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viernes, 7 de septiembre de 2018

GAPURMED 25, 26 y 27 de Octubre 2018 La Plata

no dejes de agendar el 25, 26 y 27 de Octubre para venir a La Plata
Estarán 
Carlos Correa, 
Gianni Tognoni y
Joan-Ramon Laporte 
este último haciendo la presentación de la 
Plataforma No Gracias Organización Civil Internacional (España, Argentina, Uruguay).
Envío de propuestas: xxviireuniongapurmedlaplata@gmail.com hasta 30/09/2018


ga flyer sept

lunes, 13 de marzo de 2017

Argentina: acuerdo con EEUU por patentes es discriminatorio para nacionales

Pharmabaires 13 de marzo de 2017 

 El reciente acuerdo sobre patentes que firmó el INPI de Argentina con su similar de Estados Unidos es discriminatorio para la industria nacional y constituye una plataforma para presionar a los examinadores locales, sostuvo Carlos Correa, uno de los mayores expertos en propiedad intelectual del mundo.
 
Correa,  director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico  de la UBA y asesor de Naciones Unidas y OMS, entre otros organismos internacionales, sostuvo que el reciente acuerdo bilateral  que introduce en el país el procedimiento de Patent Prosecution Highway (PPH) “discrimina contra los solicitantes nacionales de patentes, en tanto brinda prioridad en el trámite a solicitantes extranjeros”.
Correa explicó a Pharmabaires que el PPH “proveerá una plataforma para presionar a los examinadores locales para conceder una patente en el país a pesar de que los criterios de patentabilidad de los EEUU y la Argentina son sustancialmente diferente”.
El acuerdo, casi secreto ya que en Argentina aún no fue difundido oficialmente, fue firmado en febrero pasado  entre el  titular del INPI, Dámaso Pardo, y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).
Además el INPI a partir de este acuerdo “deberá otorgar prioridad en el trámite (de un patente) aún antes de que se haya concedido la patente por la USPTO o que haya concluido un procedimiento de oposición (conforme a la ley de EEUU)”, alertó Correa,  integrante del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Acceso a los Medicamentos que conformó el ex secretario general Ban Ki-moon.
Correa también subrayó que el acuerdo “altera el procedimiento de las solicitudes sin una debida modificación de la reglamentación y sin que el INPI tenga competencia para suscribir un acuerdo internacional (aunque sea una experiencia ‘piloto’”.
   El acuerdo  durante los próximos tres años habilitará en Argentina la aplicación del Patent Prosecution Highway (PPH),  del que se sabe poco, salvo que es una vía acelerada para obtener patentes de cualquier tipo y sin someterse a exámenes rigurosos.
El acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica sino también a otros sectores industriales y por eso disparó también el alerta de la Unión Industrial Argentina (UIA)que ha comenzado a analizar sus secuelas y como primera medida ha solicitado una copia oficial del acuerdo al INPI.
Pero esa copia oficial por lo menos hasta la semana pasada era inexistente para los industriales y en la web del INPI la solapa “novedades”, permanece vacía.
“Nosotros nos enteramos de esta acuerdo por la página de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO)  ya que el INPI no brindó ninguna información”, informó  Rubén Abete, secretario general de ALIFAR la semana pasada a Pharmabaires.
ALIFAR, la asociación latinoamericana de laboratorios nacionales, tiene previsto analizar este acuerdo bilateral y las implicancias en propiedad intelectual de las  negociaciones UE-Mercosur que se reanudarán el 20 de marzo, durante una minicumbre prevista en Brasilia para los próximos días.
Voceros de los pequeños y medianos laboratorios agrupados en Cooperala también expresaron su “preocupación” por este acuerdo que siembra más confusión a la ya existente desde la emisión 56 y la “correctiva” 125 del INPI.
El INPI ya le había aplicado un duro golpe por la espalda a esos laboratorios nacionales, cuando el año pasado emitió la resolución 56  admitiendo patentes extranjeras y eliminando las Guías de Patentabilidad locales  aunque esa resolución fue parcialmente corregida posteriormente por la 125 de diciembre pasado.
El acuerdo firmado por el INPI de Argentina aparece a contramano de la tendencia regional, donde Colombia declaró de utilidad pública la patente del Glivec de Novartis y Chile aprobó las licencias obligatorias para los medicamentos oncológicos y de alto costo.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó las licencias obligatorias a fines de enero mediante la Resolución  798 por 67 votos afirmativos, cero negativo y 32 abstenciones.
La Resolución 798 incorpora el uso “de oficio” de las licencias obligatorias  “por razones de salud pública”  y para “facilitar la adquisición de medicamentos oncológicos y de alto costo “a precios competitivos por parte “de los servicios públicos como por los servicios de salud privados y la población que lo requiera; y en definitiva garantizar su acceso”.
A su vez Phrma de Estados Unidos, que está nerviosa por las habituales declaraciones del presidente Donald Trump por el precio de los medicamentos, ha solicitado sanciones contra  Colombia por “incumplir compromisos del Tratado de Libre Comercio (TLC)” entre ambos países.
Phrma señaló a Colombia  por supuesta “debilidad” a la hora de defender las patentes de los medicamentos” y por el uso de la figura de “declaración de interés público” para forzar un descuento del precio del medicamento Glivec de Novartis que, aun siendo un laboratorio suizo, consiguió que Estados Unidos –incluso durante los últimos meses de la gestión de Barack Obama- se “preocupara” por esa presunta “debilidad” de Colombia en respetar las patentes.
El INPI también aparece a contramano del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que recientemente instó a considerar las recomendaciones del informe del grupo de Alto Nivel sobre acceso a los medicamentos, informó Correa.

Informe del Panel de alto Nivel http://goo.gl/NhZWjv 
noticia original http://bit.ly/2mQWY1Z
 

martes, 3 de mayo de 2016

Argentina y Brasil: Sociedad civil alerta por relajo en evaluación de patentes #abandonenelcaso

Sociedad civil denuncia CAEME en Argentina e Interfarma en Brasil por acciones judiciales contra examen riguroso de patentes farmacéuticas”, escribió Carlos Correa, el mayor experto de Argentina y Latinoamérica en derechos de propiedad intelectual.
 
El alerta temprano de Correa se disparó por la presión del lobby de los estudios jurídicos al servicio de las multinacionales, apenas asumió el presidente Mauricio Macri (ver nota central).
Correa, consultor de múltiples organismos internacionales, con una foja profesional que demandaría varias páginas, participó recientemente del debate organizado en Johannesburgo, por el Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el acceso a los medicamentos.
 
En esa ocasión, mientras en el recinto se sucedían las ponencias, grupos de la sociedad civil se concentraron en el exterior del edificio para exigir reformas en las leyes de patentes, relató Correa en su cuenta twitter.
“Dentro de la reunión, cientos de personas de todo el mundo se unieron en línea y en persona - de la industria, el gobierno, grupos de la sociedad civil, organizaciones multilaterales y la academia - para discutir nuevas ideas y soluciones para aumentar el acceso a los medicamentos, vacunas y diagnósticos y promover la innovación en tecnologías de la salud”, señaló un resumen de la conferencia en Johannesburgo.


El Grupo fue convocado  en noviembre de 2015 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “para hacer frente a la incoherencia de las políticas entre las leyes de propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos”.


Correa reseñó que “tras la convocatoria de nuevas ideas y posibles soluciones, el Grupo Especial recibió 178 contribuciones de la industria, el gobierno, grupos de la sociedad civil, organizaciones multilaterales y el sector académico. En las últimas dos semanas, el Grupo Especial sostuvo dos diálogos globales - en Londres y Johannesburgo - para permitir a los participantes discutir las tensiones entre las leyes de propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos y proponen soluciones”.
"Los altos precios también significan que muchos no tienen acceso a los medicamentos que necesitan. Esto significa que necesitamos otra manera de pagar por la I + D, y aquí es donde el concepto de la desvinculación es tan importante ", pidió Suerie Moon, co-directora del Proyecto de Innovación y acceso a tecnologías para el desarrollo sostenible en la Harvard Kennedy School of Government.


"Desvinculación implica que tenemos que pagar por la I + D con dinero público. Tenemos que exigir el retorno público justo de la inversión pública. Esto significa que no hay monopolios sobre los medicamentos que son financiados con fondos públicos. Con el fin de realizar esto, tenemos que encontrar una manera de trabajar juntos como una comunidad global, de modo que todos los gobiernos contribuirán al desarrollo de los costes de I + D ",  propuso.

La Campaña de Acción pro Tratamiento emitió un comunicado y una "Declaración de Johannesburgo después de la reunión. La declaración describió sus expectativas para el panel: "El Grupo de Alto Nivel de la ONU ofrece una oportunidad única de garantizar que los nuevos medicamentos sean desarrollados y puestos a disposición de todas las personas que los necesitan. Se ha propuesto una variedad de alternativas y / o cambios en el actual sistema de innovación basado en las patentes. Consideramos que muchas de estas propuestas son viables y aplicables en caso de ser respaldadas con suficiente voluntad política y el compromiso".
"Está claro que nos enfrentamos a un problema global, no sólo un problema de los países en desarrollo", resumió Ruth Dreifuss, ex Presidente de Suiza y co-presidente del panel.


La industria también consideró positivo el debate,  según reflejó Correa en su Twitter: "Creo que el trabajo del panel es muy oportuno. Debemos revisar el equilibrio entre la innovación y el acceso. Hay que asegurarse de que las empresas como la mía son capaces de invertir en I + D para el tratamiento para que los pacientes que los necesitan tener acceso a esos productos”, declaró Jon Pender, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de GlaxoSmithKline.
"Hemos escuchado mucho acerca de las cuestiones de I + D y patentes, pero en realidad para la inmensa mayoría de los medicamentos esenciales que necesitan los pacientes, no hay ninguna propiedad intelectual sobre los mismos, en absoluto, no hay derecho de autor, no hay patentes”, agregó el CEO de Glaxo.
Para más información sobre el Alto Panel y los debates ingresar a www.UNSGaccessmeds.org.

viernes, 12 de febrero de 2016

Criterios para el examen de las patentes farmacéuticas


Carlos M. Correa, 12 de febrero de 2016 
Red Tercer Mundo- No. 246 - Año 2016


Este documento del Centro del Sur analiza los criterios para la aplicación de los requisitos de patentabilidad en relación a solicitudes de patente de los productos y procesos farmacéuticos, así como el uso. (1) La adopción de criterios rigurosos con este propósito es importante por cuatro razones principales.

En primer lugar, aunque los productos farmacéuticos tienen características comunes con otras invenciones, hay elementos en las reivindicaciones de patentes relativas a estos productos que son únicas, determinadas por su uso previsto.

En segundo lugar, un conjunto de criterios de examen ayudará a acelerar los procedimientos de patentes, aumentar la uniformidad en el tratamiento de las solicitudes, y ofrecer a los solicitantes una mayor certeza sobre el posible resultado de los procedimientos.

En tercer lugar, hay una proliferación de solicitudes de patentes en el campo de los productos farmacéuticos reclamando polimorfos, sales, formulaciones, etc., que a menudo se hacen para prevenir competencia genérica en lugar de proteger las invenciones genuinas. Las llamadas patentes ” evergreening” (2) no contribuyen a la piscina tecnológica, y limitan la entrada en el mercado de los productos genéricos.

En cuarto lugar, dado el impacto de las patentes sobre la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de tratamientos y tecnologías, la manera en que las solicitudes de patentes farmacéuticas son examinadas puede tener implicaciones importantes para la salud pública. Las oficinas de patentes y los examinadores juegan un papel vital en asegurar un equilibrio adecuado entre la protección de las invenciones e incentivar innovación, por una parte, y la promoción de la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos y tecnologías de la salud, por el otro. Este proceso de equilibrio es también importante para lograr prioridades de desarrollo más amplias, esfuerzos nacionales para promover la investigación y el desarrollo (I + D), la transferencia de tecnología y la producción farmacéutica, a la consecución de la cobertura universal de salud.

Varios países (por ejemplo, Argentina, Ecuador, India y Filipinas) han adoptado legislación o políticas para examinar las solicitudes de patentes relativas a los productos farmacéuticos y procesa de una manera que da cuenta de las consideraciones de salud pública. Análisis de las reivindicaciones de patentes farmacéuticas ha demostrado que la correcta aplicación de las normas de patentabilidad puede impedir la concesión de “mala calidad” o patentes de menor interés, el cual, mediante la prevención de la oportuna introducción de medicamentos genéricos, puede dañar la salud pública.

Es importante destacar que la aplicación de los criterios discutidos no significaría modificar las normas de patentabilidad establecidas por la ley de patentes, o para añadir normas adicionales. En su lugar, tienen por objeto garantizar la correcta aplicación de dichas normas a la vista de la naturaleza específica de la materia reivindicada y la relevancia de la salud pública de las decisiones.

Notas:

1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) no obliga a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la concesión de patentes que reclaman un uso particular de un producto. Muchos países no otorgan patentes de medicamentos para usos segundo y posteriores.

2. ‘Evergreening’ es una estrategia mediante la cual las empresas farmacéuticas se aplican para las patentes sobre los derivados, formulaciones, formas de dosificación, etc., de las drogas conocidas con el fin de extender sus derechos exclusivos más allá de la expiración de la patente original.

Esta es la Introducción del Research Papers Nº 64, febrero de 2016, del Centro del Sur. El documento completo en inglés puede consultarse aquí.

viernes, 23 de octubre de 2015

Carlos Correa: El TPP y las barreras que limitan el acceso a los fármacos

Carlos M. Correa. 
Red Tercer Mundo, - No. 232 ,  23 de octubre de 2015


Cabe destacar que existen grandes diferencias en el nivel de desarrollo entre los países del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). No obstante, Estados Unidos pretende que se apliquen las mismas normas de protección a todas las partes del acuerdo.
La industria farmacéutica de Estados Unidos y de Europa se anotó una importante victoria con la adopción, en 1994, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, en inglés), en el contexto de la entonces naciente Organización Mundial del Comercio (OMC).
Aunque se permitió un período de transición, el TRIPS no dejó espacio alguno para el tratamiento especial y diferenciado de los países según sus niveles de desarrollo. En particular, impuso a todos los miembros de la OMC la obligación de conceder patentes en todos los campos de la tecnología.
La ausencia de la protección de las patentes permite fomentar la competencia de precios en el mercado farmacéutico y, en algunos casos, el desarrollo de industrias farmacéuticas genéricas. El caso más notable es el de India, que desarrolló una sólida industria farmacéutica que hoy se conoce como “la farmacia del mundo en desarrollo”.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, en inglés) para la cooperación económica es un ambicioso tratado comercial entre Estados Unidos y 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Cabe destacar que existen grandes diferencias en el nivel de desarrollo de esos países. Por ejemplo, el producto interno bruto por habitante de Vietnam es aproximadamente 43 veces menor que el equivalente de Estados Unidos. No obstante, Washington pretende que se apliquen las mismas normas de protección a todas las partes del TPP.
De hecho, los aranceles ya son bajos entre los países que negociaron el tratado. En este sentido, es muy poco lo que se puede avanzar con el TPP.
En realidad, estos convenios tienen que ver con cuestiones tales como los derechos de propiedad intelectual. Y es probable que para Estados Unidos la razón estratégica más importante de esta iniciativa sea contrarrestar la creciente influencia de China en Asia y el Pacífico, y hacer que la región sea menos acogedora para el “capitalismo de Estado” chino.
Que los productos farmacéuticos tuvieran una mayor protección era una inquietud clave de Washington en las negociaciones comerciales que llevaron a la adopción del TRIPS.
A pesar de la mejora considerable de las normas internacionales de protección de la propiedad intelectual que implicaba ese acuerdo, las industrias farmacéuticas de Estados Unidos y la Unión Europea seguían sin estar satisfechas y aspiraron a niveles aún mayores de protección.
Sin embargo, pronto se hizo evidente que no sería posible alcanzar esos niveles dentro de las organizaciones multilaterales pertinentes -la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- donde los países en desarrollo se resistían a reforzar la protección de la propiedad intelectual.
En este escenario, los países industrializados optaron por buscar esa mayor protección que exigían la industria farmacéutica y otros grupos a través de los tratados comerciales bilaterales o plurilaterales, en los cuales la posición de negociación de los países individuales es más débil, y las promesas de acceso al mercado, u otras ventajas comerciales reales o esperadas, hacen que los acuerdos de propiedad intelectual sean más viables.
Así, mientras que con el TRIPS las patentes están vigentes durante 20 años a partir de la fecha de su solicitud, los tratados de libre comercio (TLC) promovidos por Estados Unidos obligan a los países signatarios a ampliar el plazo para compensar las demoras “poco razonables” que superen cierto lapso en los trámites de aprobación de la comercialización de un medicamento, así como en el examen y la concesión de las solicitudes de patentes.
Los TLC también obligan, entre otras cosas, a la concesión de patentes según su “utilidad”, y no por su capacidad de aplicación industrial, y sobre todo, para garantizar la exclusividad en el mercado basada en la protección de la información de las pruebas necesarias para que se apruebe la comercialización de los fármacos, por lo general durante cinco años a partir de la fecha de esa aprobación en el país donde se solicita la protección.
Los TLC requieren igualmente socios para establecer un “vínculo” entre la aprobación de la comercialización de los medicamentos y las patentes, y así conceder a las empresas farmacéuticas los derechos que, en algunos de estos tratados, son más sólidos que aquellos existentes por la legislación de Estados Unidos.
Por ejemplo, un estudio concluyó que la extensión del plazo de las patentes generaría en Colombia un aumento de 329 millones de dólares en los gastos farmacéuticos y una reducción de siete por ciento en el consumo de fármacos en 2025.
Con respecto al posible impacto del TPP, un estudio realizado por investigadores de Australia y Estados Unidos calcula que, en Vietnam, el gobierno solo podría brindar terapia antirretroviral a 30 por ciento de quienes viven con VIH (virus de inmunodeficiencia humana), frente al actual 68 por ciento, ya que el costo anual del tratamiento por persona subiría de los 127 dólares actuales a 501 dólares con la propuesta de Washington.
El impacto negativo de las normas de estos TLC -conocidos como TRIPS+- en el acceso a los medicamentos se confirmó incluso en países industrializados que no son exportadores netos de derechos de propiedad intelectual, como Australia y Canadá. (IPS)
Carlos M. Correa es asesor especial sobre comercio y cuestiones de la propiedad intelectual del Centro del Sur.


original en http://agendaglobal.redtercermundo.org.uy/2015/10/22/el-tpp-y-los-farmacos/

miércoles, 24 de junio de 2015

El fantasma de los medicamentos de alto costo. Carlos Correa en la Fundación Femeba


Alberto Ferrari,ANSA, 24 de junio de 2015



Un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma de los medicamentos de alto costo que pueden destruir cualquier sistema de salud, público o privado. El fantasma también llegó a la Argentina donde ya afloran las presiones de los pacientes con Hepatitis C para que se apruebe el Sovaldi de Gilead, que en Estados Unidos tiene un costo de mil dólares la píldora o 84 mil dólares un tratamiento de doce semanas.

Medicamentos de alto costo fue el eje del debate “Patentamiento y Acceso a los Medicamentos de última Generación”, organizado por la Fundación Femeba, con la participación de Carlos Correa, economista y abogado, especialista en propiedad intelectual, que dirige el centro interdisciplinario CEIDIE de la Facultad de Derecho de la UBA, presentado por el ex ministro de Salud Aldo Neri (por la Coordinación de la Fundación).

“Los avances de la tecnología también pueden producir daños. Los gastos en medicamentos tienen una incidencia en Argentina mayor que en otros países”, afirmó Neri, al introducir en el debate.


El ex ministro de Salud de Raúl Alfonsín afirmó que “estamos clamando al cielo algún tipo de medida que no sean los parches judiciales, porque este problema (de los medicamentos de alto costo) lo termina resolviendo y mal, la justicia”.

Correa explicó que en realidad los regímenes de propiedad intelectual no trajeron “más innovación” como sostenía la industria multinacional, cuando reclamaba su sanción en la década del 90.



Por el contrario, la productividad de nuevas moléculas decayó y en Estados Unidos pasó de 43 en 1996 a un promedio de 24/25 por año en los últimos años.

“Hay de veinte a veinticinco nuevas moléculas por año, pero proliferan las patentes en torno a los ya conocidos”, comparó Correa.

El profesional afirmó que existe una gran “opacidad” en torno a los verdaderos gastos en investigación de los laboratorios, que aseguran que una nueva molécula puede demandar una inversión de dos mil a dos mil quinientos millones de dólares.

Sin embargo, el Sofosbuvir (Sovaldi) tiene un costo de 84 mil dólares en Estados Unidos (mil dólares la píldora), mientras que una versión genérica en India cuesta de dos a cinco dólares.

Brasil dispuso de una licencia obligatoria para el medicamento contra el sida efavirenz de Merck porque cotizaba a 1,59 dólares la unidad y la versión genérica se fabricó a un costo de 0,45 dólares, obteniendo el país un ahorro de 237 millones de dólares.

Correa sostuvo que la Ley de Patentes y el registro de nuevos medicamentos en Argentina tienen aspectos positivos, pues desde 2012 y en virtud de pautas fijadas por los ministerios de Salud, Industria y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) se impone un examen riguroso de la novedad inventiva.


Es así que en Argentina se han concedido un promedio de 30 patentes por año, mientras que en México el promedio es de dos mil anuales porque son más flexibles o menos exigentes, según como se mire.

Las leyes de patentes tampoco alcanzan para las aspiraciones monopólicas de las multinacionales y por eso Estados Unidos en la negociación de los tratados de libre comercio, como el TTP con los países del Pacífico, está exigiendo exclusividad de datos de prueba por 12 años para impedir que aparezcan competidores nativos.

También la UE que reconoce exclusividad de datos por diez y hasta once años, le está exigiendo algo similar a India para firmar un tratado de libre comercio. Médicos sin Frontera y otras entidades le han pedido al gobierno indio que no ceda a la presión porque desaparecería su industria de genéricos.

En Estados Unidos el primer biosimilar fue aprobado recién en marzo pasado. Se trata de la versión del Neupogen (filgrastrim) de Amgen, que fabrica Sandoz. Pero como era de esperar, Amgen recurrió a la justicia.

También en Argentina los laboratorios multinacionales están litigando contra Argentina por las pautas fijadas por Salud, Industria y el INPI para el patentamiento de nuevos productos desde 2012.

Al mismo tiempo, los criterios para el patentamiento de biosimilares “es una materia pendiente en Argentina”, señaló Correa: “Todavía no tenemos pautas precisas para examinar los biológicos. No se sabe cuando es una molécula nueva”, completó
.

viernes, 9 de noviembre de 2012

Carlos Correa: Hacia un nuevo modelo para la investigación farmacéutica

Hacia un nuevo modelo para la investigación farmacéutica
Carlos M. Correa
. Universidad de Buenos Aires, Monasterio 1138, Vicente López 1638, Argentina.
Correspondencia a Carlos M. Correa (e-mail: ceidie@derecho.uba.ar ).
Boletín de la Organización Mundial de la Salud 2012; 90:795-795A. doi: 10.2471/BLT.12.113712
A pesar de importantes inversiones en investigación y desarrollo (I + D) y la disponibilidad de poderosas herramientas científicas y tecnológicas, la innovación en la industria farmacéutica se ha reducido drásticamente en la última década. Además, la mayoría de las moléculas nuevas introducidas en el mercado no implican auténticas innovaciones terapéuticas o responde a aquellas enfermedades que prevalecen en los países en desarrollo. De mayor importancia si cabe, es que los precios aparejados a nuevos nuevos productos farmacéuticos no estan al alcance de aquellos con menos recursos y, cada vez más, tampoco para pacientes y sistemas de seguridad social, incluso en aquellos países con mayores niveles de desarrollo.
La falta de tratamientos adecuados para muchas de las enfermedades que afligen a los países en desarrollo da lugar a millones de muertes por año. 1 Los gobiernos tienen la responsabilidad de proporcionar soluciones efectivas a este problema. 2 Tienen un imperativo ético para hacerlo, sino también el deber de ver que el derecho a la salud, reconocido en el derecho internacional y de muchas constituciones nacionales, está garantizada.
El 26 de mayo de 2012, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución que podría marcar el comienzo de un cambio necesario en el modelo actual de la I + D. La resolución pide una reunión intergubernamental (prevista para noviembre de 2012) para examinar a fondo las propuestas formuladas en abril, en el informe del Grupo de Trabajo Consultivo de Expertos en Investigación y Desarrollo: Financiación y Coordinación (CEWG), 3 establecido por la Organización Mundial Asamblea de la Salud en 2010 bajo la Resolución WHA63.23. Estas propuestas incluyen enfoques abiertos a la I + D, fondos mancomunados, subvenciones directas a las empresas en los países en vías de desarrollo, premios por hitos y productos finales, y las piscinas de patentes. La principal recomendación del CEWG fue, sin embargo, de mayor alcance: para iniciar negociaciones multilaterales para la posible adopción de una convención vinculante para la I + D. 3 Esto es trascendental, ya que la única convención vinculante adoptado hasta el momento por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido el Convenio Marco para el Control del Tabaco. 2
El concepto de una nueva convención se basa en cuatro premisas principales. En primer lugar, la I + D actual modelo, basado en las patentes e investigaciones de mercado, no puede generar nuevas tecnologías de salud para hacer frente a los desafíos globales que surgen de las necesidades de salud existentes, en particular en los países en desarrollo. En segundo lugar, es fundamental no sólo para mejorar la innovación de los productos pertinentes, sino también para garantizar el acceso y la asequibilidad de productos por desvinculación de I + D los costes de los precios de los productos. En tercer lugar, la eficiencia de la investigación en salud se puede mejorar a través de un mejor seguimiento, establecimiento de prioridades y la coordinación internacional de la I + D. En cuarto lugar, la financiación voluntaria no puede ser la fuente principal o única de financiación, un modelo de financiación mejor, más sostenible y previsible que se necesita.
Los siguientes son algunos de los posibles objetivos de una convención vinculante según se detallan en el informe CEWG:
  • La mejora de la coordinación de la I + D pública y privada
  • mejorar la capacidad de innovación en los países en vías de desarrollo y transferencia de tecnología a esos países;
  • la generación de resultados de I + D como bienes públicos, de libre disposición para la investigación y la producción;
  • mejorar el establecimiento de prioridades sobre la base de las necesidades de salud pública de los países en vías de desarrollo y toma de decisiones a través de las estructuras de gobierno que sean transparentes y dar a los países en desarrollo una voz fuerte.
Sin embargo, los objetivos, elementos y mecanismos de un posible instrumento se definirá según el criterio de los gobiernos que eventualmente participan en un proceso de negociación. Por ejemplo, el informe del GTEC recomendó que todos los países de dedicar al menos el 0,01% de su producto interno bruto (PIB) a la I + D de interés para atender las necesidades sanitarias de los países en desarrollo. 3 Este es sin duda un objetivo deseable, sin embargo, será la decisión de los gobiernos, si las negociaciones sobre una convención que tendrá lugar, para determinar el nivel y el tipo de contribuciones que debe hacer. Existe una amplia gama de opciones, como el gasto en I + D interna o contribuir a los programas de un mecanismo de financiación acordado internacionalmente. Por lo tanto, los porcentajes recomendados por el CEWG no debe ser considerado como un "lo tomas o lo dejas" opción, ni deben ser una razón para que los países con un PIB grande para temer que la convención propuesta implicaría contribuciones financieras extraordinariamente grandes.
El objetivo fundamental de la propuesta de convenio es poner en marcha un nuevo modelo de I + D que conduzca a una reducción de I + D los costes y aumentar la innovación a través de un método más centrado, la agenda de investigación en salud basada en y mediante un mejor control de cooperación, y el intercambio de resultados de investigación . Esto daría lugar, a su vez, mucho más asequibles y tratamientos accesibles. Aunque este modelo probablemente va a generar, en particular, los productos nuevos dirigidos a las necesidades de salud desatendidas de los países en desarrollo, puede ayudar a mitigar el impacto de los altos precios de los medicamentos en estirados presupuestos de salud pública en los países desarrollados.
La elaboración y adopción de un mecanismo internacional capaz de ofrecer nuevos tratamientos y asequible es un hito. A través de este mecanismo, la OMS Los Estados miembros tienen una oportunidad sin precedentes para contribuir a "alcanzar para todos los pueblos del más alto nivel posible de salud". 4
Agradecimientos
El autor mencionado es el único responsable de las opiniones expresadas en esta publicación.
Referencias
  • Medición de precios de los medicamentos, la disponibilidad, la asequibilidad y componentes del precio. 2 ª ed. Ginebra, Organización Mundial de la Salud y la Acción de la Salud; 2008. Disponible en: http://www.who.int/medicines/areas/access/medicines_prices08 [consultado el 4 de octubre de 2012].
  • Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2003. Disponible en: http://www.who.int/fctc/text_download [consultado el 4 de octubre de 2012].
  • Grupo Consultivo de Trabajo de Expertos en Investigación y Desarrollo. . Financiación y Coordinación de la Investigación y desarrollo para satisfacer las necesidades de salud de los países en desarrollo: el fortalecimiento de la financiación global y la coordinación. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2012. Disponible en: http://www.who.int/phi/CEWG_Report_5_April_2012.pdf [consultado el 4 de octubre de 2012].
  • Constitución de la OMS. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1946. Disponible en: http://www.who.int/governance/eb/constitutionl [consultado el 4 de octubre de 2012]
Link original http://www.who.int/bulletin/volumes/90/11/12-113712/en/index.html

jueves, 17 de mayo de 2012

México: Reducen genéricos el precio de 10 fármacos del sector público en 70%

- El ahorro para pacientes e instituciones de salud será de $10 mil 300 millones: Chertorivski

- De octubre a la fecha se cuenta con 120 nuevos productos correspondientes a 14 sustancias

Ángeles Cruz Martínez,  La Jornada (México) 16-05-12
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/16/sociedad/047n1soc

De octubre a la fecha se redujo el precio de 10 medicamentos en 50 por ciento en el sector privado y 70 por ciento en el público, sólo por la incorporación de genéricos, aseguró Mikel Arriola, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Con ello, avaló los señalamientos de especialistas internacionales que plantearon la necesidad de garantizar el equilibrio en la industria farmacéutica entre productores nacionales y trasnacionales, e impedir que con argumentos sobre protección a la propiedad industrial y al amparo de tratados comerciales se obstaculice el acceso a productos de calidad y bajo costo.


En entrevista, luego de la inauguración de la 38 asamblea de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar), afirmó que en Cofepris no hacemos política industrial, sino una encaminada a lograr que estén disponibles para los mexicanos los medicamentos de mayor innovación y mejor precio. Por eso, trabajamos para eliminar cualquier barrera de entrada al mercado.


Con base en la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud, la comisión garantiza el respeto a los derechos de propiedad industrial (patentes) cuando se refieren a la sustancia activa. Una vez que vence dicha protección, aplica la estrategia de facilitar la incorporación al mercado de las formulaciones genéricas, indicó, y a la vez aseguró que para la Cofepris no rigen pretendidos derechos sobre manufactura, dosis, aplicaciones u otras para detener nuevos registros sanitarios de genéricos.


Sobre el tema, el secretario de Salud, Salomón Chertorivski, resaltó que la política farmacéutica nacional tiene entre sus ejes mejorar el acceso a las medicinas. De ahí la estrategia de acelerar la liberación de registros sanitarios; de octubre a la fecha suman 120 nuevos productos correspondientes a 14 sustancias diferentes, con las cuales se atiende a 60 por ciento de las causas de mortalidad en el país.


El ahorro para los pacientes y las instituciones públicas de salud ascenderá a 10 mil 300 millones de pesos en los próximos cuatro años. En los pasados siete meses, comentó Arriola, sólo con esta medida, la presencia de medicamentos genéricos se incrementó 50 por ciento en el mercado privado y 70 por ciento en instituciones públicas.


Durante la asamblea, organizada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), Carlos Correa, experto en derecho industrial y economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, comentó sobre los obstáculos que representan para la competencia y el acceso a medicamentos los candados que se imponen a los países mediante los tratados de libre comercio, en beneficio únicamente de los fabricantes de fórmulas innovadoras, protegidas por patentes.


Dagoberto Cortés, presidente de Anafam, advirtió que a las trasnacionales les resultan muy atractivos los países de América Latina, cuya economía es considerada la tercera del mundo. En esta región vivían 577 millones de habitantes en 2010 y la expectativa para los próximos 40 años es que la cifra aumente a 800 millones de individuos.


El empresario se pronunció a favor de la innovación y sus beneficios, pero también, dijo, se debe favorecer el desarrollo tecnológico y el crecimiento de las empresas nacionales.