TLC entre Uruguay y Chile propone adherir a un tratado sobre patentes que encarecería la producción de medicamentos genéricos

Natalia Uval,  la diaria ,7 de octubre de2016 

Heraldo Muñoz y Rodolfo Nin Novoa, el martes, en la Torre Ejecutiva. Foto: Santiago Mazzarovich

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo público ayer el texto del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y Chile. El acuerdo será sometido en los próximos días a consideración del Parlamento.
Respecto del capítulo de propiedad intelectual, el canciller Rodolfo Nin Novoa había asegurado en el Parlamento que se excluyeron los temas de las patentes y derechos de autor, porque las partes no habían llegado a un acuerdo en torno a estos puntos. En el informe por escrito que Nin entregó al PIT-CNT sobre el capítulo de propiedad intelectual, se señala: “No hubo acuerdo en que el ámbito de aplicación del acuerdo incluya tres materias, debido a que los marcos jurídicos son muy dispares; ellas son: derechos de autor, marcas y patentes”.
Sin embargo, en el texto del acuerdo difundido ayer estos temas están incluidos. En la parte de las definiciones se establece que se entiende por propiedad intelectual “derechos de autor y los derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, y protección de información no divulgada”. Además, en referencia específica a las patentes, señala que los países signatarios deberán hacer “los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes [TCMP]”.
El TCMP es un acuerdo que facilita el patentamiento y, por lo tanto, tiene como efecto un incremento en la solicitud de patentes. Cristina Dartayete, directora nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) entre 2005 y 2010, dijo a la diaria que este tratado es perjudicial para Uruguay, y sostuvo que el gobierno ya elaboró un proyecto de ley que enviará al Parlamento para ratificar este acuerdo. “El problema más grave no es que hayan puesto esa cláusula en el TLC, sino que el MIEM y la cancillería ya resolvieron ratificarlo antes, y está para ir al Parlamento”, cuestionó Dartayete.
Explicó que se trata de un acuerdo “ventajoso para el investigador nacional” siempre y cuando se subsidie el patentamiento en el exterior, pero que puede ser “perjudicial para el dominio público”. “Las solicitudes a nivel nacional de patentes extranjeras son mayoritariamente químicas, de medicamentos y de eventos transgénicos. Este tratado lo que puede hacer es incrementar el número de patentes y encarecer y desestimular la producción de medicamentos genéricos”, alertó la experta, y agregó que esto es particularmente problemático en relación con el tratamiento del VIH y del cáncer.
En un pronunciamiento realizado el año pasado respecto de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la Asociación de Laboratorios Nacionales cuestionó los intentos de extender las medidas de protección de la propiedad intelectual más allá de lo que disponen los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. “No existen evidencias empíricas respecto de los beneficios de adoptar normas de propiedad intelectual más estrictas. Por el contrario, son numerosos los datos fácticos y las voces autorizadas que destacan que la adopción de normas de propiedad intelectual excesivamente rigurosas restringen la competencia y el comercio legítimo, socavan el interés público y […] afectan el derecho a la salud y el acceso a medicamentos”, denunciaron los laboratorios nacionales.

A su servicio
El capítulo sobre liberalización de servicios, que constituye la mayor novedad del acuerdo, se aplica a todos los servicios, con excepción de los servicios financieros, la contratación pública, los “servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”, los “subsidios o donaciones otorgados por una parte o una empresa del Estado, incluidos préstamos, garantías y seguros apoyados por el gobierno”, y los servicios de telecomunicaciones. Tampoco aplica a los servicios aéreos, salvo los de reparación y mantenimiento de aeronaves, venta y comercialización de servicios de transporte aéreo y servicios de operación de aeropuertos.
Para los restantes servicios, los países se otorgan mutuamente, como es habitual en este tipo de acuerdos de libre comercio, trato nacional -obligación de otorgar un trato no menos favorable que a los nacionales- y trato de nación más favorecida, que implica que cada parte no podrá otorgar a la otra un trato menos favorable que el que otorgue a cualquier otro país.
El capítulo de servicios establece además la prohibición para cada parte de establecer monopolios o limitaciones vinculadas al monto o cantidad de servicios provistos, ni tampoco fijar un número determinado de personas a emplear por el servicio en cuestión.
En una extensa lista incluida en un anexo del capítulo de servicios, Uruguay detalla los servicios que resolvió excluir de las disposiciones mencionadas. Por ejemplo, Uruguay se reserva “el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a grupos social o económicamente en desventaja”. También se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida “relacionada con el tratamiento otorgado a países limítrofes con el fin de facilitar intercambios limitados a las zonas fronterizas contiguas de servicios que se produzcan y consuman localmente”. Se reserva además la posibilidad de otorgar un tratamiento diferencial a países en materia de aviación, pesca o asuntos marítimos.

Las disposiciones en materia de servicios no aplican, en el caso de Uruguay, para la investigación científica vinculada al mar territorial y la plataforma continental; para las actividades que realiza el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay; para la posibilidad de aplicar cuota pantalla televisiva; para la distribución de combustibles de ANCAP; para el servicio de abastecimiento de agua, saneamiento y similares por parte de OSE; para los juegos de azar; para los servicios asociados al petróleo y otros hidrocarburos, la electricidad y la energía nuclear; para el gas natural y la minería.


Original en :


http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/10/tlc-con-chile-propone-adherir-a-un-tratado-sobre-patentes-que-encareceria-la-produccion-de-medicamentos-genericos/

Alianza del Pacífico: el regreso del Tío Sam. El TPP en Rebelión

 

Gabriel Cocimano,  Rebelión 18 de junio de 2016

Una década después del desplante que recibiera George Bush (hijo) por parte de los líderes sudamericanos sepultando el ALCA, Estados Unidos se apresta a retomar su dominio casi total sobre la región. El inevitable golpe mortal al Mercosur sellado días atrás por el gobierno ilegítimo de Michel Temer en Brasil y el de Mauricio Macri en la Argentina es una prueba irrefutable: el canciller interino de Brasil, José Serra, le propuso al gobierno argentino flexibilizar el Mercosur, a fin de que cada uno de los países miembros puedan negociar acuerdos de libre comercio con terceros países y bloques. Sería éste el primer paso para ingresar de lleno al Tratado de Libre Comercio (TLC) y luego al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), objetivos estratégicos que sepultan el viejo sueño de la Patria Grande e impacta enormemente en la pérdida de soberanía política y económica, con sus secuelas de ajustes, privatizaciones y exclusión. El TPP es el nuevo engendro de los Estados Unidos para contrarrestar a los BRICS (el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), hoy en retroceso por las crisis en Rusia y el gigante sudamericano. El Tío Sam espera, siempre agazapado, con el rostro severo y su dedo acusador, la mirada intrépida y su inagotable paciencia de araña.

En primer lugar, la Alianza Transpacífico es un acuerdo de libre comercio multilateral secreto, que tiene a los Estados Unidos como el principal interesado. Es casi una patente de corso concedida a los oligopolios norteamericanos: sólo los lobistas de sus multinacionales tienen acceso a sus contenidos. WikiLeaks filtró y publicó una parte del texto del borrador secreto, al que considera de gran controversia “debido a sus efectos de largo alcance sobre medicinas, editores, servicios de internet, libertades civiles y patentes biológicas”. Tan secreto que, según afirman los editores de WikiLeaks, “los miembros del congreso de EE.UU. únicamente pueden ver porciones selectas de documentos relacionados al tratado bajo condiciones altamente restrictivas y bajo supervisión estricta”. Según Julian Assange, editor en Jefe de WikiLeaks, “de ser instituido (el Tratado) pisotearía los derechos individuales y la libre expresión, y trataría como un trapo al patrimonio común intelectual y creativo. Si usted lee, escribe, publica, piensa, escucha, baila, canta o inventa; si usted cultiva o consume comida; si se encuentra enfermo o se pudiera encontrar algún día enfermo, el TPP lo tiene en su mira”.
El concepto de libre comercio constituye en sí mismo una ficción concebida por los países poderosos para expoliar a los débiles. Esas potencias actúan desde su posición privilegiada, asimétrica, para imponerles condiciones a sus socios menores. Pero -lo que es peor aún- esto implica la creación de un poder supranacional capaz de erigirse por encima de las constituciones y de las decisiones soberanas de los países firmantes. Dicho de otro modo, es un tratado organizado por corporaciones en nombre de los países: es decir, compromete la soberanía de los Estados al permitir a los inversores demandar a dichos Estados ante comisiones arbitrarias como el CIADI. Meses atrás, el Premio Nobel Joseph Stiglitz definió al TPP como una farsa, ya que no se trata precisamente de libre comercio sino de una estructura logística creada con el fin de concentrar aun más la economía mundial y llevar a límites exorbitantes el desempleo en el mundo.
El Tratado involucra a más de mil millones de habitantes que representan el 25% de las exportaciones globales y el 40% del PBI mundial. Algunas de las cláusulas que trascendieron al acuerdo secreto son: la eliminación de las barreras arancelarias, la garantía supranacional para que las corporaciones realicen sus negocios, la extensión de las patentes exclusivas para la industria farmacéutica, el impedimento de regular en materias tales como tabaco, alcohol y telecomunicaciones, la supeditación de toda política ambiental a las reglas de mercado, la restricción para el surgimiento de empresas estatales y la flexibilización de toda legislación laboral. En fin, la pérdida de soberanía y de los derechos civiles y laborales está a la vuelta de la esquina.
El presidente Mauricio Macri decidió dar un giro a la política exterior de los últimos años: para esto, viajará a Chile a fin de junio para participar como observador en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que ya integran Chile, México, Perú y Colombia. "Hay un claro objetivo del Presidente –expresó días atrás la canciller Susana Malcorra- de empezar a trabajar arduamente en una alianza real con los países del Pacífico y unir esas voluntades con las del Mercosur”. A su vez, la burguesía paulista reclama desde hace tiempo liberarse de los condicionamientos de la cláusula 31 del Mercosur que prohíbe a sus miembros negociar acuerdos con terceros. Para esos empresarios, el Mercosur es un obstáculo para sus aspiraciones de expansión internacional. Esto, y decretar su sentencia casi definitiva parecen ser la misma cosa, habida cuenta de que el Mercosur no solamente actúa como una herramienta económica sino también política y de cooperación regional con naciones y organismos mundiales.
Hasta hoy, el Mercosur había sido configurado como una unión aduanera que protegía con un arancel externo único a los frágiles sectores industriales de los países miembros (un bien o servicio paga la misma tarifa si ingresa por la frontera de cualquiera de los socios). Tal como afirma José Natanson, a diferencia de los acuerdos de libre comercio, que solo apuntan a crear mercados ampliados, la unión aduanera propone una articulación mayor, en la medida en que impide a sus integrantes negociar bilateralmente con terceros países y los empuja a coordinar políticas comerciales y productivas comunes. El debate entre acuerdos de libre comercio versus unión aduanera encierra una discusión más profunda acerca de los grados de protección económica, el rol del Estado y el papel de la industria en las economías. Países con estructuras productivas limitadas, como Chile, posiblemente se beneficien con una apertura que les permita exportar sus productos a la mayor cantidad de destinos posibles e importar todo lo que no fabrica localmente. Pero parece insuficiente para sociedades más complejas como la argentina o la brasileña, con industrias en acción, salarios más altos, sindicatos más poderosos y, por ende, mayor conflictividad política (José Natanson, Integración a la Macri, en “Le Monde Diplomatique”, junio 2016)
Basta con recorrer las voces de los pueblos que ya sufren las consecuencias de estos acuerdos: es el caso de Chile, que “ha tenido beneficios mínimos en relación a las promesas previas a la firma del TLC –según expresa Sebastián Balbontín, integrante de la Plataforma Ciudadana “Chile mejor sin TPP”-. Hoy, es innegable que nuestra economía ha quedado a merced de los intereses corporativos estadounidenses, que entran libremente, sin protecciones, para la extracción excesiva de nuestros recursos naturales”. Y agrega que “la perdida de nuestra soberanía alimentaria, con la entrada oculta de la Ley Monsanto -que marcaría la llegada de los transgénicos a Chile-, el encarecimiento de los medicamentos genéricos, la implantación de altísimas restricciones al consumo de contenidos en la web por la aplicación de nuevas normas de derechos de autor, son solo algunas de las implicancias, y a esto se suma que el TPP coloca a las corporaciones transnacionales en capacidad de demandar al Estado chileno ante tribunales internacionales, si es que ven que sus intereses han sido afectados”. Otras organizaciones sociales de Chile, Perú y México se han movilizado en estos días contra la ratificación del Acuerdo Transpacífico.
El Tío Sam pretenderá imponerle a la Argentina sus condiciones: entre ellas, salarios competitivos –es decir, más bajos- acordes a los de la región, y una tropa sindical más disciplinada con el poder político. Para esto se necesita un índice de desocupación más alto que debilite los ímpetus gremiales, y un juego de alianzas entre los caciques del movimiento sindical con el oficialismo. Esto último se mantiene intacto desde el 10 de diciembre: los líderes de las CGT se han mostrado -a pesar del ajuste, los tarifazos y los despidos- extrañamente reticentes a sostener medidas gremiales de impacto general.
El ominoso acuerdo de libre comercio por venir sencillamente destruirá la integración regional, que tanto rédito les ha dado a nuestras naciones sudamericanas desde el amanecer del siglo XXI, aun con las grandes dificultades y contradicciones que entraña. Es necesario entender que un acuerdo semejante constituye un claro cepo a la soberanía nacional (porque el Estado no tendrá injerencia en asuntos que serán estrictamente de índole supranacional) y a la democracia (porque, por ejemplo, va a coartar la posibilidad de regular a través del Parlamento legislaciones relativas a los intercambios comerciales). Y también un cepo al trabajo, al desarrollo industrial y, por lo tanto, a la dignidad individual y social. Tal como sugirió Enrique Lacolla, se primarizará la producción y se repetirá el modelo de economía rentística y parasitaria que ha distinguido a la mayor parte de nuestra historia.
Por ahora, el gobierno argentino parece medir sus fuerzas promoviendo sólo una aproximación a la Alianza en calidad de observador. Esto en sí mismo no conlleva oportunidades ni riesgos, pero esa mera formalidad es, desde lo político y simbólico, toda una definición. Inquietante, en primer lugar, por la degradación del status social del Mercosur y, en segundo término, por la amenaza que implicaría ser un Estado Parte en un acuerdo librecambista que tiene a Estados Unidos como intérprete central. Este es el peligro del retorno del Tío Sam. El Viejo Caballero es la metáfora de las políticas expoliadoras y abusivas de la potencia hegemónica mundial. Y quiere regresar, más recargado que nunca.
Gabriel Cocimano (Buenos Aires, 1961) Periodista y escritor. Todos sus trabajos en el sitio web www.gabrielcocimano.wordpress.com

Giro en la política exterior: Argentina se incorporó a la Alianza del Pacífico

sino sabés como puede afectar tu vida en general y el acceso a medicamentos en general repasa

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Giro en la política exterior: Argentina se incorporó a la Alianza del Pacífico

 El país ingresa en calidad de “observador”, según confirmaron durante la noche del 
miércoles los países que integran el bloque económico. El Presidente asistirá a la cumbre del 1 de julio


Infobae, 8 de junio de 2016



La Alianza del Pacífico aprobó en la Ciudad de México la solicitud de Argentina de integrarse a este mecanismo como país observador, por lo que el presidente Mauricio Macri asistirá con esa categoría a la cumbre del bloque que se celebrará el 1 de julio en Chile.


La Alianza del Pacífico, creada en 2011, concentra un 50% del comercio de América Latina y atrae el 41% de la inversión extranjera. Sus países firmaron un conjunto de tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea, y eliminaron el 92% de los aranceles de los productos comercializados entre los estados miembros. Tiene un mercado de 217 millones de personas y un PBI per cápita promedio de US$ 16.759.

Después de asistir a la XV Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que la cumbre de Puerto Varas "tendrá una presencia inédita de al menos dos presidentes" que no pertenecen al bloque, entre ellos el mandatario argentino.


Macri ha sido especialmente invitado "porque Argentina tiene un especial interés por acercarse a la Alianza del Pacífico y de hecho presentó la solicitud de ser miembro observador", indicó.

“Hay un claro objetivo del Presidente de empezar a trabajar arduamente en una alianza real con los países del Pacífico y unir esas voluntades con las del Mercosur”, dijo la canciller argentina

"En esta reunión aprobamos esa solicitud, de modo que ha sido aceptada la petición de Argentina de ser miembro observador de la Alianza, y el presidente Macri ya estará en condición de observador", abundó.

El titular de Exteriores dijo que "casi con seguridad" el gobernante costarricense, Luis Guillermo Solís, también participará en la cumbre.

No descartó que "haya algún otro presidente que también asista, lo que indica que la Alianza del Pacífico sigue generando interés, y eso es muy positivo para los cuatro países que la integramos".

Macri había sido invitado a asistir como observador a la XI cumbre por el mandatario peruano, Ollanta Humala (presidente pro tempore saliente de la Alianza) y por la chilena Michelle Bachelet (próxima en el cargo), según confirmó a principios de mayo la canciller argentina Susana Malcorra.

"Hay un claro objetivo del Presidente de empezar a trabajar arduamente en una alianza real con los países del Pacífico y unir esas voluntades con las del Mercosur", dijo Malcorra.
Hasta el año pasado, no existían las condiciones políticas para que el Mercosur mire hacia la Alianza del Pacífico. La política exterior de Cristina Kirchner y Dilma Rousseff lo impedían por razones ideológicas y comerciales. Sin embargo, tras el fin de mandato de la primera y el impeachment de la segunda, hoy existen posibilidades reales de que se concrete el giro diplomático.

El presidente argentino viajaría entre el 15 y el 17 de junio a Colombia para participar de un foro económico, y afianzar su vínculo con el presidente Juan Manuel Santos, uno de los líderes más influyentes en la Alianza. La noticia del giro en la política exterior tuvo eco en Europa. Recientemente, El País de España publicó una columna donde aseguran que "el gesto tendrá importantes repercusiones regionales, sobre todo porque ese bloque comercial fue blanco de duros ataques durante el kirchnerismo" 

original en http://bit.ly/1XcicFS

Propiedad intelectual en el acuerdo Asociación Transpacífico: aumento de los obstáculos para el acceso a medicamentos asequibles

Carlos Correa,  South Centre

Documento de investigación no 63, September 2015
Resumen

La mayoría de los tratados de libre comercio firmados por los Estados Unidos, la Unión Europea y los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en los últimos 15 años contienen capítulos sobre los derechos de propiedad intelectual con disposiciones aplicables a los productos farmacéuticos. Tales disposiciones amplían considerablemente los derechos reconocidos a las compañías farmacéuticas en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) establecidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

El texto filtrado sobre propiedad intelectual en el acuerdo Asociación Trans-Pacífico (TPP), actualmente en fase de negociación, va más allá de los acuerdos de libre comercio. Refleja la ambición de estas empresas para obtener niveles más altos de protección. Este artículo discute algunas características de las negociaciones del TTP y los principales resultados posibles que pueden afectar negativamente el acceso a los medicamentos, en particular en los países en desarrollo.

Contenido

I. INTRODUCTION

II. THE TPP PRECEDENTS: US-FTAS

III. TPP OBJECTIVES IN RESPECT OF IP

IV. SOME PUBLIC HEALTH-RELATED PROVISIONS IN THE DRAFT TPP

Patentable subject matter

Opposition and revocation

Exceptions

Exhaustion of rights

Data exclusivity

Linkage

The value of pharmaceutical patents

Extension of the patent term

V. TRANSITIONAL PERIODS

VI. CONCLUSIONS

documento completo disponible en http://bit.ly/1LgWFXU