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domingo, 4 de enero de 2015

Una demanda por sentirse conejillo de Indias : olanzapina y diabetes

UNA MUJER DEMANDO AL LABORATORIO ELI LILLY, AL HOSPITAL ALEMAN Y A DOS MEDICOS POR ENSAYAR UN PSICOFARMACO CON ELLA


Sufría síntomas de ansiedad, pero en el Hospital Alemán comenzaron a tratarla con un psicofármaco en experimentación utilizado para casos de esquizofrenia, aunque nunca le diagnosticaron esa enfermedad. A raíz del tratamiento contrajo diabetes.


Por Pedro Lipcovich


El laboratorio Eli Lilly pagó en Estados Unidos la mayor multa corpotariva de ese país por aplicar un medicamento a personas no esquizofrénicas.

El laboratorio Eli Lilly, el Hospital Alemán y dos psiquiatras fueron demandados por una mujer que, en un ensayo clínico con el psicofármaco Zyprexa, aumentó 20 kilos y enfermó de diabetes: en 2007, cuando comenzó el experimento en Buenos Aires, esos efectos perjudiciales eran internacionalmente conocidos, y en Estados Unidos, esa misma empresa había indemnizado a numerosos pacientes por haber enfermado de diabetes. La investigación abarcó a 572 personas a lo largo de dos años. A los participantes en la Argentina se les comunicó que el riesgo de diabetes era “muy poco frecuente”. La demanda sostiene también que la paciente ni antes ni después del experimento fue diagnosticada por esquizofrenia –enfermedad para la que estaba autorizado el producto– y que sólo había consultado a un servicio de salud mental por síntomas de ansiedad o depresión. En Estados Unidos, Eli Lilly pagó la mayor “multa criminal” corporativa en la historia de ese país por aplicar Zyprexa a personas no esquizofrénicas entre 1999 y 2005.
La acción por daños y perjuicios fue presentada por la abogada Patricia Venegas, en representación de María Beatriz Carbonne, contra Eli Lilly Interamericana Sucursal Argentina, el Hospital Alemán-Deutsches Hospital y los psiquiatras Rolando Salinas –jefe de Psiquiatría del Alemán y profesor en la Universidad Católica– y Eugenio Ottolenghi. La demanda refiere que la señora Carbonne, que actualmente tiene 57 años, empezó a padecer insomnio luego de su separación matrimonial y a partir de las dificultades que a su vez sufría su hijo, sobreviviente del incendio en la disco Cromañón en 2004. La mujer le preguntó al traumatólogo que, por un problema de columna, la atendía en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (IREP), quien la derivó al área de psiquiatría de esa institución. Allí la psiquiatra María Pía Ibáñez le recetó psicofármacos. La historia clínica, incluida como prueba en la demanda, la caracteriza como “paciente lúcida, colaboradora, ubicada globalmente con conciencia de situación y de enfermedad”.
La demanda sostiene que “a pesar de haber mejorado sus síntomas, imprevistamente la doctora Ibáñez le informó que no iba a seguir atendiéndola y pidió que concurriera al Hospital Alemán, donde le iban a dar ‘un tratamiento muy costoso que la iba a mejorar’”. Sólo en ese momento, según la demanda, le fue comunicado que padecía “una supuesta esquizofrenia, que hasta ese momento nunca le habían dicho que padecía”. En el Hospital Alemán, la atendió el doctor Rolando Salinas, jefe del servicio de psiquiatría, profesor titular de psicología preventiva en la UCA y miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (Apdeba): “Cuando la paciente le preguntó qué era ‘esquizofrenia’, el profesional le dijo que era muy complicado, que le llevaría mucho tiempo explicarlo”, según la demanda.
“En síntesis –dice la demanda–, en febrero de 2007 María Carbonne empezó un tratamiento experimental para la esquizofrenia, enfermedad que nunca le había sido diagnosticada previamente, consistente en una inyección por mes. Después de recibir cada inyección debía guardar reposo porque quedaba exhausta. Al año y medio de tratamiento había aumentado 20 kilos. Entonces le informó al doctor Eugenio Ottolenghi su decisión de no seguir con el tratamiento porque el aumento de peso afectaba la lesión en su columna, generándole dificultades para caminar. El médico restó importancia a la cuestión diciéndole que debía seguir una dieta y que no debía abandonar el tratamiento.”
Luego de los dos años que duró el ensayo clínico, los participantes dejaron de ser atendidos en el Hospital Alemán y debieron pasar a instituciones públicas. La señora Carbonne fue atendida en el Hospital de Clínicas, donde “le informaron que padecía diabetes” y “le dijeron que dicha enfermedad tenía relación con la droga que le habían dado en el Hospital Alemán”. La señora “comenzó nuevamente a tener ataques de pánico” y consultó en el Hospital Evita, donde un psiquiatra “la escuchó atentamente, dándole contención, y estudió su caso concluyendo que nunca padeció esquizofrenia, solamente depresión y pánico”. Actualmente se atiende en una institución pública con un psiquiatra “que le informó que nunca sufrió esquizofrenia y cuyo tratamiento respetuoso y cálido le devolvió la paz que no tuvo en ocho años”, según la demanda.
La demanda concluye en que María Beatriz Carbonne “fue diagnosticada como esquizofrénica por los médicos demandados y fue incluida en un protocolo experimental de una peligrosa droga, cuyos efectos colaterales son gravísimos, para satisfacer los intereses de un laboratorio extranjero. Actualmente padece gravísimos trastornos de salud, fundamentalmente una severa diabetes, que le ha afectado la vista y los riñones en forma irreversible”.
Según comentó a este diario Patricia Venegas –que es profesora de Obligaciones Civiles en la Facultad de Derecho de la UBA–, “la pregunta es cómo pudieron darle a la señora Carbonne, que tenía antecedentes familiares de diabetes pero nunca había desarrollado la enfermedad, un medicamento que causa diabetes. Hoy ella engordó muchísimo, está perdiendo la visión, tiene la salud destrozada. Ella ¿y cuántos más? Muchos deben estar en las mismas condiciones. Eli Lilly no podía tener ninguna duda de los efectos del medicamento, ya que había pagado indemnizaciones en otros países. Aun así vino a la Argentina a utilizar a la gente para hacer experimentos”.
Ante la consulta de este diario, Eli Lilly Argentina contestó que “por estar el caso transitando la instancia judicial, no tenemos posibilidad de compartir información o comentarios referidos a este tema”. Los psiquiatras Rolando Salinas y Eugenio Ottolenghi no respondieron. El Hospital Alemán contestó textualmente que “como este tema se encuentra en la Justicia, el hospital considera que sólo el juez interviniente tiene la potestad de responder sobre el particular”.

original en
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-263181-2015-01-04.HTML

Subnotas

La mayor multa criminal en EE.UU.

 Por Pedro Lipcovich

En diciembre de 2006, cuatro meses antes del comienzo del ensayo clínico con Zyprexa en el Hospital Alemán, The New York Times informó que “el 30 por ciento de los pacientes que tomaron Zyprexa aumentaron 10 kilos o más, y algunos aumentaron más de 45 kilos”. También reveló que, como los psiquiatras “advertían los efectos colaterales de Zyprexa”, Eli Lilly “expandió el marketing a médicos de atención primaria, que estaban menos al tanto de esos efectos”.
El medio neoyorquino publicó la información el 17 de diciembre de aquel año, cuando dio a conocer que “ejecutivos de Eli Lilly ocultaron información importante sobre la relación del Zyprexa con la obesidad y su tendencia a aumentar el azúcar en la sangre: las dos cosas son conocidos factores de riesgo para la diabetes”. El diario señaló que “los propios datos publicados por Eli Lilly, que la empresa indicó a sus agentes de propaganda médica desestimar en las conversaciones con los profesionales, mostraron que el 30 por ciento de los pacientes que tomaron Zyprexa aumentaron 10 kilos o más luego de un año de la droga, y algunos aumentaron 45 kilos o más. A Eli Lilly le preocupaba que las ventas de Zyprexa se perjudicaran si la empresa fuera más franca sobre el hecho de que la droga podría causar inmanejable el aumento de peso o diabetes”. Pero los esfuerzos de Eli Lilly “se tornaron crecientemente dificultosos” porque los psiquiatras “advertían los efectos colaterales de Zyprexa”. Entonces, “Lilly expandió el marketing a médicos de atención primaria, que estaban menos al tanto de los efectos colaterales de Zyprexa”.
Ya en 2006, Eli Lilly había aceptado pagar 750 millones de dólares para poner fin a juicios en los que 8000 personas reclamaron por haber desarrollado diabetes u otros problemas de salud luego de tomar Zyprexa.
Además, en enero de 2009, Eli Lilly aceptó declararse culpable y pagar 1415 millones de dólares por promover su medicamento Zyprexa para afecciones distintas a la esquizofrenia, única para la que había sido autorizada por la FDA (Food & Drug Administration). El Departamento de Justicia de Estados Unidos precisó entonces que esa suma incluía una “multa criminal de 515 millones, la mayor que se haya registrado en un caso de salud y la mayor multa criminal impuesta a una corporación en la historia de Estados Unidos. Eli Lilly también pagará más de 800 millones en un acuerdo civil con el gobierno federal y los estaduales”.

LA MUJER QUE PRESENTO LA DEMANDA

“No hicieron nada por mí”

 Por Pedro Lipcovich
 
“Yo simplemente tenía mi hijo que estuvo en Cromañón, eso me causó una conmoción que no me dejaba dormir, me produjo pánico –contó a este diario María Beatriz Carbonne–. La doctora María Pía Ibáñez, del Hospital IRAP, me atendió como un año. No hubo mucho diálogo. Como a los seis meses mejoré pero me siguió dando la medicación. Ya pensaba que me iba a dar el alta pero me dice: ‘Mirá, te voy a mandar al Hospital Alemán, te van a dar una inyección que te va a hacer rebién. Te va a atender un médico que es amigo mío, es una eminencia’.”
“Cuando me presenté en el Hospital Alemán me atendió el doctor Salinas. Hubo pocas charlas. Me dejó en manos del doctor Ottolenghi, que me aplicaba las inyecciones. Al año y medio yo había aumentado 20 kilos, eso me perjudicaba la columna y le dije al doctor Ottolenghi que no quería continuar. ‘Pero cómo va a dejar, si le falta poco tiempo.’ En esa conversación llega el doctor Salinas, y se expresaron como si yo hubiera sido culpable por aumentar de peso. Y me dice: ‘Le voy a dar un régimen, va a andar bien’. Después de dos años de tratamiento salí del hospital, no tuve una charla con ellos, no me dijeron ‘Usted está mejor o peor, tiene esto o lo otro’. Fui al Hospital de Clínicas y allí la doctora me pidió unos análisis que salieron muy mal, salía que tengo diabetes y ella me dijo: ‘Sí, la diabetes la tiene por las inyecciones que le pusieron’.”
“Ahora me estoy atendiendo en un hospitalito muy humilde, acá en Malvinas Argentinas. Acá me atiende un doctor que es una maravilla de ser humano. Los otros no hicieron nada por mí, lo único que querían era que yo continuara el experimento.”

lunes, 22 de diciembre de 2014

En 2015 las farmacéuticas multinacionales sufrirán perdida de patentes



Vanguardia (México) 22 de diciembre del 2014

Sanofi estimó que podría perder hasta 8 mil 100 millones de dólares, principalmente por su medicamento para el combare a la diabetes Lantus, que cerraría este año con ventas por 6 mil 500 millones de dólares.

Novartis perdió la patente de su tratamiento para el cáncer Gleevec, que le genera ganancias por 4 mil 690 millones, mientras que Roche ya no tendrá los derechos por el Rituxan utilizado para combatir el cáncer y artritis reumatoide, los cuales le aporta ganancias por más de 7 mil millones de dólares.

Incluso en la India le fue rechazado el registro de una patente para una mejora de su tratamiento contra el cáncer, Glivec.

Astra-Zeneca deja de tener el control de Nexium, medicamento contra la acidez estomacal, que le aporta ingresos por casi 4 mil millones, que junto con la pérdida de otras patentes, generaron una reestructuración de la compañía por 2 mil 300 millones de dólares y recortes de empleo.

Eli Lilly deja la patente del antidepresivo Cymbalta y el medicamento contra la osteoporosis Evista, que en conjunto le aportan casi los 6 mil millones de dólares.

Para el 2019, el vencimiento de patentes podría generar pérdidas por 65 mil millones a las grandes firmas farmacéuticas, especialmente en los tratamientos para el sistema nervioso central, estima la firma de analistas GlobalData.

Con la pérdida de patentes las compañías también reducen su participación de mercado en segmentos claves, destaca el documento.

AFECTADAS

- Sanofi

- Novartis

- Roche

- Astra-Zeneca

- Eli Lilly

viernes, 25 de abril de 2014

Farmacéuticas en la mira de la Justicia por acciones ilegales



por Andrew Ward, Financial Times, 25 de abril 2014

Cada vez hay más demandas millonarias contra los laboratorios por ocultar información sobre posibles efectos secundarios de un medicamento hasta el pago de sobornos

Cuando el exitoso abogado fue contratado para representar en un juicio a un hombre que asegura que medicamento para la diabetes le provocó cáncer, la industria farmacéutica supo que estaba en problemas.
Tras el alegato final de Mark Lanier, que mencionó una “desconsideración imprudente por la seguridad del paciente”, un juez federal en Louisiana ordenó a Takeda de Japón y a Eli Lilly de EE.UU. el pago de daños y perjuicios por la suma récord de u$s 9.000 millones por ocultar evidencia de una posible relación entre su medicamento Actos y el cáncer a la vejiga.

Para Lanier, fue el último de una serie de triunfos frente a grandes farmacéuticas. Se hizo conocido en EE.UU. hace una década, por ganar un juicio por u$s 250 millones contra Merck & Co iniciado por una viuda que culpó al analgésico Vioxx de la muerte de su esposo por un fatal ataque al corazón.

La multa de su última victoria legal es tres veces superior al récord de u$s 3.000 millones que pagó GlaxoSmithKline por malas prácticas en la promoción de sus medicamentos en 2012. Los analistas sostienen que la suma es tan elevada que seguramente un juez la reduzca y aún podría ser rechazada en una apelación. Takeda y Eli Lilly insisten en que Actos es seguro y prometieron apelar el fallo.

Pero el juicio, en el que los miembros del jurado oyeron cómo Takeda destruyó grandes cantidades de documentos relacionados con Actos, se sumó a una serie de casos que pusieron a toda la industria en el banquillo.
A primera vista no hubo una conexión directa entre el fallo judicial de Louisiana y otros titulares vergonzosos: una acusación de soborno contra GSK en Irak; una investigación sobre supuestas prácticas anticompetitivas contra Novartis y Roche en Francia; y un informe que asegura que el costoso antiviral Tamiflú no sería mejor que una aspirina.

Sin embargo, de una o otra manera, respaldan las acusaciones de críticos del sector que aseguran que las grandes farmacéuticas anteponen las ganancias a la salud pública, desde elegir las mejores pruebas clínicas para ocultar riesgos a la salud, hasta sobornar médicos y bloquear medicamentos más baratos.

Dichas acusaciones son rechazadas ferozmente por las empresas, pero incluso los líderes de la industria admiten que han tenido cierta resonancia en el público.

En respuesta a las críticas, algunas farmacéuticas como Roche, GSK, y Johnson & Johnson, anunciaron el año pasado algunas medidas para abrir su información de pruebas clínicas a revisiones independientes. Otros son más precavidos y citan la necesidad de proteger su propiedad intelectual y la confidencialidad de los pacientes. Pero la opción quizás ya no dependa de las compañías: el parlamento europeo acaba de aprobar una ley que establece que los resúmenes detallados de los ensayos clínicos deben ser públicos.

“La presión no va a diminuir”, dijo una alta fuente de la industria. “Hay una movida hacia una mayor transparencia en todas las áreas de la sociedad. Es imposible resistirse”.

Los desafíos reputacionales no son nada nuevo para las grandes farmacéuticas, pero la tendencia las está obligando a repensar sus estrategias de marketing ahora que se presta más atención a sus vínculos financieros con los médicos. GSK anunció en diciembre que desde 2016 dejará de pagarle a los profesionales de la salud por asistir a conferencias médicas o por hablar de sus productos. También eliminó los objetivos individuales a su equipo de ventas.

Esa fue la respuesta a la multa norteamericana por u$s 3.000 millones que recibió el grupo en 2012 por comercializar en forma ilegal y a la investigación iniciada por las autoridades chinas en julio del año pasado por supuestos sobornos a médicos. La revelación hace días de que GSK está enfrentando acusaciones similares en Irak recalcó la naturaleza global del desafío. Per el grupo británico asegura que sus modificaciones de las prácticas de marketing lo colocaron a la vanguardia de la reforma de la industria.

A los ejecutivos del sector les preocupa que la peor imagen de la industria les dificulte defender sus precios, en un momento en que los presupuestos de salud caen en todo el mundo desarrollado.

Mientras tanto, en Louisiana, Lanier se prepara para atender a 2.700 personas que hacen fila para demandar a Takeda y Eli Lilly.

martes, 8 de abril de 2014

Pioglitazona EEUU impone multa de 9.000 millones a farmacéuticas Takeda y Eli Lilly


Terra (The Associated Press), 8 de abril de 2014

La  compañía farmacéutica japonesa Takeda fue condenada a pagar 9.000 millones por daños punitivos por un jurado estadounidense por la venta de un producto para atender la diabetes que está ligado con casos de cáncer.

No obstante, el mayor fabricante de medicamentos de Japón informó el martes que "desafiará vigorosamente" el veredicto.

La corte de distrito del distrito occidental de Luisiana ordenó que se aplicara una multa de 6.000 millones de dólares a Takeda y una de 3.000 millones a su socia y coacusada Eli Lilly. También indicó que deberán pagar 1,5 millones en daños compensatorios al demandante.

La batalla legal se centró en el hecho de si medicamento Actos, que se usa para tratar la diabetes tipo 2, causó cáncer en la vejiga a pacientes que la usaron y si está implicada en otros casos de cáncer.

Kenneth Greisman, un asesor de Takeda, dijo en un comunicado que la compañía no está de acuerdo con el veredicto y que las pruebas presentadas no confirman el vínculo causal entre Actos y el cáncer de vejiga.

"Respetuosamente, Takeda está en desacuerdo con el veredicto y planeamos desafiarlo vigorosamente a través de todos los medios legales, incluidas mociones posteriores al juicio y la apelación", dijo Greisman.

Los daños punitivos a menudo son reducidos en las apelaciones.

En junio de 2011 la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) publicó una advertencia de seguridad sobre Actos en que la que decía que había un incremento de 40% en el riesgo de cáncer entre la gente que usaba el medicamento a lo largo de un año. Se obligó a que esa advertencia se incluyera en las instrucciones de la etiqueta del medicamente que estaba a la venta desde 1999.

Greisman dijo que simpatiza con el demandante pero sostuvo que el fármaco producido por Takeda no es causa de su cáncer.

El fármaco se distribuye con advertencias sobre efectos secundarios como problemas en el hígado, fracturas de huesos o riesgo de cáncer de vejiga.

Una exrevisora médica de Takeda, Helen Ge, sostuvo en una demanda presentada en 2012 ante la corte de distrito que la compañía restó importancia a la cantidad de casos de cáncer de vejiga probablemente ligados a Actos en sus declaraciones ante la FDA.

Las acciones de Takeda, cuya sede está en Osaka, se desplomaron en la bolsa de Tokio al bajar 5,2% en la sesión del martes.