HAI, Médicos Sin Fronteras, OXFAM y otras ONGs alertan que el acuerdo con la UE limitará el acceso a medicamentos en la región

por  MARTÍN TORINO Y EZEQUIEL M. CHABAY

 Observatorio Sudamericano de Patentes, 6 de diciembre de 2017

Mientras el Mercosur y la Unión Europea (UE) avanzan hacia un acuerdo de libre comercio, varias organizaciones internacionales, entre ellos Médicos Sin Fronteras, alertaron que el tratado "restringirá" el acceso a medicamentos esenciales para millones de ciudadanos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

La preocupación se basa en que la UE reclama medidas de protección de propiedad intelectual que van más allá del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, lo que limitaría la provisión de genéricos y encarecería el valor de los medicamentos en la región.

En una carta a los negociadores de la UE, Sandra Gallina y Daniel Pinto, más de 20 ONGs como Oxfam, MSF, HAI, Misión Salud, Salud por derecho, Commons Network, IFARMA y otras advierten sobre el "impacto" que pueden tener las propuestas europeas "en el acceso a medicamentos" en el Mercosur y reclaman que el convenio "no incluya medidas que vayan más allá" del Adpic.

Esta exigencia se debe a que la UE está reclamando la exclusividad de los datos de prueba que se hacen para homologar nuevas drogas, y una extensión en los plazos para la protección de patentes. Hoy, un medicamento debe pasar por estudios de seguridad y eficacia antes de ser autorizados para la venta, pero los medicamentos genéricos o subsiguientes, en cambio, van a un régimen de similaridad, que abrevia plazos.

Contra esta normativa apunta UE, que reclaman que el primer medicamento esté protegido contra otros análogos, en plazos que pueden llegar hasta los diez años. De ser así, los laboratorios nacionales quedarían sin chances de competencia, y los consumidores de medicamentos oncológicos o antirretrovirales, a merced de un solo oferente con poder para fijar precio. A su vez, la UE pretende que se extiendan los plazos de protección de las patentes de medicamentos, en casos en que la autoridad regulatoria (Anmat) demore los plazos de aprobación para salida al mercado.

Desde Médicos Sin Fronteras alertaron que "si se incluyen estas normas en el acuerdo final, el acceso a medicamentos esenciales será restringido para millones de personas en el Mercosur". Y sostienen que estos países tendrán menos capacidad de bajar los precios.

Las pretensiones de la UE van a contramano del informe del Panel de Alto Nivel para el acceso a Medicamentos de la ONU, que adoptaron 193 países en septiembre de 2015. Ese organismo advirtió que "la proliferación de acuerdos comerciales que amplían la protección de patentes y datos de prueba podrían impedir el acceso a tecnologías en salud", lo que conllevaría "una aplicación desigual de políticas en salud y comercio en los estados".

En septiembre, los académicos Gabriela Costa Chaves, Walter Britto Gaspar y Marcela Fogaça Vieira investigaron como impactará en Brasil el acuerdo Mercosur-UE en las compras públicas y producción doméstica de medicamentos, y estimaron que la modificación regulatoria podría costarle a su país u$s 444 millones más de lo que hoy se gasta en cinco medicamentos para el SIDA, la hepatitis C y el cáncer.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales y jefe del equipo negociador argentino, Horacio Reyser, sostuvo días atrás que el Mercosur tiene una postura inclaudicable y no modificará su legislación. No obstante, admitió que "se podría flexibilizar en algunos casos cuando hay demoras injustificadas para la registración de patentes". Sin embargo, hoy las posiciones están distanciadas en este plano, por lo que la resolución pasaría a un nivel superior, para discusión de los ministros de Comercio, que se reunirán desde el domingo en Buenos Aires con motivo de la conferencia de la OMC.

original  http://bit.ly/2jpKtKx

carta conjunta de las ONGs http://haiweb.org/wp-content/uploads/2017/12/Joint-letter-on-EU-Mercosur-Trade-Negotiations.pdf 

La vida tiene precio:

Farmacéuticas multinacionales deciden el acceso a la salud en América Latina

El Universal , México. 17 de mayo de 2017

Por Fabiola Torres López, Iván Herrera y Mayté Ciriaco
Con el apoyo de David Hidalgo y Álvaro Meneses en Lima, la Unidad de Datos de El Tiempo en Bogotá, Catalina Oquendo en Buenos Aires, Carmen Quintela en Ciudad de Guatemala y Daniela Guazo en Ciudad de México.

El pasado 6 de diciembre, cuando la onda expansiva del caso Lava jato golpeaba a toda América Latina, uno de los últimos episodios de la guerra que enfrenta a las farmacéuticas con los Estados y los pacientes pasó inadvertido en el auditorio de un lujoso hotel de la ciudad de Panamá. Después de dos años de gestiones, delegados de una coalición de organizaciones civiles de seis países consiguieron un espacio en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar un problema por el que está en riesgo la vida de millones de personas: el actual sistema de patentes como principal obstáculo para el acceso a medicamentos contra enfermedades graves como el virus del Sida, el cáncer y la hepatitis C. Fue la primera vez que un grupo de oradores de Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, México y Brasil expuso ante este foro que las reglas de propiedad intelectual permiten a los grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de las medicinas.

“Las multinacionales farmacéuticas tienen el control de un sistema que impide extender los medicamentos a todos los que los necesitan.”, dice Germán Holguín, director de Misión Salud, la fundación colombiana que tomó la iniciativa de solicitar la audiencia. “Más de 700 mil personas mueren al año en la región por causas que pudieron evitarse”, precisa este abogado y economista caleño que estudia desde hace quince años el comportamiento de la industria farmacéutica.

Holguín está convencido de que existen todas las condiciones para calificar la conducta de los laboratorios que bloquean el acceso a las medicinas genéricas como un crimen de lesa humanidad juzgable por la Corte Penal Internacional.
“Estamos frente a un drama de gigantescas proporciones”, advierte.
Su preocupación coincide con las conclusiones del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos de las Naciones Unidas, que en su último reporte del 2016 ubica como un problema central: “las incoherencias entre las reglas de comercio y de propiedad intelectual con los objetivos de la salud pública y los derechos humanos”.
En este contexto, Ojo-publico.com ha realizado una investigación en alianza con periodistas de Argentina, Colombia, Guatemala, México y Venezuela, que revela las presiones de las compañías farmacéuticas sobre los Estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de interés, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. El resultado ofrece un panorama de prácticas cuestionadas que explica las dificultades del acceso a las medicinas costosas para personas vulnerables a lo largo de América Latina.

El dinero o la vida

Uno de los más visibles detractores del comportamiento de las grandes farmacéuticas es el ex presidente colombiano Ernesto Samper. En 1989, tras sufrir un atentado que casi le cuesta la vida, Samper fue sometido a una trasfusión de sangre que le contagió la hepatitis C. Durante un año y medio, se sometió al tratamiento convencional, tan agresivo como una quimioterapia, sin éxito. La cura solo llegó tiempo después por medio del sofosbuvir, un fármaco del laboratorio estadounidense Gilead Sciences, que salió al mercado en el 2014 con la marca Sovaldi, y por el que su seguro médico pagó 84 mil dólares. La experiencia le hizo descubrir en carne propia el drama de los pacientes que requieren medicinas de alto costo.

“Cuando uno se pone a averiguar cómo un tratamiento puede valer mil dólares la píldora, si el costo de elaborarla vale menos de mil, le dan respuestas como: ‘Eso es lo que vale un hígado’. Como quien dice: ‘Su vida vale 84 mil dólares’”, cuenta el expresidente en una entrevista para esta investigación.

Hasta enero último Samper fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Allí descubrió que el tema era mucho más complejo.

“Cuando ya estaba curado, llegaron a mi oficina –en la secretaría de Unasur– los mismos (representantes) del laboratorio Gilead para proponer un acuerdo que permitiría cubrir el tratamiento completo por 6.400 dólares”, relata Samper. “Yo dije: ‘Perfecto, pero me van girando los 78 mil que me robaron’. Porque, ¿cómo pueden rebajar un tratamiento de 84 mil a 6 mil? Tienen que estarlo produciendo más barato”, recuerda el expresidente.

Precios tan altos como el fijado a Sovaldi son impuestos al amparo de patentes de veinte años, que a menudo se justifican con la presunta necesidad de cubrir los costos de investigación y desarrollo. Sin embargo, Gilead Sciences, la titular de las patentes de sofosbuvir, no inventó este medicamento: lo compró. Para ser más precisos, adquirió la compañía que lo había creado: Pharmasset, una pequeña firma biotecnológica con base en New Jersey. Y por si eso fuera poco, ahora se sabe que el precio de venta de sofosbuvir supera, en promedio, más de 800 veces el costo de su producción: un estudio de la Universidad de Liverpool concluyó que el tratamiento de 12 semanas con esta pastilla puede fabricarse a un costo que oscila entre 68 y 136 dólares.
El problema está en que pocos gobiernos ponen contrapeso a los abusos de las farmacéuticas a través de un recurso legal que tienen a su disposición para proteger la salud pública: las licencias obligatorias. Se trata de autorizaciones, concedidas a algún laboratorio, para elaborar productos que de ordinario no podría fabricar por estar protegidos con patentes. Este mecanismo está reconocido en el propio Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, vigente desde 1995, y la Declaración de Doha, suscrita en el 2001 por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Una base de datos de las licencias obligatorias, elaborada como parte de la investigación de The Big Pharma Project, revela que entre 1960 y 2016 solo catorce países recurrieron a este mecanismo que en 44 casos llevó a la reducción de precios de medicamentos bajo monopolio de doce farmacéuticas. Estos casos involucraron productos de GlaxoSmithKline, Abbott, Merck Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences y Pfizer. La amplia mayoría de fármacos liberados de patente corresponde a antirretrovirales, tratamiento indispensable para mantener con vida a los pacientes con VIH, pero también hubo licencias para medicinas contra el cáncer, la artritis reumatoide, la hepatitis B, la diabetes y otras enfermedades.
En la lista de países que otorgaron licencias obligatorias aparecen solamente dos latinoamericanos: Brasil y Ecuador. El primero, que cuenta con una sólida industria farmacéutica nacional, usó este recurso en el 2001 para abaratar el costo del antirretroviral Efavirenz, que estaba bajo el control monopólico de Merck Sharp & Dohme. El segundo ha concedido diez licencias obligatorias y ha apostado por robustecer su industria farmacéutica al fundar la compañía pública Enfarma, orientada a la producción de genéricos. De hecho, en el 2009, el mismo año en que se creó Enfarma, el Gobierno de Ecuador emitió el decreto ejecutivo que declara de interés público el acceso a los medicamentos empleados para el tratamiento de las enfermedades que afectan a la población del país.
Ecuador comparte con Indonesia el récord de licencias obligatorias en el mundo. El gobierno de Rafael Correa liberó de patentes seis antirretrovirales que estaban en manos de los laboratorios Abbott y GlaxoSmithKline; dos medicamentos contra la artritis, que monopolizaban Merck Sharp & Dohme y UCB Pharma; un oncológico de Pfizer y un fármaco usado en trasplantes renales fabricado por Syntex.
Para sorpresa de muchos, la lista incluye a Estados Unidos, que en 1960 fue el primer país que concedió una licencia obligatoria. Ahora se opone a su uso en América Latina para proteger los intereses comerciales de las farmacéuticas de capitales estadounidenses. Las licencias obligatorias también han sido otorgadas por Italia (en tres ocasiones), Eritrea, Ghana, India, Malasia, Mozambique, Tailandia, Zambia y Zimbabue.
Lo que ha quedado claro es que en ninguno de estos casos se cumplieron las apocalípticas advertencias de los representantes diplomáticos de Estados Unidos y de las multinacionales farmacéuticas sobre inminentes sanciones comerciales o políticas para los países que aplicaran la medida. No obstante esa evidencia, el lobby diplomático y político que mueve esta industria acaba de frenar estos procesos en Colombia y Perú con los mismos argumentos.

Colombia. Glivec: medicamento para el cáncer, ahora es más barato

Por: Redacción Salud, El Espectador,  21 dicembre de 2016

Hoy el Gobierno fijó un nuevo precio para este medicamento prescrito para tratar el cáncer. La reducción del valor es de 44% con respecto a los 368 pesos por miligramo anteriormente autorizados.



Foto: Wikimedia - creative commons 

En 2014 el Centro de Información de Medicamentos de la U. Nacional, la Fundación Ifarma y Misión Salud solicitaron una declaratoria de interés público.

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos anunció que el precio máximo de venta para farmacéuticas y presentaciones comerciales del medicamento Glivec, medicina para tratar pacientes con leucemia, tumores gastrointestinales, entre otros, será de 206,42 pesos por miligramo. La decisión de la Comisión se dio luego de que en noviembre de 2016 el medicamento fuera declarado de interés público en el país.

La iniciativa surgió por primera vez en 2014 cuando el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional (CIMUN), la Fundación Ifarma y Misión Salud, en representación de la sociedad civil, solicitaron una declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria para que ingresaran competidores genéricos de este medicamento al mercado.

Este anuncio que decreta el Glivec o imatinib de interés público, es el primero que se hace en el país, convirtiendo a Colombia en una pionera de las declaratorias de esta índole para fármacos contra el cáncer. Para tomar la decisión, la Comisión siguió una metodología que consiste en revisar en qué países, de los 17 que Colombia tiene como referencia en temas de salud, existe un mercado de competencia entre la molécula original y los genéricos, y a partir de esta selección tomar el menor precio promedio encontrado en la muestra.

El proyecto que fija el precio definitivo en 206,42 pesos por miligramo fue sometido a consulta pública hasta el 5 de diciembre. En una sesión virtual de la Comisión, que se llevó a cabo el 14 y 15 de diciembre, fue aprobado por unanimidad y suscrito por los comisionados (un delegado de la Presidencia de la República y los ministros de Salud y Comercio).

Con esta nueva reforma, el laboratorio Novartis –titular de la patente de Glivec– podrá mantener el monopolio en el mercado pero con un precio regulado que simula unas condiciones de competencia entre la molécula original y sus genéricas.

Sin embargo, según declaró Novartis en un comunicado, el laboratorio interpondrá una acción de nulidad sobre este medida, ya que desde su punto de vista no hay monopolio ni problemas de acceso al fármaco en Colombia.“El impacto financiero de la Declaración de Interés Público de Glivec no es nuestra principal motivación para presentar esta Acción de Nulidad, pues el derecho de patente de Glivec en el país vence en el 2018. Más que este caso puntual, nos preocupan las repercusiones que esta declaratoria injustificada podría tener para todo el sistema de propiedad intelectual y para el futuro de los medicamentos innovadores”, afirma el laboratorio.

La guerra contra los genéricos

Maurico cabrera Valvis, El País (Colombia) 11 de octubre de  2014

¿Cómo calificaría usted las acciones de un grupo de personas o entidades que producen, permiten o inducen en todo el mundo la muerte de 10 millones de personas al año? ¿Un desafortunado efecto colateral del funcionamiento del sistema capitalista o un acto de terrorismo internacional? ¿Un accidente no deseado por los causantes o un genocidio? ¿Un homicidio culposo causado por negligencia o un acto criminal?
Los diez millones de víctimas son las personas que cada año mueren en el mundo por falta de medicamentos. Las causas son dos: la falta de medicamentos para las enfermedades prevalentes en esos países y el bloqueo a la oferta de medicamentos genéricos de bajo precio que sean asequibles a los pobres del mundo. La tipificación de esa conducta: un crimen de lesa humanidad que debe ser juzgado y condenado por las cortes internacionales.
Esta es la tesis que se plantea con sólidos argumentos y extensa evidencia empírica en el libro recién publicado “La guerra contra los medicamentos genéricos – un crimen silencioso”. Su autor, Germán Holguín, es un empresario de la construcción que por las circunstancias de la vida se dedicó a la investigación sobre temas de salud pública y se ha convertido en uno de los principales voceros de la defensa del derecho a la salud frente a las pretensiones de las grandes multinacionales farmacéuticas y los gobiernos de sus países, que han tratado de imponer sus intereses económicos en los tratados de “libre comercio”.
El punto de partida del libro es que siendo el derecho a la salud uno de los derechos humanos fundamentales, la falta de acceso a medicamentos que afecta a 2000 millones de personas en el mundo es una flagrante violación del mismo. Su causa no es un accidente o el resultado de un proceso de evolución natural, sino la consecuencia de estrategias públicas y privadas que privilegian la utilidades de las multinacionales sobre los derechos de la población vulnerable y que han convertido la salud en una mercancía.
Una de estas estrategias es la guerra contra los medicamentos genéricos con armas tales como un sistema de patentes farmacéuticas que consolidan el monopolio y elevan los precios de los medicamentos, las campañas de descrédito contra los genéricos o las presiones políticas y comerciales a los países en desarrollo para que no utilicen las salvaguardas que permiten los acuerdos internacionales para limitar esos derechos de propiedad.
Al analizar el caso de las hambrunas en Asia y África, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen planteó hace varios años que los derechos de propiedad no pueden prevalecer nunca sobre el derecho a no morir de hambre. Sus argumentos son totalmente aplicables al debate entre las patentes farmacéuticas y el derecho vital al acceso a medicamentos, máxime cuando este sistema de patentes solo se adoptó globalmente en 1994. Aunque las empresas que desarrollaron un medicamento tienen el derecho a la exclusividad –lo que les permite fijar precios de monopolio-, los países deben tener la posibilidad de limitar este derecho cuando está en juego la vida misma.
El libro de Germán Holguín plantea toda una agenda internacional con propuestas concretas para garantizar el acceso a medicamentos para toda la población. En Colombia el actual gobierno ha tomado ya algunas medidas, como el control de precios y el límite a las patentes de medicamentos biotecnológicos, que recortan un poco las gabelas y privilegios que concedió el anterior gobierno a las multinacionales, pero falta camino por recorrer para que el derecho a la salud sea una realidad para todos los colombianos.

 original en
http://bit.ly/139cgU0
 

Carta abierta al Señor Presidente de la Republica de Colombia Doctor Juan Manuel Santos Calderón

5 de septiembre de 2014

Respetado Señor Presidente:

Hemos tenido acceso a la carta abierta que le ha dirigido AFIDRO, organización que representa los intereses de empresas farmacéuticas multinacionales, pagando su publicación en varios periódicos de amplia circulación, señal inequívoca de que no han logrado hablarle a usted y al gobierno colombiano al oído, como normalmente lo han hecho en Colombia y en el mundo. Esto nos da la oportunidad para agradecer la firmeza de su gobierno y aclarar que estamos de acuerdo en el propósito de contar con medicamentos de calidad que contribuyan a satisfacer el derecho fundamental a la salud de las personas.

Es de censurar que AFIDRO se atribuya la representación de los pacientes, la comunidad científica y médica, la academia y la comunidad internacional, olvidando que tal gremio sólo representa unos pocos grupos dentro de estos universos. Por ejemplo, las organizaciones que integramos el Comité para la Veeduría Ciudadana en Salud (Conferencia Episcopal de Colombia, Misión Salud, Ifarma, Federación Médica Colombiana, Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional y Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana), quienes hemos seguido muy de cerca durante los últimos 5 años los debates públicos alrededor de la regulación de los medicamentos biotecnológicos, tenemos posiciones totalmente opuestas a las que sostiene AFIDRO en su comunicación.

La propuesta de AFIDRO es la receta para mantener artificialmente elevados los precios de los medicamentos biotecnológicos, afectando así el acceso de millones de compatriotas no sólo a éstos, sino también a otros servicios de salud igualmente prioritarios, en contravía de las intervenciones que juiciosamente el gobierno viene desarrollando para mejorar el funcionamiento del sistema. De ser aceptada, el monopolio del que gozan sus representados, mediante privilegios de propiedad intelectual, en ocasiones francamente excesivos y perjudiciales para la salud pública, se extendería en el tiempo a través de barreras técnicas a la entrada de competidores.

La salud es un derecho fundamental de todos y cada uno de los colombianos, independientemente de la enfermedad que padezcan, y el acceso a medicamentos de calidad, que estén disponibles y sean aceptables para la sociedad, es parte integral de este derecho, cuya defensa no debe ser usada como disfraz altruista para lograr objetivos comerciales, pecuniarios y financieros. Si los laboratorios afiliados a AFIDRO tienen una preocupación real por la salud de los colombianos, en lugar de gastar millones en mensajes al señor Presidente a través de los medios, deberían ofrecer sus productos a precios asequibles o liberar la información propia de su desarrollo para favorecer la disponibilidad de medicamentos que salvan vidas. En palabras del autor de Indignaos, "Debemos resistirnos a que la carrera por el dinero domine nuestras vidas".

En buena hora el gobierno colombiano por fin ha asumido su papel en el debate internacional sobre estos asuntos al interior de la Asamblea Mundial de la Salud, máxima instancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha dado un mandato para que, por un lado, se respete la soberanía de los países para establecer la regulación de medicamentos biotecnológicos de acuerdo con las condiciones propias de cada uno y por el otro, teniendo en cuenta que existe la percepción de que los lineamientos fijados por la OMS para esta materia son prácticamente dictados por la industria farmacéutica multinacional, se revisen tales lineamientos con el fin de incorporarles los avances científicos y técnicos.. Como Veeduría hemos insistido en la necesidad de que este proceso de revisión se adelante de manera transparente, evitando el conflicto de intereses e incluyendo gobiernos representativos...

Por supuesto, el Gobierno colombiano tiene la responsabilidad de no ceder a las presiones de la industria y de seguir participando en la recuperación de la OMS como espacio de los países, en el que los organismos científicos y técnicos estén conformados por personas idóneas, y sobre todo, independientes de los intereses de la industria farmacéutica.

La exigencia de ensayos clínicos propios para el ingreso de medicamentos al mercado es imperativa para el medicamento pionero, pero resulta totalmente cuestionable desde el punto de vista ético y económico cuando existen los medios científicos y técnicos para definir unas especificaciones de calidad adecuadas que garanticen la seguridad y la eficacia de medicamentos con una amplia trayectoria en el mercado. Esto es posible para un grupo cada vez mayor de medicamentos biotecnológicos, lo cual fundamenta la reglamentación definida por el Gobierno colombiano. Vale insistir en que con esta el país no está sacrificando el bienestar de la población ni abriendo la puerta a una tercera categoría de medicamentos, sino que por el contrario está omitiendo el establecimiento de barreras innecesarias al acceso a estos bienes esenciales.

Sin embargo, el compromiso del gobierno y de todos los estamentos de la sociedad no se limita a la expedición del decreto, sino al abordaje de todas las preocupaciones que se han expresado en este debate, y a la búsqueda de que este sea transparente. La industria tiene mucho que aportar, pero no puede ser ella quien establezca las reglas del mismo y defina sus resultados. Por ejemplo, será necesario encontrar los mecanismos que eviten que las industrias que representa AFIDRO impidan el acceso a estándares de referencia y a información clave para garantizar la salud del pueblo colombiano. Con este asunto de los biotecnológicos seguramente enfrentará Colombia una situación igual a la que ha sufrido durante casi medio siglo con los medicamentos de síntesis química, en la que se le ha acusado de no tener verdaderos genéricos, sino copias, desconociendo de un lado los resultados en salud, y de otro, y que son la legislación de EE UU y la Europea las que cada vez se parecen más a la colombiana en lo relativo al ingreso de competidores y no al contrario.

Si Colombia quiere realmente pertenecer al "club de buenas prácticas" debe hacerlo con la frente en alto, respetando, protegiendo y haciendo cumplir el derecho fundamental a la salud, y cooperando con los demás países para superar la crisis del sistema de salud que ya es mundial y que se relaciona íntimamente con el despilfarro de recursos generado por los medicamentos. El ingreso a este grupo de países no puede ser a condición de asumir irreflexivamente los condicionamientos de un sector industrial que no logra cumplir a cabalidad con su función social y pregona que su negocio no es salvar vidas sino hacer dinero.

Ratificamos nuestro irrestricto apoyo al decreto regulatorio de medicamentos y reconocemos, como ya lo reconoce la comunidad internacional, la solvencia técnica, la independencia y la capacidad con la que tanto el Ministerio de Salud como el equipo de gobierno en su conjunto han conducido estos debates en los espacios internacionales. Confiamos en que se mantendrá la decisión de expedir y reglamentar el decreto para bien de la salud del pueblo colombiano.

Misión Salud Veeduría Ciudadana.

Conferencia Episcopal

Fundación Ifarma

Observamed

Federación Médica Colombiana

Cimun

Filtración en WikiLeaks del capítulo de Propiedad Intelectual del TPP

(circulo por la lista dialogos  19 de dicembre 2013)

El 13 de noviembre de 2013 el mundo tuvo acceso gracias a WikiLeaks al borrador del Capítulo de Propiedad Intelectual (PI) del TPP (Trans Pacific Partnership Agreement) (aún en negociación). El texto y la nota de prensa están disponibles en: https://wikileaks.org/tpp/pressrelease-es.html.

Antes de esta publicación, ni los textos ni las posiciones de los países fueron hechos públicos por los Gobiernos negociadores. La única información disponible para la población correspondía a textos filtrados parcialmente, lo que le ha valido al TPP la calificación de la negociación más secreta y de menor transparencia que jamás se haya visto. No obstante, representantes de la industria previamente sí habían tenido acceso a este y a todos los demás capítulos. (1,3)

El texto revelado esta semana nos sacude a todos: directamente a los países actualmente sentados en la mesa de negociación del llamado "tratado comercial" (Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Brunei Darussalam, Singapur, Vietnam, Malasia y Japón) pero sin lugar a dudas también a todos los demás por justificadas razones: 

- Por un lado, el borrador del Capítulo de PI publicado por WikiLeaks confirma los temores que teníamos los grupos que velamos por los intereses públicos, "pues el texto revela que el TPP es un acuerdo altamente inclinado hacia los intereses de la industria"(1) "con el que las partes negociadoras están preparadas para expandir el alcance de los derechos de propiedad intelectual y reducir los derechos de los consumidores y las salvaguardas".(2) "Este capítulo es quizá el más controvertido del TPP por su amplio rango de efectos sobre medicamentos, editores, servicios de Internet, libertades civiles y patentes sobre productos biológicos". (3)

- Por otro lado, como bien lo ha expresado recientemente el Director Ejecutivo de UNITAID, el TPP ya ha sido visualizado como el nuevo estándar para futuros acuerdos comerciales, por lo que es de esperarse que en él se establezcan provisiones limitantes que sean llevadas a futuros acuerdos, incluidos aquellos con países en desarrollo. (4)

- De otra parte, los movimientos hacia la integración con el Pacífico no son temas desconocidos para las agendas comerciales de nuestros países, especialmente aquellos que son miembros de APEC. Cabe resaltar que aquellos países que no están actualmente en la negociación y en el futuro deseen adherir al tratado, podrán hacerlo pero sin modificar el texto.

“Partes del Capítulo de PI se habían filtrado en años pasados, pero por primera vez el capítulo entero es público y muestra las posiciones de negociación de los países, así como las áreas de desacuerdo”. (1) “Uno de los insumos más valiosos del texto filtrado es que revela la oposición unánime o cerca de la unanimidad que han tenido muchas peligrosas propuestas de EE.UU. y los esfuerzos heroicos que han hecho unos países para promover el interés público y el dominio público.” (5) No obstante, resulta preocupante que haya países que respaldan algunas propuestas contrarias a los intereses de sus pueblos. (6) 

Con respecto al acceso a medicamentos, el Capítulo de PI del TPP comparado con acuerdos multilaterales existentes y los ADPIC, va más allá y propone que se garanticen nuevas modalidades de patentes, que se otorguen patentes por modificaciones menores sin un aumento demostrado en cuanto a eficacia, que se extiendan los términos de protección de éstas y que se cree el sistema de protección de datos con exclusividad, entre otros. (2) Todas estas medidas afectarán severamente el acceso oportuno a medicamentos asequibles por parte de millones de personas (6) especialmente en países en desarrollo.

Adicionalmente, el borrador del Capítulo que fue hecho público corresponde a Agosto, por lo que es posible que en las rondas de negociación posteriores se hayan introducido cambios.

Hechos para contextualizar el TPP:

1. La negociación involucra en la actualidad 12 países que, según la nota de prensa de WikiLeaks, representan más del 40% del Producto Interno Bruto Mundial.

2. Las negociaciones empezaron en marzo del 2010 y esperan cerrarlas antes de finalizar 2013.

3. Cero participación de la sociedad civil y de los Congresos, incluido el de EE.UU. 

4. En la actualidad el Gobierno de Estados Unidos está buscando que el Congreso le conceda Autoridad de Promoción Comercial, conocida como "Vía Rápida", que limitaría la participación del Congreso a una votación Si/No sobre el tratado final. Hasta el momento se ha generado importante oposición a esta solicitud por parte de miembros del Congreso, tanto republicanos como demócratas.

 

Finalmente, cabe alertar que según la información disponible existen aún 28 capítulos secretos para el público de los cuales sólo un 20% versa sobre temas comerciales y el 80% restante se presume contiene disposiciones adicionales que pueden no resultar favorables para los países en desarrollo en temas como: Contratación Pública (obligaciones más restrictivas que en los TLC), Medio Ambiente, Régimen Inversionista – Estado, Precios de medicamentos y Restricciones a los Bancos Centrales en materia cambiaria.

Parodiando un artículo publicado en “The Washington Times”, que expresa que “el TPP es un acuerdo de libre comercio con esteroides”, surge la siguiente pregunta: si el tratado es tan bueno para los países y sus poblaciones, ¿por qué está siendo negociado en secreto? (7)

Como bien lo ha advertido KEI, “La publicación del texto por WikiLeaks ha creado una oportunidad excepcional y muy valiosa para tener un debate público sobre los méritos del acuerdo, y sobre las acciones para corregirlo, cambiarlo o detenerlo”. (2).

Comité para la Veeduría Ciudadana en Salud: 

Germán Holguín Zamorano, Director General Misión Salud

Francisco Rossi, Director Fundación IFARMA

Sergio Isaza, Presidente Federación Médica Colombiana

Oscar Andia, Director del Observatorio del Medicamento de la FMC

José Julián López, Director del CIMUN

Luis Guillermo Restrepo Vélez

Andrea Carolina Reyes Rojas, Coordinadora

 

Referencias:

(1) http://www.ip-watch.org/2013/11/13/wikileaks-release-of-tpp-chapter-on-ip-blows-open-secret-trade-negotiation/

(2) http://keionline.org/node/1825 

(3) https://wikileaks.org/tpp/pressrelease-es.html

(4) http://www.unitaid.eu/en/resources/press-centre/statements/1289-unitaid-concerned-that-tpp-negotiations-undermine-public-health-goals

(5) http://www.citizen.org/documents/Whats%20New%20in%20the%20WikiLeaks%20TPP%20Text-11.pdf

(6) http://www.msfaccess.org/content/msf-responds-leak-trans-pacific-partnership-text-wikileaks

(7) http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/judson-phillips-cold-hard-truth/2013/nov/11/another-disaster-proven-liar/