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viernes, 18 de agosto de 2017

Colombia: Farmacéutica Claudia Vaca única mujer en el comité para elegir los magistrados de la JEP



 

Algunos han criticado que esta química farmacéutica haga parte del Comité de Escogencia de los 51 magistrados del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación. ¿Cómo llegó ahí y por qué es su presencia es útil?
Según una columna de la periodista María Isabel Rueda publicada en El Tiempo, habría dado lo mismo tener a Claudia Vaca o a un call center en el proceso de selección de los 51 magistrados que harán parte de la Justicia Especial para la Paz. La columnista describe a esta química farmacéutica, miembro del Comité de Escogencia, como una mujer de una “simplicidad total” y una “inocencia pueril”. Y se pregunta cómo diablos se les ocurrió elegir alguien que no es abogado para semejante responsabilidad.
Quien no había escuchado mencionar el nombre de Claudia Vaca antes de leer esta columna (seguramente millones de colombianos porque la profesora Vaca no es un personaje que acapara la prensa: no es ni actriz ni cantante ni política ni polémica), quedó con la sensación de que esta mujer “simple” e “inocente” llegó al Comité de Escogencia por puro azar. O por de buenas. O por de malas el resto de colombianos.
En cambio, quienes le hicimos seguimiento al sistema de salud en la última década, y quienes siendo periodistas fuimos testigos del drama de tantos enfermos que no podían acceder a medicamentos porque eran impagables (durante años en Colombia reinó la falta de regulación y las farmacéuticas fijaban los precios a su antojo), sabemos que las palabras de esta columnista son engañosas y malintencionadas. Sobre todo porque ridiculiza y minimiza a Vaca, y es incapaz de reconocer el peso y el valor de otra mujer. De la única mujer que nos representa en ese Comité. Y de las pocas incluidas en las instancias creadas en desarrollo del Acuerdo de Paz: de las 41 personas nombradas hasta ahora sólo 6 son mujeres, exceptuando la Instancia Especial para garantizar el Enfoque de Género, que desde un comienzo se sabía que estaría conformada sólo por mujeres.
¿Sabrá la columnista que Claudia Vaca se enfrentó y le ganó la pelea a uno de los gremios más poderosos del mundo: las multinacionales farmacéuticas? Con su equipo del Ministerio de Salud, en el 2014 la profesora Vaca sacó adelante un decreto que le dio vía libre a la regulación de medicamentos biotecnológicos en el país. Eso significó la disminución de los precios excesivos de muchos fármacos, ya que entraron los genéricos a la competencia. Esa política representó un ahorro de unos $300.000 millones de pesos para el país y le permitió a los pacientes acceder a medicamentos que tenían precios descomunales.
Esa hazaña, y otras más encaminadas a lo mismo: a regular el precio de los fármacos, llevó a que Claudia Vaca fuera reconocida por el diario El Espectador y la revista Semana como uno de los personajes del año 2014. Y además, se convirtió en un referente internacional en políticas farmacéuticas, como me dijo el ministro de Salud Alejandro Gaviria. “Ella es un buen ejemplo de cómo la academia puede tener un impacto en el diseño de políticas públicas (…) Nadie puede decir que Claudia no es una persona seria. Tiene en cuenta todas las dimensiones; tiene el bagaje que se necesita para tomar decisiones en el Estado”.
Claudia Vaca llegó al Comité de Escogencia de los funcionarios del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, cuando ya estaban seleccionados cuatro hombres (todos abogados) y ONU Mujeres había advertido que sería muy grave no tener representación femenina en ese grupo. La eligieron los rectores de las universidades públicas porque, como explicó en La Silla Vacía el rector de la Universidad Pedagógica Adolfo Atehortúa, “había fundamentalmente juristas, y (como) estamos ante un tipo de justicia alternativa y diferente, se pensó en nombrar a alguien con distintas competencias”.
Es decir, porque Vaca representa una voz externa y diferente al Derecho, algo que muchos académicos han defendido para que el derecho y el sistema judicial sea sensible ante otras visiones. Esta teoría se la escuché por primera vez a Rodrigo Uprimny, con quien trabajo, y cuando volví a preguntarle me dio ejemplos de otros casos en los que sucede lo mismo: en el juicio por jurado en algunos países los jurados están integrados por ciudadanos de a pie; o en ciertos países existen los tribunales escabinados que son de composición mixta (una parte abogados y otra parte de no abogados); o la mayoría de comités de la ONU que no están integrados principalmente por abogados. En el comité al que Uprimny pertenece (el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) sólo 8 de sus 18 integrantes son abogados.
El exrector de la Universidad Nacional Moises Wasserman, con quien también hablé, me puso un ejemplo similar después de referirse a la profesora Vaca como una mujer “responsable, dedicada y con una posición muy social de su disciplina”. Señaló que en los comités de ética en Colombia, por norma, se exige que sus integrantes no sean sólo científicos, es decir, que haya presencia de personas que no son profesionales en el campo porque sirven de guía para tener otras perspectivas, para salirse del ensimismamiento.
Por eso un call center, sin duda, no sería suficiente para darle al Comité de Escogencia la mirada diferente, rigurosa, experta y social que le está aportando Claudia Vaca.


http://colombia2020.elespectador.com/opinion/claudia-vaca-una-voz-esencial-en-la-eleccion-de-los-magistrados-de-la-jep

jueves, 18 de mayo de 2017

La vida tiene precio:


Farmacéuticas multinacionales deciden el acceso a la salud en América Latina

El Universal , México. 17 de mayo de 2017

Por Fabiola Torres López, Iván Herrera y Mayté Ciriaco
Con el apoyo de David Hidalgo y Álvaro Meneses en Lima, la Unidad de Datos de El Tiempo en Bogotá, Catalina Oquendo en Buenos Aires, Carmen Quintela en Ciudad de Guatemala y Daniela Guazo en Ciudad de México.
El pasado 6 de diciembre, cuando la onda expansiva del caso Lava jato golpeaba a toda América Latina, uno de los últimos episodios de la guerra que enfrenta a las farmacéuticas con los Estados y los pacientes pasó inadvertido en el auditorio de un lujoso hotel de la ciudad de Panamá. Después de dos años de gestiones, delegados de una coalición de organizaciones civiles de seis países consiguieron un espacio en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar un problema por el que está en riesgo la vida de millones de personas: el actual sistema de patentes como principal obstáculo para el acceso a medicamentos contra enfermedades graves como el virus del Sida, el cáncer y la hepatitis C. Fue la primera vez que un grupo de oradores de Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, México y Brasil expuso ante este foro que las reglas de propiedad intelectual permiten a los grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de las medicinas.
“Las multinacionales farmacéuticas tienen el control de un sistema que impide extender los medicamentos a todos los que los necesitan.”, dice Germán Holguín, director de Misión Salud, la fundación colombiana que tomó la iniciativa de solicitar la audiencia. “Más de 700 mil personas mueren al año en la región por causas que pudieron evitarse”, precisa este abogado y economista caleño que estudia desde hace quince años el comportamiento de la industria farmacéutica.
Holguín está convencido de que existen todas las condiciones para calificar la conducta de los laboratorios que bloquean el acceso a las medicinas genéricas como un crimen de lesa humanidad juzgable por la Corte Penal Internacional.
“Estamos frente a un drama de gigantescas proporciones”, advierte.
Su preocupación coincide con las conclusiones del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de las Naciones Unidas, que en su último reporte del 2016 ubica como un problema central: “las incoherencias entre las reglas de comercio y de propiedad intelectual con los objetivos de la salud pública y los derechos humanos”.
En este contexto, Ojo-publico.com ha realizado una investigación en alianza con periodistas de Argentina, Colombia, Guatemala, México y Venezuela, que revela las presiones de las compañías farmacéuticas sobre los Estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de interés, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. El resultado ofrece un panorama de prácticas cuestionadas que explica las dificultades del acceso a las medicinas costosas para personas vulnerables a lo largo de América Latina.



El dinero o la vida


Uno de los más visibles detractores del comportamiento de las grandes farmacéuticas es el ex presidente colombiano Ernesto Samper. En 1989, tras sufrir un atentado que casi le cuesta la vida, Samper fue sometido a una trasfusión de sangre que le contagió la hepatitis C. Durante un año y medio, se sometió al tratamiento convencional, tan agresivo como una quimioterapia, sin éxito. La cura solo llegó tiempo después por medio del sofosbuvir, un fármaco del laboratorio estadounidense Gilead Sciences, que salió al mercado en el 2014 con la marca Sovaldi, y por el que su seguro médico pagó 84 mil dólares. La experiencia le hizo descubrir en carne propia el drama de los pacientes que requieren medicinas de alto costo.

“Cuando uno se pone a averiguar cómo un tratamiento puede valer mil dólares la píldora, si el costo de elaborarla vale menos de mil, le dan respuestas como: ‘Eso es lo que vale un hígado’. Como quien dice: ‘Su vida vale 84 mil dólares’”, cuenta el expresidente en una entrevista para esta investigación.
Hasta enero último Samper fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Allí descubrió que el tema era mucho más complejo.
“Cuando ya estaba curado, llegaron a mi oficina –en la secretaría de Unasur– los mismos (representantes) del laboratorio Gilead para proponer un acuerdo que permitiría cubrir el tratamiento completo por 6.400 dólares”, relata Samper. “Yo dije: ‘Perfecto, pero me van girando los 78 mil que me robaron’. Porque, ¿cómo pueden rebajar un tratamiento de 84 mil a 6 mil? Tienen que estarlo produciendo más barato”, recuerda el expresidente.

Precios tan altos como el fijado a Sovaldi son impuestos al amparo de patentes de veinte años, que a menudo se justifican con la presunta necesidad de cubrir los costos de investigación y desarrollo. Sin embargo, Gilead Sciences, la titular de las patentes de sofosbuvir, no inventó este medicamento: lo compró. Para ser más precisos, adquirió la compañía que lo había creado: Pharmasset, una pequeña firma biotecnológica con base en New Jersey. Y por si eso fuera poco, ahora se sabe que el precio de venta de sofosbuvir supera, en promedio, más de 800 veces el costo de su producción: un estudio de la Universidad de Liverpool concluyó que el tratamiento de 12 semanas con esta pastilla puede fabricarse a un costo que oscila entre 68 y 136 dólares.
El problema está en que pocos gobiernos ponen contrapeso a los abusos de las farmacéuticas a través de un recurso legal que tienen a su disposición para proteger la salud pública: las licencias obligatorias. Se trata de autorizaciones, concedidas a algún laboratorio, para elaborar productos que de ordinario no podría fabricar por estar protegidos con patentes. Este mecanismo está reconocido en el propio Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, vigente desde 1995, y la Declaración de Doha, suscrita en el 2001 por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.


Una base de datos de las licencias obligatorias, elaborada como parte de la investigación de The Big Pharma Project, revela que entre 1960 y 2016 solo catorce países recurrieron a este mecanismo que en 44 casos llevó a la reducción de precios de medicamentos bajo monopolio de doce farmacéuticas. Estos casos involucraron productos de GlaxoSmithKline, Abbott, Merck Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences y Pfizer. La amplia mayoría de fármacos liberados de patente corresponde a antirretrovirales, tratamiento indispensable para mantener con vida a los pacientes con VIH, pero también hubo licencias para medicinas contra el cáncer, la artritis reumatoide, la hepatitis B, la diabetes y otras enfermedades.
En la lista de países que otorgaron licencias obligatorias aparecen solamente dos latinoamericanos: Brasil y Ecuador. El primero, que cuenta con una sólida industria farmacéutica nacional, usó este recurso en el 2001 para abaratar el costo del antirretroviral Efavirenz, que estaba bajo el control monopólico de Merck Sharp & Dohme. El segundo ha concedido diez licencias obligatorias y ha apostado por robustecer su industria farmacéutica al fundar la compañía pública Enfarma, orientada a la producción de genéricos. De hecho, en el 2009, el mismo año en que se creó Enfarma, el Gobierno de Ecuador emitió el decreto ejecutivo que declara de interés público el acceso a los medicamentos empleados para el tratamiento de las enfermedades que afectan a la población del país.
Ecuador comparte con Indonesia el récord de licencias obligatorias en el mundo. El gobierno de Rafael Correa liberó de patentes seis antirretrovirales que estaban en manos de los laboratorios Abbott y GlaxoSmithKline; dos medicamentos contra la artritis, que monopolizaban Merck Sharp & Dohme y UCB Pharma; un oncológico de Pfizer y un fármaco usado en trasplantes renales fabricado por Syntex.
Para sorpresa de muchos, la lista incluye a Estados Unidos, que en 1960 fue el primer país que concedió una licencia obligatoria. Ahora se opone a su uso en América Latina para proteger los intereses comerciales de las farmacéuticas de capitales estadounidenses. Las licencias obligatorias también han sido otorgadas por Italia (en tres ocasiones), Eritrea, Ghana, India, Malasia, Mozambique, Tailandia, Zambia y Zimbabue.
Lo que ha quedado claro es que en ninguno de estos casos se cumplieron las apocalípticas advertencias de los representantes diplomáticos de Estados Unidos y de las multinacionales farmacéuticas sobre inminentes sanciones comerciales o políticas para los países que aplicaran la medida. No obstante esa evidencia, el lobby diplomático y político que mueve esta industria acaba de frenar estos procesos en Colombia y Perú con los mismos argumentos.


jueves, 17 de noviembre de 2016

Unasur busca equilibrar precios de las medicinas

 17 de noviembre de 2016


La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) está acabando de definir el Banco de Precios de Medicamentos, una iniciativa de la agenda de salud de la región que pretende favorecer el acceso a los tratamientos y equilibrar precios y que debe entrar en funcionamiento el año que viene. En un acto en Río de Janeiro, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, aseguró que este instrumento “permitirá a los países miembros comprar al mejor precio y sin caer en engaños", y resaltó la importancia que debe tener en una región donde el 30 por ciento del gasto en sanidad es para la compra de medicinas. 

El proyecto incluye la publicación de los precios de listas de medicamentos en los distintos países, la compra conjunta de productos y la producción de genéricos. La UNASUR asegura que un mismo medicamento puede tener un precio de hasta diez o doce veces más caro de un país a otro. Inicialmente, la lista tendrá 34 productos, entre los que figuran tratamientos para enfermedades como el VIH y la hepatitis C. Sin embargo, se espera que a finales de 2016 haya unos 60 medicamentos en el banco. 

El titular de UNASUR, integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, señaló que los estudios realizados antes de la creación del banco indicaron que un mismo medicamento puede tener precios que varían de hasta 10 o 12 veces de un país a otro sin justificación. 

No es la primera vez que esta entidad trasnacional pone el foco en la compra de medicamentos. En mayo de este año, junto con los países miembros del MERCOSUR, se comenzó una negociación conjunta con laboratorios farmacéuticos para la compra de medicamentos de alto costo vinculados a tratamientos contra el cáncer, informó el fin de semana el ministro de Salud Pública (MSP) de Uruguay, Jorge Basso. 

“La posibilidad de contar con distintas herramientas de negociación con la industria, a partir de esta articulación con países de la región, es una muy buena noticia y es un mecanismo que, si logramos que se consolide, nos da perspectivas importantes para seguir ajustando la incorporación de medicamentos de última generación”, dijo Basso.

jueves, 29 de septiembre de 2016

Colombia, la ONU y el caso de Glivec


Tatiana Andia,

El Espectador, 28  de septiembre de 2016

Tatiana Andia 

 

La ONU destacó a Colombia como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes.

Colombia vuelve a ser protagonista en el drama global sobre el acceso a medicamentos. El pasado 14 de septiembre el Panel de Alto Nivel convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) sobre Acceso a los Medicamentos emitió su informe final sobre innovación y acceso a medicamentos. Gracias al ya afamado caso del Glivec (imatinib) de Novartis, Colombia  es destacada en el informe como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes. El informe además condena las amenazas de retaliación que Colombia recibió de países desarrollados por intentar romper la patente de Glivec.

El informe del Panel de la ONU sacó callo y fue vehementemente criticado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la industria farmacéutica internacional (IFPMA), quienes lo consideraron sesgado y “fundamentalmente errado”. Esto no debe sorprendernos, ya que para las compañías farmacéuticas la protección de sus patentes constituye una causa tan justa como la defensa de los derechos fundamentales de los individuos. Para la industria farmacéutica y los gobiernos que la respaldan,  el hecho de que el informe del panel de la ONU celebre a países como Colombia y Tailandia, los cuales violan sistemáticamente los derechos de las compañías de medicamentos, es como si la Corte Penal Internacional emitiera un comunicado elogiando al régimen sirio y a Bashar al-Assad.

Pero, poniéndonos sarcásticamente por un momento en los zapatos de la industria, ¿cuáles son los derechos de las empresas de medicamentos que Colombia estaría vulnerando en el caso Glivec?

Son básicamente tres:
En primer lugar  está el derecho de la industria farmacéutica a la participación en la política pública de una nación soberana. Este derecho fue vulnerado el mismo día en que se hizo público el informe de la ONU, cuando el Ministro de Salud Alejandro Gaviria anunció que la declaratoria de interés público para el Glivec se mantenía en firme. En respuesta Novartis emitió un comunicado de prensa en el que “rechaza categóricamente la decisión… ya que no se da en el marco de una crisis de salud pública generada por Glivec” (o al menos lo que Novartis interpreta como una crisis de salud pública).

En segundo lugar está el derecho de la industria a la libre determinación del precio. Este derecho fue vulnerado la semana pasada, cuando la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos sometió a consulta pública una resolución que contenía la metodología para regular el precio del Glivec y reducirlo en más de un 40%. Ante tal afrenta AFIDRO no tuvo más remedio que enviar un comunicado y sendas cartas cuestionando “la imparcialidad del Minsalud en el caso Glivec”. El informe del panel de la ONU empeora la situación al sugerir que los precios de las tecnologías no respondan a los costos de investigación y desarrollo sino a las necesidades y capacidad de pago de la población.

En tercer lugar está el derecho a guardar silencio. En el caso del Glivec las negociaciones de precio que habrían evitado la declaratoria de interés público,  y que de paso les habrían ahorrado dolores de cabeza a todos los involucrados, se frustraron porque el Ministerio exigió transparencia absoluta en el proceso de negociación. El informe de la ONU, en la misma línea, hace un llamado a que la industria farmacéutica haga transparente la forma en la que define los precios de todos sus productos.

A lo mejor son muchos más los derechos de la industria farmacéutica que han sido comprometidos por el panel de la ONU y por el Ministerio de Salud colombiano. Lo cierto es que esa supesta violación a los derechos de las empresas de medicamentos es justificada. Hoy los colombianos contamos con una declaratoria de interés público para el Glivec, la cual es el resultado de un proceso largo, arduo y transparente. Pronto tendremos un precio más justo para este importante medicamento, el cual favorecerá tanto a los pacientes con cáncer como a las finanzas del sistema de salud. Se trata de medidas que promueven el interés general y la salud pública pero que, aunque parezca descabellado, han sido interpretadas por la industria farmacéutica como violaciones a sus derechos fundamentales.


domingo, 25 de septiembre de 2016

Transnacionales avanzan hacia una “Patente Regional” para acelerar sus monopolio

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Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay se han unido bajo la tuetela de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y prosiguen con las directivas para  avanzar hacia una Patente Regional.
 
En la ciudad colombiana de Santa Marta, se reunieron los representantes de las Oficinas de Propiedad Industrial de estos países  y en el marco del Sistema de Cooperación en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL, se realizó una declaración conjunta que inició el Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH).
 
El Programa acelera el procedimiento de examen de patentabilidad de las Oficinas y reduce costos asociados al mismo evitando dobles esfuerzos de búsquedas y exámenes de patentes en paralelo, acelerando tiempos de tramitación”, aseguran sus promotores.
Según el anuncio, otra de las innovaciones de este acuerdo será la posibilidad de usar el producto del trabajo internacional PCT que elabore el INPI de Brasil y el INAPI de Chile, como oficinas ISA/IPEA, para beneficiarse del examen acelerado de patente en un país del PROSUR.
Expertos en propiedad intelectual consideran que mediante este procedimiento, las oficinas de cada país darán por válidas las patentes que se concedan en otro país y que ingrese desde las principales economías del mundo, creando un peligroso dispositivo de concesión masiva de patentes extranjeras que bloquearían nuevas tecnologías mediante la saturación de presentaciones de solicitudes de empresas transnacionales.
Los integrantes del PROSUR, una iniciativa tutela por la OMPI, supone según sus miembros facilitar y unificar varios procedimientos para patentar invenciones en la región, que en su mayor porcentaje corresponde a empresas de Estados Unidosy Unión Europea junto a Japón y Canadá.
Las oficinas aseguran que la implementación del acuerdo se hará conforme a las guías preparadas por parte de las Oficinas de Propiedad Industrial que establecen los requisitos, condiciones y procedimientos para participar en el Programa Piloto PPH, el cual estará a prueba por un periodo de tres años.
Bajo el argumento de promover la innovación se oculta el verdadero motivo de este acuerdo regional: otorgar monopolios de patentes por más de 20 años a empresas farmacéuticas y semilleras.
Las guías que le dan operatividad a este programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) estarán disponibles en las Oficinas de Propiedad Industrial respectivas, junto con los instrumentos necesarios para su utilización.
 
original

lunes, 1 de agosto de 2016

El debate de la regulación de medicamentos biotecnológicos: Colombia en el contexto internacional



Alejandro Gaviría, Claudia Patricia Vaca González, Carolina Gómez Muñoz y Álvaro Andrés Morales
 

 Rev Panam Salud Publica, 30 de julio de 2016

Resumen
En septiembre de 2014, Colombia emitió su norma para la evaluación de los medicamentos biológicos en el marco del proceso de autorización de comercialización. La aproximación colombiana incluye de manera explícita una ruta abreviada para la evaluación de los biológicos competidores que generó una gran polémica a nivel nacional e internacional. En el presente artículo se explica el contexto que justifica la necesidad de adoptar la aproximación abreviada, se analiza de manera crítica la comparabilidad como paradigma para la evaluación de los biogenéricos y se evidencia que la posición de Colombia no es aislada y está basada en tendencias regulatorias globales

el trabajo completo disponible en 
Gaviria A, Vaca González CP, Muñoz CG, Morales AA. El debate de la regulación de medicamentos biotecnológicos: Colombia en el contexto mundial. Rev Panam Salud Publica. 2016;40(1):40–47

sábado, 30 de julio de 2016

Medicamentos: La lucha de los pueblos contra el Goliat de las multinacionales

Bajar el precio de los medicamentos

Laia Altarriba, Viento Sur, 30 de julio de 2016




Un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan elevado que tienen.

Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.

El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2, experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos, excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.

De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece que deben estar “disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y para la comunidad“. Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la hepatitis C.

Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos expertos cuestionan que sea realmente relevantes.

Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes.


La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®


Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.

Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.

La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.

Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales. El documental “El medicamento, un derecho secuestrado” /4, recoge esta lucha.

Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.

El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis

La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso, además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional. Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.

Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud de las personas ha sido muy positivo.

Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo. En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D, que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso Novartis y que explica el documental “India, la farmacia del mundo”/5. Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.

Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales, mientras que el Glivec® costaba 3 630.

Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes. Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han denegado una y otra vez su petición de patentar el producto, argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de Novartis.

Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a aplicar legislaciones similares.

Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados

“¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden salvar vidas“. Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y prácticamente ningún efecto secundario.

Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta, que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses, en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta 797 euros.

Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace con cada gobierno.

Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida.
El poder de la población vs el poder de las multinacionales


Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot, alerta de que “se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial”. En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado 20 años en la OMS: “La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública” /8.

Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9. Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016
Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi

nota original http://vientosur.info/spip.php?article11562

Notas:
1/. http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs
2/. http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion-
3/. http://web.ifarma.org/
4/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
5/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
6/. http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/
7/. http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html
8/. http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html
9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html
http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
Bajar el precio de los medicamentos
La lucha de los pueblos contra el goliat de las multinacionales
30/07/2016 | Laia Altarriba
Un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2, experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos, excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece que deben estar "disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y para la comunidad". Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes.
La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales. El documental "El medicamento, un derecho secuestrado" /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.
El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso, además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional. Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo. En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D, que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso Novartis y que explica el documental "India, la farmacia del mundo"/5. Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales, mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes. Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han denegado una y otra vez su petición de patentar el producto, argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a aplicar legislaciones similares.
Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
"¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden salvar vidas". Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta, que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses, en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta 797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida.
El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot, alerta de que "se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial". En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado 20 años en la OMS: "La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública" /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9. Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016
Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
Notas:
1/. http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs
2/. http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion-
3/. http://web.ifarma.org/
4/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
5/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
6/. http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/
7/. http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html
8/. http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html
9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html
http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
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Bajar el precio de los medicamentos
La lucha de los pueblos contra el goliat de las multinacionales
30/07/2016 | Laia Altarriba
Un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2, experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos, excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece que deben estar "disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y para la comunidad". Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes.
La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales. El documental "El medicamento, un derecho secuestrado" /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.
El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso, además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional. Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo. En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D, que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso Novartis y que explica el documental "India, la farmacia del mundo"/5. Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales, mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes. Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han denegado una y otra vez su petición de patentar el producto, argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a aplicar legislaciones similares.
Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
"¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden salvar vidas". Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta, que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses, en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta 797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida.
El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot, alerta de que "se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial". En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado 20 años en la OMS: "La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública" /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9. Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016
Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
Notas:
1/. http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs
2/. http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion-
3/. http://web.ifarma.org/
4/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
5/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
6/. http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/
7/. http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html
8/. http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html
9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html
http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
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Bajar el precio de los medicamentos
La lucha de los pueblos contra el goliat de las multinacionales
30/07/2016 | Laia Altarriba
Un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2, experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos, excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece que deben estar "disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y para la comunidad". Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes.
La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales. El documental "El medicamento, un derecho secuestrado" /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.
El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso, además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional. Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo. En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D, que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso Novartis y que explica el documental "India, la farmacia del mundo"/5. Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales, mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes. Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han denegado una y otra vez su petición de patentar el producto, argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a aplicar legislaciones similares.
Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
"¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden salvar vidas". Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta, que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses, en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta 797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida.
El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot, alerta de que "se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial". En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado 20 años en la OMS: "La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública" /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9. Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016
Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
Notas:
1/. http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs
2/. http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion-
3/. http://web.ifarma.org/
4/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
5/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
6/. http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/
7/. http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html
8/. http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html
9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html
http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
- See more at: http://vientosur.info/spip.php?article11562#sthash.HidyOenP.dpuf