Medicamentos a precio de oro

N. Ramirez de Castro , ABC.es 13 de enero de 2015
 

La llegada de nuevos fármacos, como los de la hepatitis C, plantean un nuevo desafío económico a los Gobiernos


Sovaldi, un tratamiento innovador para la hepatitis C


Lo que debería ser una buena noticia, la aparición de medicamentos más eficaces para el tratamiento de enfermedades graves como la hepatitis C, se está convirtiendo en un grave problema económico para los países desarrollados. El debate no es nuevo y no está solo en España. Lo recordaba este lunes el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en TVE. «En los próximos años los países van a tener que tomar decisiones que no hipotequen su estabilidad económica. No es ético ni legítimo que un país pueda tener una dificultad económica insalvable para que a sus ciudadanos les llegen esos fármacos», advertía.

Núñez Feijóo reconocía que las compañías farmacéuticas necesitan tener beneficios para seguir garantizando la innovación y la investigación, pero sin cuestionar la vida de los ciudadanos de un país por motivos económicos cuando hay laboratorios «que tienen más presupuesto que un país».
Tratamientos del cáncer

En los años 90 se planteaba cómo financiar los primeros tratamientos contra el sida. Aquellos medicamentos costaban 6.000 euros por persona, hoy un nuevo tratamiento de doce semanas para la hepatitis C, puede costar entre 50.000 y 60.000 euros.

Y no son los únicos. El paso de la farmacología sintética a la biológica va a suponer un cambio dramático también en la forma de tratar el cáncer, una de las enfermedades que más recursos consume. En los próximos años se espera la llegada de nuevos antitumorales que, de nuevo volverá a ser una buena noticia para los enfermos, pero desde un punto de vista económico, se convertirán en un nuevo desafío para el sistema sanitario.

Hace un año, 120 oncólogos de todo el mundo firmaban una carta en una revista científica donde advertían de que los altos precios de los antitumorales «ponían en riesgo» el acceso a los medicamentos. La carta hacía referencia a las nuevas terapias relacionadas con la leucemia. Pero la reflexión incluía a otros fármacos contra el cáncer y a la espiral de precios de las nuevas moléculas que ya están saliendo al mercado.

No es un problema de Europa, ni de países con buenas coberturas sanitarias. En Estados Unidos, las aseguradoras también han alzado la voz contra los precios de los nuevos tratamientos del cáncer.
Acceso desigual

Los enfermos de hepatitis C han sido los primeros en salir a la calle para reclamar tratamientos, pero la escena podría repetirse en breve con los pacientes de cáncer. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) denuncia que un enfermo puede recibir un fármaco más avanzado que otro, según la comunidad autónoma en la que vivan e includo dentro de una comunidad en función del hospital en el que esté siendo tratado. «El Estado decide qué medicamentos se financian pero en realidad son las comunidades y los hospitales los que toman la última decisión. Hemos denunciado en multitud de ocasiones que hay medicamentos oncológicos que pese a estar aprobados no están disponibles para los enfermos porque su hospital no lo prescribe», señala Pilar Garrido, presidenta de la SEOM.

Garrido no espera una comisión como la creada para la hepatitis C, pero sí reclama que los centros sanitarios y las autonomías estén obligadas a facilitar los medicamentos para poner fin a la desigualdad actual. En dos meses esta sociedad, que agrupa a los oncólogos españoles, tendrá un mapa español donde se mostrarán las desigualdades que denuncian.
Como 50 kilómetros de AVE

¿Qué hacer para compatibilizar innovación con sostenibilidad? Desde la industria farmacéutica se reconoce el alto precio de los nuevos tratamientos, pero se recuerda la alta inversión temporal y económica que requiere cada una de estas novedades. También se argumenta que las compañías farmacéuticas y las administraciones públicas ya están poniendo en marcha medidas flexibles para minimizar el riesgo de grandes desembolsos, indican.

En el caso concreto de la hepatitis C, las farmacéuticas creen que el coste, aunque elevado, es asumible para un país como España, si se tiene en cuentaque con el equivalente a la inversión que supondría sólo 50 km de AVE se tratarían a los 35.000 pacientes susceptibles de recibir el tratamiento




Enlace a nota original http://www.abc.es/sociedad/20150113/abci-medicamentos-precio-201501131118.html

 

Fármacos a precio de oro, solo si funcionan. El dilema ético sobre qué fármacos está justificado costear

Fármacos a precio de oro, solo si funcionan

 El dilema ético sobre qué fármacos está justificado costear se agrava con los recortes

 Milagros Pérez Oliva, El País,  22-2- 2013

¿Cuánto vale un mes de vida de una persona? ¿Y seis meses? ¿Se le puede poner precio a la supervivencia de un enfermo? A cualquiera que se le pregunte dirá que no. Y sin embargo, este es un dilema que se plantean numerosos hospitales y todos los reguladores sanitarios del mundo desarrollado ante la llegada de nuevos medicamentos de precio tan elevado que pone a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Entre las novedades, las hay muy caras pero muy efectivas y, en ese caso, no hay ninguna duda: el medicamento se aprueba y el único problema es buscar la forma de pagar la factura. Pero hay muchos otros fármacos, también extraordinariamente caros, que prolongan apenas algunas semanas o meses la vida, y en ocasiones, también el sufrimiento. En una situación de fuerte restricción presupuestara, ¿es lícito limitar la incorporación de novedades terapéuticas? ¿En qué casos sería ético hacerlo?

 La polémica ha surgido en España a raíz de unas declaraciones de Agustín Rivero, director general de Farmacia, quien en un acto público indicó que en adelante “se introducirán todos los medicamentos contra el cáncer que sean necesarios, siempre que su coste-eficacia sea adecuado”. Es decir, siempre que los beneficios compensen su elevadísimo coste. Hasta ahora, todas las innovaciones se incorporaban de forma prácticamente automática, pero desde hace un tiempo, los nuevos fármacos llegan a un precio tan desorbitado que han puesto en crisis los mecanismos de decisión. Y este es solo el principio.

 El paso de la farmacología sintética a la biológica va a suponer un giro copernicano en la forma de tratar el cáncer. Conforme se conocen los mecanismos implicados en el proceso tumoral, se multiplican las dianas terapéuticas. Para los próximos años se espera una avalancha de nuevos antitumorales, lo cual es una muy buena noticia para los pacientes, pero también un desafío descomunal para el sistema sanitario. Según la base de datos oficial del Gobierno estadounidense, en febrero pasado había registrados 139.847 ensayos clínicos de medicamentos en todo el mundo, de los cuales 37.370 eran de fármacos contra el cáncer. Solo en cáncer de mama hay 5.136 ensayos en curso, 542 más que el mes de septiembre pasado, lo que da idea de la progresión.

No todos, por supuesto, llegarán a buen puerto, pero muchos de ellos sí y algunos plantearán el difícil dilema de si el beneficio que aportan compensa su elevado coste. Dilema de difícil solución si tomamos como ejemplo uno de los últimos medicamentos sometidos a aprobación, el anticuerpo monoclonal ipilimubab. Cuando en marzo de 2011 fue aprobado por la Food and Drug Administration de EE UU, el laboratorio Bristol-Myers Squibb lo presentó como “uno de los mejores avances en el tratamiento del melanoma en 30 años”. Este tipo de cáncer de piel tiene buen pronóstico si se diagnostica en fases iniciales y puede ser tratado con cirugía, pero una vez ha hecho metástasis, responde mal a la quimioterapia. En estos casos, la supervivencia a los cinco años no supera el 10%. En realidad, el nuevo fármaco no es tan revolucionario, pero es el único que aporta algo de mejora: un incremento de la supervivencia de seis meses de media.

 El fármaco acaba de ser aprobado, pero condicionado a un protocolo clínico que aún se está elaborando. El coste alcanza unos 80.000 euros por paciente y año, y cada año hay unos 3.600 nuevos casos susceptibles de ser tratados. El precio, sin embargo, no es su único inconveniente: puede tener efectos adversos tan graves que ha de ser administrado en un hospital de alta tecnología.

 Aunque la mejora es modesta, en este caso se ha tenido en cuenta que no hay otra alternativa, algo muy frecuente en oncología. En 2007 se aprobó el eculizumab, indicado en un tipo de hemoglobinuria que provoca la progresiva y muchas veces fatal destrucción de los glóbulos rojos de la sangre. A diferencia del anterior, este fármaco sí puede cambiar el curso de la enfermedad, pero cuesta unos 300.000 euros por paciente y año, de modo que apenas dos o tres enfermos pueden alterar el presupuesto de farmacia de cualquier hospital. Los gestores les temen hasta el punto de que en la jerga gerencial se ha acuñado una nueva categoría de enfermo, la de “paciente catastrófico”, no porque suponga ningún riesgo, sino porque su tratamiento puede echar por tierra cualquier previsión de gasto.

“La incorporación de los nuevos tratamientos plantea situaciones muy difíciles que no deberían recaer ni sobre el médico ni sobre el gestor hospitalario. Un organismo superior debería evaluar cada fármaco y decidir en qué casos está justificado y cómo ha de administrarse”, afirma Xavier Carné, Jefe de Farmacología del Hospital Clínico de Barcelona. En Cataluña se ha creado recientemente una comisión de medicamentos de uso hospitalario que ha supuesto un alivio para los gestores, pues fija los criterios de referencia.

 Es muy duro para un clínico tomar decisiones de esta naturaleza, pero cada vez son más conscientes de que el coste ha de ser tenido en cuenta. Hace unos días, uno de los equipos médicos del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York decidió no usar un nuevo medicamento (ziv-afilbercept) aprobado en agosto para el cáncer de colon avanzado porque la relación entre el coste y el beneficio no lo justificaba. El tratamiento apenas había logrado prolongar la vida de los pacientes una media de mes y medio, lo que representa 40.000 dólares por seis semanas más de vida y sufrimiento. Sanofi reaccionó rebajando el precio al 50%, lo cual no sirvió más que para afianzar la decisión clínica.

 En estos momentos, si un fármaco es aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, la española lo aprueba también, pero para poderlo prescribir ha de ser antes evaluado por una comisión interministerial de precios, que actúa como un semáforo. Algunos medicamentos han tardado hasta dos años en estar disponibles. De hecho, durante casi un año, no se incorporó al orden del día ningún medicamento de alto precio. En los últimos meses se han aprobado algunos pero hay todavía varias novedades pendientes. La industria está nerviosa y tanto los médicos como los pacientes presionan para que se agilice el proceso.

 “En el forcejeo actual por el precio, la aprobación se retrasa y el que sale perdiendo es el enfermo”, afirma Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes. “El Gobierno y la industria han de pactar un sistema ágil y transparente. No puede ser quelos pacientes de una comunidad tengan acceso a un nuevo fármaco y los de otra no”. Agustín Rivero asegura que está en estudio un nuevo mecanismo para evaluar y aprobar los nuevos tratamientos. “Se trata de priorizar aquellos que mejoren realmente o la supervivencia o la calidad de vida del paciente”, sostiene.

 En el último año se ha denegado la aprobación de varios productos que no han acreditado un beneficio suficiente. Este dilema se planteará en el futuro con mucha frecuencia. Albert Jovell está de acuerdo en que debe considerarse la relación de coste-beneficio, pero recuerda que en el cáncer, los avances no suelen ser disruptivos, sino incrementales, a base de pequeñas mejoras que van alargando la supervivencia del paciente. Todos son conscientes, sin embargo, de que hay que prepararse para el gran cambio que se avecina.

 Muchos de los nuevos fármacos en fase de ensayo no curarán el cáncer, pero permitirán vivir con él. Esta es, desde luego, una excelente noticia. En un foro reciente organizado por la Fundación Vila Casas en Barcelona, que dará lugar a una publicación sobre el tema, se planteó si estamos ante un cambio de paradigma. Si el cáncer puede llegar a convertirse, gracias a los nuevos fármacos, en una enfermedad crónica que no se cura pero tampoco mata. Esa es una perspectiva muy plausible y de hecho ya hay algunos ejemplos. El más significativo es el de la leucemia mieloide crónica. La aparición del imitinib (Glivec) marcó realmente un antes y un después. Hasta entonces, la única alternativa era el trasplante de médula, de resultados siempre inciertos. La esperanza de vida media era de cuatro años. Por fortuna para los pacientes, esta leucemia está provocada por una sola traslocación, a diferencia de muchos otros tumores, en los que pueden producirse hasta seis y siete mutaciones, de modo que no fue difícil encontrar la forma de neutralizarla. Gracias al Glivec, los pacientes ya no se mueren. Pero no pueden dejar de tomarlo.

 Francesc Bosch, jefe del servicio de Hematología del hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, considera que este mismo proceso puede darse en otros tumores, pero eso puede disparar los costes. “En el caso de la leucemia mieloide se diagnostican unos 700 nuevos casos cada año, que se acumulan a los que ya están en tratamiento. El coste es de 60.000 euros por enfermo y año. Ahora se está estudiando si en algún caso podría suspenderse, pero de momento el medicamento ha de mantenerse de forma indefinida, pues si se retira, la enfermedad puede volver”, añade.

“El problema de los anticuerpos monoclonales es que en muchos casos frenan la enfermedad, pero en cuanto se retiran, reaparece”, corrobora Antoni Gilabert, responsable de Atención Farmacéutica del Servicio Catalán de la Salud. Convertir el cáncer en una enfermedad crónica significa que cada año se incrementa el número de tratamientos que financiar. “Nuestro gran reto es convencer a la sociedad y a los laboratorios de que hemos de priorizar aquellos que realmente aportan valor terapéutico, y tratar de ahorrar en los que aportan menos. El valor se ha de reflejar también en el precio”.

 Otro caso que ilustra sobre las dificultades de este cambio de paradigma es el de la hepatitis C, un virus que es terriblemente insidioso porque no da síntomas hasta que el daño está hecho. Acaban de aparecer dos nuevos fármacos (bocetrevir y telaprevir) que reducen significativamente la carga viral y por primera vez, algunos enfermos incluso se curan. La infección por este virus puede conducir a una cirrosis hepática y a un cáncer de hígado, de ahí la importancia de tratar a los afectados de forma precoz. El tratamiento cuesta alrededor de 30.000 euros por paciente y año. Sanidad ha establecido un extenso protocolo de uso, pero no en todas las autonomías se aplica del mismo modo. Además, el protocolo excluye de momento a los pacientes que también están infectados por el virus del sida, aunque en algunos casos se les administra.

 El dilema que se plantea es cómo incorporar esta mejora terapéutica de forma que el coste pueda ser asumido por la sanidad pública. Cuanto antes se administre, antes se para el daño. ¿Debería darse por tanto a todas las personas infectadas? Por otra parte, mucha gente puede estar infectada sin saberlo. ¿Debería promoverse la búsqueda activa de estos pacientes para prevenir futuros daños? “De momento, se ha decidido una incorporación gradual, de manera que se administra a los enfermos que tienen una mayor afectación hepática”, precisa Gilabert. Pero los que tienen menor afectación podrían evitar que la enfermedad progresase. Un dilema. En este caso, las autoridades sanitarias justifican la espera de estos pacientes no solo por el coste: en un par de años van a llegar otros dos o tres fármacos de la misma familia que ofrecen aún mejores resultados.

 A la hora de evaluar el coste-beneficio hay que tener en cuenta las vidas que se puedan salvar y el sufrimiento que se pueda evitar, pero también los ahorros futuros. En este caso, aunque el medicamento tenga ahora un alto coste, hay que contar el ahorro que supondrá que estos pacientes no lleguen a padecer cirrosis o cáncer de pulmón. Estos son los dilemas de la medicina de hoy. En el balance no solo se cuentan los beneficios del presente, sino los ahorros del futuro. Un cálculo complejo que requiere mirar más allá de la angustiosa gestión del presente.

 Riesgo compartido

El aumento de los costes ha hecho que muchos países hayan planteado restricciones en la incorporación de nuevos medicamentos. Jaume Puig-Junoy, profesor de Economía de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha estudiado las diferentes regulaciones: “Las limitaciones nunca afectan a los fármacos que han demostrado valor terapéuticos, sino aquellos de segunda o tercera línea sobre cuya eficacia hay dudas o representan ventajas menores respecto de los ya existentes y además tienen efectos adversos graves”, aclara. Alemania, Suecia, Italia, Francia y Reino Unido son algunos de los países que han establecido limitaciones basadas en la relación entre el coste y la eficiencia. “La mayoría de los fármacos rechazados no es por el precio, sino porque no tienen una eficacia clara”, aclara Puig-Junoy.

 Uno de los organismos con mayor experiencia es el NICE británico, una agencia independiente cuya misión es calcular la eficacia comparada o relativa de cada medicamento. Este sistema vincula el precio al valor terapéutico y traslada la carga de la prueba de eficacia al laboratorio. En su momento, el NICE estableció un coste máximo a financiar por el Sistema Nacional de Salud de 34.700 euros por año de vida ganado. Durante un tiempo esta cifra cubrió los medicamentos que comportaban realmente un beneficio claro. El problema es que muchos de los que se presentan para estadíos avanzados de cáncer la rebasan.

 Es el caso de dos fármacos para el cáncer de riñón, que fueron rechazados en primera instancia porque se consideró que el beneficio terapéutico no justificaba el coste. La acumulación de casos ha obligado al NICE a relajar la norma y establecer que si el fármaco demuestra cierta eficacia en pacientes con dos años de esperanza de vida, la barrera del coste puede ser más alta. Como respuesta a las quejas de los pacientes, expresadas en la campaña Nice is not so nice, y para evitar que algunos hospitales cargen de forma desproporcionada con este coste, el Gobierno de Cameron ha creado un fondo de 200 millones de euros para financiar el uso de medicamentos con bajo coste-efectividad, pero que son la única alternativa para el paciente.

 La reforma en marcha en España prevé un mecanismo único y trasparente de valoración que fije el posicionamiento terapéutico, es decir, las indicaciones precisas y las circunstancias en que puede ser administrado el fármaco. Agustín Rivero precisa que también incluirá una revisión anual del beneficio terapéutico, siguiendo el ejemplo de Francia, donde el precio se reduce si los resultados no son los esperados.

 Para los fármacos con mayores dudas, la solución está en una fórmula que introdujo el NICE y que ya se ha aplicado en Cataluña en un fármaco para el cáncer de pulmón: el riesgo compartido. “El concepto es que no se paga por la caja, sino por lo que consigue”, dice Antoni Gilabert, responsable de Farmacia del Servicio Catalán de la Salud. El tratamiento se administra durante un tiempo establecido, y el sistema sanitario solo financia el de los pacientes que han respondido. El laboratorio comparte el riesgo y es el primer interesado en acotar bien los casos que pueden beneficiarse.

 

enlace original http://bit.ly/15Dg5hT

Las farmacéuticas piden protección a Europa

El sector farmacéutico es "la industria con más I+D de la UE", dicen

Pero las "políticas con perspectiva cortoplacista" pueden acabar con eso
Además, denuncian que la crisis financiera está provocando desabastecimiento


Cristina de Martos , El Mundo  viernes 29/06/2012

Disponible en:
http://bit.ly/IFayuda


La industria farmacéutica "está muy preocupada por las consecuencias de las políticas de precios de fármacos y reembolso que se están aplicando en la Unión Europea". Éste es el mensaje que el 'lobby' farmacéutico ha transmitido por carta a la Comisión Europea, de la que esperan algún tipo de respuesta para proteger el sector durante la reunión que mantendrá este fin de semana.

Debido a la crisis financiera, las empresas farmacéuticas han perdido 7.000 millones de euros en 2010 y 2011 en cinco países de la UE (Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España) debido a la colaboración entre los gobiernos y la industria, que ha rebajado los precios de sus productos en un gesto de comprensión ante la "necesidad de controlar el gasto público y restaurar la credibilidad fiscal" en estos estados.

 Pero la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia) advierte en su carta enviada a la Comisión que estas medidas han sido malinterpretadas por otros países dentro y fuera del continente que, aunque "no están sometidos a la misma presión financiera han bajado automáticamente los precios".


Medidas cortoplacistas


Esta situación está perjudicando a las farmacéuticas, que ven como sus ingresos adelgazan. La misiva advierte que 26 países han tomado como precio de referencia de los medicamentos los establecidos por Grecia. Estas rebajas, según cálculos de Global Insights, suponen pérdidas millonarias. "Un recorte del 10% en los precios en Grecia le cuesta a la industria 299 millones de euros en ese país, pero 799 millones en Europa y 2.154 millones en el mundo".


"Europa debe asegurarse de que no se desliza hacia una posición en que simplemente se centra en comprar al menor precio posible y destruye los incentivos para la innovación que genera medicamentos avanzados y empleo de gran calidad", advierte la carta, firmada por Andrew Witty, presidente de Efpia.

El camino de las "políticas con perspectiva cortoplacista" puede perjudicar gravemente al sector farmacéutico que es "con diferencia, la industria con más I+D de la UE". Y continúa: "Es irónico que muchos países miembro de la UE utilicen varios incentivos para atraer I+D e inversiones en producción pero que después creen obstáculos y distorsiones del mercado que evitan que las nuevas medicinas lleguen a los pacientes".


Consecuencias para los pacientes

Esta estrategia "corta de miras" no sólo llevará a Europa a un "segundo plano en el orden mundial" sino que, además, está perjudicando a sus ciudadanos. El Efpia denuncia en su carta una práctica que ha crecido en los últimos meses en el viejo continente y que se denomina 'comercio arbitrario'.

Esto consiste en la "reexportación de los productos farmacéuticos desde los países con precios más bajos hacia otros con precios más altos". Básicamente, los intermediaros compran en los primeros y revenden en los segundos. "Uno de los impactos inmediatos es la escasez de medicinas para los pacientes de países como Grecia y Rumanía", denuncia este 'lobby'. "Existe un verdadero riesgo de cese del suministro en varios países", añade.

 No obstante, este desabastecimiento también ha sido consecuencia de las decisiones de algunas empresas, como es el caso de Roche, que ha dejado de enviar algunos de sus productos (la mayor parte anticancerígenos) a ciertos hospitales públicos griegos. El motivo han sido las grandes deudas contraídas por estos centros, que habían acumulado facturas millonarias con retrasos en el pago de hasta 600 días.


En España, varias comunidades autónomas están en una situación parecida. La patronal farmacéutica situó esa deuda a finales de 2011 en 6.369,3 millones de euros con un periodo medio de pago de 525 días. Para afrontarlo, el Gobierno central habilitó créditos ICO con los que los ejecutivos regionales han empezado a pagar esta semana sus facturas.

Medicamentazo en España: Los expertos alertan de que fármacos más caros sustituirán a los excluidos

La desfinanciación de medicamentos puede provocar que se recurra a otros aún cubiertos. La medida saca algunos fármacos obsoletos pero también otros muchos eficaces.
Los especialistas creen que el ahorro que prevé Sanidad no está garantizado. 
Sanidad sacará 456 fármacos de la financiación pública
DOCUMENTO: Los fármacos que no tendrán financiación pública.


María R. Sahuquillo Madrid 27 JUN 2012


http://bit.ly/LBHhoB


La exclusión de la lista de medicamentos financiados de 456 fármacos que Sanidad le propondrá hoy a las comunidades autónomas tiene sus riesgos. La medida, con la que se aspira a ahorrar 440 millones de euros, y por la que saldrían de la financiación pública desde antiácidos hasta antitusivos o antivirales, puede provocar que su consumo se desplace a otros productos que sí se siguen financiando pero que son más caros.


No sería la primera vez que ocurre. Los anteriores ‘medicamentazos’ llevados a cabo en 1993 por el Gobierno de Felipe González y en 1998 por el de José María Aznar no obtuvieron el ahorro esperado. Ese último año, el Ejecutivo del Partido Popular aspiraba a economizar 16.000 millones de euros con la medida que sacaba de la financiación más de 800 medicamentos, pero la factura del gasto farmacéutico, sin embargo, aumentó.


Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, cree que estos fármacos se sustituirán efectivamente por otros que siguen en la lista de financiados. “Existe un riesgo claro de desplazamiento de la prescripción. Por ejemplo, una alternativa a la codeína, que se dejaría de financiar, sería recetar fármacos con codeína y paracetamol más caros pero que no salen de la lista. Esto además de ser mucho más caro provoca el paciente tome algo que no necesita realmente”, dice.


Un artículo publicado en el European Journal of Health Economics analiza una medida similar puesta en marcha en Turquía. En ese país la falta de financiación de ciertos fármacos provocó el aumento del gasto en otros que suponían una alternativa terapéutica y que continuaban en el catálogo público.


Sanidad asume ese efecto desplazamiento hacia otros fármacos


Sanidad asume que esto puede ocurrir. De hecho, en el documento enviado a las comunidades lo menciona. Aunque afirma que este efecto no puede ser controlado desde los mecanismos normativos, sino desde la buena práctica de prescripción. Y propone que exista “un seguimiento activo” de las recetas que indiquen los profesionales.

"No aborda la situación de farmacos carísimos y sin ninguna aportación terapéutica", dice Llamazares

La propuesta mezcla muchos fármacos eficaces con otros obsoletos


Gaspar Llamazares, portavoz de Sanidad de Izquierda Unida, no está de acuerdo con la medida. “Desde el punto de vista sanitario es cuestionable que sea necesario eliminar este tipo de fármacos para síntomas menores. Hay síntomas menores que deben tener algún tipo de terapia financiada”, dice. Llamazares cree además que se está perdiendo la oportunidad de recortar el catálogo de fármacos financiados donde realmente se necesita. “Como los fármacos de diseño, aquellos que incorporan una vía de administración distinta, un excipiente… pero que no suponen ningún avance en relación con medicamentos existentes, y que sin embargo sí son mucho más caros”, dice el portavoz de IU. “Tocan fármacos que cuestan de uno a tres euros y no aborda la situación de otros que son carísimos y que no tienen ninguna aportación terapéutica. Es ahí donde se puede lograr un ahorro”, añade.


La industria farmacéutica se ha mostrado a favor de sacar del sistema a medicamentos de uso común


Algo en lo que coincide José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE, que critica la medida "injusta e ineficaz" que además mezcla sin ningún sentido fármacos muy eficaces con otros que ya no se recetan. “Va a afectar a pacientes que necesitan estos medicamentos y que se verán seriamente perjudicados. Además es probable que el impacto de ahorro que calculan no se produzca. Esta no es la vía de economizar”, argumenta el exsecretario general de Sanidad, que también habla de ese efecto "deslizamiento" de esos fármacos hacia otros que siguen en la lista de financiados.


José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, se muestra alarmado porque la propuesta de Sanidad no vaya acompañada de un estudio sobre los efectos de la medida. “Esto puede tener efectos negativos en pacientes y no se ha hecho ningún análisis de su impacto. Estas medidas drásticas deben ser consultadas no solo con las autonomías también con las sociedades médicas, por ejemplo”, dice. Freire también considera que el procedimiento de revisión del catálogo de productos financiados debería ser algo más continuo, sobre todo con ciertos medicamentos de precio muy alto y con escaso valor terapéutico.


La médico de familia Cristina de la Cámara también cree que la medida se limita a excluir medicamentos de bajo precio pero que no afecta a otros donde residiría el verdadero ahorro. “Van a seguir financiando fármacos más caros y de efectividad es más que dudosa, como muchos antihipertensivos o antidiabéticos…”, dice.

Para ella, algunos preparados de la lista de Sanidad, como aquellos que están dentro de la categoría de tratamientos del deterioro cognitivo asociado a la edad –con principios activos como el piracetam, o el extracto de ginko folium-- , antidiarreicos como los alcaloides de Ergot o vasodilatadores como la vincamina, están obsoletos o apenas se utilizan. Sin embargo, alerta, excluyen otros muy útiles y eficaces. “Sacan todas las pomadas de tratamientos tópicos para inflamaciones (tratamientos no esteroideos tópicos), lo que va a hacer que el consumo oral de antinflamatorios, con más efectos secundarios, se incremente.”, dice. “Y quitan de la financiación los jarabes o los productos para los catarros para vías altas útiles y efectivos, lo que también provocará que se recurra a tratamientos más caros”, asegura.


Esta experta alerta además de otro riesgo con este grupo de fármacos para los resfriados muy consumido: que el ciudadano acuda por su cuenta a la farmacia al no disfrutar de la financiación y se automedique. “Es mucho más recomendable que los tratamientos para los catarros pasen por el criterio de un médico, y que no que la gente vaya de manera indiscriminada a la farmacia”, añade.


Fármacos ¿obsoletos?

Sin embargo, el lunes, antes de conocerse la lista de medicamentos y el alcance de la medida, la ministra de Sanidad aseguró que la revisión de productos financiados se haría analizando su eficiencia. “Hay medicamentos obsoletos que aún están en el nomenclátor y se financian públicamente”, dijo. Fármacos “con escaso valor terapéutico” que serían “sustituidos por otros mejores o de precio menor”. Ese día llego a decir incluso que algunos de ellos podrían ser sustituidos perfectamente por “cualquier otro producto, muchas veces natural”. Una alusión a los remedios caseros que alarmó a los expertos.


Pero el argumento de Mato, que habla sobre fármacos obsoletos no queda claro para algunos expertos. El listado que Sanidad propone es muy amplio y diverso. “Seguramente ya era hora de excluir flavonoides, alcaloides para la migraña, extracto de pasiflora y algunas cosas así”, analiza Ricard Menéu, del Instituto de Investigación en Servicios de Salud. “Pero esa exclusión de la financiación pública no es similar a las previas, centradas en productos de escaso valor terapéutico. Pero no es igual que quitar el ginko biloba, que no hace nada, pero es barato y se usa muchísimo en Alzheimer y similares que los laxantes y los antidiarreicos, que son eficaces. O de un modo similar los vasodilatadores cerebrales, pero dejando la memantina. Otra cosa es que se quiera sacarlos de la financiación”, abunda.


La industria farmacéutica aún no se ha pronunciado sobre la lista de la que hoy ha informado El PAÍS. Aguardan un pronunciamiento oficial. Sin embargo, la patronal de los laboratorios, Farmaindustria, siempre se ha mostrado partidaria de excluir de la financiación los medicamentos para síntomas leves, como el paracetamol o la aspirina —que no aparecen en la propuesta de Mato—. Hace unos días su presidente, Jordi Ramentol, declaró que esperaba que esa falta de financiación se llevase a cabo “lo antes posible”.


Llamazares sostiene que ese apoyo de la medida de la industria farmacéutica —que en otros medicamentazos no estuvo de acuerdo— se debe precisamente a ese efecto deslizamiento. “Se conducirá al ciudadano a fármacos más modernos y caros, lo que no quiere decir que sean más eficaces; con lo que seguirán obteniendo beneficio”, dice. También Martínez Olmos apunta que la postura de la industria es "llamativa". El portavoz del PSOE asegura que tras la exclusión de la lista de financiados, los medicamentos que quedan fuera subirán de precio.

Asamblea Mundial de la Salud: Los estados quieren recobrar la OMS

Los estados quieren recobrar la OMS

Por Gustavo Capdevila GINEBRA, 18 may (IPS) -
http://bit.ly/KkhmA9


Las privatizaciones arrasaron hace tiempo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo cual llegó la hora de recuperar su carácter público, reclaman expertos en vísperas del encuentro global que la agencia de la ONU realizará la semana próxima en esta ciudad suiza.


La reforma de la OMS es uno de los temas centrales del orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud, que se inaugurará el lunes 21 y se extenderá hasta el sábado 26.


En conjunto, los 194 miembros de la OMS aportan apenas cerca de 20 por ciento de los recursos totales, unos 4.000 millones de dólares, con los que se sufraga cada dos años sus gastos de personal y proyectos de salud.


El resto, la parte gruesa de los ingresos, proviene de donaciones de particulares y de proyectos financiados por algunas naciones industrializadas que se reservan el derecho de escoger el destino de sus inversiones.


De esa manera, las contribuciones regulares de los estados miembro solo alcanzan para cubrir salarios y prestaciones sociales de unos 8.000 profesionales y empleados que trabajan en la sede de la OMS.

Así los gobiernos, en particular los del Sur en desarrollo, se han convertido en meros convidados de piedra en la escena donde se toman las decisiones sobre la salud mundial.

Grandes sociedades caritativas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, concurren voluntariamente con sumas multimillonarias, pero que solo costean proyectos afines a sus intereses, denuncian los analistas.


Todos los donantes en estos últimos siete años han dado dinero para asuntos que no son prioridades, que les interesan por motivos buenos o malos, pero que por su naturaleza no son del mandato de la OMS, dijo a IPS el experto Germán Velásquez, asesor del Centro Sur.


La OMS esta prácticamente privatizada, sostuvo Velásquez, quien hasta hace dos años desempeñó funciones ejecutivas en esa organización.
El experto sugiere aplicar un plan progresivo para, en un plazo de cinco, ocho o 10 años, recuperar el carácter público de esta agencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), para que los ministros de Salud del mundo entero retomen el poder y puedan fijar prioridades.
Velásquez agregó que "una cosa de la cual la Secretaría de la OMS no quiere oír hablar, pero los países se lo tienen que decir, es que aquí la primera y más urgente reforma es recuperar el carácter público y multilateral".
El plan sugerido permitiría aumentar de forma paulatina el monto del presupuesto regular, "que es el que los estados pueden controlar", dijo.

El director de Estrategia de la OMS, Andrew Cassels, expuso el problema en otros términos.
"No podemos continuar con esta situación en que los estados miembro fijan los objetivos y luego solo responden por 20 por ciento del presupuesto, proveniente de sus cuotas. Nosotros tenemos que conseguir el resto", dijo Cassels.
"Por eso decimos que, si queremos contar con una agencia de la ONU sobre salud (que sea) verdaderamente responsable, necesitamos vincular la responsabilidad de establecer objetivos con la responsabilidad de financiar los trabajos que van a alcanzarlos", apuntó.


Velásquez estimó que el mundo industrializado que aporta dinero de modo voluntario debe aceptar que, por una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, esos fondos se conviertan en aportes regulares.
Los países en desarrollo, sobre todo los emergentes, también tendrían que aumentar sus contribuciones regulares, indicó el experto del Centro Sur, un instituto intergubernamental de investigación con sede en Ginebra.


Otro tema importante que examinará la Asamblea Mundial de la Salud es la propuesta de adopción de un tratado que regule la investigación y el desarrollo de medicamentos para que se atiendan las necesidades de las poblaciones del Sur.
El actual sistema de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos ha fracasado en la entrega de medicamentos para los más grandes sectores de la población mundial, en particular para los que viven en las naciones en desarrollo, observó Velásquez.
La situación en esos países reclama acciones urgentes, dijo. Las enfermedades transmisibles todavía se cobran cada año la vida de 10 millones de personas, 90 por ciento de las cuales residen en el mundo en desarrollo, puntualizó.
Un tercio de la población mundial carece de acceso a los medicamentos que necesita, y la situación empeora en los Países Menos Adelantados, 50 por ciento de cuyos habitantes no tienen acceso a esos fármacos imprescindibles.
Un grupo de trabajo integrado por expertos de todas las regiones del mundo elaboró un informe sobre el problema. En él recomienda a la OMS iniciar negociaciones para la adopción de un tratado internacional vinculante sobre investigación y desarrollo de productos farmacéuticos.
Uno de los puntos principales del informe sugiere desvincular el precio de los medicamentos destinados a esas poblaciones del Sur del costo de las actividades de investigación y desarrollo de los productos farmacéuticos.
En términos de medicamentos, ese informe es el documento más importante que ha producido la OMS en los últimos 30 años, estimó Velásquez.

La propuesta del grupo de expertos será debatida por la Asamblea que, entre otros temas, deberá aprobar o rechazar la reelección de la directora general de la OMS, Margaret Chan, por otro lustro, como ha propuesto el Consejo Ejecutivo de la agencia.

Mejorar la calidad asistencial no implica financiar públicamente cualquier medicamento

buenisima editorial en  Atención Primaria

Amado Guirado, Ester; Diego, Laura; Ortún, Vicente  Mejorar la calidad asistencial no implica financiar públicamente cualquier medicamento  Aten Primaria. 2012;44:187-9. -

 

Introducción

El diseño de las políticas farmacéuticas busca un equilibrio entre proporcionar el mayor grado de acceso a los medicamentos a aquellas personas que los necesiten, promover la

innovación terapéutica y al mismo tiempo limitar el crecimiento del gasto público. En el marco de las políticas sanitarias promovidas por la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico (OCDE), la orientación general de la revisión de la oferta de servicios públicos está dirigida a promover aquellas políticas que aporten valor en

relación con el coste que suponen para la sociedad 1. Por ello, el contexto actual de crisis económica obliga a reflexionar acerca de la «desinversión en tecnologías sanitarias»,

es decir, sobre la posible exclusión, parcial o total, de la financiación pública de aquellas tecnologías de escaso valor clínico con el objetivo de maximizar la eficiencia de los servicios sanitarios.

Centrados en nuestro país y en los medicamentos conviene tener en cuenta varios aspectos. En España la prestación farmacéutica es amplia comparada con otros países

del entorno, debido fundamentalmente a que, salvo excepciones, la decisión de autorización de nuevos medicamentos, va ligada a su financiación sin tener en cuenta

el valor terapéutico añadido, y aunque la autorización de comercialización de medicamentos a través de la Agencia Europea de Medicamentos ha implicado una mayor homogeneidad en la oferta de fármacos aprobados, todavía existen diferencias de criterio notables respecto a qué fármacos son financiados públicamente en los distintos países 1.

Se han excluido medicamentos de la financiación pública en dos ocasiones, 1993 y 1998. La aplicación de estas llamadas «listas negativas» supuso la eliminación de la prestación

farmacéutica de un 29% de los medicamentos de marca comercializados, no obstante, éstas tuvieron un limitado impacto en la reducción del gasto farmacéutico y su efecto

fue transitorio, ya que el crecimiento del gasto farmacéutico no está provocado únicamente por el número de medicamentos financiados públicamente y su precio, sino

también por la utilización inadecuada que se hace de los mismos. Sin embargo, incluso en casos como éste, en que el impacto en la reducción del gasto puede ser cuestionable,

la exclusión de la financiación de fármacos de escasa o nula efectividad o que contenían asociaciones irracionales de principios activos, puede la aplicación de la medida2.

 Texto completo disponible en

http://bit.ly/NZHCRd

España: Propuestas para el uso adecuado y eficiente de los medicamentos

Estimadas y estimados
del Blog el supositorio de Vicente Baos

vale la pena

Propuestas para el uso adecuado y eficiente de los medicamentos

Las recientes decisiones del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, es decir del Gobierno y de las Comunidades Autónomas sobre la prescripción por principio activo, descenso del precio de medicamentos de más de 10 años, etc. han abierto de nuevo la polémica sobre que siempre se actúa sobre los precios, no sobre la demanda y otros factores que provocan un mayor gasto.

Un grupo de médicos de familia y farmacólogos clínicos con experiencia en el análisis y evaluación de medicamentos hemos redactado un documento que quiere sintetizar nuestra opinión sobre todo lo que afecta al uso de los medicamentos.

Hacemos propuestas amplias y de diferente calado. Si de verdad se quiere reconducir y mejorar el uso de los medicamentos y el gasto que ocasionan, ya tienen aquí un documento de estudio. No solo criticamos, también proponemos.



"...Dada la preocupación del Gobierno, de todos los profesionales sanitarios y de la sociedad en general para la mejora de la eficiencia del gasto público, hemos pensado que, como profesionales que hace años que trabajamos para la mejora del uso adecuado de los medicamentos, podríamos aportar algunas ideas con el objetivo de:

- Mejorar la prescripción de los medicamentos
- Reducir el gasto farmacéutico

Somos conscientes, sin embargo, que las mejoras no son fáciles porque hay que contemplar cambios a nivel clínico, farmacológico, social y económico. Por este motivo las posibles soluciones pasan por la implicación de diversos sectores, de forma destacada la administración sanitaria y los profesionales sanitarios, pero también la industria farmacéutica, las oficinas de farmacia, las sociedades científicas, las universidades, los colegios profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes, de consumidores y la propia sociedad en su conjunto.

Somos conscientes también que los intereses de las partes pueden no ser coincidentes pero consideramos que la situación es suficientemente grave como para no posponer más los acuerdos y es indispensable que la administración sanitaria lidere el compromiso y solicite a todos los implicados el esfuerzo necesario para hacerlos posible.

Sería sin embargo un grave error, a la vez que del todo ineficiente, hacer recaer el peso de estos cambios en uno o unos pocos sectores implicados.

Desde hace años, los profesionales sanitarios, nos encontramos con contradicciones importantes:

- Por una parte la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) autoriza la comercialización de medicamentos y el Ministerio de Sanidad decide el precio y cuáles deben ser financiados por fondos públicos mientras que las autoridades autonómicas proponen objetivos e incentivos para que muchos de estos fármacos no se prescriban.

- Los comités de evaluación de nuevos medicamentos de las respectivas Comunidades Autónomas afirman y difunden a través de sus boletines terapéuticos que muchos de estos medicamentos aprobados NO suponen un avance terapéutico relevante y aconsejan continuar utilizando los tratamientos disponibles. Entre 2008-10 la AEMPS ha autorizado 59 nuevos principios activos. De estos, 21 se pueden prescribir con receta médica (el resto son de uso hospitalario). Los Comités de Evaluación de Nuevos Medicamentos han evaluado 13 (62%) de ellos y han considerado que ninguno de ellos supone un avance terapéutico.

- Es paradójico y decepcionante observar cómo las agencias de medicamentos siguen aprobando nuevos fármacos con valor terapéutico añadido escaso o nulo y con precios superiores a los ya existentes y por el otro lado se congelan o recortan los sueldos de los profesionales a fin de reducir el gasto sanitario.

- Diversos estudios demuestran que el porcentaje de recetas cumplimentadas en Atención Primaria de Salud (APS) debidas a prescripciones realizadas en otros niveles asistenciales oscila entre un 24-50%. Su gasto, sin embargo, puede llegar al 60% del total, dado que en muchos casos son recetas destinadas a patologías crónicas y conllevan un precio más elevado. A pesar de toda esta información, la administración sanitaria insiste en intentar corregir y desde hace años penalizar/incentivar a los médicos de familia buscando unos objetivos que en muchos casos no depende de ellos alcanzarlos. Esta contradicción conlleva un desgaste innecesario de unos profesionales que desearían hacer mejor su trabajo, pero ni reciben la ayuda suficiente por parte de la administración ni cuentan (en general) con la sensibilidad ni formación, en este tema, del resto de niveles asistenciales.

También, no deja de ser paradójico que los recursos económicos públicos dedicados a la información y formación continuada sobre terapéutica sean muy bajos, en comparación con los recursos que dedica la industria farmacéutica.
....."





el enlace
http://vicentebaos.blogspot.com/2011/07/propuestas-para-el-uso-adecuado-y.html



el documento
http://es.scribd.com/doc/60641023/Propuestas-Para-El-Uso-Adecuado-y-Eficiente-de-Los-Medicamentos

o bajarlo en PDF
http://www.icf.uab.es/es/pdf/primaria/propuestas_para_el_uso_adecuado_y_eficiente_de_los_medicamentos.pdf