Diputados del FPV
proponen crear una agencia nacional que nuclee la produccion publica
de medicamentos
Una ley para hacer
frente a los otros monopolios
El proyecto, presentado
en medio de la puja por los precios de los fármacos, busca aunar a
los casi 40 laboratorios públicos del país con el fin de
contrarrestar las conductas monopólicas de los grandes laboratorios
privados.
Página 12 ( Argentina
), 30 de junio 2014
“Hacer tus propios
medicamentos es promover el desarrollo nacional y adquirir
soberanía”, asegura la diputada del Frente para la Victoria,
Carolina Gaillard, autora del proyecto de ley que propone crear una
Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) que nuclee a las
casi 40 usinas de medicamentos que dependen de gobiernos provinciales
y universidades nacionales.
La premisa del texto
que ingresó la semana pasada al Congreso, con la firma de una decena
de legisladores oficialistas, es que el Estado “diseñe la política
de producción, investigación y desarrollo” de fármacos para
evitar ser rehenes de las conductas monopólicas de los grandes
laboratorios privados extranjeros, y al mismo tiempo promover la
generación de mayor valor agregado al trabajo científico nacional.
“Reconociendo la
salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede
dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la
rentabilidad”, explica Gaillard, quien sin embargo advierte que el
proyecto “no va en desmedro de los laboratorios privados,
especialmente de los pequeños y medianos, que generan puestos de
trabajo y desarrollo científico al país”, sino que plantea “darle
un rol rector al Estado” para establecer políticas y articular la
labor de todos los laboratorios públicos. Los efectos, como la
producción local de precursores o la creación de nuevas patentes
nacionales, “van a terminar beneficiando a todos”, agrega la
diputada.
La creación de una
Agencia Nacional permitirá centralizar la compra de activos de los
laboratorios que dependen del Estado “para que el sistema público
gane mayor competitividad en el mercado”, lo que permitiría formar
precios de referencia, que hoy están en manos de los grandes
laboratorios, y producir medicamentos “huérfanos”, como se
conoce a aquellos que no generan rentabilidad comercial por tratar
enfermedades que afectan a cantidades muy reducidas de pacientes
(menos de 5 cada 10 mil personas, según las regulaciones
internacionales). También permitirá avanzar en el control de
estándares de calidad de los medicamentos que se importan tanto como
los que se producen en el país.
El proyecto cuenta con
la firma de una decena de legisladores oficialistas, entre ellos la
titular de la Comisión de Salud, Andrea García; Carlos Raimundi,
Jorge Rivas y Adela Segarra, e ingresó a la Cámara baja el
miércoles pasado, un día después de que el Gobierno ordenara a los
laboratorios retrotraer los precios de todos los medicamentos de
venta bajo receta a los valores de principios de mayo, bajo amenaza
de cuantiosas multas. La autora del texto explica que el proyecto es
anterior y se hizo “sin saber las medidas que iban a tomarse contra
la cartelización de los laboratorios”, pero que la actualidad
“demuestra que es necesario avanzar en el sentido que propone la
ley”.
La iniciativa aparece
como la continuación de otros avances que se introdujeron en los
últimos años en materia de salud y producción de fármacos. Por un
lado, la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico,
o ley de genéricos a secas, sancionada en 2002 cuando Ginés
González García era ministro de Salud de la presidencia interina de
Eduardo Duhalde, y ejecutada mayormente por el mismo funcionario
durante el gobierno de Néstor Kirchner. “La producción pública
tuvo un lugar central durante la crisis de 2001, cuando abasteció a
grandes sectores de la población que quedaron en situación
vulnerable cuando el Estado no tenía con qué pagarles a los
proveedores privados”, recuerda Gaillard.
Otro antecedente, más
directo, es la ley 26.688, que declara “de interés nacional la
investigación y producción pública de medicamentos, materias
primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos
médicos”.
Esa norma, que nunca
fue reglamentada, establecía que la autoridad de aplicación era el
Ministerio de Salud. El nuevo proyecto plantea, en cambio, la
creación de la Anlap como un órgano “que goza de autarquía y
autonomía para actuar”, y cuenta con un presupuesto propio, de
forma tal que pueda tomar un rol rector en el diseño, la
implementación y coordinación de toda la política de producción
pública de medicamentos, algo en que la ley 26.688 quedó a mitad de
camino.
“El lobby de la
industria de los laboratorios, para que no se desarrolle el sistema
público y poder seguir poniendo los precios que quieren, es muy
fuerte”, busca explicaciones Gaillard. Además de los diputados
oficialistas que rubricaron el proyecto, la iniciativa llega con el
apoyo de otros sectores vinculados con el área y que buscan
contrarrestar la presión de los privados: allí aparecen la
multisectorial para la producción pública de medicamentos;
reconocidos profesionales como el titular de la cátedra libre de
Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA,
Claudio Capuano; y Martín Isturiz, investigador principal del
Conicet y la Redlab, que nuclea desde 2007 a los laboratorios
públicos y es el germen del proyecto de la Anlap.
Hay también un aspecto
relacionado con la política regional en la iniciativa: a través del
Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, que
funciona bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, se está
trabajando en la articulación en esta materia dentro del ámbito de
Unasur. Allí se busca fomentar los lazos de cooperación científica
para trabajar en avances conjuntos, aprender de experiencias como la
de Brasil, que ha logrado a través de la producción pública bajar
los precios de los medicamentos, y abrir nuevos mercados para los
fármacos que se producen en los laboratorios nacionales.
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