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miércoles, 21 de diciembre de 2016

Colombia. Glivec: medicamento para el cáncer, ahora es más barato


Por: Redacción Salud, El Espectador,  21 dicembre de 2016

Hoy el Gobierno fijó un nuevo precio para este medicamento prescrito para tratar el cáncer. La reducción del valor es de 44% con respecto a los 368 pesos por miligramo anteriormente autorizados.



Foto: Wikimedia - creative commons 


En 2014 el Centro de Información de Medicamentos de la U. Nacional, la Fundación Ifarma y Misión Salud solicitaron una declaratoria de interés público.

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos anunció que el precio máximo de venta para farmacéuticas y presentaciones comerciales del medicamento Glivec, medicina para tratar pacientes con leucemia, tumores gastrointestinales, entre otros, será de 206,42 pesos por miligramo. La decisión de la Comisión se dio luego de que en noviembre de 2016 el medicamento fuera declarado de interés público en el país.

La iniciativa surgió por primera vez en 2014 cuando el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional (CIMUN), la Fundación Ifarma y Misión Salud, en representación de la sociedad civil, solicitaron una declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria para que ingresaran competidores genéricos de este medicamento al mercado.

Este anuncio que decreta el Glivec o imatinib de interés público, es el primero que se hace en el país, convirtiendo a Colombia en una pionera de las declaratorias de esta índole para fármacos contra el cáncer. Para tomar la decisión, la Comisión siguió una metodología que consiste en revisar en qué países, de los 17 que Colombia tiene como referencia en temas de salud, existe un mercado de competencia entre la molécula original y los genéricos, y a partir de esta selección tomar el menor precio promedio encontrado en la muestra.

El proyecto que fija el precio definitivo en 206,42 pesos por miligramo fue sometido a consulta pública hasta el 5 de diciembre. En una sesión virtual de la Comisión, que se llevó a cabo el 14 y 15 de diciembre, fue aprobado por unanimidad y suscrito por los comisionados (un delegado de la Presidencia de la República y los ministros de Salud y Comercio).

Con esta nueva reforma, el laboratorio Novartis –titular de la patente de Glivec– podrá mantener el monopolio en el mercado pero con un precio regulado que simula unas condiciones de competencia entre la molécula original y sus genéricas.

Sin embargo, según declaró Novartis en un comunicado, el laboratorio interpondrá una acción de nulidad sobre este medida, ya que desde su punto de vista no hay monopolio ni problemas de acceso al fármaco en Colombia.“El impacto financiero de la Declaración de Interés Público de Glivec no es nuestra principal motivación para presentar esta Acción de Nulidad, pues el derecho de patente de Glivec en el país vence en el 2018. Más que este caso puntual, nos preocupan las repercusiones que esta declaratoria injustificada podría tener para todo el sistema de propiedad intelectual y para el futuro de los medicamentos innovadores”, afirma el laboratorio.


jueves, 29 de septiembre de 2016

Colombia, la ONU y el caso de Glivec


Tatiana Andia,

El Espectador, 28  de septiembre de 2016

Tatiana Andia 

 

La ONU destacó a Colombia como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes.

Colombia vuelve a ser protagonista en el drama global sobre el acceso a medicamentos. El pasado 14 de septiembre el Panel de Alto Nivel convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) sobre Acceso a los Medicamentos emitió su informe final sobre innovación y acceso a medicamentos. Gracias al ya afamado caso del Glivec (imatinib) de Novartis, Colombia  es destacada en el informe como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes. El informe además condena las amenazas de retaliación que Colombia recibió de países desarrollados por intentar romper la patente de Glivec.

El informe del Panel de la ONU sacó callo y fue vehementemente criticado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la industria farmacéutica internacional (IFPMA), quienes lo consideraron sesgado y “fundamentalmente errado”. Esto no debe sorprendernos, ya que para las compañías farmacéuticas la protección de sus patentes constituye una causa tan justa como la defensa de los derechos fundamentales de los individuos. Para la industria farmacéutica y los gobiernos que la respaldan,  el hecho de que el informe del panel de la ONU celebre a países como Colombia y Tailandia, los cuales violan sistemáticamente los derechos de las compañías de medicamentos, es como si la Corte Penal Internacional emitiera un comunicado elogiando al régimen sirio y a Bashar al-Assad.

Pero, poniéndonos sarcásticamente por un momento en los zapatos de la industria, ¿cuáles son los derechos de las empresas de medicamentos que Colombia estaría vulnerando en el caso Glivec?

Son básicamente tres:
En primer lugar  está el derecho de la industria farmacéutica a la participación en la política pública de una nación soberana. Este derecho fue vulnerado el mismo día en que se hizo público el informe de la ONU, cuando el Ministro de Salud Alejandro Gaviria anunció que la declaratoria de interés público para el Glivec se mantenía en firme. En respuesta Novartis emitió un comunicado de prensa en el que “rechaza categóricamente la decisión… ya que no se da en el marco de una crisis de salud pública generada por Glivec” (o al menos lo que Novartis interpreta como una crisis de salud pública).

En segundo lugar está el derecho de la industria a la libre determinación del precio. Este derecho fue vulnerado la semana pasada, cuando la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos sometió a consulta pública una resolución que contenía la metodología para regular el precio del Glivec y reducirlo en más de un 40%. Ante tal afrenta AFIDRO no tuvo más remedio que enviar un comunicado y sendas cartas cuestionando “la imparcialidad del Minsalud en el caso Glivec”. El informe del panel de la ONU empeora la situación al sugerir que los precios de las tecnologías no respondan a los costos de investigación y desarrollo sino a las necesidades y capacidad de pago de la población.

En tercer lugar está el derecho a guardar silencio. En el caso del Glivec las negociaciones de precio que habrían evitado la declaratoria de interés público,  y que de paso les habrían ahorrado dolores de cabeza a todos los involucrados, se frustraron porque el Ministerio exigió transparencia absoluta en el proceso de negociación. El informe de la ONU, en la misma línea, hace un llamado a que la industria farmacéutica haga transparente la forma en la que define los precios de todos sus productos.

A lo mejor son muchos más los derechos de la industria farmacéutica que han sido comprometidos por el panel de la ONU y por el Ministerio de Salud colombiano. Lo cierto es que esa supesta violación a los derechos de las empresas de medicamentos es justificada. Hoy los colombianos contamos con una declaratoria de interés público para el Glivec, la cual es el resultado de un proceso largo, arduo y transparente. Pronto tendremos un precio más justo para este importante medicamento, el cual favorecerá tanto a los pacientes con cáncer como a las finanzas del sistema de salud. Se trata de medidas que promueven el interés general y la salud pública pero que, aunque parezca descabellado, han sido interpretadas por la industria farmacéutica como violaciones a sus derechos fundamentales.


sábado, 30 de julio de 2016

Medicamentos: La lucha de los pueblos contra el Goliat de las multinacionales

Bajar el precio de los medicamentos

Laia Altarriba, Viento Sur, 30 de julio de 2016




Un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan elevado que tienen.

Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.

El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2, experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos, excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.

De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece que deben estar “disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y para la comunidad“. Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la hepatitis C.

Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos expertos cuestionan que sea realmente relevantes.

Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes.


La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®


Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.

Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.

La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.

Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales. El documental “El medicamento, un derecho secuestrado” /4, recoge esta lucha.

Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.

El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis

La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso, además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional. Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.

Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud de las personas ha sido muy positivo.

Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo. En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D, que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso Novartis y que explica el documental “India, la farmacia del mundo”/5. Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.

Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales, mientras que el Glivec® costaba 3 630.

Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes. Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han denegado una y otra vez su petición de patentar el producto, argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de Novartis.

Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a aplicar legislaciones similares.

Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados

“¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden salvar vidas“. Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y prácticamente ningún efecto secundario.

Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta, que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses, en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta 797 euros.

Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace con cada gobierno.

Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida.
El poder de la población vs el poder de las multinacionales


Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot, alerta de que “se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial”. En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado 20 años en la OMS: “La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública” /8.

Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9. Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016
Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi

nota original http://vientosur.info/spip.php?article11562

Notas:
1/. http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs
2/. http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion-
3/. http://web.ifarma.org/
4/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
5/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
6/. http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/
7/. http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html
8/. http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html
9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html
http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
Bajar el precio de los medicamentos
La lucha de los pueblos contra el goliat de las multinacionales
30/07/2016 | Laia Altarriba
Un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2, experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos, excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece que deben estar "disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y para la comunidad". Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes.
La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales. El documental "El medicamento, un derecho secuestrado" /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.
El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso, además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional. Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo. En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D, que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso Novartis y que explica el documental "India, la farmacia del mundo"/5. Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales, mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes. Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han denegado una y otra vez su petición de patentar el producto, argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a aplicar legislaciones similares.
Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
"¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden salvar vidas". Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta, que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses, en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta 797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida.
El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot, alerta de que "se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial". En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado 20 años en la OMS: "La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública" /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9. Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016
Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
Notas:
1/. http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs
2/. http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion-
3/. http://web.ifarma.org/
4/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
5/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
6/. http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/
7/. http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html
8/. http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html
9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html
http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
- See more at: http://vientosur.info/spip.php?article11562#sthash.HidyOenP.dpuf
Bajar el precio de los medicamentos
La lucha de los pueblos contra el goliat de las multinacionales
30/07/2016 | Laia Altarriba
Un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2, experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos, excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece que deben estar "disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y para la comunidad". Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes.
La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales. El documental "El medicamento, un derecho secuestrado" /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.
El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso, además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional. Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo. En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D, que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso Novartis y que explica el documental "India, la farmacia del mundo"/5. Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales, mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes. Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han denegado una y otra vez su petición de patentar el producto, argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a aplicar legislaciones similares.
Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
"¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden salvar vidas". Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta, que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses, en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta 797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida.
El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot, alerta de que "se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial". En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado 20 años en la OMS: "La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública" /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9. Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016
Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
Notas:
1/. http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs
2/. http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion-
3/. http://web.ifarma.org/
4/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
5/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
6/. http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/
7/. http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html
8/. http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html
9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html
http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
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Bajar el precio de los medicamentos
La lucha de los pueblos contra el goliat de las multinacionales
30/07/2016 | Laia Altarriba
Un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2, experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos, excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece que deben estar "disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y para la comunidad". Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes.
La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales. El documental "El medicamento, un derecho secuestrado" /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.
El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso, además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional. Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo. En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D, que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso Novartis y que explica el documental "India, la farmacia del mundo"/5. Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales, mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes. Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han denegado una y otra vez su petición de patentar el producto, argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a aplicar legislaciones similares.
Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
"¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden salvar vidas". Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta, que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses, en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta 797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida.
El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot, alerta de que "se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial". En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado 20 años en la OMS: "La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública" /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9. Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016
Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
Notas:
1/. http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs
2/. http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion-
3/. http://web.ifarma.org/
4/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
5/. http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/
6/. http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/
7/. http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html
8/. http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html
9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html
http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
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miércoles, 18 de mayo de 2016

Colombia enfrenta a Novartis la mayor farmacéutica del mundo por medicamento para el cáncer



http://wapo.st/1OzCdOp

El gobierno de Colombia da unas semanas de plazo al gigante farmacéutico Novartis para que rebaje el precio de un popular medicamento contra el cáncer o verá cómo se rompe su monopolio en la producción del producto y se abre la competencia a rivales genéricos.

Las declaraciones del ministro colombiano de Salud, Alejandro Gaviria, en una entrevista el martes son las contundentes hasta la fecha en una creciente disputa pública con la mayor farmacéutica del mundo, que podría sentar un precedente para que países con ingresos medios puedan contener el aumento de los precios de medicamentos complejos.

Memorandos elaborados por la embajada de Colombia en Washington, filtrados la semana pasada a un grupo sin ánimo de lucro, describen una intensa presión a Bogotá, firme aliado de Estados Unidos, desde la industria farmacéutica y sus aliados en el Congreso estadounidense.

En uno de los documentos, la embajada advierte que romper la patente de Novartis para el medicamento contra la leucemia Gleevec — Glivec en Colombia y otros países — podría afectar el apoyo de Estados Unidos a la propuesta de Colombia de unirse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica e incluso poner en riesgo los 450 millones de dólares que el país recibe de Washington para un acuerdo de paz con los rebeldes de izquierdas. Los reportes siguieron a reuniones entre diplomáticos colombianos y funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. y con un republicano en el Comité de Finanzas del Senado, cuyo presidente, el senador por Utah Orrin Hatch, tiene estrechos vínculos con la industria financiera.

Gaviria, economista de formación, dijo que la presión demuestra los contundentes pasos que está dispuesta a dar la industria farmacéutica para proteger sus intereses comerciales.

“Temen mucho que el ejemplo de Colombia vaya a difundirse por la región”, dijo.
Los programas sanitarios gubernamentales de muchos países enfrentan problemas por el elevado coste de los nuevos medicamentos y el aumento anual del 10%, o incluso más, en medicinas que llevan tiempo en el mercado. Los Estados presionan cada vez más exigiendo grandes descuentos o que se establezca un límite para los más caros.
Gaviria niega que esté intentando sentar un precedente en la lucha global por unos precios más bajos.
“Para nosotros es una cuestión de supervivencia”, dijo destacando que el sistema sanitario colombiano garantiza que los pacientes pueden acceder a todos los fármacos aprobados y que el presupuesto del departamento se resiente tras años de subidas de precios. En 2009, el gobierno declaró alerta de salud pública después de que la inversión en medicamentos sofisticados se multiplicara por 10 en solo unos años.
“Como Estado, uno no puede comprar todo al precio que el otro diga que lo va a vender. Esto es lo que pasaba muchas veces”, expresó Gaviria.
Novartis ha rechazado la propuesta del ministro para rebajar el precio de Gleevec a 140 pesos (5 céntimos de dólar) por miligramo. Esto es menos de la mitad de su precio regulado actual, pero sigue estando muy por encima del de las versiones genéricas que fueron prohibidas en 2012 cuando, tras una década de litigios, un tribunal colombiano dio a Novartis la patente exclusiva de una de las dos variantes del medicamento.
En una carta del pasado 20 de abril, la filial local de Novartis dijo que no considera conveniente iniciar negociaciones sobre los precios y que la decisión de anular las patentes debería tomarse solo en circunstancias excepcionales y no emplearse como arma de negociación.
Gaviria dijo que está dando tiempo a Novartis para que reconsidere su postura. Pero si la empresa suiza no lo hace, apunta, planea declarar el acceso al fármaco para la leucemia un asunto de interés público a su regreso de un viaje a Ginebra la próxima semana, donde asistirá a una reunión de la Organización Mundial de la Salud.
Gleevec es el producto más vendido de Novartis desde 2012, recaudando solo el año pasado un total de 4.700 millones de dólares en todo el mundo, o cerca del 10% de los ingresos de la firma. Pero no ocupará esta posición privilegiada mucho más tiempo. Desde el pasado 1 de febrero, Gleevec enfrenta la competencia de genéricos en Estados Unidos, un mercado que representa la mitad de sus ventas. Como consecuencia, las ventas de Gleevec en el primer trimestre de 2016 bajaron un 40% en el país y un 20% en todo el mundo.
En Colombia, la expira en julio de 2018.
El portavoz de Novartis, Eric Althoff, rechazó responder a preguntas sobre el objetivo del gigante farmacéutico en sus conversaciones con Bogotá. Tampoco dijo si Novartis reclutó a funcionarios estadounidenses para presionar al gobierno en contra de romper su patente para el medicamento.
La empresa está “buscando de forma active una resolución a la discusión en torno a nuestra patente de Glivec en Colombia que beneficie a los pacientes, la innovación y el sistema de atención sanitaria”, explicó Althoff en un correo electrónico.
Novartis dice que el medicamento está sujeto a los controles de precios de Colombia desde 2011 y que existen dos versiones genéricas. Pero el Ministerio de Salud apunta que la competencia de genéricos que había antes fue prácticamente anulada por la agresividad de la farmacéutica en el mercado y por el temor de los competidores a procesos judiciales por infringir la patente.
En lo que no hay discusión es en cuánto se ahorra Colombia con la emisión de las llamadas licencias obligatorias. El coste de un tratamiento con Glivec asciende a unos 15.000 dólares anuales, casi dos veces el ingreso medio de un trabajador colombiano. Según un estudio del ministerio, sin la competencia de los genéricos, el gobierno tendría que haber tenido que pagar 15 millones de dólares extra cada año por el suministro de Glivec.
Más de 100 abogados y expertos en salud de todo el mundo firmaron esta semana una carta en apoyo al gobierno de Bogotá.
“La presión sobre Colombia es falaz pero real”, expresó Andrew Goldman, abogado del grupo Knowledge Ecology International, con sede en Washington, que fue el primero en obtener los memorandos de la embajada. “Siempre asumimos que este tipo de intervenciones son las que ocurren tras bambalinas, pero rara vez tenemos la ocasión de verlo de cerca”.
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El periodista de The Associated Press Joshua Goodman informó desde Bogotá, Colombia, y la experta en información sanitaria Linda A. Johnson, desde Trenton, en New Jersey.
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Joshua Goodman está en Twitter en https://twitter.com/apjoshgoodman. Su trabajo puede consultarse en http://bigstory.ap.org/journalist/joshua-goodman.
Linda A. Johnson está en Twitter en https://twitter.com/LindaJ_onPharma. Su trabajo puede consultarse en http://bigstory.ap.org/journalist/linda-johnson.

jueves, 12 de mayo de 2016

firmas de apoyo para Public Citizen, KEI y MSF con IFARMA y Mision Salud para enviar una carta al presidente de Colombia sobre la legitimidad de las licencias compulsivas

estimadas y estimados 

Peter Maybarduk, de Public Citizen , remitio un mensaje a la lista de discusión de medicamentos esenciales , para sumar firmas, sobre todo de los académicos con conocimientos relacionados con la propiedad intelectual.

En función de estos acontecimientos perturbadores: http://keionline.org/node/2504  y los de los links que figuran abajo de la carta

Public Citizen, KEI y Médicos Sin Fronteras / MSF han colaborado con ONG colombianas IFARMA y Misión Salud  en este sentido


 
 Por favor, siéntase libre de hacer preguntas, y gracias. -
-Peter

enviar firmas a 
Peter Maybarduk pmaybarduk@citizen.org



lista de firmas presentada 
http://www.wradio.com.co/docs/20160516c16416a0e7.pdf

Carta y mensaje original   (ver abajo traduccion al español)

[It is important to counter misinformation about Colombia's legal right to employ a compulsory license to enable access to essential medicines. BS Moderator]
Colleagues, for your attention today, and per these disturbing happenings: http://keionline.org/node/2504  –

Public Citizen, KEI and Doctors Without Borders/MSF have collaborated with Colombian NGOs IFARMA and Mision Salud on this urgent experts sign-on letter to Colombian President Santos. We are seeking signatures, most especially from academics with expertise related to intellectual property.

To sign, please send us your full name and affiliation as soon as possible – due to considerations on the ground, we may send the letter within 24 hours. Please feel free to pose questions, and thank you. --Peter
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May XX 2016

Mr. President
JUAN MANUEL SANTOS
President of the Republic of Colombia

SUBJECT: Colombia’s Right to Issue a Compulsory License for the Cancer Medicine Imatinib

Dear President  Santos,

We are lawyers, economists and academics specializing in fields including intellectual property, trade and health, writing to affirm that international law and policy support Colombia´s right to issue compulsory licenses on patents in order to promote public interests including access to affordable medicines. 

Colombia´s Ministry of Health and Social Protection has proposed to declare access to the cancer medicine imatinib under competitive conditions to be a matter of public interest. The public interest declaration should lead to the grant of a compulsory license on a patent held by Novartis, facilitating generic competition and reducing prices. We congratulate the Minister of Health for his leadership and encourage the Superintendent of Industry and Trade to proceed and issue the license.

Recent media reports suggest that representatives of the U.S. government may have communicated incorrect beliefs about compulsory licensing to their Colombian counterparts.[1] If the reports are accurate, those officials have acted inappropriately, and contravened U.S. government policy, which supports trading partners’ rights to issue compulsory licenses.  We condemn any pressure levied against Colombia for its use of lawful policies such as compulsory licensing to promote public health.

Article 31 of the World Trade Organization’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (WTO’s TRIPS) permits all WTO members, including Colombia, to issue compulsory licenses at any time on grounds of their choosing[2]. The only compensation due to patent-holders in instances of compulsory licensing is a reasonable royalty, which governments may determine at their discretion[3].

The WTO’s Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health affirms this interpretation of Article 31 and its importance to health.[4] The “Doha Declaration” explicitly recognizes the impact of intellectual property on medicine prices and states that countries’ patent obligations under WTO rules “should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO members’ right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.”

The issuance of a compulsory license on imatinib is entirely consistent with the terms of trade and investment agreements to which Colombia is a party.[5] The U.S. “May 10th Agreement” of 2007, for example, expressly incorporated certain public health safeguards in the U.S.-Colombia Trade Promotion Agreement and preserved Colombia’s right to issue licenses for patented inventions.

High prices for any important medicine impose a burden on the public health system responsible for providing it, and lead to the rationing of treatment and other health services. When a pharmaceutical company uses a patent to exclude competition, it can charge much higher prices.  

A recent report by Colombia’s Ministry of Health and Social Protection specifies considerable predicted cost savings through a compulsory license for imatinib.[6] The report of the ministry’s Technical Committee for the Public Interest Declaration states:

"...The impact on health system financing of only a single manufacturer supplying imatinib in the market is important. Additionally, prices of Glivec, despite being subject to controls, are still very high compared with generics, which have been progressively leaving the market with the grant of the patent. Direct price controls … will never match the results achieved by competition in the market. Without a doubt, the best way to reduce prices is competition."

Novartis has rejected the Colombian government’s offer to negotiate a price reduction for imatinib.

Issuing a compulsory license does not modify or expropriate the property rights of the patent holder. Rather, the right of a government to authorize other uses of a patented invention is embedded and reserved in the grant of a patent. Furthermore, a license does not prevent the patent holder from continuing to sell its product, prohibit non-licensed uses of the invention, or prohibit non-licensed parties from using the invention.  

We hope this letter will support Colombia’s ongoing efforts to increase access to affordable medicines and put to rest any concerns regarding the international legitimacy of compulsory licensing.  Compulsory licensing is a key tool for protecting the financial stability of health systems and ensuring access to medicines and health services for all.

Sincerely,


[1] See http://www.elespectador.com/noticias/salud/presiones-de-eeuu-colombia-no-regule-el-precio-del-imat-articulo-631535 and http://keionline.org/node/2504.
[1] Available at:  www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04c_s.htm. See also World Trade Organization, “TRIPS and Health: Frequently Asked Questions,” available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm.
[1] Id. Art 31 (h)
[1] World Trade Organization Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, adopted 14 November 2001, available at:  https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm.
[1] E.g. Colombia-USA Trade Promotion Agreement, Article 10.7: Expropriation and Indemnification, available at: http://www.sice.oas.org/Trade/COL_USA_TPA_s/Text_s.asp#a107;  Colombia-EFTA States Free Trade Agreement, Article 6.2, Basic Principles, available at: http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/colombia/EFTA-Colombia%20Free%20Trade%20Agreement%20SP.pdf.
[1] Informe sobre la recomendacioìn al Ministro de Salud y Proteccioìn Social en relacioìn con la solicitud de declaratoria de intereìs puìblico del imatinib con fines de licencia obligatoria. Ministerio de Salud y Proteccioìn Social, Comiteì Teìcnico Declaratoria de intereìs puìblico.Bogotaì, Colombia 24 de febrero de 2016 . Available at: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/informecomiteimatinib-22022016-vf.pdf.

Peter Maybarduk <pmaybarduk@citizen.org>


Traducción al castellano



En la carta al Presidente Santos se menciona que como profesionales de distintas areas, abogados economistas y académicos con conocimientos en el área de propiedad intelectual , comerico y salud , se apoya la polica colombiana y el derecho a emitir licencias obligatorias sobre patentes con el fin de promover los intereses públicos, incluyendo el acceso a medicamentos asequibles


El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha propuesto declarar que el acceso al medicamento contra el cáncer, imatinib, en condiciones competitivas es un asunto de interés público. La declaración de interés público debe dar lugar a la concesión de una licencia obligatoria sobre la patente de Novartis, facilitando la competencia de genéricos y la reducción de los precios. Felicitamos al Ministerio de Salud por su liderazgo y fomentar la Superintendencia de Industria y Comercio para proceder y emitir la licencia.

Recientes informes de prensa sugieren que los representantes del Gobierno de Estados Unidos pueden haber manifestado creencias incorrectas sobre las licencias obligatorias a sus pares colombianos. [1] Si los informes son exactos, los funcionarios han actuado de manera inapropiada, y en forma contraria a la política del gobierno, que apoya los derechos de los socios comerciales de EE.UU. para emitir licencias obligatorias. Condenamos cualquier presión impuestas en contra de Colombia por su uso de las políticas legales como las licencias obligatorias para promover la salud pública.

El artículo 31 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual (TRIPS de la OMC) relacionados con el Comercio permite que todos los miembros de la OMC, entre ellos Colombia, pueda emitir licencias obligatorias en cualquier momento por razones de su elección [2]. La única compensación debida a los titulares de patentes en los casos de licencias obligatorias es una regalía razonable, que los gobiernos pueden determinar a su discreción [3].

La declaración de la OMC sobre los ADPIC y la Salud Pública confirma esta interpretación del artículo 31, y su importancia para la salud. [4] La "Declaración de Doha" reconoce explícitamente el impacto de la propiedad intelectual sobre precios de los medicamentos y establece que las obligaciones de patentes de los países en virtud de las normas de la OMC "debe ser interpretadas y aplicadas de manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos."

La emisión de una licencia obligatoria sobre imatinib es totalmente coherente con los términos de acuerdos comerciales y de inversión, de los que Colombia es parte. [5] El "Acuerdo del 10 de mayo" de 2007 de Estados Unidos , por ejemplo, incorpora expresamente ciertas garantías de salud pública en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia y conserva el derecho de Colombia a expedir licencias para las invenciones patentadas.



El elevado precio de cualquier medicamento importante impone una carga para el sistema de salud pública responsable de proporcionarlo, y conducen al racionamiento del tratamiento y de otros servicios de salud. Cuando una compañía farmacéutica utiliza una patente para excluir la competencia, puede cobrar precios mucho más altos.

Un informe reciente del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia especifica ahorros de costos considerables predecibles a través de una licencia obligatoria para imatinib [6] En el informe del Comité Técnico del Ministerio para la Declaración de Interés Público afirma.:


"... el impacto en las finanzas del sistema de salud de que haya un único oferente en el mercado de imatinb es importante. Adicionalmente, los precios de Glivec®, a pesar de estar controlados, siguen siendo muy altos en comparación con los de los genéricos que han ido progresivamente saliendo del mercado ante la concesión de la patente. El control directo de precios .. ... nunca logrará los resultados obtenidos por la competencia en el mercado. Sin lugar a dudas, la mejor manera de reducir los precios es la competencia ".

Novartis ha rechazado la oferta del Gobierno de Colombia para negociar una reducción del precio de imatinib.

La emisión de una licencia obligatoria no modifica ni expropia los derechos de propiedad del titular de la patente. Más bien, el derecho de un gobierno a autorizar otros usos de una invención patentada está incrustado y se reservó en la concesión de una patente. Por otra parte, una licencia no impide que el titular de la patente puede seguir vendiendo su producto, prohibir usos sin licencia de la invención, o prohibir partes no autorizadas utilicen la invención.

Esperamos que esta carta apoyará los continuos esfuerzos de Colombia para aumentar el acceso a medicamentos asequibles y poner de lado cualquier preocupación acerca de la legitimidad internacional de las licencias obligatorias. La licencia obligatoria es una herramienta clave para la protección de la estabilidad financiera de los sistemas de salud y garantizar el acceso a los medicamentos y servicios de salud para todos.