Observatorio Sudamericano de Patentes, 4 de diciembre de 2017
Es un paso importante para que
Argentina pueda conservar las versiones genéricas locales. Es un
medicamento esencial para tratar la Hepatitis C con importantes
beneficios para los programas de provisión gratuita de medicamentos.
El
INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) de Argentina
rechazó la patente solicitada por Laboratorios GILEAD PHARMASSET LLC
sobre la prodroga del Sofosbuvir; medicamento esencial para tratar la
Hepatitis C.
La Disposición PN 066898 del INPI que rechaza la patente se
basa en los mismos argumentos que sostenemos desde FGEP en nuestras
oposiciones al patentamiento; conforme el artículo 4 de la ley Nacional
de Patentes, la prodroga que pretendía patentar Gilead carece de novedad
y actividad inventiva.
En mayo de 2015 la Fundación GEP presentó una oposición a la solicitud de la patente.
Allí destacamos que Gilead no cumplía con los requisitos legales
vigentes en nuestro país para que un producto farmacéutico sea
patentable. El artículo 4 de la Ley de Patentes de Argentina requiere
que exista novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Además,
la solicitud carecía de suficiencia descriptiva y de claridad, que
requieren los artículos 12 y 20 de la misma ley.
GEP junto con otras organizaciones de la sociedad civil
argumentamos y probamos que Gilead pretendía reivindicar un principio
activo ya conocido , que conforme a la normativa vigente no es
patentable. Sofosbuvir fue desarrollado basado en conocimiento ya
disponible en el dominio público y las técnicas científicas utilizadas
para desarrollarlo son rutinarias en la práctica químico-
farmacéutica.Esos argumentos fueron una parte fundamental de la
justificación de los examinadores del INPI Argentino para desestimar la
solicitud de Gilead.
En Argentina actualmente existen 3 versiones genéricas de
producción nacional que obtuvieron registro sanitario de ANMAT
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica). “Estas versiones garantizan la competencia de precios en
las licitaciones del Ministerio de Salud y deben ser protegidas. El
otorgamiento de patentes de producto sobre sofosbuvir generaría
monopolios inmerecidos e impediría la comercialización de genéricos”, señaló Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de FGEP. Di Giano, además, además patrocina la presentación como Abogada y Agente de Propiedad Intelectual.
“El precio exorbitante de los medicamentos para la
Hepatitis C es la principal barrera para el acceso, muchas personas
están en estos momentos en lista de espera para recibir tratamiento que
curaría su enfermedad. Algunos no llegan a tiempo y fallecen en esa
espera. Esto es inaceptable”,indicó Pablo García Presidente de FGEP.
El expediente de la solicitud de patente sobre la prodroga
de sofosbuvir también contó con la oposición de productores locales, que
a pesar de la existencia de esa solicitud y otras sobre sofosbuvir,
decidieron invertir en desarrollar el producto y buscar el registro
sanitario en el país.
“En la actualidad existe una licitación pública abierta
del Ministerio de Salud en la cual varios de los productores locales
con registro han ofrecido precios significativamente menores al de
Gilead. El rechazo de esta patente es un gran paso para la protección de
las versiones genéricas”, agregó Lorena Di Giano.
En la primera compra que hizo el Ministerio de Salud de
Antivirales de Acción Directa, el laboratorio argentino Richmond pudo
participar ofreciendo un precio 4 veces menor que la empresa
estadounidense Gilead, quien pretende varias patentes sobre sofosbuvir
en Argentina que todavía están pendientes de resolución.
“Esperamos que las patentes pendientes sobre sofosbuvir
sean rechazadas por el INPI muy pronto. Las solicitudes de patentes sin
resolver generan monopolios de hecho e inseguridad en el mercado para
la producción de medicamentos genéricos”, señaló José María Di Bello, Secretario de Fundación GEP.
Gilead es una de las compañías trasnacionales farmacéuticas
más importantes a nivel mundial que pretende apropiarse ilegítimamente
de los derechos de patente sobre sofosbuvir a través de solicitudes de
patentes que no cumplen con los requisitos de la ley. El tratamiento de
Sofosbuvir combinado con otras drogas antivirales de acción directa
tiene una efectividad de curación comprobada de hasta un 95% en los
pacientes que tienen Hepatitis C.
En Argentina, se estima que 400.000 personas viven con
Hepatitis C y muchas de ellas se encuentran en fases avanzadas de la
enfermedad y sin acceso a tratamiento a causa de los altos precios. La
oferta de versiones genéricas tiene un impacto directo en el presupuesto
del Programa Nacional de control de Hepatitis Virales del Ministerio de
Salud de la Nación y permitiría que la cura llegue a más personas.
Las empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de
frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso
corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las
demás, sino que sus “leyes de mercado” tienen modalidades particulares.
Primero, por el hecho que tienen un mercado cautivo (personas que
padecen enfermedades o preocupadas por su salud), que es una clientela
vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos,
ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les
recetan los medicamentos (generalmente los médicos) o de la urgencia de
curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de
un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto
último, y la protección de patentes, son factores que disminuyen la
competencia.
Este cuadro le da a la industria farmacéutica un poder desmedido
para fijar los precios de comercialización, no tanto en proporción al
costo real de producción, cuanto que en función de lo que el precio de
mercado puede alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas empresas
transnacionales atestiguan de esta realidad; las tres mayores empresas
mundiales: Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de
129 mil millones de dólares; el PIB de muchos países no se acerca ni de
lejos a esta cifra.
Como ejemplo flagrante del sobre-precio basta recordar el caso de
Sofosbuvir, desarrollado para tratar la hepatitis C (una enfermedad que
antes no tenía cura), que afecta a más de 170 millones de personas en el
mundo y puede causar la muerte. Hace 5 años, Gilead Sciences de EEUU
compró la empresa Pharmasset por 11.000 millones de dólares, junto con
la patente del Sofosbuvir, medicamento cuyo precio de venta multiplicó
por 100. Un tratamiento diario durante 12 semanas llegó a costar hasta
US$84 mil dólares[1]. Con la venta de este producto, en un año la
empresa recuperó toda su inversión. Si bien ha bajado en algo el
precio, el medicamento sigue siendo inaccesible a muchos enfermos de
hepatitis C.
Cabe decir que, si los sectores empobrecidos no pueden pagar los
precios elevados, tampoco es de preocupación para la industria: los
pobres son vistos como un mercado para vender los medicamentos más
comunes y baratos. Ello sin hablar de las “enfermedades olvidadas”,
aquellas que afectan principalmente a sectores pobres del Sur y para las
cuales las farmacéuticas no se empeñan en investigar medicamentos para
contrarrestarlos, porque no se lo ve como una opción rentable; es el
caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, de la cual se estima que
apenas el 1% de personas afectadas tienen acceso a la medicación.
Ante este panorama de indefensión de la población frente al poder
de la industria farmacéutica, le corresponde al sector público una alta
responsabilidad para aplicar las necesarias medidas y regulaciones de
control y equilibrio del poder de mercado, para garantizar el derecho
humano a la salud, particularmente para los sectores más empobrecidos.
Un signo alentador en este sentido fue la resolución, este año, en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reafirma que el acceso
universal a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una
condición para gozar del derecho a la salud.
El acuerdo reitera el llamado a los Estados a que continúen
colaborando para desvincular el costo de la nueva investigación y
desarrollo, de los precios de los medicamentos, vacunas y diagnósticos,
en el caso de enfermedades que afectan principalmente a los países en
desarrollo y las enfermedades tropicales olvidadas. En otro acuerdo, se
reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en
materia de salud pública, mediante, entre otras medidas, la aplicación
efectiva de las flexibilidades reconocidas para países en desarrollo
bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el
comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el
costo de las medicinas, por ejemplo, con el establecimiento de licencias
obligatorias para producir medicamentos genéricos.
En la práctica, sin embargo, los países muchas veces son
presionados a renunciar a estos derechos, particularmente si han firmado
acuerdos comerciales. Tales acuerdos suelen incluir provisiones “TRIPS
plus”, como una prolongación del plazo de las patentes y el sistema de
disputas inversionistas-Estados que amenaza el uso de licencias
obligatorias y otras flexibilidades de TRIPS. El Acuerdo Transpacífico
(TPP), en caso de ser ratificado, alargaría, por ejemplo, los patentes
para las nuevas drogas biológicas (resultantes de la biotecnología), que
de por sí suelen ser mucho más caras, y prevé además que, a corto
plazo, los países en desarrollo signatarios deben adoptar las mismas
reglas de patentes que se aplican en los países desarrollados.
Respuestas regionales
En América Latina se está buscando diversas respuestas a estos
retos. Por ejemplo, en 2010, el Ministerio de Salud de Perú lanzó un
Observatorio de Productos Farmacéuticos
(http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/), donde los consumidores
pueden ubicar dónde comprar las medicinas más convenientes para sus
tratamientos y a menores precios. La medida ha contribuido a rebajar
los precios.
Una de las medidas más efectivas es la compra pública agregada, que
significa que el Estado negocia en masa la compra de los medicamentos
que más necesitan los servicios públicos de salud, lo que le permite un
mayor poder de negociación con las empresas productoras. Por ejemplo,
este año el gobierno ecuatoriano compró 326 medicamentos, de los más
usados para el tratamiento de las principales causas de muerte, mediante
una subasta inversa (o sea, donde son los vendedores que pujan, y gana
la oferta de menor precio), lo que le permitió un ahorro de unos 320
millones de dólares, (y eso, comparado con el precio más bajo de venta
en la región de cada medicamento; entonces representa un ahorro mucho
mayor en relación a lo que antes pagaba). Todo el proceso es de acceso
público: https://subastademedicamentos.compraspublicas.gob.ec/[2]
Antes de lanzar la subasta, Ecuador realizó un estudio de los
precios de todos los medicamentos más esenciales en la región, y
encontró que una misma empresa farmacéutica vende el mismo medicamento
en diferentes países con variaciones de precios de hasta 300% o incluso
600%, en algunos casos. El estudio le permitió fijar el precio
referencial de la subasta, ya que normalmente las farmacéuticas no
sueltan este tipo de información.
Sin duda esta ventaja aumentaría si varios países compran en
conjunto, lo que se hace posible en el marco de los acuerdos de
integración regional. Los países de Centroamérica ya cuentan con un
mecanismo común para la compra de unas 64 medicinas básicas; y ahora los
países de Suramérica (o varios de ellos) están considerando la
posibilidad de hacer lo propio, para lo cual Ecuador ha puesto a
disposición de Unasur su base de datos de precios en la región.
Por su parte, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud
(ISAGS), entidad de Unasur, está impulsando una serie de medidas para
estos propósitos. Además de impulsar una compra pública agregada entre
los países interesados y de ampliar la base de datos de precios (la cual
se hará público), se está elaborando un mapeo de las capacidades
productivas de medicamentos en la región, en particular en el sector
público, con la idea de que un país productor podría abastecer a toda
Suramérica con un medicamento específico, a menor costo. Hay
iniciativas también que apuntan a desarrollar nuevos medicamentos para
las enfermedades particulares de la región, en particular las
“olvidadas”.
Otras respuestas que se están trabajando regionalmente incluyen:
desarrollar vademécums fármaco-terapéuticos en el sistema de salud
pública (históricamente han sido elaborados por las empresas) con
información más completa y objetiva para orientar a los médicos; adoptar
legislaciones adecuadas para fijar techos a los precios de
medicamentos, evitando el mal uso de las patentes; homologar los
sistemas de registro sanitario y de control de calidad, que no tienen
por qué ser distintos en cada país. En el caso de medicamentos
“biosimilares” (un equivalente de genéricos, para los medicamentos
biológicos), por ser más complejos, hay la exigencia adicional de
asegurar que tengan la misma calidad, lo que requiere invertir en
investigación previa, que se podría hacer conjuntamente.
Amenazas
No obstante, se sigue enfrentando diversos problemas. Uno de ellos
es la “judicialización de la salud” como le explicó a ALAI, en una
entrevista, la nueva directora ejecutiva de ISAGS, Carina Vance. Los
ministros de salud de la región han identificado que es una de las
principales amenazas a los sistemas de salud, tanto para el uso racional
de medicamentos, como para la sostenibilidad de los sistemas, afirmó.
Por ejemplo, hay juicios planteados por grupos de enfermos que han
obligado al Estado a cubrir el costo de medicamentos patentados, que no
están en el cuadro nacional de medicamentos, ni necesariamente son
mejores, siendo además que el sistema judicial no está capacitado
técnicamente para juzgarlo. Colombia, en 2003, tuvo que gastar más de
mil millones de dólares por casos judicializados. En varias
oportunidades se ha descubierto que los bufets de abogados u ONGs que
auspician a estos grupos de pacientes reciben financiamiento de las
empresas farmacéuticas transnacionales, lo que constituye un claro
conflicto de interés.
A la par de estas prácticas, los niveles de corrupción van
penetrando a diversos estamentos de la sociedad. Es el caso de los
premios e incentivos económicos que las farmacéuticas entregan a ciertos
médicos para que receten sus medicamentos de marca, o a las farmacias
que más venden sus productos.
También hay cortes nacionales que han bloqueado, por ejemplo, el
uso de medicamentos “biosimilares”, por demanda de las empresas. O hay
empresas farmacéuticas que deciden unilateralmente retirar un
medicamento y remplazarlo por otro más caro, como lo denunció
recientemente en Ecuador una fundación que trabaja con personas
hemofílicas.
En suma, la concentración del poder de mercado de las
transnacionales farmacéuticas representa una amenaza directa al derecho a
la salud. La única manera de enfrentar efectivamente este poder es con
políticas públicas, que tendrán mayor fuerza si son concertadas
regional e internacionalmente. Todos los gobiernos, con independencia
de su color político, son afectados. En tal sentido es preocupante la
tendencia en algunos países hacia la reprivatización de los servicios
públicos, que reduciría este margen de maniobra; y más aún, dado el
carácter del sector farmacéutico, podría prestarse para afianzar el
cuadro de corrupción. Asimismo, sería inadmisible que se siga
entregando mayores prerrogativas a estas empresas a nombre del libre
comercio o de atraer la inversión extranjera.
Artículo publicado en la edición 517 (septiembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”. http://www.alainet.org/es/revistas/517
La Oficina Europea de Patentes ha revocado parcialmente la patente sobre el Sofosbuvir registrada por Gilead Sciences, después de que Médicos del Mundo se opusiera a sus términos actuales, en un fármaco que se ha demostrado enormemente efectivo para tratar la hepatitis C. sovaldi
Médicos del Mundo presentó un recurso a la patente concedida a Gilead Sciences para Sofosbuvir (Sovaldi®) el 10 de febrero de 2015. Este es un procedimiento legal por medio del cual la validez de una patente puede ser impugnada si se considera que el medicamento patentado no cumple con los criterios definidos por la Convención Europea sobre Patentes (CPE).
Las empresas farmacéuticas se basan en la propiedad intelectual asociada a la patente para solicitar precios muy elevados y no justificados por sus medicamentos, puesto que a menudo no introducen innovaciones determinantes.
Sofosbuvir es un claro ejemplo de esto: mientras que un tratamiento de 12 semanas alcanza un precio de 41 680 € en Francia y entre 25 000 y 13 000 en España, la versión genérica se vende por 220 € en la India. “Esta patente defectuosa ha sido usada por la compañía farmacéutica para imponer una tremenda presión sobre los Estados, de manera que estos han terminado aceptando pagar precios exorbitantes por el medicamento, lo que conduce a restricciones de tratamiento para los pacientes en muchos países europeos”, explica Françoise Sivignon, presidenta de Médicos del Mundo Francia.
Tras una audiencia pública de dos días en la sede de la Oficina Europea de Patentes en Múnich (Alemania), los argumentos planteados por Gilead Sciences para defender su patente sobre el Sofosbuvir no han sido totalmente aceptados por la entidad reguladora. Técnicamente, la decisión de la EPO implica que como tal, el Sofosbuvir no está protegido por una patente de ahora en adelante.
“Esta decisión de la EPO refuerza la lucha global para denunciar la perversión del espíritu original del sistema de patentes por parte de la industria farmacéutica, que busca mantener posiciones de dominio. Países como China, Ucrania e India ya han manifestado claramente su rechazo a la patente de Gilead”, explica Tahir Amin desde el colectivo Initiative for medicines, access and knowledge, I-MAK, el equipo legal y científico que ha asesorado a Médicos del Mundo en este proceso. “Esto demuestra que necesitamos un examen más riguroso de las patentes solicitadas para proteger la salud pública”, añade.
El tribunal ha considerado que la patente no es tan sólida como se suponía. Esto demuestra que la patente era débil y que la intervención pública en el sistema sí importa. Pero al mantener la patente -unque sea parcialmente-, no se consigue invertir la relación de poderes en beneficio de la salud de la población ni asegurar el equilibrio financiero de los sistemas sanitarios públicos.
“Hemos conseguido abrir una primera brecha en el sistema; ahora esperamos una acción firme por parte de los gobiernos europeos”, ha declarado Yannick Le Bihan, responsable de Operaciones de Médicos del Mundo. De hecho, los gobiernos disponen de una herramienta legal que pueden utilizar de manera inmediata para facilitar el tratamiento de la hepatitis C a las personas enfermas: se trata de la licencia obligatoria, que ofrece una base legal para producir versiones genéricas del fármaco patentado.
“Hasta ahora, los gobiernos nos decían que la licencia obligatoria era una débil herramienta legal para justificar el hecho de que no estaban dispuestos a usarla -a pesar de que ha sido respaldada por las leyes nacionales y las normas de la OMC-, pero lo que hoy sabemos es que lo débil era en realidad la patente. Los gobiernos tienen que ejercer inmediatamente sus responsabilidades”, declara Olivier Maguet, director de la campaña de Médicos del Mundo sobre el precio de los medicamentos.
Esta decisión de la Oficina Europea de Patentes refuerza la lucha de Médicos del Mundo para establecer nuevas reglas en la fijación del precio de los medicamentos y en el diseño de un modelo alternativo al de las patentes para financiar la innovación terapéutica. La organización médico humanitaria ha reforzado recientemente este enfoque con el lanzamiento de la campaña “El precio de la vida” en Europa.
Nadia Luna , Agencia TSS, 29 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) publicó una resolución que puso en alerta a los laboratorios farmacéuticos nacionales. Se trata de la norma 56/2016,
publicada en el Boletín Oficial el 19 de septiembre, que facilita la
concesión de patentes a empresas extranjeras al flexibilizar los
criterios de patentabilidad. La normativa establece que se darán por
cumplidos los requisitos exigidos para otorgar la patente a aquellos
solicitantes que ya tengan una patente equivalente concedida por una
oficina de otro país.
“La resolución habilita a la oficina de patentes local a utilizar los
exámenes de fondo ya realizados por las oficinas extranjeras”, explica a
TSS la especialista en propiedad intelectual Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre.
“Es un viejo reclamo del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos. Una de sus críticas habituales tiene que ver con la demora y la
rigurosidad de los trámites en la Argentina. A partir del cambio de
autoridades en el INPI están haciendo lo que les vienen pidiendo desde
hace tanto”.
El presidente Mauricio Macri designó al frente del INPÏ al abogado Dámaso Pardo, exsocio del estudio PAGBAM,
que asesora a empresas transnacionales en aspectos de propiedad
intelectual y patentes. “Si uno observa el tipo de trabajo que han hecho
se ve claramente cuál es la ideología que sustenta su trabajo, ya que
históricamente han defendido un régimen de patentes mucho más flexible”,
indica Busaniche.
Según la resolución del INPI, se justifica esta medida porque
permitiría la “reutilización de los resultados de búsqueda y examen
realizado anteriormente por otras oficinas”, ya que “esta duplicación de
esfuerzos y labores no es beneficiosa para las oficinas, los
solicitantes y la sociedad en general”. “Dicen que es para acelerar el
trámite”, apunta Busaniche. “Lo cierto es que sí, lo aceleran, pero para
las corporaciones extranjeras que van a venir con sus carpetas de
patentes a validarlas acá”.
Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos
(CILFA), denunciaron que la medida vulnera las funciones
constitucionales que tiene el INPI de protección de la propiedad
intelectual y advirtieron que acudirán a la Justicia. En una solicitada
publicada en diversos medios, aseguran que esta normativa “va a permitir
‘importar’ patentes extranjeras, subordinando la soberanía sanitaria y
científica nacional a favor de intereses económicos de otros países”.
Además, señalan que esto provocará un aumento en los precios de los
medicamentos y un efecto negativo sobre el empleo y el desarrollo de la
industria argentina.
Un caso testigo es la denuncia de la Fundación Grupo Efecto Positivo
(GEP), realizada antes de que se concretara la resolución del INPI,
acerca de que el Gobierno podría favorecer a la farmacéutica
estadounidense Gilead
al otorgarle la patente del sofosbuvir, un medicamento contra la
Hepatitis C. La compañía tramita esa patente en la Argentina desde hace
años y la Fundación GEP sostiene que, de ser otorgada, excluirá la
posibilidad de que el medicamento se fabrique en la Argentina,
perjudicando así a los pacientes que no podrán obtenerlo a un precio
accesible.
La resolución del INPI facilita la concesión de patentes a empresas extranjeras al flexibilizar los criterios de patentabilidad.
Para Busaniche, el próximo paso del INPI será cambiar las directrices
de patentabilidad. “Las directrices dan pautas muy claras a la hora de
trabajar en la evaluación de una solicitud de patente. Por ejemplo, en
lo que respecta a permitir o no patentes de medicamentos para segundos
usos. Es un instrumento burocrático muy especializado, que solo va a
leer gente que trabaja en el tema, pero que fija cómo interpretar la ley
a la hora de conceder una patente”, precisa.
Por lo pronto, la resolución del INPI parece ir en sintonía con la
política del Gobierno nacional en lo que respecta a la producción
pública de medicamentos (PPM). Los laboratorios nacionales vienen
reclamando que se cumplan las leyes 26.688, que declara a la PPM de interés nacional; y 27.113,
que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Sin
embargo, el presupuesto de 150 millones designado para la ANLAP nunca se
ejecutó, su funcionamiento está paralizado y a través de tres decretos
fueron removidos su presidente, vice y secretario.
Busaniche advierte que “si bien el ojo está puesto sobre la industria
farmacéutica, esta resolución podría perjudicar casi a cualquier sector
porque si se flexibilizan los criterios y se otorgan cada vez más
patentes de manera casi automática a inventos que ya fueron aprobados en
el exterior, lo que harán es favorecer los desarrollos extranjeros y
bloquear la innovación local”.
Germán Velásquez (Manizales, Colombia, 1948) ha trabajado durante más
de 20 años en la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde coordinó
el programa de acceso a los medicamentos de esta organización.
Germán
Velásquez (Manizales, Colombia, 1948) ha trabajado durante más de 20
años en la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde coordinó el
programa de acceso a los medicamentos de esta organización. Después de
cursar estudios universitarios en la Sorbona de París, Germán Velásquez
dirigió en los años 1970 un laboratorio farmacéutico estadounidense en
Indonesia. En 1989 ingresó en la OMS. Es autor entre otras publicaciones
de “La industria del medicamento y el tercer mundo”, “Mundialización y acceso a los medicamentos. Perspectivas del acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC”.
En esta última obra, Velasquez destacaba que este acuerdo sobre la
propiedad intelectual permite a las multinacionales conservar la
propiedad de sus patentes durante 20 años y prohibir las copias.
Aplicado al sector sanitario, limita la posibilidad de fabricar
medicamentos “genéricos” a bajo costo.
Ahora trabaja como asesor especial en el Centro del Sur,
una organización con sede en Ginebra formada por 54 países en vías de
desarrollo. Precursor en el debate sobre la mercantilización de la
salud, es una de las voces más críticas con el problema del acceso a los
medicamentos y las relaciones que vinculan a la industria farmacéutica,
gobiernos y organismos internacionales. En esta entrevista queremos
abordar con él estos temas y las posibilidades de mayor responsabilidad
social en la industria farmacéutica.
Germán, ¿Cómo se marca la agenda de la salud mundial en el seno de la OMS? Normalmente, las grandes orientaciones de salud mundial son las
resoluciones aprobadas por los 193 países miembros de la OMS, en la
Asamblea Mundial de la salud que tiene lugar una vez por año en Ginebra,
en el mes de mayo. Esas resoluciones son preparadas por el Consejo
Ejecutivo de la OMS que se reúne dos veces al año y que está compuesto
por representantes de 34 países provenientes de las seis regiones de la
OMS. Cualquier país miembro puede proponer un tema para la agenda, o
una resolución, o plan de acción o estrategia para un tema específico de
salud. Esas propuestas serán estudiadas por el Consejo Ejecutivo que
decidirá cuáles son los temas y propuestas que se someterán a la
Asamblea Mundial de la Salud en el mes de Mayo. Cada país representa un
voto, no importa cuál sea su tamaño o su situación económica. Se busca
siempre un consenso pero si no se logra, las decisiones pueden ir a voto
y con una mayoría simple el tema quedara aprobado. ¿Qué incidencia tiene la financiación en la definición de estas prioridades? Recordemos que la OMS, fundada hace 68 años, es una agencia
especializada, publica del sistema de Naciones Unidas que se financia y
se financió, hasta hace unos 20 años con fondos públicos, provenientes
de las contribuciones obligatorias de los Estados Miembros. Desde hace
unos 20 años, las contribuciones provenientes del sector privado, las
fundaciones filantrópicas, como Bill & Melinda Gates, y las
contribuciones voluntarias con fines específicos, de un pequeño grupo de
países industrializados, han venido creciendo vertiginosamente. Actualmente la parte del presupuesto de la OMS proveniente de las
contribuciones públicas obligatorias de los países miembros, no llega al
20 % del presupuesto global de la Organización. Este fenómeno yo suelo
calificarlo como la “privatización” progresiva de la Agencia. Los
dineros procedentes de la industria farmacéutica, las fundaciones
filantrópicas, y las contribuciones voluntarias de un pequeño número de
países industrializados están destinados a temas y actividades
específicas fijadas por los donantes. Esto significa, que 80% del presupuesto actual, escapa a las
deliberaciones de los Órganos Directivos, es decir la Asamblea Mundial y
el Consejo Ejecutivo. Esta situación conlleva el riesgo que muchos
programas y actividades no respondan al interés global sino a intereses
privados, muchas veces cercanos a intereses comerciales y financieros y
no de salud pública. ¿Es posible la sostenibilidad financiera del sector público
de salud? ¿O es imposible equilibrar la rentabilidad con la I+D o el
tratamiento de ciertas enfermedades?
Claro que es posible la sostenibilidad financiera del sector público
en salud, la historia de los últimos 50 años de los sistemas de salud
de Europa Occidental lo demuestra ampliamente. El acceso a la salud es
un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad de los Estados.
Hablar de la “rentabilidad” de la I+D es un problema complicado. Como
podemos hablar de la rentabilidad cuando no conocemos los costes reales
de la I+D ? Si vamos a un caso reciente, el del Sofosbubir para la
hepatitis C el precio de venta es de 84.000 US por un tratamiento de 12
semanas (algunos países como España han obtenido “descuentos” para
llegar a niveles de 13.000 US.) investigadores de universidades inglesas
sostienen que el costo total de un tratamiento es inferior a los 200
US.
El actual sistema de remuneración de la I+D para medicamentos pasa
por la exclusividad de 20 años otorgada por el actual sistema de
patentes, con el argumento de que estos años de exclusividad permiten
recuperar los gastos de inversión y seguir investigando… hay
medicamentos, sin embargo que en su primer año de comercialización en
exclusividad ya han recuperado ampliamente la inversión. ¿Cómo se
justifica entonces la exclusividad de 20 años otorgada por la patente?
¿Nos podía describir el panorama breve de la industria farmacéutica en los países desarrollados y los países del tercer mundo? La industria farmacéutica en los países desarrollados “se porta bien…
muy bien” con índices de rentabilidad que superan a la industria del
armamento o a la industria financiera… márgenes de beneficios que
resultan inmorales cuando se trata de una industria que debería estar
“al servicio” de la salud.
En el momento en que la Innovación no es inmediatamente accesible a las personas que la necesitan… algo va mal.
Este problema existe desde hace varias décadas en los países en
desarrollo, pero es totalmente nuevo en el mundo desarrollado donde los
países industrializados no consiguen pagar los medicamentos contra la
hepatitis C o los productos contra el cáncer que pueden costar más de
100.000 US por tratamiento. La industria farmacéutica, en un buen número de países en desarrollo
consiguió crear una capacidad importante de producción de genéricos,
copias legales de los productos innovadores. Con la generalización del
sistema de patentes para medicamentos, exigida por el acuerdo de los
ADPIC de la Organización Mundial de Comercio, la fabricación de
genéricos se ve cada vez más limitada. Muchas industrias nacionales como
es el caso de la India, están siendo adquiridas por laboratorios
extranjeros de países industrializados. Las nuevas normas de comercio
impuestas por la OMC, son sin duda un desafío para los países del Sur
que producen medicamentos.
¿El sistema de patentes en la industria debería establecer
plazos distintos según tipos de medicamentos? ¿Qué criterios sería
necesario aplicar para mejorar el acceso a los medicamentos? Si existiera, por parte de la industria, una transparencia en cuanto
los costes reales de la I+D se podría pensar en aplicar plazos
distintos para la duración de las patentes, una vez recuperados y con
márgenes de beneficio razonable… 3, 5 10 años, el producto caería en el
dominio público. Esta idea, sin embargo es solo una “teoría” optimista,
pero no viable, dadas las actuales normas obligatorias de la OMC. ¿Cómo se puede mejorar la transparencia en la industria farmacéutica y qué pasos positivos se están dando? Como ya lo he expresado, anteriormente creo que el paso más
importante para hacer avanzar el debate sobre las patentes y los
medicamentos, es lograr transparencia en los costos de Investigación,
sin esto, el discurso sobre los precios, y por lo tanto sobre el acceso,
esta de alguna manera bloqueado. Mientras la grande industria argumente
que los costos de I+D de una nueva molécula son del orden de 2.500
millones de US y los investigadores de Universidades independientes nos
digan que los costos medios para el desarrollo de un producto son del
orden de 100 o máximo 150 millones de US, y una agencia como la OMS se
quede callada, será difícil avanzar. ¿Pasos positivos? El público en general está cada vez más entendiendo
estos temas, incluso en los países industrializados, y esta toma de
conciencia será lo que hará cambiar el comportamiento de los Gobiernos,
hasta ahora muy débiles, o cómplices de la industria farmacéutica.
A su juicio, ¿Es posible el activismo efectivo de la sociedad civil en el control de los lobbies farmacéuticos?
Desafortunadamente, muchos Gobiernos han fracasado o sido incapaces
de controlar los lobbies farmacéuticos, el papel de la sociedad civil es
fundamental. Cambios importantes en este debate han venido gracias a la
organización de grupos de pacientes como es el caso del Brasil, de
Tailandia, de la India, de Sur Africa o recientemente Colombia. Cambios
de fondo en este debate solo podrán venir del mundo académico
independiente y de la sociedad civil organizada. Hace 20 años un
tratamiento de antiretrovirales costaba 10 o 12 mil US por persona, por
ano… hoy el mismo tratamiento cuesta menos de 100 US por persona por
ano… un verdadero triunfo de la sociedad civil… ganamos ? no todavía no…
el tratamiento para la hepatitis cuesta 200 US y no lo quieren vender a
13.000, 25.000 o hasta 84.000 US. Se ha progresado pero queda mucho por
hacer…
Imagen: por cortesía de Sociedad de Mejoras públicas de Manizales Bibliografía seleccionada de Germán Velásquez (1) Velásquez G. “Acceso a Medicamentos : Retos, Respuestas y
derechos” Ed. Universidad de Caldas, Manizales Colombia, 2010. Velásquez
G. Correa C. “Innovation Pharmaceutique et santé publique” Ed.
L’Harmattan, Paris 2010. Velásquez G. Correa C. “L’accès au médicaments: Entre le droit à la
santé et les nouvelles régles de comerce International. Ed. L’Harmattan,
Paris 2010. Velásquez G. “Le médicament et la personne” ovra colectiva Universidad de Burgonia, CNRS Vo. 29 France. Velásquez G, “Mondialisation et Accès aux Médicaments – perspectives
sur l’Accord sur les ADPIC de l’OMC (troisième édition révisée)”. Série
“Economie de la Santé et Médicaments”, N°. 7. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2005. WHO/TCM/2005.2.
Observatorio sudamericano de patentesPatentado-Buenos Aires.
6 de septiembre de 2016
- luego de la visita de la ONG Fundación Efecto
Positivo (GEP) al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI),
se develaron las intenciones del presidente del organismo encargado de
conceder patentes en el país, Dámaso Pardo, quien fuera socio del hijo
de Martínez de Hoz en el estudio de abogados PAGBAM, hasta pocos días
antes de asumir en el cargo.
La ONG solicitó una entrevista con Pardo para anoticiarlo del trámite de
oposición que presentarían ante el INPI para impedir que se conceda la
patente del sofosbuvir perteneciente al laboratorio norteamericano
GILEAD, medicamento conocido como la píldora de los 1000 dólares, bajo
la marca SOVALDI.
En reunión con el equipo de GEP en
ocasión de la presentación realizada, Dámaso Pardo, dejó claro que su
misión en el INPI es "otorgar derechos de propiedad". Para la Fundación,
"la expresa postura de Pardo es defender el interés de las compañías
que formaron parte de la clientela de su estudio jurídico, algo que
Pardo no tiene ningún reparo en hacer público".
Asimismo, agentes de la propiedad industrial (bufetes de abogados)
encolumnados en la AAAPI reclamaron a Pardo la derogación de las
"Directrices de Patentamiento" del INPI que favorecen la aparición de
medicamentos genéricos en el país, que actualmente permite el acceso de
medicinas baratas para la ciudadanía.
Invitado por sus ex colegas, el presidente del INPI se comprometió ante
los principales estudios de abogados a cumplir con los tratados
internacionales administrados por OMPI y conceder patentes
farmacéuticas.
Un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2, experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos, excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece que deben estar “disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio asequible para las personas y para la comunidad“. Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes.
La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra® (antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas: las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar a otras empresas la explotación de la misma patente sin el consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros anuales. El documental “El medicamento, un derecho secuestrado” /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción, pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían, pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593 euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones de euros.
El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso, además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional. Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo. En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D, que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso Novartis y que explica el documental “India, la farmacia del mundo”/5. Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales, mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes. Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han denegado una y otra vez su petición de patentar el producto, argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a aplicar legislaciones similares.
Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
“¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden salvar vidas“. Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta, que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses, en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta 797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida.El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot, alerta de que “se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial”. En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado 20 años en la OMS: “La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública” /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9. Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y presionar a sus respectivos gobiernos. 28/7/2016 Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
nota original http://vientosur.info/spip.php?article11562
La lucha de los pueblos contra el goliat de las multinacionales
30/07/2016 |
Laia Altarriba
Un tercio de la población mundial no tiene acceso
regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de
la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son
ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de
enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población
mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los
que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan
elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados
medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización
Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio
cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a
través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a
reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que
sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran
opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos
medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale
realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la
búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2,
experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre
productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte
de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la
inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos,
excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los
medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las
necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece
que deben estar "disponibles en todo momento, en cantidades
suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad
garantizada y a un precio asequible para las personas y para la
comunidad". Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino
que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países
del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas
públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha
sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la
hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por
veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro
laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por
si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema
complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen
alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de
cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos
expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios
farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los
medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como
sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los
monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y
garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes. La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el
mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha
provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial
desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una
fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que
permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los
afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no
sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas
infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado
asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra®
(antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del
paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas:
las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las
que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos
problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora
de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos
urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones
sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del
sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio
del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme
desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el
resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio
anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en
Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían
otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos
y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en
Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la
tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las
dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas
solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que
significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar
a otras empresas la explotación de la misma patente sin el
consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía
una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el
país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De
todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y
obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y
año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros
anuales. El documental "El medicamento, un derecho secuestrado" /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción,
pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque
consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y
podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que
seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a
los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían,
pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al
gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593
euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones
de euros. El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha
de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso,
además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional.
Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado
produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en
vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los
genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los
que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para
entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país
ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino
que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en
consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron
una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos
farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los
genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales
industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y
actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud
de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo.
En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India
forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a
los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D,
que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se
pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta
cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso
Novartis y que explica el documental "India, la farmacia del mundo"/5.
Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una
forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de
imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo
denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que
sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto
que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que
comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales,
mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la
normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el
Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y
garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes.
Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han
denegado una y otra vez su petición de patentar el producto,
argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia
definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la
India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la
multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera
ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto
hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de
muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a
aplicar legislaciones similares. Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
"¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado
que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es
lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la
disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores
deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un
tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden
salvar vidas". Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a
los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de
Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión
sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el
medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis
C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y
prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la
multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo
el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros
con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está
también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta,
que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses,
en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta
797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como
habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de
Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir
para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las
oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha
conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace
con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido
una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado
español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los
pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos
de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno
que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y
encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste
muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no
contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder
acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida. El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el
documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot,
alerta de que "se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo
de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial".
En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado
20 años en la OMS: "La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública" /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos
Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años
reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a
los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9.
Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones
estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender
los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un
precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente
si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y
presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016 Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
Notas: 1/.http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs 2/.http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion- 3/.http://web.ifarma.org/ 4/.http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/ 5/.http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/ 6/.http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/ 7/.http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html 8/.http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html 9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
- See more at: http://vientosur.info/spip.php?article11562#sthash.HidyOenP.dpuf
Bajar el precio de los medicamentos
La lucha de los pueblos contra el goliat de las multinacionales
30/07/2016 |
Laia Altarriba
Un tercio de la población mundial no tiene acceso
regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de
la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son
ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de
enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población
mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los
que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan
elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados
medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización
Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio
cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a
través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a
reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que
sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran
opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos
medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale
realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la
búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2,
experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre
productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte
de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la
inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos,
excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los
medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las
necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece
que deben estar "disponibles en todo momento, en cantidades
suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad
garantizada y a un precio asequible para las personas y para la
comunidad". Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino
que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países
del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas
públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha
sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la
hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por
veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro
laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por
si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema
complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen
alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de
cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos
expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios
farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los
medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como
sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los
monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y
garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes. La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el
mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha
provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial
desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una
fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que
permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los
afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no
sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas
infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado
asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra®
(antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del
paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas:
las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las
que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos
problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora
de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos
urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones
sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del
sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio
del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme
desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el
resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio
anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en
Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían
otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos
y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en
Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la
tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las
dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas
solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que
significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar
a otras empresas la explotación de la misma patente sin el
consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía
una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el
país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De
todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y
obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y
año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros
anuales. El documental "El medicamento, un derecho secuestrado" /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción,
pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque
consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y
podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que
seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a
los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían,
pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al
gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593
euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones
de euros. El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha
de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso,
además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional.
Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado
produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en
vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los
genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los
que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para
entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país
ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino
que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en
consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron
una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos
farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los
genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales
industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y
actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud
de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo.
En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India
forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a
los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D,
que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se
pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta
cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso
Novartis y que explica el documental "India, la farmacia del mundo"/5.
Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una
forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de
imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo
denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que
sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto
que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que
comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales,
mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la
normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el
Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y
garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes.
Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han
denegado una y otra vez su petición de patentar el producto,
argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia
definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la
India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la
multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera
ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto
hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de
muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a
aplicar legislaciones similares. Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
"¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado
que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es
lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la
disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores
deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un
tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden
salvar vidas". Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a
los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de
Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión
sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el
medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis
C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y
prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la
multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo
el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros
con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está
también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta,
que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses,
en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta
797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como
habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de
Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir
para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las
oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha
conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace
con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido
una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado
español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los
pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos
de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno
que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y
encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste
muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no
contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder
acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida. El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el
documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot,
alerta de que "se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo
de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial".
En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado
20 años en la OMS: "La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública" /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos
Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años
reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a
los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9.
Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones
estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender
los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un
precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente
si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y
presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016 Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
Notas: 1/.http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs 2/.http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion- 3/.http://web.ifarma.org/ 4/.http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/ 5/.http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/ 6/.http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/ 7/.http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html 8/.http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html 9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
- See more at: http://vientosur.info/spip.php?article11562#sthash.HidyOenP.dpuf
Bajar el precio de los medicamentos
La lucha de los pueblos contra el goliat de las multinacionales
30/07/2016 |
Laia Altarriba
Un tercio de la población mundial no tiene acceso
regular a medicamentos esenciales ni a vacunas de calidad. El dato es de
la OMS (Organización Mundial de la Salud). Y algunas de las causas son
ampliamente conocidas: la falta de innovación para una serie de
enfermedades que afectan a una parte muy importante de la población
mundial y el hecho de que existen medicamentos muy efectivos, pero a los
que la mayoría de la población no puede acceder, por el precio tan
elevado que tienen.
Y ¿qué es lo que provoca estos precios elevados de determinados
medicamentos? Pues el sistema de patentes, que la OMC (Organización
Mundial del Comercio) incluye en los tratados de obligatorio
cumplimiento para los países adheridos a este organismo. Y lo hace a
través del llamado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), que fuerza a
reconocer las patentes de los productos químicos y farmacéuticos.
El sistema de patentes se justifica como instrumento jurídico que
sirve de estímulo económico para la innovación, aunque hay una gran
opacidad sobre los costes reales de la producción de nuevos
medicamentos. Pero más allá del debate /1 sobre lo que vale
realmente hacer una medicina y si efectivamente es un acicate para la
búsqueda (por saber más, lea esta entrevista a Xavier Seuba /2,
experto en propiedad intelectual), lo que generan las patentes sobre
productos farmacéuticos es el monopolio sobre un medicamento por parte
de una multinacional y el consecuente encarecimiento del precio ante la
inexistencia de competencia y de la imposibilidad de producir genéricos,
excepto por motivos de emergencia que son necesario justificar.
De los elevados precios no quedan exentos ni siquiera los
medicamentos esenciales (aquellos seleccionados para satisfacer las
necesidades prioritarias de salud de la población), que la OMS establece
que deben estar "disponibles en todo momento, en cantidades
suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad
garantizada y a un precio asequible para las personas y para la
comunidad". Y esto no sólo afecta a los países empobrecidos, sino
que también repercute negativamente sobre los presupuestos de los países
del Norte (a menudo el elevado precio se sufraga con las arcas
públicas) y a veces llega hasta el bolsillo de los pacientes, como ha
sucedido en el estado español con el Sovaldi®, un fármaco para tratar la
hepatitis C.
Las patentes para los productos farmacéuticos son habitualmente por
veinte años. Y esto significa que durante este periodo ningún otro
laboratorio puede producir un medicamento con la misma composición. Por
si veinte años fuera poco, las grandes empresas han ideado un sistema
complejo de superposición de patentes muy similares que consiguen
alargar aún más la duración de la patente. Básicamente se trata de
cambios en el producto que generan una nueva patente, pero que muchos
expertos cuestionan que sea realmente relevantes.
Pero ante este privilegio que la OMC garantiza a los laboratorios
farmacéuticos para negociar precios, dominar el mercado de los
medicamentos y engrosar la cuenta de ganancias, tanto pacientes como
sociedad civil, e incluso gobiernos, se han organizado para romper los
monopolios y conseguir unos precios asequibles para poder salvar vidas y
garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes. La movilización popular en Colombia reduce el precio del Kaletra®
Actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH en todo el
mundo. Este virus causa el Sida, una enfermedad que se calcula que ha
provocado la muerte de unos 35 millones de personas a nivel mundial
desde que estalló como epidemia. Pero hoy en día tener el Sida no es una
fatalidad sino que hay medicinas (los llamados antirretrovirales) que
permiten disfrutar de una vida plena. Eso sí, es necesario que los
afectados puedan acceder a estos medicamentos con garantías. Y esto no
sucedía en Colombia.
Este país de América del Sur tenía en 2008 unas 23 000 personas
infectadas que necesitaban antirretrovirales para poder vivir. El Estado
asumía el coste del tratamiento y esto significaba que el Kaletra®
(antirretroviral de la multinacional Abbott) estaba incluido dentro del
paquete de medicamentos de la sanidad pública. Pero había dos problemas:
las personas que no estaban incluidas dentro del sistema de salud y las
que sí podían disfrutar del medicamento, pero que tenían muchos
problemas para conseguirlo. Y ¿qué problemas tenían? Retrasos a la hora
de entregarlo, difícil que llegara a zonas alejadas de los núcleos
urbanos o desabastecimiento en muchas farmacias. Además, organizaciones
sociales denunciaban malas prácticas por parte de algunos médicos del
sistema público.
La Fundación Ifarma /3 hizo un estudio en 2006 sobre el precio
del Kaletra® en el área andina, y se dio cuenta de la enorme
desigualdad de precios entre países, básicamente, entre Colombia y el
resto: mientras que en Colombia este antirretroviral tenía un precio
anual de 3.630 euros, en Brasil y en Ecuador sólo costaba 1 270 y en
Perú bajaba hasta 1 089. Además, en algunos de estos estados se vendían
otros medicamentos con la misma composición, mismos efectos terapéuticos
y mismos estándares de calidad que costaban unos 800 euros, o 270 en
Perú. La razón de las diferencias de precios: en Colombia la patente la
tenía sólo un único laboratorio.
Ante el precio tan elevado por una medicina esencial y las
dificultades para acceder a él, organizaciones sociales colombianas
solicitaron en 2009 lo que se conoce como licencia obligatoria, que
significa que, por motivos de interés público, el gobierno puede otorgar
a otras empresas la explotación de la misma patente sin el
consentimiento del titular. Pero el gobierno nacional colombiano tenía
una política de beneficiar la presencia de empresas extranjeras en el
país y se negó a molestar a Abbott con una licencia obligatoria. De
todos modos, lo que sí hizo fue utilizar la legislación sobre precios y
obligó a rebajar el precio del Kaletra® hasta los 907 euros por persona y
año. Esto significó un ahorro por el gobierno de 10 millones de euros
anuales. El documental "El medicamento, un derecho secuestrado" /4, recoge esta lucha.
Las organizaciones populares y los pacientes celebraron la reducción,
pero seguían insistiendo en la licencia obligatoria, porque
consideraban que sería la manera de acabar con el monopolio de Abbott y
podrían entrar genéricos, y de esta manera superar las dificultades que
seguían teniendo de acceso regular al medicamento. Así que recurrieron a
los juzgados. En 2012 un tribunal les volvió a denegar lo que pedían,
pero sí reconoció el abuso de la farmacéutica en el precio y obligó al
gobierno a reducir aún más el precio. Desde entonces, se vende a 593
euros anuales y Abbott ha tenido que pagar una multa de 2 795 millones
de euros. El gobierno y la sociedad civil de la India tumban el gigante Novartis
La India ha sido uno de los principales focos mundiales de la lucha
de los pacientes contra las patentes farmacéuticas. En este caso,
además, con el apoyo del gobierno en defensa de la soberanía nacional.
Dicen que la India es la farmacia del mundo. Y es que este estado
produce la mayor parte de medicinas que se consumen en los países en
vías de desarrollo y se ha convertido en el líder mundial de los
genéricos. En cuanto a los antirretrovirales, por ejemplo, el 80% de los
que se toman en los países empobrecidos están fabricados en la India.
Hay que remontarse a la independencia de la India (1947) para
entender cómo ha llegado a ser una potencia farmacéutica. Cuando el país
ganó la soberanía, resulta que no tenía soberanía farmacéutica, sino
que este sector estaba bajo el control de las multinacionales y, en
consecuencia, los medicamentos eran muy caros. Pero en 1970 aprobaron
una ley que eliminó el régimen de patentes para los productos
farmacéuticos y fitosanitarios. Esto permitió que la industria de los
genéricos floreciera, y se convirtió en una de las principales
industrias del país. Los precios se redujeron drásticamente, y
actualmente siguen siendo muy bajos, así que el impacto sobre la salud
de las personas ha sido muy positivo.
Pero el camino para mantener los precios bajos no ha sido sencillo.
En 2005, y ante las presiones de la OMC (organización de la que la India
forma parte), se aprobó una nueva Ley de Patentes que se ajustaba más a
los requisitos de las multinacionales, pero que incluía la cláusula 3D,
que establece que las nuevas formas de sustancias conocidas no se
pueden patentar a no ser que sean significament más eficaces. Y con esta
cláusula topó la farmacéutica Novartis, en lo que se conoce como Caso
Novartis y que explica el documental "India, la farmacia del mundo"/5.
Esta multinacional con sede en Suiza quería patentar en la India una
forma cristalizada de una sustancia ya conocida (el mesilato de
imatinib), que ya había patentado anteriormente. Pero el regulador se lo
denegó en 2006, remitiéndose a la cláusula 3D.
Con esta sustancia Novartis fabrica el Glivec®, un medicamento que
sirve para tratar la leucemia mieloide crónica. Se trata de un producto
que se receta a los pacientes para toda la vida. En el momento en que
comenzó la pugna, el genérico en India costaba 90 euros anuales,
mientras que el Glivec® costaba 3 630.
Entonces, Novartis emprendió una lucha legal en contra de la
normativa india con el objetivo no sólo de conseguir patentar el
Glivec®, sino, sobre todo, de tumbar el obstáculo de la cláusula 3D y
garantizar unos requisitos mucho más flexibles para registrar patentes.
Los diversos estamentos judiciales a quien Novartis ha recurrido le han
denegado una y otra vez su petición de patentar el producto,
argumentando que no era una innovación significativa. La sentencia
definitiva llegó el 1 de abril de 2013, cuando la Corte Suprema de la
India dictaminó en contra de Novartis.
Las organizaciones de pacientes de la India celebran la derrota de la
multinacional, especialmente porque alertan que si Novartis hubiera
ganado se habrían recortado los criterios para conceder patentes, y esto
hubiera significado el fin de algunos genéricos y el encarecimiento de
muchos medicamentos. Y animan a otros países en vías de desarrollo a
aplicar legislaciones similares. Sovaldi®, o como el gobierno español da la espalda a los afectados
"¿Es lo mismo patentar un fármaco que evita el cáncer de hígado
que patentar un bolígrafo que se convierte en paraguas? Y, más aún, es
lo mismo patentar un medicamento que salva vidas que otro para la
disfunción eréctil? Creemos que no. Es por eso que los legisladores
deben hacer un enfoque social en realción con esta ley que permita un
tratamiento diferenciado a productos, como los medicamentos, que pueden
salvar vidas". Esta es la reflexión que Farmacéuticos Mundi dirigió a
los partidos políticos durante el proceso de tramitación de la Ley de
Patentes en la primavera de 2015. Y lo hizo en el contexto de discusión
sobre el elevado coste del Sovaldi® para los pacientes /6, el
medicamento de la empresa Gilead para tratar a los enfermos de hepatitis
C y que tiene una tasa de curación de alrededor del 90%, y
prácticamente ningún efecto secundario.
Sovaldi® es el nombre comercial del sofosbuvir, un producto que la
multinacional Gilead puso a la venta en 2013 de manera muy exitosa: sólo
el primer semestre de 2014 la compañía facturó 5 263 millones de euros
con este medicamento /7. Pero su corta y meteórica historia está
también asociada con el escándalo que ha generado su precio de venta,
que asciende a 74 405 euros en EEUU para un tratamiento de tres meses,
en el estado español cuesta 13 000, pero en cambio en Egipto baja hasta
797 euros.
Aunque hay mucha opacidad sobre el coste de producción, como
habitualmente sucede con los fármacos, un estudio de la Universidad de
Liverpool ha demostrado que los gastos de fabricación del sofosbuvir
para un tratamiento de tres meses podría ser de 91 euros. Las
oscilaciones tan grandes de precios responden al monopolio que Gilead ha
conseguido con la patente y en las negociaciones que la compañía hace
con cada gobierno.
Farmacéuticos Mundi, pacientes y otras organizaciones han emprendido
una batalla para conseguir rebajar el coste del producto en el estado
español, donde el gobierno sólo financia la compra del fármaco a los
pacientes más graves, que son una pequeña parte de los 800 000 enfermos
de hepatitis C. Así que diversas entidades sociales reclaman al gobierno
que aplique la licencia obligatoria argumentando el interés público y
encargar a una empresa del Estado que fabrique el medicamento a un coste
muy inferior. De momento, el gobierno continúa cerrado en banda y no
contempla esta posibilidad, mientras los afectados reclaman poder
acceder a un medicamento que podría cambiarles la vida. El poder de la población vs el poder de las multinacionales
Julio Maset, director científico de los laboratorios CINFA, en el
documental sobre la lucha en Colombia contra la multinacional Abbot,
alerta de que "se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo
de lucro, la solución a los problemas de salud de la población mundial".
En esto coincide con el economista Germán Velasquez, que ha trabajado
20 años en la OMS: "La industria farmacéutica, como está constituida actualmente, es enemiga de la salud pública" /8.
Las multinacionales tienen un gran poder, ciertamente. Farmacéuticos
Mundi, agrupaciones de pacientes y otras organizaciones llevan años
reclamando a los estados que implementen medidas que primen el acceso a
los medicamentos esenciales por encima de los criterios de la OMC/9.
Y en Colombia y en la India se ha demostrado que las legislaciones
estatales de precios y de patentes pueden ser herramientas para defender
los derechos de los pacientes en el acceso regular, suficiente y a un
precio asequible a medicamentos que pueden salvar la vida. Especialmente
si los afectados y la sociedad se organizan para reclamarlos y
presionar a sus respectivos gobiernos.
28/7/2016 Laia Altarriba, con el asesoramiento de Farmacèutics Mundi
Notas: 1/.http://accesstomedicines.org/the-cost-of-developing-new-drugs 2/.http://www.isglobal.org/-/-la-industria-farmaceutica-es-a-la-vez-creadora-y-victima-de-los-problemas-del-actual-sistema-de-innovacion- 3/.http://web.ifarma.org/ 4/.http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/ 5/.http://accesamedicaments.org/videoteca-ame/ 6/.http://www.20minutos.es/noticia/2350472/0/hepatitis-c/financiacion/claves/ 7/.http://farmacia-rsc.blogspot.com.es/2016/06/refugiados-el-ejemplo-de-raymond.html 8/.http://www.publico.es/sociedad/german-velasquez-80-medicamentos-tratan.html 9/.http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Acceso-medicamentos-medidas-necesarias_6_502959707.html http://www.elcritic.cat/blogs/lapitjorepidemia/2016/07/28/baixar-el-preu-dels-medicaments-la-lluita-dels-pobles-contra-el-goliat-de-les-multinacionals/
- See more at: http://vientosur.info/spip.php?article11562#sthash.HidyOenP.dpuf
