Colombia, la ONU y el caso de Glivec

Tatiana Andia,

El Espectador, 28  de septiembre de 2016

 

 

La ONU destacó a Colombia como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes.

Colombia vuelve a ser protagonista en el drama global sobre el acceso a medicamentos. El pasado 14 de septiembre el Panel de Alto Nivel convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) sobre Acceso a los Medicamentos emitió su informe final sobre innovación y acceso a medicamentos. Gracias al ya afamado caso del Glivec (imatinib) de Novartis, Colombia  es destacada en el informe como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes. El informe además condena las amenazas de retaliación que Colombia recibió de países desarrollados por intentar romper la patente de Glivec.

El informe del Panel de la ONU sacó callo y fue vehementemente criticado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la industria farmacéutica internacional (IFPMA), quienes lo consideraron sesgado y “fundamentalmente errado”. Esto no debe sorprendernos, ya que para las compañías farmacéuticas la protección de sus patentes constituye una causa tan justa como la defensa de los derechos fundamentales de los individuos. Para la industria farmacéutica y los gobiernos que la respaldan,  el hecho de que el informe del panel de la ONU celebre a países como Colombia y Tailandia, los cuales violan sistemáticamente los derechos de las compañías de medicamentos, es como si la Corte Penal Internacional emitiera un comunicado elogiando al régimen sirio y a Bashar al-Assad.

Pero, poniéndonos sarcásticamente por un momento en los zapatos de la industria, ¿cuáles son los derechos de las empresas de medicamentos que Colombia estaría vulnerando en el caso Glivec?

Son básicamente tres:
En primer lugar  está el derecho de la industria farmacéutica a la participación en la política pública de una nación soberana. Este derecho fue vulnerado el mismo día en que se hizo público el informe de la ONU, cuando el Ministro de Salud Alejandro Gaviria anunció que la declaratoria de interés público para el Glivec se mantenía en firme. En respuesta Novartis emitió un comunicado de prensa en el que “rechaza categóricamente la decisión… ya que no se da en el marco de una crisis de salud pública generada por Glivec” (o al menos lo que Novartis interpreta como una crisis de salud pública).

En segundo lugar está el derecho de la industria a la libre determinación del precio. Este derecho fue vulnerado la semana pasada, cuando la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos sometió a consulta pública una resolución que contenía la metodología para regular el precio del Glivec y reducirlo en más de un 40%. Ante tal afrenta AFIDRO no tuvo más remedio que enviar un comunicado y sendas cartas cuestionando “la imparcialidad del Minsalud en el caso Glivec”. El informe del panel de la ONU empeora la situación al sugerir que los precios de las tecnologías no respondan a los costos de investigación y desarrollo sino a las necesidades y capacidad de pago de la población.

En tercer lugar está el derecho a guardar silencio. En el caso del Glivec las negociaciones de precio que habrían evitado la declaratoria de interés público,  y que de paso les habrían ahorrado dolores de cabeza a todos los involucrados, se frustraron porque el Ministerio exigió transparencia absoluta en el proceso de negociación. El informe de la ONU, en la misma línea, hace un llamado a que la industria farmacéutica haga transparente la forma en la que define los precios de todos sus productos.

A lo mejor son muchos más los derechos de la industria farmacéutica que han sido comprometidos por el panel de la ONU y por el Ministerio de Salud colombiano. Lo cierto es que esa supesta violación a los derechos de las empresas de medicamentos es justificada. Hoy los colombianos contamos con una declaratoria de interés público para el Glivec, la cual es el resultado de un proceso largo, arduo y transparente. Pronto tendremos un precio más justo para este importante medicamento, el cual favorecerá tanto a los pacientes con cáncer como a las finanzas del sistema de salud. Se trata de medidas que promueven el interés general y la salud pública pero que, aunque parezca descabellado, han sido interpretadas por la industria farmacéutica como violaciones a sus derechos fundamentales.

• Tatiana Andia | Elespectador.com

  Original en http://www.elespectador.com/opinion/colombia-onu-y-el-caso-de-glivec

El poder de las farmaceúticas y el derecho a los medicamentos

Sally Burch, alainet.org, 2 de septiembre 2016




Por contradictorio que parezca, las grandes empresas farmacéuticas dan muy poca prioridad al derecho humano a la salud, a pesar de que les corresponde un rol estratégico en este marco. Su meta principal es la ganancia, y como trabajan en una industria cuyos clientes finales son de alta vulnerabilidad –las personas con enfermedades– les da un margen mucho mayor que en otras industrias para fijar precios exagerados. Corresponde, entonces, a los Estados establecer los parámetros de operación de estas empresas en aras del interés público y para garantizar el derecho a la salud.

No obstante, los pequeños países en desarrollo tienen poca capacidad de negociación frente a estas empresas, y si son parte de acuerdos comerciales, se encuentran muchas veces con las manos atadas por medidas como la extensión desproporcionada de los plazos de patentes o las garantías de ganancias que las empresas pueden invocar en tribunales de arbitraje cuando sienten sus intereses afectados por políticas públicas. Fue el caso del litigio que presentó la multinacional tabacalera Phillip Morris contra Uruguay, cuando ese país adoptó legislación para proteger la salud de los fumadores[1].


En este contexto, constituye un antecedente alentador que, en marzo último, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó dos resoluciones significativas para garantizar el derecho humano a la salud. La primera reafirma que el acceso de todas las personas a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición para gozar del derecho a la salud, considerando que ello podría salvar millones de vidas cada año; y la segunda reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en materia de salud pública.

Estos acuerdos, adoptados además por consenso –lo que es poco usual en estos temas–, constituyen un respaldo político, particularmente para los países en desarrollo que buscan adoptar políticas para ampliar la protección de su población. En tal sentido, el Consejo de la ONU alienta a los países a utilizar las flexibilidades ya disponibles bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el costo de las medicinas.


El South Centre, en un documento de propuestas presentado a un Panel de Alto Nivel sobre el Acceso a las Medicinas, de la ONU[2], recomienda que: “Una manera efectiva para abordar la incoherencia en políticas entre el derecho a la salud por sobre las reglas comerciales y los reglamentos de propiedad intelectual (PI), consiste, en primer lugar, en afirmar la primacía del derecho a la salud para todos, por encima de las reglas comerciales y de PI. Alcanzar la buena salud y el bienestar es un objetivo, además de ser un derecho humano, mientras que el comercio o la propiedad intelectual son medios. Por lo tanto, la salud debe primar sobre el comercio o la PI”.


La compra pública agregada


Uno de los mecanismos que algunos países ya están implementando para enfrentar el poder económico de las grandes empresas farmacéuticas es a través de la compra pública. Centroamérica, por ejemplo, ya cuenta con un mecanismo común a través de COMISCA[3], mediante el cual compra en conjunto unas 64 medicinas básicas, lo que le da una mayor capacidad de negociación frente a las empresas productoras. Este mecanismo se denomina “compra agregada”.


Ecuador acaba de hacer lo propio, con la compra inicial de 326 medicamentos por subasta inversa (o sea, donde son los vendedores que pujan y gana la oferta de menor precio), para aprovisionar todo el sistema público de salud del país durante los próximos dos años. Primero, el año pasado, se realizó un análisis regional de los precios de todos los medicamentos más esenciales, aquellos usados para el tratamiento de las principales causas de muerte en la región, que reveló que una misma casa comercial vende el mismo medicamento en diferentes países con variaciones de precios que pueden llegar al 300% o incluso 600%. Santiago Vázquez, Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador –SERCOP–, comentó a ALAI que ello se da porque, cuando las empresas farmacéuticas ven la oportunidad de obtener mayor renta de corto plazo “lo han hecho sin ningún miramiento… lo que vimos en América del Sur y América Latina es una gran estrategia de control de poder del mercado”.

También la ONU y la Comisión Económica Europea han elaborado informes que indican que las farmacéuticas establecen precios exorbitantes, utilizando todo una red de mecanismos: pacientes, ONGs, medios de comunicación, médicos, para direccionar la compra hacia ciertas marcas; por ello la ONU recomienda establecer mecanismos como procesos agregados de compra, señaló Vázquez.

Cuando se les obliga a las empresas a competir en precios para vender en cantidad, igual les interesa. Más de 160 empresas participaron en la subasta ecuatoriana; entre ellas 27 latinoamericanas de las cuales 7 resultaron adjudicatarias. La compra significó un ahorro para el país de 320 millones de dólares. Lo novedoso de la subasta ecuatoriana es que se realizó de manera totalmente electrónica y automática, y en forma pública, lo que posibilita la veeduría social.[4] “Todos pueden ver los medicamentos que ha comprado el Estado, su registro sanitario, el precio adjudicado”, informó el funcionario.

No obstante, el director de SERCOP lamenta que ciertas empresas se han empeñado en tratar de desvirtuar el proceso, en particular criticando la inclusión de medicamentos genéricos, como si fueran de menor calidad. La calidad no depende de un patente, enfatizó. Más bien el proceso de compra ha previsto un mecanismo de control de calidad de los medicamentos, que, además del registro sanitario como requisito básico, incorpora una red de laboratorios que reciben muestras aleatorias de parte de los organismos de inspección, y cuyos resultados se publican en la Web.


En este sentido, destaca también como tema clave el rol de los medios de comunicación en las compras públicas. Sercop ha expedido un manual de buenas prácticas en contratación pública, con un capítulo específico para los medios, que llama a un pacto social. Vázquez resaltó que Ecuador fue gravemente afectado por un conflicto de intereses de un canal de televisión privado, que hizo campaña durante seis semanas contra la subasta, con desinformación y desequilibrio en la cobertura. “Cuando se hacen los análisis del caso, resulta que hay un claro conflicto de interés entre el canal, la periodista y el mundo farmacéutico, porque su familia tiene relación directa con la venta de medicamentos al Estado”. Cuando SERCOP solicitó un recurso ante la Superintendencia de Comunicación, fue tildado de atentado a la libertad de expresión, versión que tuvo eco en medios internacionales. Por ello Vázquez insiste en que los medios de comunicación clarifiquen si tienen o no conflictos de interés cuando se trata de cubrir noticias sobre las compras públicos.


Entre tanto, Ecuador ha entregado a Unasur y su Consejo de Salud (ISAGS) los resultados de su estudio de los precios de medicamentos en la región, con la esperanza de poder concretar una compra de medicamentos a nivel de América del Sur.

“Las empresas farmacéuticas, conocidos como los ‘big pharma’, se han repartido el mercado mundial, y han indicado en qué continentes van a aplicarse –comentó Santiago Vázquez–. Tanto las ‘big pharma’ como las empresas locales de medicamentos a nivel latinoamericano, ven a las medicinas como un negocio y no como un derecho. Frente a ello, la labor de los Estados es equilibrar las condiciones para que los medicamentos se conviertan en un derecho y no un negocio. Para eso, la compra pública juega un rol fundamental”, concluyó.

 Sally Burch, periodista, ALAI.


[1] Uruguay recientemente ganó el caso en el CIADI, lo que crea un antecedente muy importante, ya que estos tribunales suelen fallar lo más a menudo a favor de las empresas.
[2] Improving Access to Medicines: What needs to be done, South Bulletin 91, 18 June 2016, www.alainet.org/en/articulo/178356
[3] COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
[4] Todo el proceso se puede visualizar en el sitio web de la compra: https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/. 


http://www.alainet.org/es/articulo/179977

El poder de las farmaceúticas y el derecho a los medicamentos

Sally Burch, alainet.org, 2 de septiembre 2016




Por contradictorio que parezca, las grandes empresas farmacéuticas dan muy poca prioridad al derecho humano a la salud, a pesar de que les corresponde un rol estratégico en este marco. Su meta principal es la ganancia, y como trabajan en una industria cuyos clientes finales son de alta vulnerabilidad –las personas con enfermedades– les da un margen mucho mayor que en otras industrias para fijar precios exagerados. Corresponde, entonces, a los Estados establecer los parámetros de operación de estas empresas en aras del interés público y para garantizar el derecho a la salud.

No obstante, los pequeños países en desarrollo tienen poca capacidad de negociación frente a estas empresas, y si son parte de acuerdos comerciales, se encuentran muchas veces con las manos atadas por medidas como la extensión desproporcionada de los plazos de patentes o las garantías de ganancias que las empresas pueden invocar en tribunales de arbitraje cuando sienten sus intereses afectados por políticas públicas. Fue el caso del litigio que presentó la multinacional tabacalera Phillip Morris contra Uruguay, cuando ese país adoptó legislación para proteger la salud de los fumadores[1].


En este contexto, constituye un antecedente alentador que, en marzo último, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó dos resoluciones significativas para garantizar el derecho humano a la salud. La primera reafirma que el acceso de todas las personas a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición para gozar del derecho a la salud, considerando que ello podría salvar millones de vidas cada año; y la segunda reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en materia de salud pública.

Estos acuerdos, adoptados además por consenso –lo que es poco usual en estos temas–, constituyen un respaldo político, particularmente para los países en desarrollo que buscan adoptar políticas para ampliar la protección de su población. En tal sentido, el Consejo de la ONU alienta a los países a utilizar las flexibilidades ya disponibles bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el costo de las medicinas.


El South Centre, en un documento de propuestas presentado a un Panel de Alto Nivel sobre el Acceso a las Medicinas, de la ONU[2], recomienda que: “Una manera efectiva para abordar la incoherencia en políticas entre el derecho a la salud por sobre las reglas comerciales y los reglamentos de propiedad intelectual (PI), consiste, en primer lugar, en afirmar la primacía del derecho a la salud para todos, por encima de las reglas comerciales y de PI. Alcanzar la buena salud y el bienestar es un objetivo, además de ser un derecho humano, mientras que el comercio o la propiedad intelectual son medios. Por lo tanto, la salud debe primar sobre el comercio o la PI”.


La compra pública agregada


Uno de los mecanismos que algunos países ya están implementando para enfrentar el poder económico de las grandes empresas farmacéuticas es a través de la compra pública. Centroamérica, por ejemplo, ya cuenta con un mecanismo común a través de COMISCA[3], mediante el cual compra en conjunto unas 64 medicinas básicas, lo que le da una mayor capacidad de negociación frente a las empresas productoras. Este mecanismo se denomina “compra agregada”.


Ecuador acaba de hacer lo propio, con la compra inicial de 326 medicamentos por subasta inversa (o sea, donde son los vendedores que pujan y gana la oferta de menor precio), para aprovisionar todo el sistema público de salud del país durante los próximos dos años. Primero, el año pasado, se realizó un análisis regional de los precios de todos los medicamentos más esenciales, aquellos usados para el tratamiento de las principales causas de muerte en la región, que reveló que una misma casa comercial vende el mismo medicamento en diferentes países con variaciones de precios que pueden llegar al 300% o incluso 600%. Santiago Vázquez, Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador –SERCOP–, comentó a ALAI que ello se da porque, cuando las empresas farmacéuticas ven la oportunidad de obtener mayor renta de corto plazo “lo han hecho sin ningún miramiento… lo que vimos en América del Sur y América Latina es una gran estrategia de control de poder del mercado”.

También la ONU y la Comisión Económica Europea han elaborado informes que indican que las farmacéuticas establecen precios exorbitantes, utilizando todo una red de mecanismos: pacientes, ONGs, medios de comunicación, médicos, para direccionar la compra hacia ciertas marcas; por ello la ONU recomienda establecer mecanismos como procesos agregados de compra, señaló Vázquez.

Cuando se les obliga a las empresas a competir en precios para vender en cantidad, igual les interesa. Más de 160 empresas participaron en la subasta ecuatoriana; entre ellas 27 latinoamericanas de las cuales 7 resultaron adjudicatarias. La compra significó un ahorro para el país de 320 millones de dólares. Lo novedoso de la subasta ecuatoriana es que se realizó de manera totalmente electrónica y automática, y en forma pública, lo que posibilita la veeduría social.[4] “Todos pueden ver los medicamentos que ha comprado el Estado, su registro sanitario, el precio adjudicado”, informó el funcionario.

No obstante, el director de SERCOP lamenta que ciertas empresas se han empeñado en tratar de desvirtuar el proceso, en particular criticando la inclusión de medicamentos genéricos, como si fueran de menor calidad. La calidad no depende de un patente, enfatizó. Más bien el proceso de compra ha previsto un mecanismo de control de calidad de los medicamentos, que, además del registro sanitario como requisito básico, incorpora una red de laboratorios que reciben muestras aleatorias de parte de los organismos de inspección, y cuyos resultados se publican en la Web.


En este sentido, destaca también como tema clave el rol de los medios de comunicación en las compras públicas. Sercop ha expedido un manual de buenas prácticas en contratación pública, con un capítulo específico para los medios, que llama a un pacto social. Vázquez resaltó que Ecuador fue gravemente afectado por un conflicto de intereses de un canal de televisión privado, que hizo campaña durante seis semanas contra la subasta, con desinformación y desequilibrio en la cobertura. “Cuando se hacen los análisis del caso, resulta que hay un claro conflicto de interés entre el canal, la periodista y el mundo farmacéutico, porque su familia tiene relación directa con la venta de medicamentos al Estado”. Cuando SERCOP solicitó un recurso ante la Superintendencia de Comunicación, fue tildado de atentado a la libertad de expresión, versión que tuvo eco en medios internacionales. Por ello Vázquez insiste en que los medios de comunicación clarifiquen si tienen o no conflictos de interés cuando se trata de cubrir noticias sobre las compras públicos.


Entre tanto, Ecuador ha entregado a Unasur y su Consejo de Salud (ISAGS) los resultados de su estudio de los precios de medicamentos en la región, con la esperanza de poder concretar una compra de medicamentos a nivel de América del Sur.

“Las empresas farmacéuticas, conocidos como los ‘big pharma’, se han repartido el mercado mundial, y han indicado en qué continentes van a aplicarse –comentó Santiago Vázquez–. Tanto las ‘big pharma’ como las empresas locales de medicamentos a nivel latinoamericano, ven a las medicinas como un negocio y no como un derecho. Frente a ello, la labor de los Estados es equilibrar las condiciones para que los medicamentos se conviertan en un derecho y no un negocio. Para eso, la compra pública juega un rol fundamental”, concluyó.

 Sally Burch, periodista, ALAI.


[1] Uruguay recientemente ganó el caso en el CIADI, lo que crea un antecedente muy importante, ya que estos tribunales suelen fallar lo más a menudo a favor de las empresas.
[2] Improving Access to Medicines: What needs to be done, South Bulletin 91, 18 June 2016, www.alainet.org/en/articulo/178356
[3] COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
[4] Todo el proceso se puede visualizar en el sitio web de la compra: https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/. 


http://www.alainet.org/es/articulo/179977

La industria farmacéutica latinoamericana alertó sobre monopolios de cadenas de farmacias y patentes

Pharmabaires, 17 de mayo de 2016 

 

La concentración del mercado a través de las cadenas farmacéuticas y la renovada ofensiva para desmontar la competencia de los laboratorios nacionales en la región, fueron denunciadas por la Asamblea Anual de ALIFAR.  Estados Unidos presiona en Argentina, América Latina y también la ONU. Se avecinan tiempos difíciles como en los noventa.

Se alertó sobre el monopolio de las grandes cadenas de farmacias, financiadas por fondos de inversión, en Argentina, Chile y otros países de Latinoamerica.

La Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de  Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) que sesionó en Brasilia, instó nuevamente a los gobiernos de la región “a aplicar criterios de patentabilidad desde una perspectiva de salud pública y priorizar regulaciones como la Anuncia Previa prevista en las legislaciones de Brasil y Paraguay, o las normas establecidas por Argentina y Paraguay sobre la base de las Guías para el Examen de Patentes Farmacéuticas emitidas por UNCTAD, OMS e ICTSD, incluyendo el otorgamiento de licencias obligatorias”.
En la Declaración Final, ALIFAR también alertó sobre “la creciente concentración monopólica y oligopólica de las cadenas de farmacias en los distintos países de la región” y propuso que “es fundamental recuperar las farmacias tradicionales y a los profesionales farmacéuticos como agentes sanitarios primarios, fortaleciendo su rol al servicio de la comunidad”·
En consecuencia “instamos a los gobiernos de los países de la región a establecer políticas públicas que logren revertir los procesos actuales de concentración vertical de las cadenas de farmacias”  que originan “el ejercicio abusivo de posiciones dominantes en la comercialización minorista de medicamentos”.
La concentración monopólica a través de los cadenas farmacéuticas se percibe en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Paraguay, y el origen radica en la aparición de los fondos de inversión como los grandes grupos financieros que están desembarcando en el sector.
ALIFAR advirtió también sobre “la campaña desleal dirigida a erosionar el prestigio de los medicamentos biosimilares, cuyo objetivo es restringir la competencia y monopolizar el mercado”.
Las advertencias son oportunas, especialmente en Argentina y Colombia, donde la presión de las multinacionales y de Estados Unidos  se tornado intensa en los últimos meses.
La Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Intelectual (AAAPI),  entidad que agrupa a los estudios de abogados más prestigiosos de Buenos Aires que atiende los intereses de las multinacionales, en especial de Estados Unidos, presentó una carta al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, en la que reclamó que el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Argentina) “vuelva a estar de acuerdo con la constitución, con los tratados internacionales firmados por nuestro país y con la propia Ley de patentes”.
En su carta, presentada cuando Cabrera hacía apenas 23 días que ocupaba su sillón, la AAAPI afirmó que el sistema de patentes de Argentina se encuentra “en grave crisis” y pidieron los mismos cambios que desde hace tiempo reclaman las filiales farmacéuticas radicadas en el país.
El sitio especializado Observatorio Sudamericano de Patentes publicó recientemente que en Argentina “empresas farmacéuticas de intereses nacionales pertenecientes a CILFA habrían ganado la pulseada interna dentro de las cámaras farmacéuticas para mantener el status quo en la oficina de patentes y así continuar controlando los procedimientos de concesión y denegación de las peligrosas solicitudes de patentes” presentadas por las multinacionales.
Voceros de la industria nacional confirmaron esa “movida” desestabilizadora que ensayaron las multinacionales y que se encadena con la carta de la AAAPI.

 Las patentes exclusivas se plantean como un riesgo para los laboratorios nacionales, en favor de los laboratorios extranjeros.

Según, el Observatorio Sudamericano de Patentes, la canciller Susana Malcorra que encabeza las negociaciones para adherir al Tratado de la Alianza del Pacífico (TPP),  se propone “terminar de quebrar las alianzas de los sectores del radicalismo con empresas farmacéuticas nacionales y dirigir definitivamente a la industria de los fármacos por el camino de la importación, producción y distribución de medicamentos directamente de Estados Unidos”.
Colombia, que ya tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está sufriendo las presiones de Washington, para que desista de otorgar una licencia obligatoria de la droga imatinib para la leucemia crónica, cuyo nombre comercial es Glivec de Novartis.
El gobierno colombiano fue informado mediante una carta de Everert Eissenstat, staffer del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, que si bien Novartis era un laboratorio suizo, el otorgamiento de una licencia obligatoria generaba “preocupación” también entre los laboratorios norteamericanos y que ese paso constituía una violación del TLC.
“La industria farmacéutica de Estados Unidos está muy preocupada por la posibilidad de que este caso se vuelva un precedente que podría aplicarse a cualquier patente en cualquier industria”, afirmaba la carta del Comité de Finanzas del Senado.
El Glivec de Novartis cuesta en Colombia 324 pesos el miligramo, mientras que laboratorios colombianos pueden ofrecer una versión nativa del mismo producto por 78,5 pesos.
Estados Unidos y la UE también rechazan por anticipado las conclusiones del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas  sobre Innovación y Acceso a los Medicamentos, que en noviembre pasado convocó el secretario general Ban Ki-moon. El bloque conformado por EEUU-UE  califican de “limitada” y “parcial” la consulta abierta y que carece de facultad para “examinar” las reglas internacionales sobre propiedad intelectual. Estados Unidos y Francia, concretamente, cuestionaron que el panel fuese convocado sin consultar previamente a la OMS, la OMPI y la OMC.
Sin embargo, la ministra de Salud de Holanda, Edith Schippers, expresó una voz disonante y en una carta a la ONU compartió la agenda del panel convocado por Ban Ki-moon, incluido el tema de las patentes farmacéuticas. La ministra de Holanda – país a cargo de la presidencia semestral de la Comisión Europea- propuso, como pide el panel, debatir “nuevos modelos alejados de la exclusividad del mercado y los monopolios”. También alertó que “el acceso a medicamentos asequibles ya no es un reto de los países de ingresos medios o bajos, sino también de los países ricos”.

Esta posición es compartida por 17 organizaciones de la sociedad civil de Europa que aprovechando la consulta abierta  por el  Panel de Alto Nivel de la ONU, en una carta pidieron “transparencia” a la industria farmacéutica y nuevos modelos de investigación y desarrollo  ligados “a los conceptos de salud pública global, calidad, universalidad y accesiblidad”.

DECLARACION FINAL DE ALIFAR
Declaración de Brasilia: http://alifar.org/useruploads/documents/post/953_declaracin_de_brasilia/declaracin_de_brasilia2016_05_09_11_02_14.pdf

enlace original

http://bit.ly/1P62lRt

Argentina y Brasil: Sociedad civil alerta por relajo en evaluación de patentes #abandonenelcaso

Sociedad civil denuncia CAEME en Argentina e Interfarma en Brasil por acciones judiciales contra examen riguroso de patentes farmacéuticas”, escribió Carlos Correa, el mayor experto de Argentina y Latinoamérica en derechos de propiedad intelectual.
 
El alerta temprano de Correa se disparó por la presión del lobby de los estudios jurídicos al servicio de las multinacionales, apenas asumió el presidente Mauricio Macri (ver nota central).
Correa, consultor de múltiples organismos internacionales, con una foja profesional que demandaría varias páginas, participó recientemente del debate organizado en Johannesburgo, por el Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el acceso a los medicamentos.
 
En esa ocasión, mientras en el recinto se sucedían las ponencias, grupos de la sociedad civil se concentraron en el exterior del edificio para exigir reformas en las leyes de patentes, relató Correa en su cuenta twitter.
“Dentro de la reunión, cientos de personas de todo el mundo se unieron en línea y en persona - de la industria, el gobierno, grupos de la sociedad civil, organizaciones multilaterales y la academia - para discutir nuevas ideas y soluciones para aumentar el acceso a los medicamentos, vacunas y diagnósticos y promover la innovación en tecnologías de la salud”, señaló un resumen de la conferencia en Johannesburgo.

El Grupo fue convocado  en noviembre de 2015 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “para hacer frente a la incoherencia de las políticas entre las leyes de propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos”.

Correa reseñó que “tras la convocatoria de nuevas ideas y posibles soluciones, el Grupo Especial recibió 178 contribuciones de la industria, el gobierno, grupos de la sociedad civil, organizaciones multilaterales y el sector académico. En las últimas dos semanas, el Grupo Especial sostuvo dos diálogos globales - en Londres y Johannesburgo - para permitir a los participantes discutir las tensiones entre las leyes de propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos y proponen soluciones”.
"Los altos precios también significan que muchos no tienen acceso a los medicamentos que necesitan. Esto significa que necesitamos otra manera de pagar por la I + D, y aquí es donde el concepto de la desvinculación es tan importante ", pidió Suerie Moon, co-directora del Proyecto de Innovación y acceso a tecnologías para el desarrollo sostenible en la Harvard Kennedy School of Government.

"Desvinculación implica que tenemos que pagar por la I + D con dinero público. Tenemos que exigir el retorno público justo de la inversión pública. Esto significa que no hay monopolios sobre los medicamentos que son financiados con fondos públicos. Con el fin de realizar esto, tenemos que encontrar una manera de trabajar juntos como una comunidad global, de modo que todos los gobiernos contribuirán al desarrollo de los costes de I + D ",  propuso.

La Campaña de Acción pro Tratamiento emitió un comunicado y una "Declaración de Johannesburgo después de la reunión. La declaración describió sus expectativas para el panel: "El Grupo de Alto Nivel de la ONU ofrece una oportunidad única de garantizar que los nuevos medicamentos sean desarrollados y puestos a disposición de todas las personas que los necesitan. Se ha propuesto una variedad de alternativas y / o cambios en el actual sistema de innovación basado en las patentes. Consideramos que muchas de estas propuestas son viables y aplicables en caso de ser respaldadas con suficiente voluntad política y el compromiso".
"Está claro que nos enfrentamos a un problema global, no sólo un problema de los países en desarrollo", resumió Ruth Dreifuss, ex Presidente de Suiza y co-presidente del panel.

La industria también consideró positivo el debate,  según reflejó Correa en su Twitter: "Creo que el trabajo del panel es muy oportuno. Debemos revisar el equilibrio entre la innovación y el acceso. Hay que asegurarse de que las empresas como la mía son capaces de invertir en I + D para el tratamiento para que los pacientes que los necesitan tener acceso a esos productos”, declaró Jon Pender, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de GlaxoSmithKline.
"Hemos escuchado mucho acerca de las cuestiones de I + D y patentes, pero en realidad para la inmensa mayoría de los medicamentos esenciales que necesitan los pacientes, no hay ninguna propiedad intelectual sobre los mismos, en absoluto, no hay derecho de autor, no hay patentes”, agregó el CEO de Glaxo.
Para más información sobre el Alto Panel y los debates ingresar a www.UNSGaccessmeds.org.