratorios públicos y después explotados por laboratorios privados. Por ello, surgen preguntas como ser: ¿la investigación y desarrollo responden y aportan genuinamente al interés público o más bien van, sesgadamente a favorecer el interés privado?, ¿cuál es el beneficio de la ciencia y el desarrollo de medicamentos innovadores si la mayoría de las personas no pueden pagarlos?
Las patentes son consideradas, no por pocos, como la base de una “colaboración eficiente entre universidades (que se encargan, en buena parte, de la Investigación y el desarrollo) y las compañías (que al comercializar los descubrimientos se favorecen de los fondos públicos, para poner en el mercado los productos). En el actual sistema, el fabricante fija el precio y “secuestra” la producción de fármacos a través de los patentes por 20 años y así representan un símbolo de “ciencia en el interés (industrial) privado”. El Premio Nóbel Joseph Stiglitz se refiere a los derechos de propiedad intelectual como la “cerradura o candado al acceso del conocimiento”. Así, junto a las publicaciones, las patentes se han convertido hoy en un segundo patrón para el éxito de la investigación científica.
Mientras la investigación médica básica, en su mayoría es conducida en instituciones de investigación pública, las compañías farmacéuticas son luego los principales responsables por el desarrollo de un medicamento hasta que esté listo para explotarlo en el mercado. Bajo esta óptica, las enfermedades que afectan principalmente a personas pobres, no son del interés de las industrias farmacéuticas para producirlos, ni objeto de su investigación, ya que su objetivo está dirigido a la producción de medicamentos comerciales para patologías prevalentes en poblaciones de los países ricos.
De esta forma afrontamos hoy una serie de “enfermedades desatendidas” (enfermedades que reciben poca atención y se ven postergadas en las prioridades de la salud pública porque los afectados son poblaciones pobres del mundo en desarrollo, que carecen de influencia política, y viven en países de bajos ingresos)  y de “medicamentos huérfanos” (fármacos que no son desarrollados por la industria farmacéutica, al no ser de su interés por razones económicas, pero que son necesarios para responder a necesidades sentidas de salud pública). La afirmación de un alto ejecutivo de la farmacéutica alemana Bayer, confirma la posición de la industria al sostener sobre estos temas al sostener "no producimos medicamentos para los indios. Los producimos para los pacientes occidentales que pueden permitírselos" (4).

MEDICAMENTOS DE ALTO PRECIO

El 80% de fármacos solo tratan en lugar de curar, para así hacerlos más rentables

Si un medicamento tiene un exorbitante precio al público es también debido al hecho de que las agencias reguladoras de medicamentos, las autoridades estatales y los gobiernos lo toleran, evidenciando un fallo del sistema. Estas autoridades deberían generar, a través de la investigación, mayor información que justifique autorizar o tolerar el alto costo de medicamentos. La creciente aparición y comercialización de medicamentos de alto precio para muchas enfermedades, exige cambios radicales en el modelo comercial actual vigente referente a la investigación, el desarrollo y la comercialización de fármacos.
Diversas estrategias han sido planteadas para tener precios más razonables de los medicamentos y facilitar su asequilibilidad, tales como las licencias obligatorias, importaciones paralelas, ya antes mencionados, además de un sistema de precios diferenciales que es esencialmente, un sistema de discriminación de precios, buscando establecer precios diferentes para el mismo producto, planteando que el coste de la innovación y la publicidad de un nuevo producto sea sufragado por los países desarrollados, y que los países menos desarrollados tan sólo paguen el coste directo del tratamiento. Algunos estiman que los beneficios de la industria sobrepasan el 20%, margen de utilidad tan alto que no lo tienen otras industrias como puedan ser las financieras y del armamento. A ello se suma que el 80% de fármacos solo tratan en lugar de curar, para así hacerlos más rentables (3). Los crecientes costos de salud se convierten en la principal causa de la pobreza inducida, empujando a cerca de 150 millones de personas en el empobrecimiento cada año (5), aspecto que de ser tolerado, promueve la deshumanización de la medicina. La investigación y el desarrollo en el campo de la salud deben estar orientados a responder a las necesidades del ser humano, deben estar guiados por principios básicos de respeto a la vida, la eficacia, la eficiencia, asequibilidad y equidad, y deben ser consideras como una responsabilidad compartida basada en la evidencia.

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Óscar Lanza | Director Justicia, Salud & Desarrollo Bolivia

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REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA
1.- Joan Costa Font, El Servier-  Revista Farmacia Profesional, Vol. 17. Núm. 11. Diciembre 2003 – España
2.- BUKO - Investigación médica:La ciencia en el interés público “Licencias Justas” para resultados de investigaciones financiados con fondos públicos – Alemania 2009
3.- Dempeus per la salut pública Germán Velásquez
4.- Marijn Dekkers, Revista Bloomberg Business Week.London.UK. December 3rd.2013
5.- Kanaga Raja -Access to medicines fundamental to achieving right to health–South Centre–Geneva August 2016

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/medicamentos-beneficio-publico-p-interes-privado/20160822100500131131.html

“La verdadera investigación no la hace la industria farmacéutica, se hace desde lo público”

ELENA VILLANUEVA / PORTAVOZ DE NO ES SANO

Gerardo Tecé, CTXT. Revista Contexto, 30 de Abril de 2016 

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Elena Villanueva.


nota original en  http://bit.ly/1NiBg1Y

La escena la explicaba con una imagen muy cruda un médico, consciente de la situación: “Un día iremos por la calle y veremos a un señor desplomarse delante de nosotros, porque una bacteria, rutinaria años atrás, ha logrado vencer a los antibióticos, ya que a la industria farmacéutica no le resultó interesante económicamente invertir en esto”. Con la industria farmacéutica nos pasa como con el alcantarillado, sabemos que ese subsuelo es una zona necesaria de la realidad que nos rodea, pero a veces salen malos olores e intuimos que algo no va bien por ahí, sin llegar a entender del todo qué es eso que no funciona, en qué consiste. ¿Cómo respira y se alimenta ese gigantesco, poderoso y desconocido mundo que se mueve bajo –o más bien sobre-- nuestros sistemas de salud?
Para responder esas preguntas CTXT se dirige a Elena Villanueva Olivo, coordinadora de políticas de ISGlobal y portavoz de No Es Sano, una campaña coral que nace de la preocupación de varias organizaciones por sanear el modelo de innovación de los medicamentos, un bien público y de salud, en manos actualmente de los intereses económicos de la farmaindustria.


¿Cuánto cuesta la pastilla que nos sana?
Los precios de los medicamentos se fijan con una completa arbitrariedad. No hay transparencia. En una negociación entre país y empresa farmacéutica, si la capacidad de compra que tiene España es más alta que la que tiene Egipto, el precio de un medicamento que pagará España será más alto que el que pague Egipto y el que pague EE.UU., por lo tanto, será todavía más alto.


¿Por qué no es transparente? Quiero decir, ahí hay unos presupuestos públicos...
No se llega a ese nivel de detalle, producto a producto. Y la industria farmacéutica juega a “te lo vendo más barato que a Francia, pero no digas por cuánto te lo vendo”. Y usando ese tipo de secretismo estamos donde estamos hoy.
Hace unos días, en Francia, se ha publicado una carta de los oncólogos franceses reclamándole al presidente que se tomen medidas para que los precios de los tratamientos oncológicos se bajen, porque están alcanzando precios escandalosos que van a poner al sistema de salud francés, como al resto de sistemas de salud europeos, en la situación de a quién tratar y a quién no tratar, porque los precios son altísimos.


En España lo vivimos hace no mucho con la hepatitis C…
El caso de la hepatitis C ha sido uno de los que más repercusión ha tenido en España, pero no es el único. Es un caso que al trascender ha mostrado por primera vez ante la opinión pública en España las escandalosas formas en que la industria farmacéutica fija los precios. Hemos pagado, mediante el sistema de salud pública, 25.000 euros por cada tratamiento. Es una barbaridad. Incluso con el precio que se le puso en Egipto, que fueron 900 euros, esto supondría el presupuesto que tiene el Ministerio de Sanidad para 5 años. Para ponerles ese tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C que hay en Egipto, no podría atenderse durante 5 años ningún otro tema de salud. Y te hablo de 900 euros, no de 25.000 que es lo que España pagó por tratamiento. Pero es que 900 euros también es un precio muy caro para determinados sistemas de salud. No podemos fijar los precios sobre la base de la capacidad económica de un país.
La industria, una vez esto se ha mostrado públicamente, quiere hacer creer que es una excepción, pero no lo es. Nosotros queremos insistir en que estos altos precios fijados por la industria del tratamiento para la hepatitis C lo serán en breve para el cáncer y ya lo son para el VIH y otra serie de enfermedades neurológicas y cardiovasculares.


Alguien del sector farmacéutico le respondería ahora mismo lo costosa que es la investigación hasta llegar al medicamento...
El 80% de la investigación básica, que es la primera parte del proceso de investigación, la hacen los institutos de investigación públicos, lo que pasa es que la mayoría de los ensayos clínicos al final del proceso, los centros de investigación públicos no tienen la capacidad de hacerlos. Pero la investigación básica, que es la más larga y compleja, es la que supone muchas horas de laboratorio hasta que das con una molécula prometedora, y se hace desde lo público. Y una vez que llega la molécula prometedora, llegan las farmacéuticas, la compran y hacen los ensayos clínicos. Ellos lo que están pagando son los ensayos. La verdadera investigación e innovación se está haciendo desde lo público. Así que tenemos que cambiar el argumentario de que la innovación la está haciendo la industria farmacéutica.  Lo público, instituciones y ciudadanos, están a merced de la industria farmacéutica. Es el doble pago. Estamos financiando la investigación básica, la más compleja, y se la vendemos a la industria cediendo todos los derechos sobre ese producto, sin asegurarnos que luego se venderá a un precio accesible para el ciudadano. Eso es incomprensible.
Por lo tanto, no se justifican estos precios por el coste de investigación. Hay estudios que dicen que el tratamiento para la hepatitis C, por ejemplo, se puede conseguir por un precio tan bajo como 100 dólares. Y entendemos y respetamos que la empresa tiene que tener beneficios, pero deben ser unos márgenes de beneficio que sean asumibles. No puede ser que el sector farmacéutico sea el sector industrial con más márgenes de beneficios que existe y que no esté dando a la sociedad los productos que necesita. Esto es lo que no es asumible. Beneficios sí, pero beneficios que hagan que los sistemas de salud tengan que elegir qué personas pueden ser tratadas y cuáles no, es lo que no vemos lógico.


La salud operando bajo criterios comerciales…
En un mercado libre como el que tenemos pasa no solo con medicamentos, pero en este caso es que estamos hablando de bienes públicos de salud. No podemos hablar de esto como si fuese un producto cualquiera. Y además, es que ni siquiera en otros sectores la diferencia de precios es tan exageradamente brutal.
Necesitamos que esos precios sean transparentes, que la negociación sea pública. Que tú le preguntes a tu Gobierno y sepas el porqué de los acuerdos firmados y cuánto paga. Nos ha costado auténticos esfuerzos conocer lo que se paga en España y en el resto de países. Y por qué la Unión Europea no fija precios de forma conjunta y de forma transparente. No puede ser que Alemania pague una cosa, España otra, etc. Eso crea desigualdades dentro de la comunidad europea e incluso entre regiones dentro de España.


Y hablamos de Europa, pero más abajo lleva pasando un tiempo.
En los países en desarrollo lo llevan sufriendo de forma más alarmante desde la crisis del VIH-sida, desde finales de los 80, principios de los 90. Muere mucha gente por el VIH y cuando se consigue el tratamiento resulta que muchos siguen muriendo porque es un tratamiento excesivamente caro, que se podría producir de una forma muchísimo más barata, con genéricos. Entonces se producen movilizaciones internacionales para pedir esto, pero no se hace porque no interesa porque no hay niveles de mercado, son poblaciones sin capacidad económica, y porque enfermedades crónicas como el VIH son para la industria muy interesantes económicamente, porque son gente que va a estar en tratamiento el resto de su vida si quiere sobrevivir. Un tratamiento caro en una enfermedad crónica es un negocio asegurado. Esa es una de las cosas por las que nosotros, como otras organizaciones, hemos preguntado desde hace mucho tiempo por qué no hay una investigación por parte de la industria para la vacuna contra el sida. Pero no interesa mientras el negocio de las enfermedades crónicas esté asegurado.


Si enfermas, más te vale que tu enfermedad sea rentable para otros.
Esto es lo que se conoce como la brecha 90/10 que hace que muchas enfermedades queden totalmente desatendidas por falta de rentabilidad. Por eso demandamos que el poder de la negociación y el poder de la investigación pase del sector privado al sector público: que sea el sector público el que maneje las reglas del juego, que en los últimos años han perdido completamente.


¿De dónde viene esta falta de control por parte de lo público en un tema vital?
Es un proceso que viene de largo. No siempre fue así. Desde que se produjeron las fusiones entre grandes empresas farmacéuticas en los años 90 se produjo un conglomerado, quedan 5 o 6 farmacéuticas que monopolizan el mercado y la Bolsa, que se rigen por parámetros absolutamente comerciales. Su único interés es obtener beneficios con un gran margen, el interés sanitario queda totalmente aparcado. En 2002 la OMC aprueba el acuerdo de propiedad intelectual por el que se establecen patentes para productos farmacéuticos. En ese momento cambian absolutamente las reglas del juego y del mercado. Y a partir de ahí la cosa ha ido empeorando. Es algo único lo que pasa en la industria farmacéutica que no pasa en ninguna otra industria. Además de lo delicado del tema, porque estamos hablando de problemas de salud pública, comparándolo con otras industrias, como la automovilística, donde todos pelean por sacar un modelo nuevo al mercado, donde la innovación es muy importante, donde se busca un coche con más motor, más prestaciones, esto en la farmacéutica no se da. En los automóviles no sucede que saques un modelo de coche, lo patentes y digas, durante 20 años nadie me puede copiar este avance. Esto no pasa, existe una competencia, una continua mejora e innovación. En este sentido no se justifica esta protección al sistema farmacéutico. Y sobre todo, esa falta de transparencia en las conversaciones entre el sector privado y los gobiernos. Creemos que eso es lo más preocupante.


Las patentes son, imagino, el soporte legal que permite ciertas prácticas dañinas.
No creemos que las patentes sean el único problema y el gran demonio. Dar patentes de innovación a cosas que realmente sean innovación no sería un problema. El problema es que se están dando patentes a cosas que no son innovación. En los últimos 10 años, sólo el 25% de los productos que han salido bajo patente son realmente innovadores, es decir, sólo el 25% de los productos con esta licencia que los protege aportaba algo que no aportara ya un producto existente. Eso es lo verdaderamente peligroso. Si permitimos a la industria patentar durante 20 años productos que no aportan nada nuevo y tener unos beneficios y un monopolio en el mercado, ¿cuál es el incentivo para que la industria apueste por investigar productos innovadores que solucionen problemas de salud? Ninguno. La patente no sería un problema si fuera para un producto innovador que solucione un problema de salud pública. Y sucede que, cuando una patente caduca a los 20 años, cuando se podría liberar el producto con el abaratamiento que supondría, se les permite renovar la patente con pequeñas modificaciones que no aportan ningún valor añadido ni mejora y se alarga la patente otros 20, 10, 5 años, por lo cual, sin hacer apenas inversión se están renovando monopolios durante años y se desincentivan inversiones en la investigación que sí es necesaria, para las enfermedades crónicas, para las cardiovasculares, para el cáncer…  El mercado de patentes como tal no funciona.


Si desde lo público pueden hacerse cosas, ¿por qué no se hacen?
La industria farmacéutica es el lobby más poderoso que hay. En EEUU gastan más en lobby que la industria armamentística, que es bien conocida. Invierte grandes cantidades de dinero en tener bien representados sus intereses. Y nadie dice que no lo puedan hacer, lobby podemos hacer todos, pero ¿de qué manera? A qué técnicas se están recurriendo.


¿Hay experiencias de modelos alternativos fuera del gobernado por la industria farmacéutica?
Sí, las hay. Brasil es un caso. Cuando sucedió la crisis del sida, que les afectó fuertemente, allí se decidió que iban a producir sus propios medicamentos, no iban a importarlos. Tailandia también decidió hacerlo así. Y gobiernos que en ese momento se sintieron con fuerza decidieron que, o bien las farmacéuticas daban los tratamientos a un precio más bajo, o bien los producirían de forma nacional. Es una de las medidas que se pueden tomar. Los gobiernos tienen esa capacidad. Si hay voluntad política puede hacerse. Brasil lo hizo y obtuvo buenos resultados. Y no solo para el VIH, cuando decidieron hacer genéricos para asegurar el tratamiento para todos los enfermos del país, sino que ahora se está formando a médicos, se están distribuyendo antirretrovirales por África, y no solo esto, sino que su propio modelo de innovación es distinto al del resto de países europeos o EEUU. Y todo este modelo distinto y más sano, se basa en que hay voluntad política. También Argentina es algo diferente, la India es completamente diferente, la llaman la farmacia de África porque es donde están la mayoría de empresas de genéricos. Brasil y Argentina están incluso reformando sus directrices de patentes para definir de forma más restrictiva, entre otros, los conceptos de novedad y actividad inventive para asegurarse que solo se patenta la verdadera innovación.
El problema es que se están firmando acuerdos entre la Unión Europea y la India, entre EE.UU. y los países de la ribera del Pacífico, como es el caso del TTP, que va a limitar la capacidad de esos países para hacer lo que han estado haciendo hasta ahora por las reglas de propiedad intelectual. EE.UU. y Europa, que son las sedes de las grandes farmacéuticas están buscándole las vueltas a la situación para que estos países que tienen otro modelo, dejen de operar como están operando.


Entiendo entonces, por los casos de Brasil, Tailandia o la India que no es excusa para los gobiernos que todo esté globalizado y no se pueda hacer nada, que hay margen de maniobra en lo local.
Hay margen. Es cierto que hay limitaciones dentro de la OMC, pero a la hora de negociar individualmente con las farmacéuticas, existe ese margen para hacer las cosas de otra manera. Dentro de la Unión Europea, España tendría posibilidades de hacer cambios. Cada vez que se aprueba qué medicamentos te cubre la Seguridad Social, ahí no te lo marca nadie, tú puedes decidir qué medicamentos se cubren y cuáles no. Tú no tendrías que cubrir medicamentos patentados que no aporten valor añadido ninguno, si ya hay genéricos, libres de patentes. Eso no te lo marca nadie desde fuera. Pero los políticos se excusan en que es un modelo global, pero es eso, una excusa, porque realmente, como se ha visto en otros casos, hay posibilidad de cambio.


¿Qué puede hacer el ciudadano?
Nosotros vemos una oportunidad en el hecho de que el ciudadano europeo o norteamericano esté empezando a sufrir las consecuencias que hasta ahora solo sufrían los ciudadanos de países en desarrollo. Es una pena que tenga que sufrirse aquí, pero esperemos que eso nos haga despertar y decir, ojo, que hasta ahora nosotros como europeos teníamos aseguradas nuestras medicinas, y con el caso de la hepatitis C hemos visto que no es así. Y ese argumento tan extendido, esa justificación por parte del ciudadano, de que gracias a que las farmacéuticas gastan mucho en investigación tenemos estas posibilidades, empieza a caerse. Porque para empezar no gastan tanto en investigación, la mayor parte del gasto es marketing, y se empieza a percibir que las prácticas no son como deberían. Creemos que es un buen momento para que las cosas cambien. Incluso Hillary Clinton en la campaña de Estados Unidos está reclamando un cambio de modelo, cada vez está más claro que los precios tienen que bajar. Está habiendo una presión social cada vez mayor para que el modelo cambie.
Tenemos que pedir más cuentas al gobierno respecto a su relación con el sector privado y exigirle transparencia al sector farmacéutico. Tenemos que sospechar más, hacernos más preguntas. Si hay esa demanda social, que hasta ahora no la ha habido porque el argumentario ha sido muy bien controlado por la industria, realmente creemos que se pueden propiciar cambios.


Nos poníamos en situación para ilustrar el estado del asunto con el caso de los antibióticos...
Los antibióticos que tenemos vienen desde hace décadas. Y como son tratamientos que duran 3 o 4 días, las farmacéuticas no tienen prioridad en invertir en ellos, no son tan rentables, por ejemplo, como la diabetes, que es una enfermedad crónica en la que la persona va a tener que estar el resto de su vida en tratamiento, es decir, pagando, de su bolsillo o mediante los impuestos que financian el sistema público de salud, depende del país. Entonces, ante la falta de innovación en antibióticos, lo que nos encontramos es que estos medicamentos están generando resistencias, hacen falta nuevos antibióticos. Desde hace 20 años sólo han salido dos nuevos a la luz, porque a la industria no le parece interesante, pero la bacteria se va haciendo resistente a los tratamientos que tenemos. Hay un riesgo altísimo, hay informes de la OMS que dicen que de aquí a 30 años no tendremos antibióticos para tratarnos. Porque si lo seguimos dejando en manos de la industria, ellos no lo van a hacer, porque no les resulta interesante comercialmente. No podemos dejar que el sistema de innovación dependa de intereses comerciales, porque entonces, no va a funcionar. No basta con que subvencionemos la investigación, si no que haya investigación pública.

Todo esto da bastante miedo, la verdad.
No queremos alarmar, pero creemos que la gente debe ser consciente de a lo que se enfrenta. Los políticos, la ciudadanía y los medios han de ser conscientes del problema al que nos enfrentamos y de los riesgos que conlleva no cambiar este modelo. Es un tema desconocido porque es complejo y eso hace que los medios no lo traten, porque es difícil tratar algo tan complicado en poco espacio, pero es necesario.

No Es Sano está conformado por las organizaciones siguientes: Salud Por Derecho, Médicos del Mundo, Organización Médica Colegial, OCU, SESPAS, CECU, No Gracias, Oxfam Intermón e IS Global.

Autor

Gerardo Tecé

Soy Gerardo Tecé. Modelo y actriz. Escribo cosas en sitios desde que tengo uso de Internet. Ahora en CTXT, observando eso que llaman actualidad e intentando dibujarle un contexto.

Cita histórica : 23 al 28 de mayo Asamblea Mundial de la Salud (AMS) ¿ nuevo modelo de I+D?

NdE: si bien está nota hace referencia a Colombia, por el particular momento que vive en virtud de su batalla con imatinib, vale par la mayor partede los pueblos del mundo 

 

 

Cita histórica

Esperamos que el Gobierno colombiano, haciendo honor a lo trazado por la Política Farmacéutica Nacional, se haga presente y desempeñe un papel protagónico en la cita histórica de diseñar un nuevo sistema de medicamentos que atienda las necesidades de la población mundial más vulnerable.

 El Espectador 22 de abril de 2016 -

Del 23 al 28 de mayo se reunirá en Ginebra (Suiza) la Asamblea Mundial de la Salud (AMS). Aunque se trata de un evento anual, esta versión tiene una connotación especial, ya que se vence el plazo acordado por los países miembros de la OMS para dar inicio a la negociación del Convenio Global sobre Investigación en Salud, cuyo objetivo es promover la innovación médica para las enfermedades prevalentes en los países de medianos y bajos ingresos, incluidas las denominadas enfermedades tropicales olvidadas (ETO), para las cuales tal investigación es muy precaria, no obstante que estas patologías afectan a más de mil millones de personas y matan a tres millones cada año, en el 95 % pertenecientes a estos países.

La razón de ser de esta carencia, según lo ha identificado la AMS, es que se trata de patologías concentradas especialmente en la población más pobre de los países tropicales, que no constituye un mercado atractivo para la industria farmacéutica internacional, como sí lo es el de los “medicamentos negocio”, medicamentos de alto costo para mercados con alta capacidad de pago.

Para tener una idea de la magnitud del problema, de acuerdo con un estudio de Médicos Sin Fronteras, de 1.577 nuevas entidades químicas comercializadas en el mundo entre 1975 y 2004, sólo 21 (menos del 2 %) guardan conexión con las ETO.

En respuesta a semejante drama, la AMS, tras un proceso de reflexión, estudios y negociaciones políticas en el que han participado muchos países y destacados grupos de expertos a lo largo de 13 años, acogió en 2012 el informe final de los expertos que recomendó la negociación del Convenio Global. Su llamado es a diseñar e implementar un sistema de incentivos a la innovación en salud desligados de las patentes y los altos precios de monopolio, que son los que concentran las investigaciones en los “medicamentos negocio”. Por ejemplo, la creación de un fondo internacional de grandes premios para los inventores de productos que respondan a las necesidades sanitarias del mundo en desarrollo, lo que permitiría transferir los riesgos financieros de los inventores al financiador para que una vacuna, un diagnóstico o un tratamiento nuevo puedan ofrecerse al precio más bajo posible, no a precios especulativos.

Infortunadamente, la negociación del Convenio Global no ha sido posible debido a presiones de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, quienes en 2013 consiguieron aplazar la iniciación del proceso hasta la reunión de la AMS de mayo próximo. Sus gobiernos saben bien que el modelo basado en patentes y altos precios ha dejado por fuera las enfermedades que afectan de manera desproporcionada al mundo en desarrollo, pero consideran que los intereses económicos de su industria farmacéutica prevalecen sobre el bienestar general de la humanidad.

Es responsabilidad de los gobiernos de los países de medianos y bajos ingresos unirse alrededor del Convenio Global, tanto en la reunión preparatoria convocada para el 2 de mayo como en la asamblea misma, a fin de asegurar su buen suceso. De ello depende que en los años por venir países como el nuestro dispongan de tecnologías médicas adecuadas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que nos agobian, a precios asequibles que no pongan en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud.

En concepto del nobel de economía Joseph Stiglitz, “esta es una oportunidad única en toda una generación para… establecer un modelo de gobernanza de los bienes públicos adecuado para la era de la globalización. No podemos dejar que se nos escape esta oportunidad”.

Esperamos que el Gobierno colombiano, haciendo honor a lo trazado por la Política Farmacéutica Nacional, se haga presente y desempeñe un papel protagónico en esta cita histórica.

original en http://bit.ly/1WeG23R

La industria más rentable del mundo, la farmacéutica, al descubierto en un documental

ver Investigación Médica: Houston, tenemos un problema

Médicos Sin Fronteras, Salud por Derecho, y la asociación Polimedicado, trajeron a Extremadura su campaña ‘Investigación médica: Houston tenemos un problema’

José L. Aroca; Eldiario.es , 24 de abril de 2016






El nuevo tratamiento contra la hepatitis C, altamente eficaz, es la última prueba a la que de momento ha tenido que enfrentarse la sanidad pública española, incluida la extremeña, ante una multinacional farmacéutica que al final llegó a un acuerdo con Gobierno nacional y comunidades para suministrar esta medicina en medio de una fuerte presión social.

El tratamiento para unas semanas exige pagar 61.000 euros, aunque realmente según algunos expertos producirlo solo cuesta 250. No se sabe cuánto está pagando el Ministerio de Sanidad, y en su conjunto el sistema nacional de salud, tras ese acuerdo al que llegaron responsables políticos y fabricante.


Es solo una muestra del “caos” en que ha degenerado el sistema mundial de investigación, creación, desarrollo y suministro de medicamentos, que según organizaciones como Médicos Sin Fronteras, o la española Salud por Derecho, junto a muchos expertos internacionales, es un fracaso total.

Ese mecanismo está siendo incapaz de ofrecer soluciones a las enfermedades de la humanidad, y se ha convertido en la industria más rentable del mundo pidiendo a los sistemas públicos de salud unas cantidades fabulosas por nuevos fármacos, que amenazan con llevar a la quiebra a esos sistemas y no solo en países de segunda fila sino a los adinerados estados del bienestar europeos.

De todo eso se habló en las charla-coloquio celebradas días atrás en Mérida, promovidas por Médicos Sin Fronteras (Carmen Escalante), Salud por Derecho (Vanessa López) y Polimedicado (una asociación sin ánimo de lucro formada por farmacéuticos, sanitarios y ciudadanos extremeños) representada por Antonio Villafaina.

Una primera charla en la Asamblea de Extremadura, a la que asistieron algunos diputados, y una segunda pública por la tarde, en las cuales se proyectó en primer lugar el documental ‘Investigación médica: Houston tenemos un problema’ , que plantea la pregunta de si estamos en manos de las empresas farmacéuticas.


El sistema de patentes, clave

Según ese documental, efectivamente en manos de esa industria está el sistema de patentes, clave para otorgar los 20 años de exclusividad a cualquier innovación, una industria que además se estaría beneficiando de los presupuestos estatales públicos de investigación, que comparten sus descubrimientos, y con los cuales posteriormente las farmacéuticas desarrollan el producto que llega al mercado.

“Pagamos los ciudadanos dos veces, por la investigación en centros públicos, y luego volvemos a pagar un coste de innovación que la industria esgrime pero que realmente desconocemos”. El sistema, según todas estas denuncias, es además totalmente opaco: las empresas no abren sus cuentas, y sólo reclaman sobre la mesa, ante los sistemas públicos de salud, unas cantidades que los políticos únicamente pueden aspirar a negociar y rebajar en lo posible.

Extremadura y su servicio de salud para nada es ajeno. Amparo Botejara, diputada nacional por Badajoz de Podemos, denunció cómo medicinas que antes recetaban los médicos y eran de precio asequible, ya no se fabrican en España y tienen que ser importadas a un precio muy superior.

La espiral de crecimiento que tiene el gasto farmacéutico regional, no tiene según sanitarios extremeños parangón en el resto de España.
 
“Si de los más de 300 millones que paga al año el SES cogiera 50 y contratara a 1.000 personas, a todos, incluido el presupuesto público, nos iría mejor”, añadió Remigio Cordero, médico y portavoz en el Ayuntamiento de Badajoz de Podemos Recuperar Badajoz presente en la sala.

No obstante el documental plantea soluciones, algunas en marcha, como la puesta en marcha público-privada de una entidad para fabricar medicinas destinadas a enfermedades minoritarias y además implantadas en comunidades pobres que no interesan a la industria; también un sistema público y transparente de remuneración de la innovación y desarrollo, y principalmente un Tratado Internacional sobre Investigación Biomédica.

original en http://bit.ly/1VzMaTu

Medicamentos: La sociedad civil demanda que la ONU tome la batuta en I+D y transparencia, para el acceso universal

Transparencia e I+D han sido los dos ejes sobre los que han orbitado las propuestas presentadas por las organizaciones de salud pública, consumidores y el resto de agentes de la sociedad civil a la consulta de la ONU


Carlos B. Rodríguez, ElGlobalNet, 22 de abril de 2016 

Decenas de organizaciones solicitan un modelo "coherente" con el principio de acceso universal

A menudo excluídas del debate que se produce en los foros internacionales en los que se discuten la financiación y el acceso a las innovaciones, las organizaciones de la sociedad civil han aprovechado la consulta abierta por el panel de expertos de la ONU para plasmar su punto de vista. Sus proponentes plantean a Naciones Unidas que lidere dos grandes iniciativas: una para expandir la transparencia en el sector farmacéutico y otra para iniciar un proceso que permita llegar a un nuevo modelo de I+D biomédica, ligado a los conceptos de salud pública global, calidad, universalidad y accesibilidad.

La primera, firmada por un total de 17 organizaciones, nace de la convicción de que los gobiernos deben poner límites a las reclamaciones que consideran que se debe denegar el acceso a determinadas informaciones de carácter económico o científico sobre la base de que representan información confidencial. Su objetivo es, por tanto, "redefinir" el carácter de la información que hoy se guarda bajo llave, y que abarca casi todas las fases de producción de un medicamento: desde la financiación (pública o privada) de su I+D a los costes de comercialización, pasando por los ensayos clínicos, los costes de producción o los precios. "No se trata de si la empresa quiere que la información sea confidencial, sino de si su divulgación, va en beneficio del interés público", señala la propuesta.

Implementando la transparencia

Para ello plantean dos posibles vías de implementación. La primera solicita el liderazgo de Naciones Unidas para expandir progresivamente, y desde el punto de vista legislativo, la transparencia en el mercado de medicamentos, vacunas y test diagnósticos, en línea con algunas iniciativas ya existentes, como son el Medicines Patent Pool o los informes anuales que evalúan el Plan de Acción Mundial sobre la Vacunación de la OMS; o los precios dentro del Fondo Global para la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria.

Si se optara por esta primera vía, Naciones Unidas tendría que escoger entre dos caminos. Por un lado podría desarrollar un "modelo de legislación" que introdujera las medidas de transparencia que los gobiernos pueden implementar en áreas específicas. Esta normativa estándar se presentaría y discutiría posteriormente a nivel nacional. Pero en lugar de redactar una propuesta, Naciones Unidas podría decantarse por iniciar el proceso normativo desde un nivel estrictamente político, en diálogo directo con los Jefes de Estado. 

Una tercera propuesta de la sociedad civil se alza como complementaria ante este escenario: la creación de un Fórum de Transparencia, anual o bianual, que evalúe los progresos en la materia.

Al margen del enfoque legislativo, también está la posibilidad de que la ONU lidere "una iniciativa de transparencia global para el sector farmacéutico", en colaboración con los gobiernos, la industria, la sociedad civil y otros agentes. Si fuese aceptada, tomaría como referente la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), un programa que desde su implantación, en 2004, ha aumentado la transparencia de los pagos e ingresos de las empresas de los sectores minero o petrolero.

En línea con esta recomendación, las organizaciones de la sociedad civil denuncian, como ya hicieron las patronales de la industria de medicamentos genéricos y biosimilares, los límites a la transparencia que puede suponer la aplicación de algunas medidas incluidas en los tratados comerciales. 

Un nuevo modelo de I+D

"Los altos precios son la enfermedad y desvincularlos de la I+D es la cura". Bajo esta frase se presenta una propuesta firmada por 13 organizaciones en defensa de la Salud Pública. No es la única. Junto a ella, los expertos de la ONU han recibido otra muy similar, ésta refrendada por 17 organizaciones. Ambas critican un marco de investigación que no prioriza todas las necesidades de salud pública por igual. Citan como ejemplo los dos nuevos tratamientos que han visto la luz en los últimos 40 años para la tuberculosis, una enfermedad que mata a más de un millón y medio de personas al año; o el caso de las enfermedades tropicales, que pese a representar el 14 por ciento de la carga global de enfermedad, solo reciben el 1,3 por ciento de la financiación global.

La sociedad civil considera que el panel de expertos de las Naciones Unidas tiene una oportunidad sin precedentes y le otorga también la batuta del cambio. 

 El objetivo de ambas propuestas es iniciar un proceso de diálogo entre los estados para negociar uno o varios acuerdos globales en el campo de la financiación, la coordinación y la ejecución de la I+D biomédica, coherentes con los principios de acceso universal a los medicamentos.

La primera contribución es flexible en relación a cómo ejecutar ese acuerdo, mientras se dirija de manera progresiva a implementar los mecanismos necesarios para desvincular los precios de la investigación y el desarrollo, ya que ésta es, a juicio de los autores, "la única política consistente con el objetivo del acceso universal y la eliminación de una política basada en los precios". Se trata éste de un asunto que lleva 15 años en estudio dentro de la OMS, pero las discusiones se han producido básicamente entre los ministros de Salud. Las organizaciones firmantes creen que impulsar el debate entre los jefes de Estado generaría compromiso político y aumentaría los recursos necesarios para ello. 

La segunda propuesta presenta un camino más marcado. Promover un nuevo acuerdo global de I+D biomédica que considere los medicamentos como un "bien público" debería incluir el compromiso de incrementar los fondos públicos en la investigación; la financiación de iniciativas de investigación que desvinculen el coste real de las labores de investigación y desarrollo del precio final y la creación de un Observatorio Global de la I+D, que permita identificar las necesidades sanitarias y animar la coordinación de los esfuerzos de investigación en áreas prioritarias. A corto plazo, esta iniciativa implicaría aumentar la transparencia en el sector farmacéutico. 

A largo plazo, requeriría el compromiso de los gobiernos de tener en cuenta factores como el nivel de desarrollo de cada país, el tamaño de cada economía y su capacidad de pagar, como premisa básica para adoptar un modelo como el que Bernie Sanders propuso en Estados Unidos: un Fondo para la Innovación Médica que reestructure el sistema actual de financiación de la I+D como vía para reducir sus precios.

original http://bit.ly/1Ze6NTk

Farmacéuticas: El negocio de la vida humana

Atenea García de la Rosa Rus,

14 de abril de 2016


Pastillas y comprimidos de todos los tamaños y colores



Oferta y demanda. Demanda con dinero, oferta garantizada. Pero demanda con bolsillos vacíos, oferta aniquilada.

Unas nociones básicas de economía son las que describen una de las mayores catástrofes a nivel mundial. Una guerra ni siquiera mantenida en secreto, pero sí para muchos desconocida.

El alto precio de los medicamentos es el genocidio enmascarado más indiscriminado. La imposibilidad de hacer frente al alto costo de determinados fármacos en países como India o África ha supuesto un gran número de muertes. Un número que podría haber sido reducido e incluso evitado si las farmacéuticas no hubieran especulado con los medicamentos como si de un artículo normal se tratase.

Las grandes farmacéuticas encuentran la explicación al cobro de elevados precios en una justificación aparentemente sencilla: cuesta mucho dinero inventar una medicina y llevarla al mercado, así que los precios tienen que ser elevados o las empresas no podrán permitirse darle continuidad a la investigación y el desarrollo (I+D).

Además, a esto hay que añadirle el sistema de patentes, encargado de recoger los nuevos fármacos descubiertos y que en la mayoría de los casos evita que determinado medicamento pueda ser libre de tener un homólogo genérico hasta en un plazo de 20 años en algunos países.

Esto, en pocas palabras, garantiza el monopolio que estas empresas pueden ejercer sobre el medicamento en cuestión. Venderlos a altos precios, puesto que como son lo únicos contendientes y al no tener competidor, pueden elegir el precio que ellos quieran.

El plan de las farmacéuticas pasa casi siempre por maximizar los ingresos pasando por alto la cuestión fundamental, la accesibilidad a estos.

Incluso muchas veces este sistema no solo afecta a países subdesarrollados como India, con casos de muertes por Sida, la enfermedad que más muertes ha provocado en ese país, cuyo gobierno no ha podido costear en muchas ocasiones el alto precio de medicamentos que reducían en gran medida los síntomas. Incluso afectados en Europa por determinadas enfermdades como la Hepatitis C han visto reducida su calidad de vida, y en muchos casos han llegado a la muerte, debido a la incapacidad económica de los gobiernos por adquirir determinado fármaco.

En concreto, en 2015 el Sovaldi ocupó innumerables portadas de periódicos en España. Sovaldi, “el medicamento contra la Hepatitis C”, se convirtió en uno de los fármacos más caros de la historia. Distribuido por la multinacional estadounidense Gilead a precios prohibitivos, motivó una prescripción selectiva. En 2011, Gilead Sciences compró la empresa Pharmasset por 11.000 millones de dólares y se hizo con la patente del Sofosbuvir (el principio activo del Sovaldi). Según la ONG E-Changer, su precio multiplicaba por 100 el costo real, es decir, fabricar la llamada “pastilla de los mil dólares” no costaba ni 10 dólares.

Y es que aunque las farmacéuticas se encarguen en limpiar las acusaciones que agrupaciones y ONG's les hacen, en muchas ocasiones el descubrimiento del fármaco no tiene lugar en sus propios laboratorios ni el coste de producción es el que ellos afirman. Ideas brillantes junto a una profunda investigación nacen en muchas ocasiones de la mano de un investigador de una universidad. Estas investigaciones, en la mayoría de ocasiones, están capitaneadas con dinero público y entidades que las subvencionan. Una vez que el compuesto da buenos resultados, se vende a una empresa biotecnológica que a su vez es comprada por una farmacéutica que quiere y puede disponer a su antojo del descubrimiento. Una vez más, dinero llama a dinero.

E incluso el drama es mayor. Según investigaciones llevadas a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, es una realidad que las farmacéuticas abogan por compuestos que buscan “tratar” enfermedades lejos de curarlas. Incluso muchos de ellos aseguran que de aquí a un tiempo se reducirá el número de antibióticos (debido a que una vez que los tomas ya no tienes que seguir comprándolos), a la par que en el mercado se potenciaran aquellos compuestos que traten y exijan al usuario seguir comprándolos de por vida.

Un negocio de vidas humanas que tienen precio.


 
Atenea García de la Rosa Rus 
Viviendo para las palabras, viviendo de contar y de experimentar, periodista de profesión y corazón. “Dame una palabra y yo te daré un universo de cuentos”