Jorge Rachid. Médico sanitarista
MIradas al sur Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014
Opinión.
En estos días, se está discutiendo un valor sobre los medicamentos con
participación de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Comercio, en
función exclusiva de contener los precios en una disparada
–injustificada– de la industria que tiene el lamentable privilegio de
tener la mayor cadena de valor, de cualquier proceso productivo del
país.
El medicamento es un bien social, por lo cual debe garantizarse su
universalidad y accesibilidad al conjunto de la población y por esa sola
razón, no puede estar sometido a las leyes del mercado, de la oferta y
la demanda, más aún con una industria que no duda en cronificar
enfermedades ( prolongar los tiempos de tratamiento en vez curar); que
no invierte en investigación y desarrollo; que plantea, sobornando la
práctica médica, la medicalización de cuestiones afectivas, emotivas,
normales de la vida cotidiana (tratamientos médicos para situaciones
normales de la vida).
Una industria como la farmacéutica, que ha confrontado y golpeado
gobiernos, desde el Dr. Ramón Carrillo creador del Emesta (Empresa de
Medicamentos del Estado-1949), primera productora pública de
medicamentos hasta la ley Oñativia, en época de Ilia, que lleva al golpe
de estado; una industria que tiene precios que superan el 10.000% entre
su estructura de costos y su precio final, evadiendo el IVA, que en el
medicamento se paga sólo en la primera venta; por disposición, sólo la
salida del laboratorio paga impuesto, el resto de la cadena de
comercialización está exento), por eso sólo venden a sus propias
droguerías, sin o con mínimas ganancias, pagando mínimo IVA y luego,
esas empresas camufladas venden al Estado y la seguridad social (con los
valores que superan cualquier cadena de valor de otras industrias), que
discute con estos verdaderos traficantes de la salud, como si fuese un
producto de almacén y no como un producto imprescindible para la vida de
millones de personas.
La misma industria que produce en el país y exporta, siendo sus
productos más baratos en el exterior que en nuestro país donde son
producidos, como por ejemplo Chile, donde Bagó junto a Glaxo tienen
diferencias de precios del orden del 30% más bajos. La misma industria
que durante la crisis del 2001 se retiró de los hospitales públicos, por
falta de garantías de pago del país, pese a que durante el debate de la
ley de patentes del año 1995, discutimos y protegimos, los peronistas y
no peronistas del campo nacional y popular, la industria nacional,
frente a los avances neoliberales, que la hubiesen hecho desaparecer, si
triunfaba el proyecto original de Cavallo y la embajada de EE.UU.
Los mismos que importan del exterior a sobreprecios (para poder girar
divisas) y en los casos de medicamentos de alto costo y baja incidencia,
llegan a ganancias del orden del 17.000% (por favor no piensen que me
equivoqué, ver ej. Tobramicina aerosol, ARV, monoclonales) que termina
pagando sólo la seguridad social, o sea un sistema solidario de salud en
todas sus variantes, sometido y violado por las leyes del mercado. La
misma que ocasiona a nuestro país, un déficit de la balanza de pagos por
1.700 millones de dólares anuales, que es hoy uno de los conflictos con
el sector externo.
El gasto del medicamento en el gasto total de salud, es el más alto del
mundo, en nuestro país. En efecto, sobre el gasto total de salud de
275.000 millones, el medicamento significa el 32% de ese total, o sea,
más de 80 mil millones cuando cualquier país del mundo no gasta más del
15% como máximo.
De esa erogación el 20% es gasto de bolsillo, lo que significa resignar
para la familia argentina otras asignaturas de vida, en función del
medicamento, elemento esencial de la vida en especial los enfermos
crónicos. El hospital público, las obras sociales sindicales y las obras
sociales provinciales erogan, a través del ahorro interno genuino o
recursos tributarios, el 90% del gasto de salud a nivel nacional,
gastando, cuando debería ser invirtiendo –en función de los abusivos
precios de la industria– ingentes recursos que deberían ser asignados a
la prevención, ante tratamientos de dudosa eficacia en muchos casos,
impuestos por la industria a fuerza de publicidad sintomatológica,
prohibida en todo el mundo, menos en la Argentina, lo que lleva a la
automedicación.
La PPM (Producción Pública de medicamentos) son 36 laboratorios en el
país de los cuales 10 tienen habilitación Anmat (Administración Nacional
de Medicamentos Alimentos y Tecnología), no sólo debió salvar el
escollo de la crisis del 2001, produciendo ante la falta de insumos
dando respuestas en cada provincia argentina, sino que ha evolucionado,
con inversión tecnológica, capital humano capacitado y produciendo bajo
normas de calidad, constituyendo como mínimo una empresa testigo de
precios en la discusión, a la cual no ha sido convocada, ni consultada,
pese a haber constituido en el año 2007 la Relap ( red de laboratorios
públicos, junto al INTI y Conicet).
No hay medicamentos para ricos y para pobres, todos son autorizados por
el Anmat, con las mismas técnicas de producción, con las materias primas
compradas al exterior en el mismo lugar que compra la industria privada
(la Argentina producía medicamentos esenciales, materias primas, hasta
hace 40 años), con recursos humanos nuestros; sin embargo, un Enalapril
de 10 comprimidos, su precio de costo en la PPM es de 0,50 y se vende
por parte de la industria. Saque el compañero ministro la cuenta cuando
discuta la fijación de precios.
La PPM pudo gracias a este gobierno promulgar la ley 26.688 de
producción pública de medicamentos, ley aún no reglamentada. Sin
embargo, provincias y universidades siguen avanzando con la producción,
agregando investigación y desarrollo que la industria no realiza, como
se verificó en la reunión con las tres cámaras en el año 2006, cuando el
secretario pidió los resultados contables anuales, con inversión máxima
en ese rubro del 0,2%, mientras la PPM invertía en ese momento 5% de
sus presupuestos anuales.
Tenemos propuestas
Que todos los medicamentos de alto costo y baja incidencia sean
centralizados en la compra por el Estado Nacional, ya que es quien en
definitiva lo paga, por sí o por el ahorro genuino de trabajadores a
través de la seguridad social.
Que los medicamentos a los enfermos crónicos diabéticos, hipertensos y
renales, sean provistos en forma gratuita y con peso sobre la PPM que
está produciendo dichos medicamentos, evitando las complicaciones que
llevan a internaciones de segundo nivel y a urgencias evitables.
Que se elimine por ley la publicidad sintomatológica y se apliquen
sanciones, también por ley ( como en los países centrales) a los médicos
e industria, que paguen por receta por vía directa, dinero o indirecta
viajes, congresos o instrumental obsequio, que terminan pagando los
pacientes, instalando una ley de ética médica que permita bajar la
matrícula frente a esas prácticas.
Modificar la currículas de formación médica en las universidades, en
general colonizadas por los laboratorios, lo mismo que los “kioscados
hospitalarios”, es decir, zonas del mismo privatizadas, que imponen
protocolos a los médicos condicionando su actividad.
Que se reglamente en forma urgente, la ley 26.688 y se relance la Relap,
red de laboratorios públicos, creada en el 2007 por quienes
integrábamos los mismos, más el INTI y la facultad, junto al Conicet, en
esa época secretaría de estado, hoy ministerio.
Que los medicamentos, sus presentaciones y sus precios dejen de ser controlados por Comercio y pasen a Salud.
Desarrollar lo logrado en el Unasur desde el Ministerio de Defensa, bajo
el lema “el medicamento como eje de construcción de soberanía”, del
cual Argentina es cabeza de proyecto, con Brasil, uruguay y el Isags
(instituto de salud del Unasur) aprobado en el 2012 en Lima, con fines
estratégicos en la región, con la propuesta de producir materia prima en
5 años, para 400 millones de latinoamericanos, evitando la dependencia
de las mismas de terceros países.
Quienes somos peronistas o pertenecemos al campo nacional y popular,
seguiremos bregando por estos principios, apoyando al Gobierno e
intentando corregir secuelas del pasado neoliberal, que estructuró la
medicina como un negocio rentístico-financiero antes que en un hecho
sanitario esencial, primario de los DDHH de nuestro pueblo, derecho
constitucional garantizado por el estado nacional.
