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jueves, 17 de noviembre de 2016

Unasur busca equilibrar precios de las medicinas

 17 de noviembre de 2016


La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) está acabando de definir el Banco de Precios de Medicamentos, una iniciativa de la agenda de salud de la región que pretende favorecer el acceso a los tratamientos y equilibrar precios y que debe entrar en funcionamiento el año que viene. En un acto en Río de Janeiro, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, aseguró que este instrumento “permitirá a los países miembros comprar al mejor precio y sin caer en engaños", y resaltó la importancia que debe tener en una región donde el 30 por ciento del gasto en sanidad es para la compra de medicinas. 

El proyecto incluye la publicación de los precios de listas de medicamentos en los distintos países, la compra conjunta de productos y la producción de genéricos. La UNASUR asegura que un mismo medicamento puede tener un precio de hasta diez o doce veces más caro de un país a otro. Inicialmente, la lista tendrá 34 productos, entre los que figuran tratamientos para enfermedades como el VIH y la hepatitis C. Sin embargo, se espera que a finales de 2016 haya unos 60 medicamentos en el banco. 

El titular de UNASUR, integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, señaló que los estudios realizados antes de la creación del banco indicaron que un mismo medicamento puede tener precios que varían de hasta 10 o 12 veces de un país a otro sin justificación. 

No es la primera vez que esta entidad trasnacional pone el foco en la compra de medicamentos. En mayo de este año, junto con los países miembros del MERCOSUR, se comenzó una negociación conjunta con laboratorios farmacéuticos para la compra de medicamentos de alto costo vinculados a tratamientos contra el cáncer, informó el fin de semana el ministro de Salud Pública (MSP) de Uruguay, Jorge Basso. 

“La posibilidad de contar con distintas herramientas de negociación con la industria, a partir de esta articulación con países de la región, es una muy buena noticia y es un mecanismo que, si logramos que se consolide, nos da perspectivas importantes para seguir ajustando la incorporación de medicamentos de última generación”, dijo Basso.

domingo, 25 de septiembre de 2016

Transnacionales avanzan hacia una “Patente Regional” para acelerar sus monopolio

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Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay se han unido bajo la tuetela de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y prosiguen con las directivas para  avanzar hacia una Patente Regional.
 
En la ciudad colombiana de Santa Marta, se reunieron los representantes de las Oficinas de Propiedad Industrial de estos países  y en el marco del Sistema de Cooperación en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL, se realizó una declaración conjunta que inició el Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH).
 
El Programa acelera el procedimiento de examen de patentabilidad de las Oficinas y reduce costos asociados al mismo evitando dobles esfuerzos de búsquedas y exámenes de patentes en paralelo, acelerando tiempos de tramitación”, aseguran sus promotores.
Según el anuncio, otra de las innovaciones de este acuerdo será la posibilidad de usar el producto del trabajo internacional PCT que elabore el INPI de Brasil y el INAPI de Chile, como oficinas ISA/IPEA, para beneficiarse del examen acelerado de patente en un país del PROSUR.
Expertos en propiedad intelectual consideran que mediante este procedimiento, las oficinas de cada país darán por válidas las patentes que se concedan en otro país y que ingrese desde las principales economías del mundo, creando un peligroso dispositivo de concesión masiva de patentes extranjeras que bloquearían nuevas tecnologías mediante la saturación de presentaciones de solicitudes de empresas transnacionales.
Los integrantes del PROSUR, una iniciativa tutela por la OMPI, supone según sus miembros facilitar y unificar varios procedimientos para patentar invenciones en la región, que en su mayor porcentaje corresponde a empresas de Estados Unidosy Unión Europea junto a Japón y Canadá.
Las oficinas aseguran que la implementación del acuerdo se hará conforme a las guías preparadas por parte de las Oficinas de Propiedad Industrial que establecen los requisitos, condiciones y procedimientos para participar en el Programa Piloto PPH, el cual estará a prueba por un periodo de tres años.
Bajo el argumento de promover la innovación se oculta el verdadero motivo de este acuerdo regional: otorgar monopolios de patentes por más de 20 años a empresas farmacéuticas y semilleras.
Las guías que le dan operatividad a este programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) estarán disponibles en las Oficinas de Propiedad Industrial respectivas, junto con los instrumentos necesarios para su utilización.
 
original

miércoles, 18 de mayo de 2016

La industria farmacéutica latinoamericana alertó sobre monopolios de cadenas de farmacias y patentes




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Se alertó sobre el monopolio de las grandes cadenas de farmacias, financiadas por fondos de inversión, en Argentina, Chile y otros países de Latinoamerica.
La Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de  Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) que sesionó en Brasilia, instó nuevamente a los gobiernos de la región “a aplicar criterios de patentabilidad desde una perspectiva de salud pública y priorizar regulaciones como la Anuncia Previa prevista en las legislaciones de Brasil y Paraguay, o las normas establecidas por Argentina y Paraguay sobre la base de las Guías para el Examen de Patentes Farmacéuticas emitidas por UNCTAD, OMS e ICTSD, incluyendo el otorgamiento de licencias obligatorias”.
En la Declaración Final, ALIFAR también alertó sobre “la creciente concentración monopólica y oligopólica de las cadenas de farmacias en los distintos países de la región” y propuso que “es fundamental recuperar las farmacias tradicionales y a los profesionales farmacéuticos como agentes sanitarios primarios, fortaleciendo su rol al servicio de la comunidad”·
En consecuencia “instamos a los gobiernos de los países de la región a establecer políticas públicas que logren revertir los procesos actuales de concentración vertical de las cadenas de farmacias”  que originan “el ejercicio abusivo de posiciones dominantes en la comercialización minorista de medicamentos”.
La concentración monopólica a través de los cadenas farmacéuticas se percibe en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Paraguay, y el origen radica en la aparición de los fondos de inversión como los grandes grupos financieros que están desembarcando en el sector.
ALIFAR advirtió también sobre “la campaña desleal dirigida a erosionar el prestigio de los medicamentos biosimilares, cuyo objetivo es restringir la competencia y monopolizar el mercado”.
Las advertencias son oportunas, especialmente en Argentina y Colombia, donde la presión de las multinacionales y de Estados Unidos  se tornado intensa en los últimos meses.
La Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Intelectual (AAAPI),  entidad que agrupa a los estudios de abogados más prestigiosos de Buenos Aires que atiende los intereses de las multinacionales, en especial de Estados Unidos, presentó una carta al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, en la que reclamó que el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Argentina) “vuelva a estar de acuerdo con la constitución, con los tratados internacionales firmados por nuestro país y con la propia Ley de patentes”.
En su carta, presentada cuando Cabrera hacía apenas 23 días que ocupaba su sillón, la AAAPI afirmó que el sistema de patentes de Argentina se encuentra “en grave crisis” y pidieron los mismos cambios que desde hace tiempo reclaman las filiales farmacéuticas radicadas en el país.
El sitio especializado Observatorio Sudamericano de Patentes publicó recientemente que en Argentina “empresas farmacéuticas de intereses nacionales pertenecientes a CILFA habrían ganado la pulseada interna dentro de las cámaras farmacéuticas para mantener el status quo en la oficina de patentes y así continuar controlando los procedimientos de concesión y denegación de las peligrosas solicitudes de patentes” presentadas por las multinacionales.
Voceros de la industria nacional confirmaron esa “movida” desestabilizadora que ensayaron las multinacionales y que se encadena con la carta de la AAAPI.
 Medicina del seguroLas patentes exclusivas se plantean como un riesgo para los laboratorios nacionales, en favor de los laboratorios extranjeros.
Según, el Observatorio Sudamericano de Patentes, la canciller Susana Malcorra que encabeza las negociaciones para adherir al Tratado de la Alianza del Pacífico (TPP),  se propone “terminar de quebrar las alianzas de los sectores del radicalismo con empresas farmacéuticas nacionales y dirigir definitivamente a la industria de los fármacos por el camino de la importación, producción y distribución de medicamentos directamente de Estados Unidos”.
Colombia, que ya tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está sufriendo las presiones de Washington, para que desista de otorgar una licencia obligatoria de la droga imatinib para la leucemia crónica, cuyo nombre comercial es Glivec de Novartis.
El gobierno colombiano fue informado mediante una carta de Everert Eissenstat, staffer del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, que si bien Novartis era un laboratorio suizo, el otorgamiento de una licencia obligatoria generaba “preocupación” también entre los laboratorios norteamericanos y que ese paso constituía una violación del TLC.
“La industria farmacéutica de Estados Unidos está muy preocupada por la posibilidad de que este caso se vuelva un precedente que podría aplicarse a cualquier patente en cualquier industria”, afirmaba la carta del Comité de Finanzas del Senado.
El Glivec de Novartis cuesta en Colombia 324 pesos el miligramo, mientras que laboratorios colombianos pueden ofrecer una versión nativa del mismo producto por 78,5 pesos.
Estados Unidos y la UE también rechazan por anticipado las conclusiones del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas  sobre Innovación y Acceso a los Medicamentos, que en noviembre pasado convocó el secretario general Ban Ki-moon. El bloque conformado por EEUU-UE  califican de “limitada” y “parcial” la consulta abierta y que carece de facultad para “examinar” las reglas internacionales sobre propiedad intelectual. Estados Unidos y Francia, concretamente, cuestionaron que el panel fuese convocado sin consultar previamente a la OMS, la OMPI y la OMC.
Sin embargo, la ministra de Salud de Holanda, Edith Schippers, expresó una voz disonante y en una carta a la ONU compartió la agenda del panel convocado por Ban Ki-moon, incluido el tema de las patentes farmacéuticas. La ministra de Holanda – país a cargo de la presidencia semestral de la Comisión Europea- propuso, como pide el panel, debatir “nuevos modelos alejados de la exclusividad del mercado y los monopolios”. También alertó que “el acceso a medicamentos asequibles ya no es un reto de los países de ingresos medios o bajos, sino también de los países ricos”.

Esta posición es compartida por 17 organizaciones de la sociedad civil de Europa que aprovechando la consulta abierta  por el  Panel de Alto Nivel de la ONU, en una carta pidieron “transparencia” a la industria farmacéutica y nuevos modelos de investigación y desarrollo  ligados “a los conceptos de salud pública global, calidad, universalidad y accesiblidad”.

DECLARACION FINAL DE ALIFAR
Declaración de Brasilia:
http://alifar.org/useruploads/documents/post/953_declaracin_de_brasilia/declaracin_de_brasilia2016_05_09_11_02_14.pdf

enlace original

http://bit.ly/1P62lRt

jueves, 10 de septiembre de 2015

Patentes farmacéuticas y licencias obligatorias, reformas necesarias


Francisco Rossi, Fundación Ifarma, El Telégrafo, 7 de septiembre de 2015

Ahora que Ecuador debate reformas a la legislación de patentes, conviene recordar que las patentes para medicamentos no han existido desde los inicios de la historia ni han formado parte del mercado de los medicamentos por siempre, ni en el mundo ni en Ecuador. En realidad, antes de 1995 (antes del Adpic) muchos países en desarrollo consideraban inmoral que un medicamento, desarrollado para aliviar el sufrimiento, reducir el dolor o para salvar la vida, pudiera tener una situación de monopolio que le permitiera establecer precios muy por encima de los costos de producción.

En esta consideración moral tenía alguna influencia un debate técnico y jurídico que por desgracia las leyes y los acuerdos comerciales cerraron sin haber resuelto satisfactoriamente. Es que en muchas ramas de la ciencia y de la técnica, aunque todo el mundo tenga algunas ‘deudas’ con otros científicos o con otros técnicos, es razonable que quien presente algo novedoso, con altura inventiva y aplicación industrial, reivindique una invención y obtenga una patente. Pero en el caso de un medicamento, ¿habrá algún científico honesto capaz de decir que desarrollar un medicamento es el resultado de su trabajo científico y solamente el suyo?

Esta digresión tiene por objeto recordar que el mundo de la salud en los países en desarrollo no ve con simpatía las patentes farmacéuticas y que crecen las voces que, vistos sus impactos en el acceso y la sostenibilidad de los sistemas de salud, están proponiendo la eliminación de las patentes para los medicamentos. Voces que incluyen al PNUD o al relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud y a muchas personas y organizaciones comprometidas con aquella máxima de los ministros de comercio del mundo entero, que en Doha declararon que los derechos comerciales nunca podrán estar por encima de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud.

El caso es que las patentes farmacéuticas benefician sobre todo a empresas multinacionales, más por un fenómeno de concentración de capital que por su ‘capacidad de innovación’. Convertidas en una inversión altamente rentable, forman parte del paquete de ‘concesiones comerciales’ que los países pobres hacemos a los países ricos para que ellos sigan siendo más ricos y nosotros más pobres.

Así las cosas, el uso de las licencias obligatorias, en el que Ecuador tal vez sea el país campeón mundial (post-Adpic y para medicamentos) con diez licencias otorgadas hasta ahora, no puede verse como un recurso extremo ni como una solución de emergencia. Constituyen en realidad un instrumento de equilibrio en un sistema potencialmente peligroso para países con niveles de ingreso muy por debajo de los países de origen de los productos patentados y para cuyas economías se desarrollan y se les fijan precios internacionales.

Los ahorros que Ecuador ha conseguido con el uso de las licencias obligatorias son ciertamente relevantes, lo que permite al sector de la salud liberar cuantiosos recursos para contribuir a saldar la deuda social pendiente, como ejemplo tenemos el caso de la combinación del principio activo Lopinavir/Ritonavir de 100 mg, utilizado para el tratamiento del VIH, cuyo precio en el mercado ecuatoriano fue de $ 289,99 el frasco de 30 cápsulas, el mismo que en 2010, con la aplicación de la primera licencia obligatoria, se fijó en $ 29,40, es decir que el precio unitario por cada cápsula se redujo de $ 9,66 a $ 0,98, significando un ahorro de 89,86% en su costo. Sin embargo, y en contra de las voces que abogan por reformas que limiten la capacidad estatal de utilizar estas flexibilidades de los acuerdos internacionales, parecería necesario corregir algunos aspectos del procedimiento que han limitado su potencial, como la ampliación del espectro de los que pueden solicitarlas y la capacidad del propio Estado para decretarlas cuando lo considere prudente, bajo la forma del uso gubernamental no comercial.


* Francisco Rossi. Director Fundación Ifarma. Colombia.  

original en http://bit.ly/1QFThnO

sábado, 29 de agosto de 2015

UNASUR: Ponen en marcha proyecto para la creación del Banco de Precios para Medicamentos


28 de Agosto de 2015

El Banco servirá para que los decisores políticos en materia de Salud de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela negocien el precio de estos insumos con los laboratorios en base referencias regionales.





Con el objetivo de fortalecer la capacidad negociadora de los decisores de los sistemas de salud encargados de gestionar los recursos públicos de los Estados Parte frente a los procesos de adquisición de medicamentos, se dio inicio a la ejecución del proyecto del Banco de Precios de Medicamentos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que constituirá una herramienta única de información para permitir tener como referencia los precios de compra en la región a la hora de negociar la adquisición de estos insumos con los laboratorios productores.

Luego de calificar de "sustancial" el Taller para la Implementación del Banco de Precios de Medicamentos de la UNASUR, que se desarrolló durante dos días en la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan, sostuvo que "estamos ante una problemática seria a nivel mundial que es encontrar la manera de garantizar el acceso a medicamentos de alto costo, seguros, de calidad, eficaces e innovadores para todas las poblaciones que lo necesiten".

Gollan indicó que "los costos de estos medicamentos no tienen nada que ver con los costos de investigación, desarrollo y producción, sino que son precios que se fijan con otra estructura financiera que se establece de acuerdo a la capacidad de pago y a lo máximo que se le pueda sacar a un país". El ministro explicó que predomina "una lógica de fijación de precios que tiene que ver con una máxima rentabilidad posible acorde a los que se pretende dentro del sistema financiero, sin otro criterio que la rentabilidad en sí misma, algo inmoral y que rompe con cualquier tipo de contrato social".

En referencia al trabajo que los países de la región tienen por delante, Gollan enfatizó que "acá hay un solo y único objetivo, que es que toda la población que necesite un medicamento que sea realmente eficaz pueda acceder a él", y agregó que "la estrategia del banco de precios es muy importante porque es elemental saber qué podemos pagar cada uno de nosotros y no que nos cobren de acuerdo a la capacidad de pago de los Estados, o como se dice comúnmente 'de acuerdo a la cara del cliente´".

Ernesto Samper, secretario general de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR)
-y ex presidente de Colombia (1994-98)- presente durante la reunión técnica, manifestó que "el proyecto del banco es prioritario en la agenda de la UNASUR porque el renglón de medicamentos es uno de los que más pesa –entre el 25 y 30%–, en el gasto de salud de los suramericanos".

Tras agradecer a la Argentina por liderar esta propuesta, Samper sostuvo que "es un tema muy sensible para la región y el interés de UNASUR es que la gente sienta que estamos trabajando sobre temas concretos que les afectan", al tiempo que brindó todo el apoyo a los participantes que "tienen una gran responsabilidad en sus manos".

Para poner esta iniciativa en contexto, se reflexionó que "desde hace un tiempo nuestra región ha decidido políticamente salir de la época de exclusión y de un sistema de salud de acceso para algunos". Y en ese sentido agregó que "para asumir esa responsabilidad tenemos mucho trabajo de por medio, y estas reuniones son muy importantes porque es donde se plantean los diferentes intereses, pero se trabaja y elige salir a favor de las mayorías".

En otro momento se sostuvo que "este banco va a ser una herramienta que opere sobre una de las grandes estrategias de negociación que tienen los laboratorios que producen los medicamentos de alto costo, que es trabajar sobre la fragmentación que puede haber entre los países".

El proyecto del Banco de Precios de Medicamentos para la UNASUR proporcionará información sobre los precios obtenidos en las compras de medicamentos que se realizan con recursos públicos de los Estados Parte de la UNASUR. En principio, el banco de precios será destinado a compartir información sobre compras de medicamentos, pudiendo en el futuro incorporar otros productos médicos conforme a las necesidades de los Estados Parte.

Coorganizado por El Grupo Técnico de Acceso Universal a Medicamentos de la UNASUR (GAUMU), el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) y el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, el taller contó con la participación de la directora de la Organización Panamericana de la Salud para Argentina, Maureen Birmingham; el director de Economía de la Salud, Tomás Pippo; y equipos técnicos quienes debatieron con los participantes de los Estados Miembros que conforman la UNASUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela




LAS CLAVES

  • Comenzó la ejecución del proyecto del Banco de Precios de Medicamentos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
  • Esta iniciativa constituirá una herramienta única de información para permitir tener como referencia los precios de compra en la región a la hora de negociar la adquisición de estos insumos con los laboratorios.
  • El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, manifestó que el proyecto del banco era “prioritario en la agenda del bloque regional”.

domingo, 28 de junio de 2015

Remedios: el negocio de la patentes puede poner en riesgo la vida de 750 mil argentinos




Jimena Segura, Tiempo Argentino,  28 de Junio de 2015

El laboratorio norteamericano Gilead se niega a otorgar las excepciones necesarias para que en la región se produzca el medicamento que cura definitivamente la hepatitis C. Los tratamientos privados cuestan hasta un 1000 por ciento más con relación a los precios que surgirían de la producción de genéricos en la red de laboratorios públicos.


Remedios: el negocio que puede poner en riesgo la vida de 750 mil argentinos


La Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) junto a la Red Argentina de Personas Positivas (Redar Positiva) presentaron semanas atrás un llamado de atención para que la Oficina de Patentes de Argentina rechace la patente solicitada por el laboratorio norteamericano Gilead/Pharmasset sobre el Sofosbuvir, un medicamento que tendría una efectividad del 95% para la cura de Hepatitis C, enfermedad que causa la muerte de cerca de 700 mil personas por año en el mundo.

Según consignó Tiempo Argentino, el rechazo a este patentamiento se suma al presentado por India y China, alegando que la molécula que Gilead busca patentar no es resultado de ninguna innovación sino que la misma ya existía en la industria farmacéutica. Las denuncias se extendieron a la organización internacional Médicos del Mundo (MDM), que presentó ante la Oficina Europea de Patentes que "la molécula no es lo bastante novedosa para justificar una patente".

LA INDUSTRIA MÁS RENTABLE

Desde Médicos del Mundo, señalaron a Tiempo que con una cifra de venta total aproximada de 900 mil millones de dólares y márgenes de rentabilidad muy por encima del promedio de la industria en general (ganancias de 200 mil millones de dólares anuales), la industria farmacéutica mundial sigue siendo uno de los sectores más prometedores para los negocios de acumulación del capital y garantía de rentas exponenciales. En la República Argentina, siendo junto a Brasil e India unos de los mercados emergentes más apetecibles, esas cifras se estiman en un 30% del gasto total en salud, es decir, un mercado de ventas en facturación ronda los 18 mil millones de dólares anuales.

La Fundación Grupo Efecto Positivo afirmó que Argentina cuenta con infraestructura y recursos humanos para fabricar medicamentos como el Sofosbuvir.

Y para el caso emblemático del Sofosbuvir, afirman que sólo en los primeros meses de comercialización del medicamento (Sovaldi), las ganancias de Gilead se estimaron por encima de los 10 mil millones de dólares, convirtiéndose en el fármaco más rentable a escala mundial.

Según el portal de salud Mirada Profesional, en Estados Unidos la Hepatitis C dispara las ventas de fármacos, y así en base al informe de la consultora IMS, el mercado farmacéutico tuvo una inyección de 373.900 millones de dólares por la venta de los nuevos medicamentos vinculados a esta enfermedad, conduciendo a un espectacular crecimiento de las ventas de más del 647,36% (12.300 millones de dólares en total) para 2014.

CURA PARA POCOS

Según MDM, para el caso del Sofosbuvir (Sovaldi), cuyo monopolio ostenta el laboratorio Gilead, el fármaco se comercializa "a un precio exorbitante", siendo el precio de la terapia combinada superior a los 40 mil euros en Francia, Alemania, Reino Unido o España, lo que en definitiva limita el acceso a ella de numerosos pacientes. En EE UU, el mismo tratamiento de 12 semanas por el que el paciente debe tomar dos pastillas por día cuesta 84 mil dólares (1000 dólares cada comprimido, de aquí que le llamen "la pastilla de los 1000 dólares").

En tanto que la patente pueda impugnarse, la ONG señala que "el medicamento puede entrar en competencia con versiones genéricas, que costarían sólo unos 100 dólares". Así también FGEPseñala que un reciente estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que el mismo tratamiento podría ser producido por 101 dólares, eso significaría diez veces menos quesu costo actual, o sea un 1000% por ciento más económico.

UNA CARA CARIDAD

Gilead permite a once laboratorios de India la fabricación de Sofosbuvir genérico para su venta en el propio país y en otras 91 naciones con bajos estándares de desarrollo. Este mismo tratamiento en la India tiene un coste de 300 dólares y en Egipto de 900 euros. Pero de la posibilidad de fabricación del genérico quedan excluidos Argentina, Brasil, China, Ucrania y Rusia, por ser consideradas naciones de elevados ingresos según la clasificación realizada por el Banco Mundial (BM). El doble filo de tal clasificación empeora para estos países teniendo en cuenta que son justamente los países de renta media o media-alta los que presentan una mayor cantidad de infectados.

PRECIOS SUDACAS

Se estima que Gilead podría ofrecer a países latinoamericanos un precio con descuento de entre U$S 7000 y U$S 15.000 para el tratamiento de una persona por 12 semanas. Pero como señala FGEP, incluso con este descuento los precios son prohibitivos e inaccesibles como para dejar fuera del alcance a la mayoría de los afectados, mientras que se requeriría un presupuesto público desorbitante para que pueda obtener la cura la totalidad de los infectados. La renta media considerada por el BM, no alcanza.

En el caso argentino, si el tratamiento costara 7000 dólares, se requerirían más de 5 mil millones de dólares para dar cura a todos los infectados, y el presupuesto del Programa Nacional de control de Hepatitis Virales debería ser aumentado al menos en un 115.000%, señalan desde la Fundación. Lo que llevará indefectiblemente a la presentación de numerosos recursos de amparo frente a la limitación económica de acceder a un medicamento de supervivencia. El tratamiento, además, exige la asociación de Sofosbuvir con otros medicamentos de coste igualmente muy elevados.

PRODUCCIÓN NACIONAL Y REGIONAL

En caso de que sea rechazada la solicitud de patentes por parte de Gilead, la Argentina podría acceder a la importación del principio activo a fines de producir localmente el medicamento en cuestión. Desde RedLam, alertan sobre el hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos han sido excluidos del ámbito de aplicación geográfico de la licencia y además "a los productores indios se les ha prohibido vendernos estos productos y la materia prima para fabricarlos."

Consultados por Tiempo, la Fundación Grupo Efecto Positivo afirmó que Argentina cuenta con infraestructura y recursos humanos para fabricar medicamentos como el Sofosbuvir, tanto en el sector privado como el público. Respecto al principio activo no habría obstáculos para traerlo de China.

Según MDM, en la Argentina, en el marco de los 40 laboratorios públicos existentes, se puede producir más del 85% de los 410 medicamentos esenciales listados por la propia OMS que son los que atacan el 95% de la patologías y enfermedades prevalentes.

En lo que compete a la producción del propio principio activo, hay que tener en cuenta que en los laboratorios argentinos durante muchos años, y gracias a la inexistencia de la ley de patentes, se destinaron fondos públicos y privados para la producción de las drogas básicas. Pero desde 1995, la OMC solicitó a los países integrantes que conformaran un marco legal bajo la amenaza de represalias comerciales. Es así como en la Argentina, la actual Ley de Patentes entró en vigor a partir de 2003, lo que junto con ciertas desventajas económicas, generó un deterioro de los laboratorios públicos o nacionales abandonando progresivamente la producción de droga base, que hoy es provista al mundo fundamentalmente por India y China.

Los criterios de "exclusión"

Según RedLam, en los 51 países de renta media excluidos por el acuerdo con el laboratorio Gilead habitan más de 50 millones de personas con Hepatitis C, siendo en Argentina cerca de 800 mil las personas que padecen esta enfermedad, aproximadamente seis veces más que los infectados con HIV (existiendo muchos casos de coinfección entre ambos virus).

En nuestra región, se encuentran excluidos del acuerdo de Gilead: Argentina Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela "representando una exclusión de más de 6 millones de personas que necesitan estos medicamentos" afirman desde la organización. De esta manera, tomando nuevamente un costo de 7 mil dólares el tratamiento del Sofosbuvir, se requerirían más de 13,6 mil millones de dólares para su cura.

MDM remarcó a Tiempo, que los países de la región tienen históricamente una balanza comercial deficitaria en cuanto a la cuestión del mercado de medicamentos. Es decir, se importa más de lo que se exporta casi un triple. A veces porque la industria farmacéutica, tanto nacional como multinacional, importa principios activos básicamente de la India y China, en cuestiones que podrían claramente ser producidas localmente. Esto explica el 25% de las importaciones. Los laboratorios multinacionales a su vez importan una parte de sus medicamentos para abastecer el mercado local, lo que por su parte representa el 75% de las importaciones totales.



Nota Original  http://bit.ly/1IFYIgN

miércoles, 11 de marzo de 2015

Licencias obligatorias no deben ser controversiales


 Iepi Ecuador, 10 de marzo de 2015
 

Peter Maybarduk, director del programa de acceso a medicinas PublicCitizen´s Global Access to Medicines y experto internacional en licencias obligatorias, visitó Ecuador, donde se reunió con representantes de varias carteras de Estado y funcionarios del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

noticia_licencias_obligatorias_no_deben_controversiales ¿Por qué son importantes las licencias obligatorias para la salud de los ciudadanos?
Las licencias obligatorias son derechos de los Estados para promover la salud pública de la población y combatir abusos monopólicos o simplemente asegurar que los precios sean asequibles y se puedan reducirse, al promover que haya más competidores en el mercado.

¿La existencia de monopolios farmacéuticos perjudica a quienes requieren medicamentos accesibles?
Si una farmacéutica tiene un monopolio puede fijar los precios que quiere y hemos visto que estas empresas  ganan más cuando fijan precios sumamente altos para unos pocos, en vez de tener precios asequibles para la mayoría. Esto no lo podemos permitir, los Estados pueden usar los derechos soberanos, entre los cuales se encuentran las licencias obligatorias para insistir en la competencia.

Las licencias obligatorias son herramientas de propiedad intelectual que a veces generan controversia…
No debe ser nada controversial, estamos hablando  de competencia en un libre mercado para que existan varios proveedores fabricando un mismo medicamento y, así,  las entidades públicas puedan decidir cuáles van a comprar siguiendo criterios de calidad, de precios, de dosis o formulación.

¿Cuál es el marco legal que cobija a las licencias obligatorias?
Ecuador, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países de América Latina son miembros de la Organización Mundial de Comercio que, en 1995, impulsó un régimen mínimo de patentes y donde se avala el derecho de todos los países a emitir licencias obligatorias para proteger los intereses públicos y que las naciones puedan definir estos intereses.

¿Las licencias obligatorias promueven la investigación en la industria farmacéutica?
Con las licencias obligatorias se pagan regalías, se paga un derecho al titular de la patente para contribuir a la investigación y desarrollo de los nuevos medicamentos. La regalía que se paga a cada licenciado es una contribución al desarrollo. No se trata de un robo ni nada de eso, es solo una manera de encontrar una herramienta diferente a la exclusividad, para financiar el desarrollo de nuevas medicinas.

¿Cómo mira la situación de Ecuador, al ser uno de los países que aplicó licencias obligatorias para medicamentos contra VIH?
 Yo creo que Ecuador tiene una visión muy clara al respecto, no solo en licencias obligatorias, sino en propiedad intelectual, en general, que debe servir como un mecanismo para el desarrollo del pueblo y hay muchas herramientas que se pueden usar para que esto se vuelva efectivo.

 video de entrevista







Original disponible en bit.ly/18WSbTS

jueves, 16 de octubre de 2014

Unasur creará "banco de precios de medicamentos" y croquis para producirlos



El Nacional (Venezuela) , 15 de octubre de 2014


La Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) suscribieron este miércoles dos compromisos para crear un "banco de precios de medicamentos" y elaborar un mapa sobre el potencial para producirlos en la región.

Ambos proyectos fueron suscritos en Quito por el secretario general de Unasur, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, y el director del ISAGS, el exministro brasileño de Salud José Gomes Temporao.
El expresidente colombiano Ernesto Samper | EFE

La puesta en marcha de los compromisos requerirá una inversión de US$300.000, que provendrán del llamado "Fondo de Iniciativas Comunes que tenemos en Unasur para financiar este tipo de proyectos", explicó el secretario del bloque.

Samper, en una rueda de prensa, indicó que la creación de un "Banco de precios de medicamentos" tiene que ver con uno de los problemas más "dolorosos" que afrontan los pacientes en la región.

Se estima -dijo- que una familia suramericana destina entre el 20 y 30% de lo que gasta en salud para comprar medicamentos, además de que se ha constatado que los precios de los fármacos varían "de una forma irracional de país a país".

Por ello, explicó que el banco busca "tener unos precios de referencia a través de los cuales sepamos efectivamente cuánto les está costando a los suramericanos la inversión que hacen en la compra de medicamentos y cuáles son las diferencias de los precios que existe entre uno y otro país".

El ISAGS elaborará ese informe de precios, que es "un paso fundamental" en la estrategia para "abaratar" los costes de la salud en la región" y controlar a "aquellas empresas que, de alguna manera, abusan en nuestro hemisferios con la utilización y fijación de estos precios", apostilló Samper.

El segundo compromiso suscrito hoy, añadió, tiene que ver con la "elaboración de un mapa de cuáles son las capacidades de producción de medicamentos de los países de Unasur" que ayude a definir políticas regionales para sustituir las importaciones de fármacos por la producción local.

De su lado, Gomes Temporao recordó que Suramérica tiene 400 millones de habitantes, un mercado que, según afirmó, hay que abordarlo con "inteligencia".

Unificar información sobre las medicinas más usadas y elaborar una síntesis práctica del tema de precios ayudará a la formulación de políticas dirigidas a garantizar el acceso universal a los medicamentos, agregó.

Asimismo destacó el proyecto de "Mapeo de capacidades regionales para la producción de medicamentos", porque permitirá reconocer cuál es "la capacidad productiva, tecnológica, científica de los laboratorios públicos y privados" que existe en Suramérica.

Con esa herramienta los suramericanos, por ejemplo, podrán efectuar "compras conjuntas, licenciamientos conjuntos, regulación conjunta" en el campo de los medicamentos.

Además, remarcó que "hay un cambio epidemiológico en América Latina", ya que en el pasado "predominaban las enfermedades infecto parasitarias", mientras que en la actualidad "son las dolencias de la modernidad": la hipertensión arterial, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y los infartos de miocardio.

Según él, debe ser política de Unasur, "una radical ampliación de acceso a (medicamentos) genéricos", algo que "no será fácil", por la presión que suelen ejercer las grandes corporaciones farmacéuticas del mundo.

Al respecto, informó de que la ISAGS y Unasur organizarán para inicios de diciembre, en Buenos Aires, un taller sobre el acceso a medicamentos y la protección de patentes.

Por otra parte, Samper indicó que los acuerdos establecidos con el ISAGS incluyen un plan para que el Instituto trabaje con otras organizaciones internacionales en el diseño de una política dirigida a combatir la obesidad infantil en la región.

La Unasur está formada por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

nota original 

miércoles, 18 de junio de 2014

Ecuador: La patente de medicinas preocupa a laboratorios



en 25 años no se podrá usar un principio activo, según documento

La Unión Europea propone una protección por 5 años a los datos de prueba. El sector farmacéutico local se opone.

El Telegrafo 16 de jun io 2014

Uno de los temas discordantes dentro de las negociaciones de un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE), es la protección de datos de prueba a fármacos.

El documento base de discusión propone proteger los datos de prueba -información que avala la efectividad de un fármaco-, por 5 años lo que, sumado a la duración de la patente de un medicamento que es de 20 años, resulta en un cuarto de siglo que se niega la posibilidad a cualquier laboratorio del mundo a fabricar tal medicamento. El sector farmacéutico local aboga porque no se acepte.

“El tema nos perjudica porque al ser fabricantes de medicamentos genéricos lo que hacemos es que los precios disminuyan y se promueva el acceso a la sustancia”, dijo Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (ALFE).

En la práctica, al momento que fenece una patente de un principio activo, se crean competidores del laboratorio titular y por ende su precio baja. Palacios puso como ejemplo el viagra (Pfizer), que en su presentación de marca cuesta $ 20 y en genérico, apenas $ 1,50.

Por otro lado, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la exclusividad en datos de prueba conlleva a un gasto para Ecuador de $ 500 millones, lo que equivale a la inversión en salud de 1’180.000 personas. El incremento de los precios es de un 18%.

Hasta el momento el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), como parte de las negociaciones con el bloque europeo, ha sugerido un royalty o compensación económica al titular de la patente por esos 5 años, para que los laboratorios locales puedan fabricar el producto, pero no hay un acuerdo.

“Nuestra postura es que no se creen protecciones adicionales que no están en la ley y ellos (UE) no quieren tampoco ninguna compensación”, señaló.

A criterio de Martín Cereijo, gerente general de laboratorios Acromax, esta condición impuesta por el bloque europeo es un atentado no solo para la industria farmacéutica local, sino también para la de otros países de la región.



Licencias obligatorias

Los costos en tiempo y dinero que pagan los países por temas de fármacos son altos. En el último concurso público para la adjudicación de 2 medicamentos retrovirales para la red de salud pública, los montos fueron de $ 3’900.000, por 5’631.800 tabletas de Lopinavir - Ritonavir, y $ 4’257.000, por 661.910 tabletas, de Lamivudina-Abacavir, con un total de $ 8’157.000.

“Nosotros podríamos hacerlo en 7 millones”, sostuvo el gerente de Acromax.

Este laboratorio local terminó su etapa de desarrollo para ambos medicamentos -indicados en el tratamiento del VIH-, luego de una negociación de un año por obtener la licencia obligatoria de los laboratorios dueños de la patente: Abbot y Glaxo, respectivamente.

La licencia obligatoria es una herramienta a la que pueden acudir los Estados para fabricar el medicamento localmente y hacerlo accesible al público, aunque estén protegidos por una patente.

Sin embargo, comentó Cereijo, este procedimiento tampoco es gratis porque la normativa ecuatoriana de Propiedad Intelectual establece que por cada comprimido se tiene que cumplir con una retribución.

“El Royalty (compensación) no es mucho y eso es precisamente lo que no le gusta a la gente, porque si fuera mucho dinero, sería más conveniente para las multinacionales”, señaló Cereijo.

Por ahora los antirretrovirales ya tienen registro sanitario y el laboratorio participará en las compras públicas para el período 2015-2016 por una cantidad similar a la adjudicada anteriormente, pero con varias ventajas: un costo menor y el permitir a la industria local crecer.

Según datos de ALFE, la farmacéutica ecuatoriana empleó a 5.871 personas en 2011 y cuadriplicó sus inversiones de 2010 a 2013, y el mayor rubro (57%) se destinó a comprar equipos nuevos.

Miguel Palacios, asesor técnico de ALFE, dijo que la industria local está preparada y a un nivel técnico que va más allá de “importar un principio activo en polvo y colocarlo en una cápsula”.

Si bien la figura de la licencia obligatoria consta en la ley ecuatoriana desde 1998, Palacios recordó que este Gobierno ha hecho énfasis en la utilización de este instrumento.

Palacios aseguró que en materia de licencias la UE es más flexible, sin embargo, en la protección de datos de prueba por 5 años persiste el desacuerdo.

René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dijo hace poco que la aplicación de licencias obligatorias debería ampliarse al sector de la educación, patentes de literatura e investigación académica.

Original en

lunes, 14 de enero de 2013

Productos biosimilares en América Latina. Regulaciones y oportunidades para pacientes con enfermedades autoinmunes



Desanvicente-Celis Z, Caro-Moreno J, Enciso-Zuluaga M, Anaya JM
Similar biotherapeutic products in Latin America. Regulation and opportunities for patients with autoimmune diseases.
Biosimilars. January 2013 Volume 2013:3 Pages 1 - 17

Resumen en español:

Los productos bioterapéuticos han revolucionado la medicina, cambiando la forma en que podemos tratar algunas enfermedades crónicas, como las enfermedades autoinmunes. La expiración de la patente y los altos costos de los productos bioterapéuticos de referencia, entre otros factores, han promovido el interés en productos bioterapéuticos similares (SBP, por sus siglas en inglés), también conocidos como biosimilares. El objetivo de desarrollar un SBP es fabricar una molécula "muy similar" a un producto bioterapéutico de referencia, realizando un ejercicio de comparación que pueda demostrar la misma calidad, seguridad, y eficacia. Regulaciones como las de la Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU (FDA) constituyen las normas de referencia internacionales. Así, nuestro objetivo fue destacar la situación actual en América Latina sobre SBP, centrándose en cuestiones de reglamentación en el contexto de las enfermedades autoinmunes. Las regulaciones de Argentina, Perú, Chile, Guatemala, Panamá y Costa Rica siguen las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Otros países, como Cuba, México, Venezuela y Brasil poseen regulaciones que tienen en cuenta las normas internacionales combinadas con características locales. En Colombia, se encuentra en revisión un proyecto de decreto y continua el debate. Algunos países ya han aprobado SBP. México, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú comercializan SBP de rituximab, y Colombia un SBP de etanercept. La llegada de la SBP es definitivamente beneficiosa. La seguridad y eficacia deberá garantizarse siguiendo una normativa clara y completa.



Articulo completo

Disponible en: http://bit.ly/13vhBl1

viernes, 1 de abril de 2011

Publicidad y promoción de medicamentos: regulaciones y grado de acatamiento en cinco países de América Latina

VACCA, Claudia; VARGAS, Claudia; CAÑÁS, Martín  and  REVEIZ, Ludovic.

en nombre  del Grupo de Análisis y Vigilancia de la Promoción Farmacéutica (GAViP) de la red  Acción Internacional por la Salud (AIS):
Germán Rojas (Perú), José Augusto Cabral de Sobravime (Brasil), José Terán (Ecuador),
Benoit Marchand y Carlos Fuentes (Nicaragua), Óscar Lanza y René Soria (Bolivia),
Cecilia Homar (Argentina) y Francisco Rossi (Colombia).

Rev Panam Salud Publica. 2011;29(2):76–83.

Resumen
OBJETIVO: Analizar las distintas regulaciones sobre promoción de fármacos y su grado de acatamiento reflejado en piezas publicitarias expuestas al público en Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú.

MÉTODOS: Se recogieron 683 piezas promocionales expuestas en establecimientos de salud, farmacias y en la vía pública, de las cuales 132 piezas seleccionadas al azar fueron objeto de análisis. Se examinaron las regulaciones sobre publicidad farmacéutica -incluidas sus coincidencias con los criterios éticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- tomadas de los sitios web oficiales y mediante entrevistas con los responsables de los organismos regulatorios y ministerios de salud de los cinco países del estudio. Se evaluaron los contenidos de los materiales de la muestra para determinar su grado de acatamiento respecto a las regulaciones nacionales y las recomendaciones sobre promoción de medicamentos de la OMS.

RESULTADOS: Los países cuentan con regulaciones que incorporan los criterios éticos de la OMS. Más de 80% de las piezas analizadas incluían las indicaciones del fármaco y más de 70% omitían información sobre efectos adversos. Cincuenta por ciento de los anuncios de medicamentos de venta libre (MVL) expuestos en farmacias incluían indicaciones no aprobadas por la autoridad sanitaria correspondiente. En los anuncios expuestos en farmacias, no se hallaron diferencias significativas entre los riesgos de la información inadecuada con relación a su condición de venta (MVL o medicamentos de venta con prescripción médica). El riesgo relativo de ausencia de información sobre posología fue de 2,08 (intervalo de confianza de 95% 1,32-3,39) en las piezas distribuidas en farmacias, comparadas con las expuestas en establecimientos de salud.

CONCLUSIONES: Si bien en general los cinco países del estudio incorporan en sus regulaciones sobre promoción y publicidad de medicamentos las recomendaciones de la OMS, con frecuencia dichas ordenanzas no se reflejan en los contenidos de las piezas promocionales.
 
 
disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v29n2/a02v29n2.pdf


ABSTRACT




OBJECTIVE: To analyze differing regulations regarding drug promotion, and the extent of compliance as seen in samples of advertising directed to the public in Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua, and Peru.

METHODS: A total of 683 pieces of promotional material on display in health facilities, pharmacies, and on the street were collected, 132 of which were randomly selected for analysis. The regulations governing pharmaceutical advertising, taken from official websites and interviews with regulatory officials and Ministry of Health staff in the five countries covered, were reviewed, along with their adherence to the ethical criteria of the World Health Organization (WHO). The contents of the materials in the sample were evaluated to determine their degree of compliance with national regulations and WHO recommendations on drug promotion.

RESULTS: The countries have regulations incorporating WHO ethical criteria. Over 80% of the material analyzed included the indications for the drug, while over 70% omitted information on adverse effects. Fifty percent of the advertisements for overthe-counter (OTC) drugs on display in pharmacies listed indications not approved by the relevant health authority. In advertising in pharmacies, the risks from inadequate information were not found to differ significantly for OTC or prescription medications. Compared with materials provided in health facilities, the relative risk of the absence of information on dosage in the material distributed in pharmacies was 2.08 (confidence interval 95% 1.32–3.39).

CONCLUSIONS: Although regulations on drug promotion and advertising in the five countries studied generally incorporate the WHO recommendations, promotional materials often fail to reflect the fact.