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miércoles, 15 de febrero de 2017

Nuevo Director de ANLAP confirma fin del ex Remediar (CUM) y traspaso a cada provincia

adiós compras centralizadas y reducción de costos, y la provisión a millones de personas.  no se trataba de mejorar lo bueno?, o simplemente desmantelarlo
 divide y ....
conseguirás mas dividendos!

Reunión en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos


3 de febrero de 2017


Los Directores Diego Bruno y Jorge Stettler, visitaron la sede de la ANLAP, donde mantuvieron una reunión con el Presidente de la Agencia, el Dr. Alfonso Sánchez de León.


Los Directores del LIF, asistieron al encuentro, junto la la Directora del LEM, María Fernanda Pesado y a Martín Grigioni, quien participó en representación de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario.

La reunión fue a agenda abierta y la misma permitió a los Directores del LIF, en principio, conocer a las nuevas autoridades de la ANLAP, como también informar sobre los proyectos en curso, en el Laboratorio.

Sánchez de León, informó a los presentes, que en marzo podría ser la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la ANLAP y que la Agencia cuenta con un presupuesto aprobado, de 85 millones de pesos.

También el funcionario nacional, expresó que en este año 2017, finalizaría la provisión centralizada de medicamentos desde el Ministerio de Salud, a través de la Cobertura Universal de Medicamentos (CUS, ex programa REMEDIAR), derivandose la misma a la gestión individual, en cada provincia.

Durante la reunión, también participaron: CPN Raúl Manes y Norma Madeo, integrantes de la ANLAP

domingo, 15 de enero de 2017

Mientras se ajusta en el PAMI, la producción pública de medicamentos está paralizada

Cuando el gobierno justificó los recortes en la entrega de medicamentos con descuentos del PAMI, apeló al concepto del "ahorro": con 1000 millones que ahora pagará el jubilado, podrían construir dos hospitales. Sería plausible si el Ministerio de Salud no hubiera terminado 2016 con 7200 millones de pesos presupuestados que no utilizó. Pero el Estado tiene una posibilidad efectiva de ahorrar en remedios y salud pública: la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Un plan que en 2016 fue paralizado y que ahora tendrá un recorte del 50 por ciento. Además, los medicamentos subieron hasta 110% y persiste la deuda millonaria con las farmacias. Un combo que beneficia a actores privados, cercanos al Ejecutivo.
El 4 de noviembre de 2015, la jefatura de Gabinete le asignó a la flamante ANLAP –creada por ley a fines de 2014– un presupuesto de 150 millones de pesos. El año pasado, Cambiemos la incorporó al Ministerio de Salud bajo el programa de "Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública", pero quedó con sólo 4,72 millones. Muy poco para articular con 39 laboratorios que dependen de gobiernos provinciales y universidades, como el de Santa Fe o el de la Universidad de Córdoba. La ley habla de "adquirir soberanía" e insta al Estado a posicionar al sistema público como un importante competidor en el mercado, para contrarrestar las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados. No parece ayudar que el presidente Macri vacacione en un complejo de Villa La Angostura donde tiene acciones Pablo Roemmers, titular del laboratorio homónimo denunciado por la "cartelización del mercado". Hay más contactos. En 2011, Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti y actual director ejecutivo de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre, fue acusado de "lobbysta de los laboratorios" por la fiscal Mónica Cuñarro. Meses después, Macri vetó en la Ciudad la ley de regulación de medicamentos libres. Antes había vetado la fabricación estatal de medicamentos.

La Agencia estuvo seis meses sin autoridades, hasta que el 6 de diciembre el ministro Jorge Lemus se reunió con el nuevo presidente, Adolfo Sánchez de León, y habló de "sumarla a otros objetivos como la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías para trabajar medicamentos de manera holística".

Este año, el presupuesto de la ANLAP se reducirá a 83,8 millones, de los cuales 15,2 millones irán como transferencia al sector privado "para financiar gastos corrientes". El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, remarca que la producción pública de medicamentos está "absolutamente" paralizada: "No se fomenta desde el Estado porque hay una financiación del sistema político por parte de los laboratorios. El mejor ejemplo lo tenemos en las campañas electorales."

Durante el segundo semestre, con la ANLAP sin funcionar, el Plan Remediar profundizó su recorte del 40%, y el gobierno lanzó la "Cobertura Universal de Salud", cuya licitación de insumos no tuvo en cuenta la Ley Compre Nacional. También se agudizó la falta de medicamentos para enfermedades como tuberculosis y VIH. Ante la reciente queja formal de la Sociedad Argentina de Infectología por la ausencia de pirazinamida e isoniacida, Salud informó sobre un acuerdo con la Productora Zonal de Medicamentos de Río Negro. Por la demora de casi un año, la entrega recién se normalizaría en abril.
Al mismo tiempo, PAMI sigue adelante con su política de ajuste en la entrega de remedios con 100% de descuento. Semino advierte que si a algún jubilado le quitan el descuento y debe cortar su tratamiento por no poder afrontarlo, "se estaría cometiendo cuasi un delito penal, lo que generaría amparos judiciales".
Lo que más perturbó en 2016 el presupuesto del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue la suba de los medicamentos. En un año, la marca más recetada de atenolol aumentó un 107%; los diuréticos, 82%; y anticoagulantes, hasta el 95 por ciento. Todos para enfermedades crónicas. Según Semino, "el problema de fondo" es la entrega de remedios, por la deuda con las farmacias que ronda los $ 2000 millones. "El PAMI hace una compra mayorista a la industria en base a una estimación mensual –grafica Rubén Sajem, presidente de la Sección de Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital–. Pero desde que asumió Regazzoni se agudizaron los problemas en el suministro. Se pretende que las farmacias los entreguen gratuitamente a los afiliados de PAMI, pero los cobran con 120 días de atraso, cuando deben pagarlos a sus droguerías proveedoras en un plazo que no supera los 15 días."
Actualmente el 51% de la facturación del PAMI se genera en apenas el 15% de las 15 mil farmacias del país. Las principales afectadas –denuncian– son las pequeñas y medianas. Sajem apunta a la concentración cada vez mayor en grandes cadenas, que pueden solventarse vendiendo otros productos. Las miradas apuntan a Farmacity y su expresidente, Mario Quintana, hoy coordinador interministerial del gobierno. La cadena cuenta con más de 260 sucursales y una facturación anual superior a los $ 7500 millones. Años atrás encararon una denuncia multimillonaria contra laboratorios y medianas farmacias, acusándolos de hacerle pagar a Farmacity más comisión que al resto, en los medicamentos para jubilados. La gestión del FpV rechazó ese reclamo, pero en septiembre, con el gobierno Pro, se reflotó. Debe decidir la Secretaría de Comercio, dirigida por Miguel Braun, ex socio de Quintana en la empresa Pampa Cheese.
En abril de 2016, la industria farmacéutica le condonó una deuda de 1600 millones al PAMI, a cambio de prorrogar el contrato entre ambos hasta este 31 de enero. Semino reclamó que se incorpore a la discusión la fabricación estatal de medicamentos: "Sigue vigente la ley de genéricos de la que nadie habla, a pesar de que valen el 30% de cualquier específico." Los farmacéuticos remarcan que "la situación es insostenible", y que si el nuevo convenio no los incluye y la deuda no se arregla, volverán a cortar la atención en febrero, como ocurrió en Navidad. Sajem concluye: "Nosotros podemos aportar en el uso racional de los medicamentos, intervenir en la polimedicación –que es habitual–, evitar que los que entrega el PAMI no sean para el uso del afiliado. Pero nunca fuimos escuchados." «
El Fondo Pegasus: ganancias y usina de funcionarios
"Hoy el PAMI está ayudando a que se genere una concentración de la dispensa de medicamentos en las farmacias grandes, que tienen más capacidad financiera. Muchas pequeñas y medianas ya dejaron de atender, cosa que a las autoridades parece no preocuparles", expresa Rubén Sajem, del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad. La más beneficiada es Farmacity, fundada por Mario Quintana (foto), actual secretario de Coordinación Interministerial. Fue uno de los denunciados por el "dólar futuro": compró 1,48 millón de dólares en septiembre de 2015. Y en las primeras semanas de gobierno PRO, el Gabinete del que forma parte devaluó un 40% la moneda. También se lo acusó de que en agosto, la productora de quesos Pampa Cheese, creada por él, Gustavo Lopetegui y Miguel Braun, se favoreció con el faltante de manteca, además de la baja de retenciones.
Según estimaciones de la Confederación Farmacéutica Argentina, desde que arrancó Farmacity hace 20 años, se cerraron 1700 farmacias de barrio. En la provincia de Buenos Aires, la farmacia no es un comercio sino un servicio público. Por eso la Corte bonaerense le prohibió el ingreso este año a Farmacity, que tenía la venia del gobierno de Vidal. El 40% de su facturación proviene de productos que no son remedios.
La cadena forma parte del Fondo Pegasus, que incluye a Freddo y al Tortugas Open Mall. En enero anunciaron que volverían a invertir en el rubro inmobiliario, tras una pausa de cuatro años, a través de Rukán Desarrollos. Por ejemplo, con la segunda torre Dosplaza en Caballito, junto a la constructora Caputo. Pegasus se transformó en una usina de funcionarios de Cambiemos: Natalia Zang es evaluadora de Proyectos con Financiamiento Externo del área de Quintana; Juan Procaccini está al frente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional; Gabriel Castelli es secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social; y Manfred Hang Kuchen, asesor legal de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación.
El interventor revisará "caso por caso"
Según anunció Regazzoni, no tendrán el 100% de descuento los jubilados que tengan yates. También englobó a quienes cobren más de 8500 pesos, tengan una prepaga o un auto de menos de diez años de antigüedad.

 original
http://bit.ly/2iy4Im5

jueves, 1 de diciembre de 2016

Argentina nombran nuevos directivos de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos-ANLAP

1 de diciembre 1 de 2016


cuando todo hacía pensar que se desmantelaría la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, 
el poder ejecutivo, mediante los decretos 1200 y 1201 publicados en el boletín oficial designo al nuevo Presidente y vicepresidente del directorio de la ANLAP. ellos son Adolfo Sanchez de León y Gastón Moran.


veremos  como resulta.




Ver decretos

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS

Decreto 1201/2016
Desígnase Presidente del Directorio.

Buenos Aires, 29/11/2016

VISTO el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, aprobado por Ley N° 27.198 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 10 de fecha 19 de enero de 2016, la Ley N° 27.113 y el Expediente N° 1-2002-19.901/16-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.198 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

Que por el artículo 4° de la Ley N° 27.113, se creó la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado.

Que en el artículo 6° de dicha Ley, se establece que la ANLAP estará dirigida y administrada por un directorio integrado, por TRES (3) miembros, UN (1) Presidente, UN (1) Vicepresidente y UN (1) Secretario y que los miembros del directorio deben ser seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno de ellos a propuesta del CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA).

Que el MINISTERIO DE SALUD, a los efectos de contribuir con la organización de la Agencia Nacional citada precedentemente, solicita la cobertura del cargo de Presidente del Directorio de la misma.

Que a tal fin se han evaluado los antecedentes del Dr. Reinaldo Adolfo SANCHEZ de LEÓN (D.N.I. N° 16.195.045), quien reúne los requisitos exigidos para el desempeño de la función de presidente establecida en el artículo 6° de la Ley N° 27.113.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y del artículo 6° de la Ley N° 27.113.

Por ello,


EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Desígnase a partir de la fecha del presente decreto con rango y jerarquía de Subsecretario, al Dr. Reinaldo Adolfo SANCHEZ de LEÓN (D.N.I. N° 16.195.045), en el cargo de Presidente del Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PUBLICOS (ANLAP), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

ARTÍCULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD-.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Jorge D. Lemus.


Fecha de publicación 30/11/2016

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS

Decreto 1200/2016
Desígnase Vicepresidente del Directorio.

Buenos Aires, 29/11/2016

VISTO el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, aprobado por Ley N° 27.198 y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 10 de fecha 19 de enero de 2016, la Ley N° 27.113 y el Expediente N° 1-2002-19.902/16-3 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.198 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

Que por el artículo 4° de la Ley N° 27.113, se creó la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP), organismo descentralizado dependiente de la órbita del MINISTERIO DE SALUD, con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado.

Que en el artículo 6° de dicha Ley, se establece que la ANLAP estará dirigida y administrada por un directorio integrado, por TRES (3) miembros, UN (1) presidente, UN (1) vicepresidente y UN (1) secretario y que los miembros del directorio deben ser seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno de ellos a propuesta del CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA).

Que el MINISTERIO DE SALUD, a los efectos de contribuir con la organización de la Agencia Nacional citada precedentemente, solicita la cobertura del cargo de Vicepresidente del Directorio de la misma.

Que a tal fin se han evaluado los antecedentes del Bioquímico Gastón MORAN (D.N.I. N° 28.351.551), quien reúne los requisitos exigidos para el desempeño de la función de Vicepresidente establecida en el artículo 6° de la Ley N° 27.113.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y del artículo 6° de la Ley N° 27.113.

Por ello,


EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º — Desígnase a partir de la fecha del presente decreto al Bioquímico Gastón MORAN (D.N.I. N° 28.351.551), en el cargo de Vicepresidente del Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS (ANLAP), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

ARTÍCULO 2º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD-.

ARTÍCULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Jorge D. Lemus.


Fecha de publicación 30/11/2016

jueves, 29 de septiembre de 2016

Argentina: Patentes flexibles, la moneda de cambio


Nadia Luna , Agencia TSS, 29 de septiembre de 2016

 

 Patentes flexibles, la moneda de cambio
   El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) publicó una resolución que puso en alerta a los laboratorios farmacéuticos nacionales. Se trata de la norma 56/2016, publicada en el Boletín Oficial el 19 de septiembre, que facilita la concesión de patentes a empresas extranjeras al flexibilizar los criterios de patentabilidad. La normativa establece que se darán por cumplidos los requisitos exigidos para otorgar la patente a aquellos solicitantes que ya tengan una patente equivalente concedida por una oficina de otro país.

“La resolución habilita a la oficina de patentes local a utilizar los exámenes de fondo ya realizados por las oficinas extranjeras”, explica a TSS la especialista en propiedad intelectual Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. “Es un viejo reclamo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Una de sus críticas habituales tiene que ver con la demora y la rigurosidad de los trámites en la Argentina. A partir del cambio de autoridades en el INPI están haciendo lo que les vienen pidiendo desde hace tanto”.
 
El presidente Mauricio Macri designó al frente del INPÏ al abogado Dámaso Pardo, exsocio del estudio PAGBAM, que asesora a empresas transnacionales en aspectos de propiedad intelectual y patentes. “Si uno observa el tipo de trabajo que han hecho se ve claramente cuál es la ideología que sustenta su trabajo, ya que históricamente han defendido un régimen de patentes mucho más flexible”, indica Busaniche.
Según la resolución del INPI, se justifica esta medida porque permitiría la “reutilización de los resultados de búsqueda y examen realizado anteriormente por otras oficinas”, ya que “esta duplicación de esfuerzos y labores no es beneficiosa para las oficinas, los solicitantes y la sociedad en general”. “Dicen que es para acelerar el trámite”, apunta Busaniche. “Lo cierto es que sí, lo aceleran, pero para las corporaciones extranjeras que van a venir con sus carpetas de patentes a validarlas acá”.
Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), denunciaron que la medida vulnera las funciones constitucionales que tiene el INPI de protección de la propiedad intelectual y advirtieron que acudirán a la Justicia. En una solicitada publicada en diversos medios, aseguran que esta normativa “va a permitir ‘importar’ patentes extranjeras, subordinando la soberanía sanitaria y científica nacional a favor de intereses económicos de otros países”. Además, señalan que esto provocará un aumento en los precios de los medicamentos y un efecto negativo sobre el empleo y el desarrollo de la industria argentina.
Un caso testigo es la denuncia de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), realizada antes de que se concretara la resolución del INPI, acerca de que el Gobierno podría favorecer a la farmacéutica estadounidense Gilead al otorgarle la patente del sofosbuvir, un medicamento contra la Hepatitis C. La compañía tramita esa patente en la Argentina desde hace años y la Fundación GEP sostiene que, de ser otorgada, excluirá la posibilidad de que el medicamento se fabrique en la Argentina, perjudicando así a los pacientes que no podrán obtenerlo a un precio accesible.
La resolución del INPI facilita la concesión de patentes a empresas extranjeras al flexibilizar los criterios de patentabilidad.
Para Busaniche, el próximo paso del INPI será cambiar las directrices de patentabilidad. “Las directrices dan pautas muy claras a la hora de trabajar en la evaluación de una solicitud de patente. Por ejemplo, en lo que respecta a permitir o no patentes de medicamentos para segundos usos. Es un instrumento burocrático muy especializado, que solo va a leer gente que trabaja en el tema, pero que fija cómo interpretar la ley a la hora de conceder una patente”, precisa.
 
Por lo pronto, la resolución del INPI parece ir en sintonía con la política del Gobierno nacional en lo que respecta a la producción pública de medicamentos (PPM). Los laboratorios nacionales vienen reclamando que se cumplan las leyes 26.688, que declara a la PPM de interés nacional; y 27.113, que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Sin embargo, el presupuesto de 150 millones designado para la ANLAP nunca se ejecutó, su funcionamiento está paralizado y a través de tres decretos fueron removidos su presidente, vice y secretario.
 
Busaniche advierte que “si bien el ojo está puesto sobre la industria farmacéutica, esta resolución podría perjudicar casi a cualquier sector porque si se flexibilizan los criterios y se otorgan cada vez más patentes de manera casi automática a inventos que ya fueron aprobados en el exterior, lo que harán es favorecer los desarrollos extranjeros y bloquear la innovación local”.
 
original en

miércoles, 3 de agosto de 2016

Duro revés PRO a la producción pública de medicamentos

ver notas relacionadas


En los siete meses transcurridos de gobierno macrista, sucedieron hechos que perjudican a los laboratorios públicos, sus trabajadores y como consecuencia, al conjunto del pueblo.



Damián de Paula, La izquierda Diario  3 de agosto de 2016


Adiós Plan REMEDIAR. Adentro las “Big Pharma”

En el marco actual de apertura de la economía argentina en general, en materia de medicamentos en particular comenzaron a proveer al plan Remediar, por primera vez desde el año de su creación en el año 2002, multinacionales de la talla de Pfizer (una de las big pharma), entre otras. A raíz de ello CILFA, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, que agrupa a los privados de capitales nacionales, presentó un amparo en el mes de junio para que se suspenda la adjudicación de la licitación denunciando la violación de la ley de Compre Nacional y la ley Nacional de Medicamentos (16.463), ya que en esta licitación el Ministerio podría adquirir fármacos sin el registro sanitario en la Argentina.
El pasado mes de julio se avanzó en la elaboración de una propuesta desde el LIF SE (Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado) de Santa Fe y el LEM (Laboratorio de Especialidades Medicinales) de Rosario, para proveer medicamentos al Ministerio de Salud de la Nación, los cuales serán distribuidos a través de la Cobertura Universal de Medicamentos (CUM). 
 El mismo reemplazará al plan REMEDIAR, dentro de la Cobertura Universal de Salud (CUS), establecida por la Resolución 475/2016 publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de mayo, el mismo busca que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan a lo largo de todo su ciclo de vida, sean de promoción, prevención, curación, rehabilitación o cuidados paliativos, sin tener que pasar por dificultades financieras para pagarlos, señaló el Ministro Jorge Lemus.
Inicialmente la CUS estará compuesta por los 16 millones de beneficiarios inscriptos en programas de medicamentos y las 12,7 millones de personas que forman parte del programa Sumar.
Tomando los antecedentes cercanos de los laboratorios públicos santafesinos, desde el año 2008 a la fecha, el LIF “ha producido y entregado más de 150 millones de comprimidos, al Ministerio de Salud de la Nación”, como también “más de 6 millones de comprimidos, destinados a ministerios de salud provinciales y secretarías de salud, de diferentes jurisdicciones”, hecho que demuestra la enorme contribución de medicamentos esenciales.
Hay una gran incertidumbre con respecto a los otros dos grandes laboratorios públicos proveedores del difunto REMEDIAR como los Laboratorios Puntanos SE con sede en San Luis y Hemoderivados-UNC (ver más adelante).

Disolución de la ANLAP

A fines de 2014 se aprobó la creación de la ANLAP, una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que nucleaba a los más de treinta laboratorios públicos que existen en nuestro país, con el objetivo de articular su actividad. Además de los anteriormente citados, podemos agregar otros dependientes de los gobiernos provinciales como el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, y que dependen de las universidades nacionales, y el caso del Laboratorio de Hemoderivados, de Córdoba o la UPM de La Plata.

Entre los principales objetivos de esta agencia estaba la responsabilidad de diseñar la política pública en materia de producción, investigación y desarrollo de medicamentos; orientada la producción al subsector público de la salud; registrar los laboratorios públicos que existan en las distintas provincias, tal como lo establece la ley 26.688 y también promover la compra centralizada de principios activos para que lo producido por los laboratorios públicos sea más competitivo y de esa forma abaratar los costos de los medicamentos.

El pasado 22 de julio bajo el Decreto 883/2016 se da por finalizada la gestión al frente de la ANLAP del Dr. De Urraza, lo que pone prácticamente un desenlace a dicha Agencia. Fiel a la experiencia sanitaria durante el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires (2007-2015) y del ministro Lemus, de no permitir el desarrollo de laboratorios públicos en la CABA.

Renuncia en Hemoderivados

Como si todo lo anterior fuera poco en estos días se conoció la renuncia de la histórica dirigente Catalina Massa, del laboratorio público más grande del país, el de Hemoderivados dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que cuenta con 270 trabajadores altamente calificados .

En la carta de renuncia dirigida al rector Hugo Juri, Massa manifiesta que “en reiteradas oportunidades intenté reunirme con usted para informarle sobre la situación actual del Laboratorio ”, puntualizando a continuación que “diseñamos un plan de acción cuyos resultados hoy se evidencian a través de la duplicación del nivel de producción existente al año 2007, la diversificación de la producción y la significativa expansión y actualización tecnológica de las instalaciones, pasando de 5000 m2 cubiertos en el año 2007 a 11600 m2 en la actualidad. 
Esto último significó la construcción de 3 plantas productivas nuevas de última generación (planta multipropósito, Planta de Formulación Final de Hemoderivados y Planta de Producción de agua calidad inyectable), nuevos laboratorios de Control de Calidad y de investigación y Desarrollo, sectores de inspección visual y empaque, Depósito de Insumos informatizado, etc. Además se adquirió equipamiento con tecnología de avanzada dirigido a automatizar los procesos, mejorar los rendimientos productivos y garantizar la calidad de los productos.

La ejecución del Plan de Expansión y Actualización Tecnológica iniciado en el año 2008 y a finalizar en el 2016, ha significado una inversión de $170 millones con fondos de la propia institución y va a permitir incrementar la capacidad productiva de medicamentos hemoderivados en un 250% y de fármacos inyectables de uso hospitalario en un 400%, lo que garantiza la posibilidad de crecimiento futuro de la institución”.

Nota original en 
http://www.laizquierdadiario.com/Duro-reves-PRO-a-la-produccion-publica-de-medicamentos

lunes, 13 de junio de 2016

Salud: fuerte subejecución presupuestaria a pesar de los brotes de dengue y gripe A


Esteban Schoj y Gustavo Sarmiento, Tiempo Argentino,11 de Junio de 2016

 

Ya son más de 50 las muertes causadas por el virus H1N1 en todo el territorio argentino, mientras la epidemia de dengue ya superó a la de 2009 con más de 30 mil casos.

 
Las denuncias de trabajadores y políticos opositores sobre el desfinanciamiento de programas de salud se traducen efectivamente en números oficiales. De acuerdo a datos actualizados hasta el 5 de junio, que refleja el Ministerio de Hacienda en su página web, hay programas claves que en estos primeros seis meses de 2016, en un preocupante contexto de brotes y epidemias de dengue y gripe, gastaron menos de un 20% de sus presupuestos. 
 
Por ejemplo, "Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales" tuvo sólo un 0,5% de ejecución, "Atención Sanitaria en el Territorio", un 3,9%, y "Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria" apenas usó 191,2 millones de los $ 1102,9 millones asignados.
 
Según la explicación oficial, el programa "Atención de la Madre y el Niño" tiene como objetivo principal "reducir la morbimortalidad materna e infantil. Las inversiones del programa están destinadas a mejorar la calidad de vida y el estado sanitario y nutricional de las embarazadas y niños menores de seis años". Pero hasta ahora gastó 340 de los 3966 millones previstos para 2016 (un 14,9 por ciento). 
"Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable" tiene apenas el 0,85% ejecutado de los $ 163,24 millones disponibles. Tal como sucedió con la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, también el Programa de Salud Sexual y Reproductiva fue reducido de categoría por decreto, en enero, con peligro de desfinanciamiento y falta de personal. Allí hubo 20 despidos a principios de año. Desde la cartera de Salud indicaron que el programa –creado en 2002, apunta a los sectores más vulnerables, y establece el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y preservativos– "no fue dado de baja, como no fue dado de baja ningún otro programa de este Ministerio. Ahora depende de la Dirección Nacional de Atención Comunitaria, que a su vez depende de la Subsecretaría de Atención Primaria". Marisa Herrera, investigadora del CONICET e integrante del equipo redactor del nuevo Código Civil, consideró que depender de otro área ministerial "más general, afectará al programa, que se caracterizaba por tener una autonomía funcional y especialización reconocida por su trabajo de campo, con muy buenos resultados". Y se preguntó si los avances alcanzados estos últimos años en materia de derechos sexuales y reproductivos, plasmados en un documento del CONICET que se publicó en el Boletín Oficial el 8 de enero, "no podrían ser el motivo de esta decisión". Según denunciaron los trabajadores, el programa sufrió desmantelamiento, y despidieron a quienes trabajaban en barrios de Capital y provincia de Buenos Aires con equipos interdisciplinarios del Programa Organización Comunitaria en Salud, dando talleres y construyendo redes locales. Esos operativos con atención odontológica, laboratorio, psicólogos, enfermeros, obstetras y trabajadores sociales, estuvieron frenados desde el 28 de diciembre. En una nota publicada por Tiempo días atrás, ATE Salud denunció que unos 60 camiones sanitarios volvieron al ruedo recién la semana pasada, y 570 trabajadores que se desempeñaban en el territorio estuvieron sin actividades asignadas estos seis meses. La denuncia vuelve a confirmarse en los números: el programa "Atención Sanitaria en el Territorio" lleva gastados $ 15,34 millones sobre los 433 millones disponibles.
En el medio, durante todo 2016, los brotes de dengue primero (el peor escenario de la enfermedad en siete años), y gripe A después (que ya causó más de 50 muertos), avanzaron por todo el país convirtiéndose en epidemia, con denuncias judiciales incluidas. En febrero, ATE Salud ya alertaba por 64 mil personas sin atención por el dengue y 13 mil dosis de vacunas que no habían sido aplicadas. "Es un genocidio por planificación de la desigualdad social. Hay subregistro de información de muertes, y la vacunación es un escándalo por la imprevisión que tienen. Por la gripe vacunan con el remanente de Gollán (el ministro de Salud anterior). No hicieron nuevos pedidos, y hay un cuadro sanitario devastador hacia el verano con el dengue, porque los huevos de los mosquitos no murieron", aseguró Héctor Carrica, secretario gremial. En este 2016 crítico por la presencia del mosquito, el programa "Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales" ejecutó apenas el 0,5% de los $ 203,1 millones presupuestados.  El de "Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria", un 17% de 1102 millones disponibles; y "Cobertura de Emergencias Sanitarias" no sólo no tuvo aumentos en sus escasos 24 millones asignados, sino que de esa suma gastaron apenas 5 millones. "Prevención y Control de Enfermedades Endémicas" sobresale con un escaso 15 por ciento.
"Si bien la ejecución del Ministerio de Salud en los primeros cinco meses del año llegó al 32,5% del presupuesto vigente, ese porcentaje no fue homogéneo en sus distintos componentes. Mientras que las transferencias devengaron el 54,7%, los bienes de consumo llegaron al 20,9% y los bienes de uso (infraestructura y equipamiento) apenas al 0,7 por ciento. Específicamente, en la partida de productos químicos, donde se registran las compras de medicamentos, se llevan gastados $ 2515 millones de los $ 6334 millones previstos (19,8%) y en la compra de maquinaria y equipo, $ 72 millones de los $ 535 millones presupuestados (13,4%)", aseguró a Tiempo el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Rafael Flores. Y completó: "Si bien es habitual que en los primeros meses del año la ejecución presupuestaria sea menor, particularmente luego de un cambio de gobierno, estos casos marcan problemas de gestión que requieren una explicación puntual". «
Garrahan: recorte y pacientes en pasillos
Seis meses pasaron desde que la Legislatura votó el recorte al Hospital Garrahan propuesto por el Ejecutivo porteño. Son 350 millones menos para 2016, que se suman a lo restado en 2014 (113 millones) y 2015 (226 millones). La incertidumbre reina. Al hospital lo financian Nación y Ciudad (ambos 50%), gobernadas por el partido que impulsó esas quitas.
"Los recortes están vigentes –cuenta Pedro Zubizarreta, jefe de Oncología–. Todos los desarrollos nuevos y las obras a hacerse este año, quedaron detenidos". Apunta al primer piso del Hospital Oncológico de Día, que funciona desde diciembre para más de 400 niños. En la segunda planta está prevista una unidad de trasplante de médula ósea, que duplicaría las siete camas disponibles. "Si hubiera dinero, se hace. Los pacientes no pueden esperar: hay chicos con demoras de cuatro meses."
El hospital atiende al 35% de los niños con cáncer del país. Cristal Chechelgis, enfermera de guardia, alertó por los insumos ("Las últimas partidas de las vías para administrar medicación vinieron muy malas, hay que pinchar más veces al chico") y por el colapso: "La semana pasada llegó a haber 45 chicos atendidos en los pasillos". El día a día también los afecta a ellos. Cuenta Chechelgis: "En 2015 hubo 18 mil consultas psiquiátricas de 3800 trabajadores de acá."
Mientras, apelan a donaciones privadas. El nuevo vacunatorio será financiado con 20 guitarras intervenidas por emblemas del rock nacional.
El Consejo de Administración aún no cerró la paritaria. Aunque debe contar con cuatro integrantes, sólo tiene a Oscar Trotta y Graciela Reybaud, que siendo ministra de Salud de la Ciudad avaló el recorte por considerar que así le daba al Garrahan lo mismo que al resto de los hospitales porteños y porque además veía aumentos "injustificados". «


También en laboratorios públicos
El ítem "Investigación y desarrollo de los laboratorios de producción pública” muestra un 1,82% de ejecución: apenas 91.546 pesos. Durante la última Jornada sobre Producción Pública de Medicamentos realizada en la Facultad de Medicina (UBA), Martin Isturiz, coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, denunció que la agencia nacional, creada en 2015 y que nuclea a los 39 laboratorios públicos, "no funciona porque Jefatura de Gabinete no le transfirió el presupuesto necesario". 

Los laboratorios proveen el 10% de los fármacos de la canasta del Programa Remediar.
Pero la subejecución no parece ser algo aislado. El gobierno argentino ansía ser parte de la Alianza del Pacífico, que obliga a que cada Estado prohíba los medicamentos genéricos, en favor de grandes laboratorios. Esto afectará sobre todo a hospitales públicos que, gracias a la producción estatal, se ahorran 40% en remedios. 
A fines de 2007, siendo jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri vetó la ley que creaba un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos en la Ciudad de Buenos Aires.
De 163 millones presupuestados, en "Salud Sexual y Procreación Responsable" se gastó apenas un millón de pesos.

Nota original http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57500/salud-fuerte-subejecucion-presupuestaria-a-pesar-de-los-brotes-de-dengue-y-gripe-a?fb_comment_id=905852872859048_906101839500818#f1bc40411944348

viernes, 15 de abril de 2016

La salud como objeto de mercado

Nadia Luna, Agencia TSS, 14 de abril 2016

Inicio
Ante el aumento de precios en productos farmacéuticos, TSS habló con especialistas sobre la situación actual de la producción pública de medicamentos. Falta de ejecución de presupuestos, un organismo coordinador que no funciona y una ley que no se cumple.






En el actual contexto inflacionario y de suba de precios en servicios esenciales como agua, gas, luz y transporte, los medicamentos no se quedan atrás. Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) de febrero pasado, en el rubro “productos farmacéuticos” se produjo un aumento del 38,4 % con respecto al mismo mes del año anterior. A esto se le suman casos particulares que sobresalen de la situación general, como sucede con el PAMI, la obra social de los jubilados, que acaba de quitar 163 medicamentos del listado de cobertura total, pasando a cubrir solo el 50 u 80 %.


La producción pública de medicamentos (PPM) también está sufriendo las consecuencias de las medidas económicas y políticas tomadas por el Gobierno. Según sostuvo Guillermo Cleti, director del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe, en una nota publicada la semana pasada por diario El Litoral, tras ocho años consecutivos de proveer medicamentos para el programa Remediar, del Ministerio de Salud de La Nación, este año todavía no han recibido la confirmación de la compra por parte de esa cartera, a pesar de haber elevado la oferta en septiembre de 2015. 

El LIF destinaba a Remediar un 25 % de su producción total. El programa Remediar abastece a más de 7.000 centros de atención primaria de salud, que podrían comenzar a experimentar una escasez de medicamentos fundamentales producidos por este laboratorio, como la metformina, necesaria para personas que padecen diabetes, y el enalapril, para quienes sufren de hipertensión.

En relación a la producción pública de medicamentos, TSS consultó a dos referentes y promotores de la Ley 26.688, sancionada en 2011 y reglamentada en 2014, que declara a la PPM de interés nacional; y de la Ley 27.113, sancionada en 2014 y reglamentada en mayo de 2015, que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). La ANLAP es un organismo autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y que tiene la función de diseñar las políticas de investigación y producción pública de medicamentos, de manera de coordinar y asistir a los 40 laboratorios de PPM que existen en la Argentina.

Martín Isturiz, doctor en Farmacia y Bioquímica, y coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, dice: “En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, anunció que el plan Remediar no iba a seguir en el actual formato, pero no especificó cuál sería la participación de los laboratorios públicos en el nuevo Remediar. En cuanto al presidente Mauricio Macri, ya se expresó oficialmente en 2008 cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vetó una ley de PPM”.


El programa Remediar abastece a más de 7.000 centros de atención primaria de salud.

Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), uno de los primeros grupos de profesionales que realizó un relevamiento de la situación de los laboratorios públicos (en el año 2000), se remonta un poco más atrás en el tiempo. “Hay una gran deuda en materia de salud por parte de todos los gobiernos. Es como si la salud no diera votos. Una deuda que, por omisión, desconocimiento o falta de decisión política, aún no ha sido saldada. Por eso tardó tanto en reglamentarse la ley de PPM”, sostiene. “Y ahora, con Macri, los problemas existentes se agudizaron. Creo que es muy claro el lineamiento estratégico actual: la decisión política es que no se produzcan medicamentos”, agrega.

Ambos especialistas coinciden en que, partiendo de que la salud es un derecho, el medicamento no debe ser considerado como un bien mercantil sino como un bien social y, por ende, debe ser garantizado por el Estado. “La PPM es una cuestión central para la soberanía en salud, para impedir que quedemos a merced de los precios que fijan los laboratorios internacionales. Tener tecnología propia es un instrumento de negociación. Esto no se trata de estar en contra de la industria privada, sino de estar en contra de los abusos, porque son conglomerados oligopólicos que se cartelizan para establecer los precios”, afirma Isturiz.

Para Capuano, “la PPM sale por fuera de la lógica del mercado y posibilita tener medicamentos hasta 10 o 15 veces más baratos. Esto permite generar un mecanismo de control de precios”. El impacto económico, señala Isturiz, también se ve en la reactivación de toda una cadena de valor. “En la medida en que se complejizan los laboratorios, necesitan el soporte de pymes. Es como lo que pasó con la producción de satélites. Muchas veces, los laboratorios no cuentan con la capacidad tecnológica requerida y entonces tienen que recurrir a las pymes, cuya función y producción se ve así revalorizada”, indica.

“También hay un impacto científico, a través de convenios de investigación y desarrollo realizados con universidades y organismos de ciencia y tecnología, porque estas políticas no refieren solo a medicamentos, sino también a productos biomédicos que se importan”, remarca Isturiz. Según el bioquímico, el déficit comercial en el área es de unos 1900 millones de dólares, a pesar de que “hay mucha investigación en biomedicina, especialmente en laboratorios insertos en un ámbito científico, como el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, un laboratorio municipal no tiene la misma envergadura y capacidad que uno provincial”.

Para graficar la falta de apoyo político a la PPM, Isturiz resalta un caso clave. “La vacuna BCG, contra la tuberculosis, se produce en el país desde hace 50 años. Es una vacuna de referencia de la Organización Mundial de la Salud y se fabrica en el Instituto Biológico de La Plata. Para ser vacuna de referencia se requiere tener al menos unos 20 años consecutivos de controles de calidad impecables. Sin embargo, esa vacuna se sigue importando. En lo económico no es muy relevante, pero desde lo político es una señal brutal. Te están diciendo ‘no vas a fabricar ni la BCG’”, sostiene.

Organismo paralizado

“Si tenés una afección y te prescriben un medicamento pero no lo podés comprar, no estás accediendo a la salud, aunque hayas accedido a un médico”. Con esta reflexión, recuerda Capuano, desde la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA comenzaron, en 1999, a formarse un panorama de la situación en la que se encontraban los laboratorios de PPM. En 2001, conocieron a colegas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que venían trabajando en el mismo tema y decidieron aunar esfuerzos. De esta manera, los expertos hablaban de impulsar la PPM en una época donde todo era crisis y en los hospitales no había medicamentos. “Me acuerdo que hicimos el primer encuentro y vinieron ocho personas, que nos miraban como diciendo ‘estos tipos están locos’”, ilustra. 




En la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA comenzaron, en 1999, a formarse un panorama de la situación en la que se encontraban los laboratorios de PPM.

El relevamiento derivó en la creación de la Red Nacional de Laboratorios de PPM (RELAP) en el año 2007, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT, que en diciembre de ese año se convertiría en Ministerio) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Al mismo tiempo, trabajaban en la elaboración del proyecto que se convirtió en ley en 2011 y, posteriormente, ante la demora en su reglamentación, en la ley que creó la ANLAP en 2014.

Sin embargo, a pesar del sustento legislativo, Capuano afirma que la ANLAP “había comenzado a andar tímidamente con la gestión del ministro saliente Daniel Gollán, pero con el cambio de gobierno no está funcionando”. Isturiz coincide y precisa: “No está funcionando como debería. Lo que sí se ha formado, el 3 de julio de 2015, es el Directorio de ANLAP, conformado por el presidente, el vicepresidente y un secretario. También se conformó el Comité Ejecutivo, constituido por representantes de todos los productores públicos del país; y el Comité Consultivo, integrado por organismos de derechos humanos, y de ciencia y tecnología, entre otros. Pero el presupuesto destinado por ley para la ANLAP, de 150 millones de pesos para varios proyectos de ampliación, todavía no fueron ejecutados. Y esa es una atribución de Jefatura de Gabinete de la Nación”, aclara.

El bioquímico sostiene que, durante el gobierno de Cristina Kirchner, “hubo contradicciones internas muy importantes”. Y agrega: “Nunca se impulsó la PPM en la medida de lo necesario. La primera ley tardó tres años en reglamentarse y para eso tuvo que hacerse una nueva presentación de ley”. 

Tanto Isturiz como Capuano reconocen que la gestión en Salud que más se ocupó de la PMM fue la de Daniel Gollán, ministro de Salud de la Nación desde febrero a diciembre de 2015. “Juan Manzur (antecesor de Gollán en el cargo) no apoyó absolutamente nada. En cambio, Gollán fue uno de los promotores de la iniciativa, en 2007, como representante de la SECYT. Pero estuvo poco”, reflexiona Isturiz.

Con respecto al panorama actual y futuro, el científico dice: “Yo no soy muy optimista, porque el Gobierno está compuesto por muchos representantes de las corporaciones económicas y financieras. Los laboratorios van a seguir produciendo individualmente, pero es necesaria una decisión política para luchar contra las corporaciones”.

En tanto, para Capuano, “si bien hay una deuda histórica de los diferentes gobiernos, ahora la salud es tomada explícitamente como un objeto de mercado. Se está hablando de que la Argentina va a firmar tratados de libre comercio con países como Estados Unidos y Canadá. Esto puede traducirse en escasez de medicamentos y de inversiones en hospitales y centros de salud periféricos”.


Nota Original http://bit.ly/20USF31

miércoles, 10 de junio de 2015

Jornada sobre Políticas de Medicamentos, Gianni Tognoni . Ministro Gollán, UNASUR y medicamentos de alto costo

Gollan destaca el trabajo en la UNASUR ante problemática global de medicamentos de alto costo


09 de Junio de 2015


El titular de la cartera sanitaria nacional defendió la necesidad de que los países de la región actúen en conjunto para frenar el “grave drenaje” de fondos de los sistemas de salud pública por la compra de medicamentos de alto costo.








El ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan, destacó hoy que se está trabajando en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para afrontar "esta problemática de alcance mundial que es el grave drenaje de fondos de los sistemas públicos de salud en la compra de medicamentos de alto costo".


"Es un problema mundial y todos los países latinoamericanos están en una situación de desfinanciación de sus sistemas de salud en forma dramática" a causa de "una enormetransferencia de recursos" al sector farmacéutico, apuntó al encabezar una jornada sobre Políticas de Medicamentos coordinada por el experto Gianni Tognoni, director del Instituto Mario Negri de Milán (Italia), a la que asistieron funcionarios nacionales y de laboratorios públicos.


Luego de remarcar que el acceso a la salud "es un derecho humano y no puede estar sometido a las reglas del mercado", Gollan defendió la producción pública de medicamentos y mecanismos de regulación y de financiación de la investigación, desarrollo y producción de nuevos fármacos "a precios razonables para poder garantizar el acceso universal a los medicamentos".


El ministro recordó que el "devastador impacto" de esta problemática en los sistemas sanitarios nacionales fue planteado en la última Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, en mayo pasado en Ginebra, momento a partir del cual la UNASUR está trabajando para acordar medidas "que frenen e impidan la desfinanciación de los sistemas públicos de salud". "Se trabaja para afrontar un problema que nos afecta a todos y juntos tenemos más fuerza para actuar", puntualizó.
El ministro señaló los pasos que se han dado en los últimos años en la producción pública de medicamentos y explicó que se trata de "un proceso de investigación y desarrollo en el que de cinco años para adelante comienzan a verse los resultados". "Estamos trabajando para desarrollar una capacidad propia articulada regionalmente con UNASUR para producir medicamentos", agregó.



"Ya no es más posible una política nacional de medicamentos sino una política regional: hay que garantizar los medicamentos esenciales" para la población, aseguró a su vez Tognoni, un especialista en políticas sanitarias de renombre internacional, doctorado en Medicina y Filosofía y autor de textos sobre Epidemiología Comunitaria. El Instituto Mario Negri de Milán, que dirige este experto, se especializa en investigaciones independientes sobre la industria farmacéutica.



"La política tiene que tomar la decisión de hablar de salud en vez de hablar de medicamentos. Hay que asumir un discurso que jerarquice la salud y garantizar la accesibilidad de la población a los medicamentos. El derecho a la salud es un principio constitucional y universal que está por encima de los tratados comerciales", remarcó.
El experto italiano expresó su apoyo "a esta decisión estratégica de la UNASUR" para frenar la desfinanciación de los sistemas sanitarios y promover la producción pública de medicamentos. "Priorizar las reglas del mercado, es como restringir el derecho a la vida a un sector de la población", subrayó.
A la jornada sobre Políticas de Medicamentos, que se realizó en la sede de la cartera sanitaria nacional, asistieron los secretarios de Salud Comunitaria, Nicolás Kreplak; y de Políticas, Regulación e Institutos, Mario Rovere; el subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización, Pablo Kohan, así como representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

miércoles, 28 de enero de 2015

Declárase de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública. Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Creación.


Boletín Oficial 28 de enero de 2015


MEDICAMENTOS. Ley 27.113. Declárase de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública. Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Creación.

Sancionada: Diciembre 17 de 2014
Promulgada de Hecho: Enero 20 de 2015

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de Ley:

ARTÍCULO 1° - Declárase de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos.

ARTÍCULO 2° - La presente ley tiene por objeto promover la actividad de los laboratorios de producción pública, entendiendo por tales a los que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal.

ARTÍCULO 3° - La presente ley tiene entre sus objetivos los siguientes:

a) Promover la investigación y el desarrollo científico, tecnológico e industrial de los laboratorios de producción pública;

b) Fortalecer el rol de los laboratorios de producción pública en el sistema de salud;

c) Propiciar programas y políticas públicas que prioricen la accesibilidad de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos, considerados como bienes sociales;

d) Orientar la producción y el abastecimiento de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos al subsector público de la salud y a organismos o instituciones sin fines de lucro;

e) Promover el intercambio y la cooperación entre los laboratorios de producción pública a nivel regional e internacional.

ARTÍCULO 4° - Créase la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, con autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado. Su patrimonio está constituido por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro por cualquier título.

ARTÍCULO 5° - La ANLAP tiene las siguientes funciones y facultades:

a) Deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley 26.688 y su reglamentación;

b) Diseñar las políticas públicas de investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y su distribución en el sistema de salud;

c) Definir prioridades en líneas estratégicas de producción, de conformidad a lo previsto en la ley 26.688 y su reglamentación;

d) Brindar asistencia técnica, proponer acciones y celebrar convenios para asegurar la formación y capacitación de los recursos humanos que se desenvuelven en los laboratorios de producción pública;

e) Coordinar, en el Marco del Consejo Federal de Salud -COFESA-, las políticas públicas nacionales y provinciales destinadas a los laboratorios de producción pública;

f) Propiciar la celebración de convenios entre laboratorios de producción pública y universidades u otras entidades estatales pertinentes para realizar el control de calidad de los medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y su distribución en el sistema de salud;

g) Propiciar asociaciones de mutua conveniencia de tipo público-privado en el área de la investigación y desarrollo;

h) Articular acciones entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías -ANMAT- y los laboratorios de producción pública para asegurar el cumplimiento del marco regulatorio vigente;

i) Promover acciones en el marco del COFESA para procurar las mejores condiciones en la provisión y compra centralizada de insumos y en el desarrollo de los componentes de la logística de distribución, así como para facilitar el acceso a fuentes de financiamiento para la inversión;

j) Promover inversiones tendientes a ampliar la capacidad instalada, infraestructura y equipamientos de los laboratorios de producción pública que adhieran a la presente ley;

k) Llevar el registro de laboratorios de producción pública de acuerdo a lo establecido en la ley 26.688 y su reglamentación.

ARTÍCULO 6° - La ANLAP es dirigida y administrada por un directorio integrado, por tres (3) miembros, un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario. Los miembros del directorio deben ser seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo nacional, uno de ellos a propuesta del COFESA.

Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser renovado por una única vez. El directorio debe dictar el reglamento interno.

Los miembros del directorio deben tener dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos y sólo pueden ser removidos de sus cargos por acto fundado del Poder Ejecutivo nacional. Los miembros del directorio percibirán la retribución que les fije el Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 7° - El directorio tiene a su cargo la dirección y supervisión de las actividades y funciones de la ANLAP, y son facultades del mismo:

a) Elaborar el plan operativo de la ANLAP para la coordinación de la producción, investigación y desarrollo de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos;

b) Promover las relaciones institucionales de la ANLAP, nacionales e internacionales y, en su caso, proponer convenios entre laboratorios de producción pública, universidades u otras entidades estatales pertinentes para impulsar la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos;

c) Elaborar y aprobar los planes, programas y plan de inversión de la ANLAP;

d) Proponer el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión;

e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;

f) Requerir a los distintos organismos de la administración pública nacional la comisión transitoria de personal idóneo en la materia que fuere necesario para el funcionamiento de la agencia;

g) Designar a los integrantes del comité consultivo y el comité ejecutivo.

ARTÍCULO 8° - El presidente de la ANLAP tiene los siguientes deberes y funciones:

a) Ejercer la administración de la ANLAP suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes;

b) Convocar y presidir las sesiones de los comité consultivo y comité ejecutivo y participar en ellas con voz y voto;

c) Convocar al comité consultivo por lo menos una (1) vez por cada seis (6) meses y someter a su consulta las políticas planificadas y las que se encuentran en ejecución;

d) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades de la agencia a efectos de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos propuestos en el artículo 3°;

e) Suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de los objetivos de la ANLAP en coordinación con los organismos con competencia en la materia;

f) Aprobar el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión;

g) Administrar los fondos de la ANLAP y llevar el inventario de todos sus bienes, de acuerdo con las normas establecidas por el directorio y la legislación vigente en la materia;

h) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el directorio le delegue o encomiende;

i) Dictar las normas reglamentarias necesarias para el funcionamiento operativo de la ANLAP;

j) Ejercer la representación y dirección general de la ANLAP, actuar en juicio como actora y demandada en temas de su exclusiva competencia.

ARTÍCULO 9° - El vicepresidente desempeñará las funciones que el presidente le delegue o encomiende, y lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo.

ARTÍCULO 10. - Los miembros del directorio no pueden ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto, en empresas del sector privado del mercado farmacéutico o de medicamentos, prestadores privados de la salud, ni en sus controladas o controlantes.

ARTÍCULO 11. - La ANLAP será asistida por un comité consultivo que tendrá como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a política pública de producción, investigación y desarrollo de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos. El comité estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de reconocida trayectoria, integrantes de la multisectorial por la producción pública de medicamentos, por un representante de la ANMAT, por un representante del INTI, por un representante del Conicet, por un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, por un representante de los sindicatos, por un representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un representante de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales -Confeclisa-, un representante del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina -Cosspra- y por un representante de la ANLIS.

Serán funciones del comité consultivo:

1. Proponer políticas públicas en materia de producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos y expresar opinión sobre las que sean llevadas a cabo por ANLAP.

2. Elaborar y elevar semestralmente al directorio de ANLAP propuestas de políticas públicas en materia de producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos, desarrollo e investigación.

ARTÍCULO 12. - La ANLAP será asistida por un comité ejecutivo, que tendrá como función coordinar la implementación de las políticas nacionales en materia de producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos; investigación y desarrollo y estará integrado, con carácter ad honórem, por los representantes de los laboratorios de producción pública nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las fuerzas armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal.

ARTÍCULO 13. - A los fines de la conformación del comité ejecutivo de la ANLAP, los laboratorios que decidan incorporarse como miembros plenos estarán sujetos a los derechos y obligaciones que se establecen en el marco de la presente ley, los que emanen de su reglamentación y los que se establezcan en el reglamento interno.

ARTÍCULO 14. - Los recursos operativos de la ANLAP provendrán de:

a) Las partidas presupuestarias asignadas por la ley de presupuesto al Ministerio de Salud de la Nación o leyes especiales;

b) Todo ingreso no previsto en el inciso anterior, proveniente de la gestión misma del organismo;

c) Los bienes muebles e inmuebles que sean transferidos a la ANLAP por otros organismos estatales;

d) Cualquier otro ingreso que legalmente se prevea.

ARTÍCULO 15. - La ANLAP sólo está obligada y podrá requerir compromisos por ante los laboratorios públicos que formen parte de su comité ejecutivo.

ARTÍCULO 16. - Es autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Nación.

ARTÍCULO 17. - Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 18. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

- REGISTRADA BAJO EL Nº 27.113 -

JULIAN A. DOMINGUEZ. - GERARDO ZAMORA. - Lucas Chedrese. - Juan H. Estrada.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Una cura nacional: Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap)


Por Nicolás Lantos , Diario Página 12,  13 de noviembre 2014

Diputados se disponía a tratar la creación del organismo que coordinará la labor de los laboratorios públicos. Es para evitar la cartelización de las cámaras privadas.



El gobierno nacional avanza hacia la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), un órgano que coordine el trabajo de los casi cuarenta establecimientos que producen fármacos y dependen de gobiernos provinciales y universidades en todo el territorio argentino. Ayer por la noche, la Cámara de Diputados se disponía a dar media sanción al proyecto de la legisladora oficialista Carolina Gaillard, que podría tener tratamiento en el Senado este mismo año en caso de que se prorroguen las sesiones ordinarias, según confiaron a Página/12 fuentes parlamentarias.

“La agencia articulará a todos los laboratorios públicos con otros organismos que trabajan en desarrollo de fármacos y controles de calidad, como el INTI, la Anmat y el Conicet. La idea es que haya un actor más en el mercado con la potencia necesaria para evitar la cartelización de las tres cámaras que engloban a los fabricantes privados”, explica Gaillard en diálogo con este diario.

“Hoy los laboratorios públicos existentes tienen convenios bilaterales entre ellos, pero la agencia va a optimizar todos los recursos, evitando la superposición de investigaciones y definiendo prioridades de producción, con la soberanía científica y el desarrollo tecnológico como objetivos estratégicos”, agregó.

El proyecto, que había ingresado en septiembre al Parlamento, tuvo algunos cambios durante su paso por las comisiones de Salud y Presupuesto y llegó ayer al recinto con acuerdo de todos los bloques. La iniciativa se inserta en el marco de una decisión regional de avanzar hacia la soberanía en cuanto a producción de fármacos en Sudamérica: hoy, el 90 por ciento de los principios activos que se utilizan en la producción de medicinas son importados de la China o de la India.

Sólo en Argentina se gastan 1700 millones de dólares por año en este concepto. En Unasur se proyecta un plan a cinco años para producir estos elementos activos en la región, con el doble objetivo de reducir ese desequilibrio en la balanza comercial sudamericana (y comenzar a exportar a otras partes del mundo), pero también de evitar la dependencia de potencias extranjeras en un tema tan sensible.

“La salud es un derecho humano fundamental y el medicamento un bien social, de allí la necesidad del rol rector del Estado en la producción pública de medicamentos. Entiendo que está en juego la vida y salud de los argentinos y que el abastecimiento de los mismos no puede quedar librado sólo a las fuerzas del mercado”, sostuvo Gaillard, quien propuso la creación de la Anlap “como organismo que trascienda los gobiernos y garantice el acceso a los medicamentos de toda la población, de manera irrestricta y sin distinciones”.

A partir de la centralización de la planificación de políticas públicas, se buscará aumentar las producciones locales de precursores y la creación de nuevas patentes nacionales, además de centralizar la compra de insumos y activos de forma tal de mejorar la competitividad del sistema público para que incida en el mercado, creando nuevos precios de referencia por debajo de los que ponen los grandes laboratorios. Además se aumentará la producción de medicamentos “huérfanos”, que no tienen rentabilidad porque apuntan a enfermedades que afectan a un porcentaje muy reducido de la población (menos de 5 cada 10 mil personas según regulaciones internacionales)

La iniciativa parlamentaria, que tiene el apoyo de la Casa Rosada, fue apoyada por sectores vinculados con el área como la multisectorial para la producción pública de medicamentos y RedLab, que nuclea desde 2007 a los laboratorios públicos y es el germen del proyecto de la Anlap. Además fue elogiado por profesionales reconocidos como el titular de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudio Capuano, y el investigador principal del Conicet Martín Isturiz.

Una vez en el Congreso, el proyecto recibió el apoyo de todas las bancadas, que comprometieron su voto luego de proponer algunos cambios durante su paso por comisión. Una vez aprobado por los diputados, queda en manos del Senado, que podría tratarlo este año si hay prórroga de las sesiones ordinarias, o a comienzos del año que viene.


nota original: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-259762-2014-11-13.html