viernes, 30 de septiembre de 2016

Los mega acuerdos y sus amenazas para América Latina

Jaime Estay, 30 de setiembre de 2016. Red Tercer Mundo - No. 279 - Año 2016


La tendencia a negociar “mega acuerdos” se ha acentuado. Los más significativos son el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA).



En las décadas recientes, se ha acentuado la tendencia a negociar acuerdos entre grupos de países y, de esas negociaciones, las más significativas, por la magnitud económica y peso político de los participantes, son las referidas al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés, negociado entre EE.UU. y la Unión Europea) el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), con participación de 12 países, tres de ellos de América Latina, y el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA), con participación de 50 países, siete de ellos de América Latina, que se conocen como “mega acuerdos”, en todos los cuales la negociación ha sido secreta.

Si bien esos tres acuerdos están en distintas etapas de negociación o puesta en marcha, involucran a diversos países y se refieren principalmente, en dos casos, al comercio de bienes y, en el tercero, al comercio de servicios, todos ellos tiene en común, por una parte, que constituyen estrategias alternativas ante el deterioro de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio y, por la otra, que implican grados importantes de avance en los procesos de desregulación de la economía internacional y en el despliegue global de los grandes capitales, los cuales, a través de esos acuerdos y con el apoyo de sus gobiernos, están buscando las mejores condiciones para penetrar sin restricciones en las distintas economías. A ello se agrega, por parte de Estados Unidos –eje de los tres acuerdos–, el intento de contrarrestar, al menos parcialmente, el avance regional y global que la economía china ha venido logrando desde hace ya algunas décadas.

TPIP
De los dos acuerdos referidos al comercio, el TPIP se encuentra aún en un proceso de negociación que lleva ya tres años, habiéndose celebrado 19 Rondas desde julio de 2013 a la fecha –la más reciente se realizó en julio de 2016– y el conocimiento de los textos parciales filtrados de dicha negociación ha despertado reacciones en contra, tanto en Europa como en Estados Unidos. A diferencia del TPIP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ya fue suscrito, el 4 de febrero de 2016, luego cinco años y más de 20 Rondas de Negociación que iniciaron en marzo de 2010 y terminaron en octubre de 2015, y actualmente se encuentra en proceso de ratificación por los parlamentos de los países miembros del Tratado, sin certeza de que dicha ratificación se vaya a dar, sobre todo en el congreso estadounidense, y con movimiento sociales, en varios países, exigiendo a sus parlamentos que el acuerdo sea rechazado.

TPP y TISA
El texto del TPP, que una vez suscrito se dio a conocer, está compuesto por 30 capítulos, 4 Acuerdos Paralelos y 17 Instrumentos Bilaterales, abarcando los capítulos temas referidos al comercio de bienes y servicios (entre otros, Trato Nacional y Acceso de Mercancías; Reglas de Origen; Defensa Comercial; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Comercio Electrónico; Servicios financieros; Servicios de telecomunicaciones), a la administración del TPP (Disposiciones Administrativas e Institucionales; Solución de Controversias; Excepciones y Disposiciones Generales), a aspectos normativos de los países (Política de Competencia, Coherencia Regulatoria, Transparencia y Anticorrupción), y a otros temas como son: Inversión; Contratación Pública; Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados; Propiedad Intelectual; Medio Ambiente; Laboral; Cooperación y Desarrollo de Capacidades; Desarrollo; y, Pequeñas y Medianas Empresas.

Según se ve, el TPP incluye una amplia variedad de temas y tan sólo el cuerpo de los 30 capítulos –sin contar los anexos– abarca más de 600 páginas, si bien los capítulos tienen muy distintas extensiones, que en alguna medida reflejan las preocupaciones e intereses que se impusieron en la negociación. A modo de ejemplo, entre los capítulos más breves están el de Cooperación y Desarrollo de Capacidades (3 pp.), el de Desarrollo (5 pp.), y el de Pequeñas y Medianas Empresas (3 pp.), dirigidos, los dos primeros, hacia las economías participantes menos desarrolladas y el tercero hacia empresas que no son grandes –a lo que se agrega la total ausencia de algún capítulo dedicado a las migraciones, excepto lo referido a “Entrada Temporal de Personas de Negocios”–, en tanto que, en el otro extremo, el capítulo más extenso del Acuerdo es el de Propiedad Intelectual (80 pp.) con un tratamiento sumamente detallado del tema a lo largo de los 83 artículos que lo componen, y con el término “protección” (de los derechos de propiedad industrial, de obras literarias, de la propiedad industrial, de indicaciones geográficas, de las marcas, de datos de prueba) utilizado ¡146 veces!
En lo que respecta al TISA, su negociación inició formalmente en marzo de 2013, y hasta la fecha se han realizado 19 Rondas, la más reciente en julio de 2016. De acuerdo a los textos que han sido filtrados, con el Acuerdo se busca cubrir una muy amplia gama de temas: servicios financieros; servicios TIC (incluyendo telecomunicaciones y comercio electrónico); transporte marítimo; transporte aéreo; servicios de entrega competitivos; energía; servicios profesionales; entrada temporal de personas de negocios; y compras del sector público.

Esos textos, reflejan una clara decisión de avanzar al extremo en la liberalización de todo tipo de servicios, en parte reproduciendo los contenidos más cuestionables del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, y en gran parte ampliando sustancialmente dichos contenidos, tanto respecto de los temas recién mencionados que son objeto de negociación y compromisos de apertura, como en relación a la profundidad de dichos compromisos. Esa mayor profundidad, por ejemplo, respecto del “trato nacional” implica que se pasa de una modalidad de “lista positiva” en el AGCS (esto es, que los compromisos de tratar a los servicios y proveedores extranjeros por lo menos igual que a los nacionales, solo se aplican a los sectores que cada gobierno enlista de manera explícita) a un modalidad de “lista negativa” en el TISA (el “trato nacional” se aplica a todos los sectores excepto aquellos que cada gobierno enliste de manera explícita).
En suma, con el TISA se acentúa el principio general, que desde hace ya tiempo viene imponiéndose, de negar el carácter y función social de muchos servicios, asumiéndolos en su totalidad como mercancías a ser vendidas a clientes bajo las reglas del mercado y de las empresas que en él dominan. Con el conjunto de los mega acuerdos, se pretende dar un paso decisivo en contra, tanto de la capacidad de los estados para reglamentar sus economías, como de los estándares sociales y ambientales, y a favor de la desregulación plena de los mercados, de la multiplicación del poder de las grandes empresas y de la creciente mercantilización del conjunto de la vida económica y social, limitando al máximo los márgenes de acción de los gobiernos y otorgando todas las facilidades y derechos imaginables a los inversores.

Ese avance y posible concreción de los mega acuerdos ha contado con la participación de siete países latinoamericanos en el TISA, de los cuales tres también participan en el TPP, lo que no resulta extraño dada la permanencia del neoliberalismo en distintos países de la región y, con él, de estrategias gubernamentales de inserción internacional que claramente apuntan hacia el Norte, y que incluyen la sujeción a los dictados, intereses e iniciativas estadounidenses como son el TTP y el TISA.
Sin embargo, dicha participación no por esperable es menos peligrosa, y no sólo para las sociedades cuyos gobiernos se han embarcado en los proyectos estadounidenses, que con ello están viendo seriamente comprometidas sus posibilidades futuras de desarrollo nacional autónomo.
Los peligros que entrañan los mega acuerdos, son también muy altos para el resto de la región, así como para el desenvolvimiento futuro del conjunto de América Latina y el Caribe.
En términos generales, la posible concreción de dichos acuerdos reafirmaría un contexto global e internacional caracterizado por el dominio creciente de los mayores países y las más grandes empresas transnacionales, en el interior del cual se acentuarían las dificultades para abrir paso a proyectos alternativos de base nacional y regional, más aún dada la intención explícita de ampliar el alcance de los mega acuerdos al ámbito multilateral, aplicando sus contenidos a la totalidad de movimientos mundiales del gran capital bajo todas sus formas. En términos más particulares, la participación de países latinoamericanos en ambos mega acuerdos –con todo lo que esos acuerdos representan e impulsan–, con seguridad hará más difíciles no sólo los vínculos entre esos países y los restantes de la región, sino también la marcha de distintos mecanismos integradores en América Latina y el Caribe, y en particular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en cuyo interior se acentuarán las diferencias entre las visiones y estrategias que hasta hoy coexisten en su seno.

Notas
Los participantes del TPP, son Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Los participantes del TISA son Australia, Canadá, Chile, China Taipéi, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República de Corea, Suiza, Turquía y la Unión Europea (representando a sus 28 estados miembros).
A modo de ejemplo, en el TISA se reproduce el criterio del AGCS, en relación a que ambos Acuerdos están referidos a “todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”, agregando a continuación que “un ‘servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales’ significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”. Con ello, por ejemplo, servicios gubernamentales tales como salud y educación quedan incorporados en los Acuerdos, ya que se ofrecen “en competencia” con prestadores privados.
Al respecto, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han declarado su intención de que, una vez acordado el TISA, pudiera ser trasladado a la OMC, para su aplicación al conjunto de la economía mundial. Por una parte, en un memorando de la Comisión Europea (Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in Services, Memorando, 15 de febrero de 2013) se plantea que “En términos de la estructura del acuerdo, se convino que estaría basado en el AGCS, con algunos artículos fundamentales del AGCS incorporados (incluyendo las definiciones, el alcance, el acceso al mercado y trato nacional, exenciones generales y de seguridad). Esto, en general, haría posible en una etapa posterior integrar el acuerdo plurilateral en el AGCS”. Por otra parte, Kirk Ron, Representante Comercial Estadounidense, declaró lo siguiente (Remarks by United States Trade Representative Ron Kirk at the Coalition of Service Industries, 2012 Global Services Summit, 19 de septiembre de 2012): “El TISA presenta nuevas e importantes oportunidades para examinar los logros de los acuerdos de servicios hasta el momento; la consolidación de los elementos más importantes y eficaces en un único marco; y extender ese marco a un grupo más amplio de países. El TISA también ofrece un medio para construir un consenso internacional sobre las nuevas normas comerciales que algún día podrían ser introducidos en la OMC”.

Jaime Estay es profesor-investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, México, y coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial.
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jueves, 29 de septiembre de 2016

Argentina: Patentes flexibles, la moneda de cambio


Nadia Luna , Agencia TSS, 29 de septiembre de 2016

 

 Patentes flexibles, la moneda de cambio
   El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) publicó una resolución que puso en alerta a los laboratorios farmacéuticos nacionales. Se trata de la norma 56/2016, publicada en el Boletín Oficial el 19 de septiembre, que facilita la concesión de patentes a empresas extranjeras al flexibilizar los criterios de patentabilidad. La normativa establece que se darán por cumplidos los requisitos exigidos para otorgar la patente a aquellos solicitantes que ya tengan una patente equivalente concedida por una oficina de otro país.

“La resolución habilita a la oficina de patentes local a utilizar los exámenes de fondo ya realizados por las oficinas extranjeras”, explica a TSS la especialista en propiedad intelectual Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. “Es un viejo reclamo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Una de sus críticas habituales tiene que ver con la demora y la rigurosidad de los trámites en la Argentina. A partir del cambio de autoridades en el INPI están haciendo lo que les vienen pidiendo desde hace tanto”.
 
El presidente Mauricio Macri designó al frente del INPÏ al abogado Dámaso Pardo, exsocio del estudio PAGBAM, que asesora a empresas transnacionales en aspectos de propiedad intelectual y patentes. “Si uno observa el tipo de trabajo que han hecho se ve claramente cuál es la ideología que sustenta su trabajo, ya que históricamente han defendido un régimen de patentes mucho más flexible”, indica Busaniche.
Según la resolución del INPI, se justifica esta medida porque permitiría la “reutilización de los resultados de búsqueda y examen realizado anteriormente por otras oficinas”, ya que “esta duplicación de esfuerzos y labores no es beneficiosa para las oficinas, los solicitantes y la sociedad en general”. “Dicen que es para acelerar el trámite”, apunta Busaniche. “Lo cierto es que sí, lo aceleran, pero para las corporaciones extranjeras que van a venir con sus carpetas de patentes a validarlas acá”.
Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), denunciaron que la medida vulnera las funciones constitucionales que tiene el INPI de protección de la propiedad intelectual y advirtieron que acudirán a la Justicia. En una solicitada publicada en diversos medios, aseguran que esta normativa “va a permitir ‘importar’ patentes extranjeras, subordinando la soberanía sanitaria y científica nacional a favor de intereses económicos de otros países”. Además, señalan que esto provocará un aumento en los precios de los medicamentos y un efecto negativo sobre el empleo y el desarrollo de la industria argentina.
Un caso testigo es la denuncia de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), realizada antes de que se concretara la resolución del INPI, acerca de que el Gobierno podría favorecer a la farmacéutica estadounidense Gilead al otorgarle la patente del sofosbuvir, un medicamento contra la Hepatitis C. La compañía tramita esa patente en la Argentina desde hace años y la Fundación GEP sostiene que, de ser otorgada, excluirá la posibilidad de que el medicamento se fabrique en la Argentina, perjudicando así a los pacientes que no podrán obtenerlo a un precio accesible.
La resolución del INPI facilita la concesión de patentes a empresas extranjeras al flexibilizar los criterios de patentabilidad.
Para Busaniche, el próximo paso del INPI será cambiar las directrices de patentabilidad. “Las directrices dan pautas muy claras a la hora de trabajar en la evaluación de una solicitud de patente. Por ejemplo, en lo que respecta a permitir o no patentes de medicamentos para segundos usos. Es un instrumento burocrático muy especializado, que solo va a leer gente que trabaja en el tema, pero que fija cómo interpretar la ley a la hora de conceder una patente”, precisa.
 
Por lo pronto, la resolución del INPI parece ir en sintonía con la política del Gobierno nacional en lo que respecta a la producción pública de medicamentos (PPM). Los laboratorios nacionales vienen reclamando que se cumplan las leyes 26.688, que declara a la PPM de interés nacional; y 27.113, que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Sin embargo, el presupuesto de 150 millones designado para la ANLAP nunca se ejecutó, su funcionamiento está paralizado y a través de tres decretos fueron removidos su presidente, vice y secretario.
 
Busaniche advierte que “si bien el ojo está puesto sobre la industria farmacéutica, esta resolución podría perjudicar casi a cualquier sector porque si se flexibilizan los criterios y se otorgan cada vez más patentes de manera casi automática a inventos que ya fueron aprobados en el exterior, lo que harán es favorecer los desarrollos extranjeros y bloquear la innovación local”.
 
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TPP obliga a proteger olores y sonidos


maria.rodriguez@eleconomista.mx
eleconomista.com.mx.29 de septiembre de 2016 

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La posible aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) obligaría a implementar lineamientos legales de protección industrial e intelectual que no están contemplados actualmente. Tal es el caso de las marcas sonoras u olfativas, indicaron expertos de la consultora Clarke, Modet & Co.

Ejemplo de marca sonora son los tonos de llamada de los celulares, y en la olfativa, los perfumes.
El TPP es un tratado de libre comercio firmado entre 12 naciones, el cual cuenta con 30 capítulos, donde se requerirá que la legislación local realice ciertas modificaciones y adhesiones que deberán cumplir en un máximo de dos años después de la entrada en vigor del acuerdo, que actualmente se encuentra en espera de ratificación por los países participantes.
“En las marcas, el TPP establece que no necesariamente tendrán que ser protegidas aquellas que sean perceptibles a la vista. Ello nos haría incluir los tipos de marcas auditivas y sonoras, las cuales ya están reconocidas por otras oficinas de marca de otros países como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón; sin embargo, en México no están incluidas, y tendría que hacerse en caso de que entrara en vigor el TPP”, explicó Ana Albarrán, consultora de la firma.
El CEO en México de Clarke, Modet & Co, Fabián González de la Mora, consideró que el standby en el que se encuentra el TPP está justificado, debido al panorama preelectoral que se vive en Estados Unidos.
José Miguel Mena, director de Servicios Jurídicos de la firma, comentó que la oficina de México en registros de marca es la número dos de 188, debido a la agilidad de hasta cuatro meses para conseguir los derechos y registros de marca.
De enero a junio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recibió casi 67,000 solicitudes de registro de marca sin oposición, donde lideraron la industria textil y de servicios de restaurantes.
 
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Colombia, la ONU y el caso de Glivec


Tatiana Andia,

El Espectador, 28  de septiembre de 2016

Tatiana Andia 

 

La ONU destacó a Colombia como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes.

Colombia vuelve a ser protagonista en el drama global sobre el acceso a medicamentos. El pasado 14 de septiembre el Panel de Alto Nivel convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) sobre Acceso a los Medicamentos emitió su informe final sobre innovación y acceso a medicamentos. Gracias al ya afamado caso del Glivec (imatinib) de Novartis, Colombia  es destacada en el informe como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes. El informe además condena las amenazas de retaliación que Colombia recibió de países desarrollados por intentar romper la patente de Glivec.

El informe del Panel de la ONU sacó callo y fue vehementemente criticado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la industria farmacéutica internacional (IFPMA), quienes lo consideraron sesgado y “fundamentalmente errado”. Esto no debe sorprendernos, ya que para las compañías farmacéuticas la protección de sus patentes constituye una causa tan justa como la defensa de los derechos fundamentales de los individuos. Para la industria farmacéutica y los gobiernos que la respaldan,  el hecho de que el informe del panel de la ONU celebre a países como Colombia y Tailandia, los cuales violan sistemáticamente los derechos de las compañías de medicamentos, es como si la Corte Penal Internacional emitiera un comunicado elogiando al régimen sirio y a Bashar al-Assad.

Pero, poniéndonos sarcásticamente por un momento en los zapatos de la industria, ¿cuáles son los derechos de las empresas de medicamentos que Colombia estaría vulnerando en el caso Glivec?

Son básicamente tres:
En primer lugar  está el derecho de la industria farmacéutica a la participación en la política pública de una nación soberana. Este derecho fue vulnerado el mismo día en que se hizo público el informe de la ONU, cuando el Ministro de Salud Alejandro Gaviria anunció que la declaratoria de interés público para el Glivec se mantenía en firme. En respuesta Novartis emitió un comunicado de prensa en el que “rechaza categóricamente la decisión… ya que no se da en el marco de una crisis de salud pública generada por Glivec” (o al menos lo que Novartis interpreta como una crisis de salud pública).

En segundo lugar está el derecho de la industria a la libre determinación del precio. Este derecho fue vulnerado la semana pasada, cuando la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos sometió a consulta pública una resolución que contenía la metodología para regular el precio del Glivec y reducirlo en más de un 40%. Ante tal afrenta AFIDRO no tuvo más remedio que enviar un comunicado y sendas cartas cuestionando “la imparcialidad del Minsalud en el caso Glivec”. El informe del panel de la ONU empeora la situación al sugerir que los precios de las tecnologías no respondan a los costos de investigación y desarrollo sino a las necesidades y capacidad de pago de la población.

En tercer lugar está el derecho a guardar silencio. En el caso del Glivec las negociaciones de precio que habrían evitado la declaratoria de interés público,  y que de paso les habrían ahorrado dolores de cabeza a todos los involucrados, se frustraron porque el Ministerio exigió transparencia absoluta en el proceso de negociación. El informe de la ONU, en la misma línea, hace un llamado a que la industria farmacéutica haga transparente la forma en la que define los precios de todos sus productos.

A lo mejor son muchos más los derechos de la industria farmacéutica que han sido comprometidos por el panel de la ONU y por el Ministerio de Salud colombiano. Lo cierto es que esa supesta violación a los derechos de las empresas de medicamentos es justificada. Hoy los colombianos contamos con una declaratoria de interés público para el Glivec, la cual es el resultado de un proceso largo, arduo y transparente. Pronto tendremos un precio más justo para este importante medicamento, el cual favorecerá tanto a los pacientes con cáncer como a las finanzas del sistema de salud. Se trata de medidas que promueven el interés general y la salud pública pero que, aunque parezca descabellado, han sido interpretadas por la industria farmacéutica como violaciones a sus derechos fundamentales.


martes, 27 de septiembre de 2016

Médicos del Mundo, contra el escandaloso precio de los medicamentos

Cristina Lucio, El Mundo,

 

Detalle de uno de los carteles de la campaña. MÉDICOS DEL MUNDO

  • La ONG lanza una campaña para denunciar los precios ‘exorbitados’ de los fármacos
  • Anima a la ciudadanía a presionar para que el sistema de fijación de precios cambie
 
Denunciar “los precios exorbitantes” de ciertos medicamentos que llegan al mercado y animar a la ciudadanía a presionar a las autoridades para que el sistema de fijación de precios farmacéuticos cambie. Ese es el objetivo de la campaña que Médicos del Mundo ha lanzado simultáneamente este martes en España y otros países europeos, como Alemania o Bélgica.
La ONG advierte de que el “constante aumento del precio de los medicamentos que salvan vidas” pone en riesgo que, a largo plazo, “la cobertura médica pública no pueda seguir sosteniendo el reembolso” de tratamientos para enfermedades graves.
“Los laboratorios establecen sus precios en función de lo que los estados puedan pagar”, explica Ave María Aburto, portavoz de la organización médica, quien añade que “un ejemplo reciente lo vimos con los tratamientos para la hepatitis C. La combinación de sofosbuvir y simeprevir cuesta unos 40.000 euros en Francia, pero la misma medicación ronda los 13.000 euros en España y tiene un precio más bajo en otros países”.
Lo mismo ocurre con otras terapias, sobre todo con anticancerígenos, que pueden alcanzar los 100.000 euros anuales por paciente, como en el caso de Keytruda, aprobado para el melanoma o Glivec, que se utiliza para tratar la leucemia y cuesta unos 30.000 euros al año en España.
La campaña, denominada ‘El precio de la vida’, se ha lanzado junto a unos carteles “deliberadamente provocadores” con mensajes como: “Qué es exactamente un melanoma? 4.000 millones de euros en volumen de negocios”; “Junto al sector inmobiliario y al petrolero, ¿cuál es uno de los mercados más rentables? La enfermedad”; “con mil millones de euros de beneficio, se vive muy bien de la hepatitis C” o “Salud, ¿quién debe dictar la ley, el mercado o el estado?”.
Opacidad

Las farmacéuticas “aducen que los precios elevados se deben a su inversión en investigación y desarrollo, pero hay evidencias de que esto no es real, pese a la falta de transparencia que rodea a todo el proceso”, añade Aburto.
La ONG denuncia que la fijación de precios de fármacos se basa en un “círculo vicioso perfecto”. La mayoría de las moléculas se desarrollan en laboratorios de universidades e instituciones públicas, indica. Acto seguido, la industria compra los productos más prometedores y desarrolla la innovación hasta que, en última instancia, los sistemas sanitarios, con fondos públicos, vuelven a comprar “por precios a menudo abusivos” el medicamento. Y toda la negociación es opaca, “no se hacen públicos los datos de producción ni las condiciones fijadas”, señala la portavoz.
“Además, por si esto fuera poco, las compañías se benefician también de deducciones fiscales por promover la investigación”, denuncia la ONG.
“No podemos permitir que los laboratorios calculen el precio de la vida en función de criterios de rentabilidad”, señala Aburto, quien resume las principales peticiones de la campaña: En primer lugar, es fundamental que el estado intervenga utilizando todas sus herramientas jurídicas y políticas para que se bajen los precios de los medicamentos y se proteja el interés de la población española. Además, también es clave conseguir que sean transparentes los gastos reales de investigación y desarrollo y, por último, promover un modelo alternativo al de las patentes pasa sostener la investigación, asegura.
A través de una página web (‘www.thecostoflife.es’), Médicos del Mundo anima a la ciudadanía a que, a través de su firma, presione a las autoridades para que utilicen todos los medios a su alcance para reducir los precios de los medicamentos que salvan vidas.
“Existen herramientas para oponerse al sistema de patentes, que no permite distribuir ningún genérico de una innovación a bajo precio en 20 años. Una de ellas es la licencia obligatoria, que abre el mercado a la competencia y permite que los precios bajen. ESto puede utilizarse cuando existen motivos de interés público, como una urgencia de salud pública, pero la realidad es que el gobierno no hace uso de estas herramientas”, comenta Aburto.
“Es el momento de abrir un debate, de actuar y de cambiar el sistema. Hay muchas expectativas de próximas llegadas al mercado de fármacos innovadores y, si continuamos así, corre riesgo el sistema público de financiación”, concluye.

Original en http://www.elmundo.es/salud/2016/09/27/57ea5e5ce5fdea495a8b4574.html

lunes, 26 de septiembre de 2016

Laboratorios argentinos y extranjeros pelean por un mercado de US$ 4.800 millones

Télam, 26 de septiembre de 2016

La decisión del gobierno nacional de agilizar los trámites para otorgar patentes químico farmacéuticas generó la reacción de los laboratorios de capitales argentinos, que alertaron que tal medida favorece que los productores extranjeros se queden con el negocio de comercialización de medicamentos que mueve US$ 4.800 millones al año.



“Esta medida favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de los precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados”, explicó a Télam Eduardo Franciosi, el director ejecutivo de Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Argentina (Cilfa), que nuclea a las compañías de origen nacional.

La resolución 56/2016 del INPI, con fecha del 12 de setiembre último, faculta a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4 de la ley 24.481, y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes, cuando se acredite que ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos estándares de aplicación que los aplicados por la Argentina.

Sin embargo, Franciosi indicó que esta medida “es una forma indirecta de dejar sin efecto las Pautas para el Examen de Patentabilidad de las Solicitudes de Patentes de Invenciones Químico-Farmacéuticas, establecidas para prevenir los efectos nocivos de la práctica del evergreening”.

En ese sentido, explicó que “el evergreening son las estrategias de empresas farmacéuticas multinacionales para obtener patentes para cambios triviales o sin importancia terapéutica de medicamentos ya existentes, con el propósito de extender la vida de la patente original”.

“Así, una misma invención que en teoría puede tener un máximo de 20 años de protección, por la estrategia del evergreening puede llegar a tener un monopolio de 40 o más años”, aseguró el ejecutivo del Cilfa.

Ante la consulta de Télam, desde el INPI y el Ministerio de Producción explicaron que por el momento no van a responder a la denuncia de los laboratorios nacionales, lo mismo que tampoco hubo una declaración de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que aglutina a las grandes multinacionales extranjeras, al requerimiento de esta agencia.

Los últimos números referidos a la industria farmacéutica en Argentina, proporcionados por los propios laboratorios, dan cuenta que entre el último trimestre de 2014 y el tercer trimestre del 2015 la facturación del sector, sin contabilizar el IVA, fue de $42.887 millones, que medidos en la cotización promedio del dólar en ese periodo da US$ 4.765 millones.
De este total, el 74,45%, $ 31.933 millones, correspondieron a productos fabricados en el país, tanto por laboratorios nacionales como extranjeros, y el resto fueron importados.

Además del Cilfa y Came, el sector se completa con la Cooperativa de Laboratorios Argentinos (Cooperala) y la Cámara Argentina de Medicamentos Genéricos (Capgen).

De acuerdo con un trabajo del Ministerio de Economía de junio de 2015 sobre el complejo farmacéutico, en la Argentina funcionan unos 250 laboratorios, pero los primeros 20 en facturación representan alrededor del 80% de las ventas totales.
Cuatro distribuidoras de medicamentos, controladas por laboratorios, concentran el 79% de las ventas.

Ellas son Rofina (de Roemmers Roemmers), Disprofarma Disprofarma (Bagó), Farmanet (Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim) y Global Farm (laboratorios estadounidenses).

Según un informe de la consultora IMS Health, el 77% del mercado minorista se canaliza a través de las distribuidoras; y las droguerías, por su parte, entregan medicamentos a las farmacias y a las instituciones de salud.

Existen 445 droguerías registradas, de las cuales cuatro concentran cerca del 70% del mercado: Droguería del Sud, Droguería Monroe Americana (Grupo Gomer), Droguería Suizo Argentina y Droguería Barracas.

“Las pautas argentinas establecieron criterios rigurosos para el examen de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”, explicó Franciosi, quien indicó que “la aplicación de estos criterios de patentabilidad tuvo efectos muy positivos para la salud pública, los consumidores y la competencia en el mercado farmacéutico en el período transcurrido entre mayo del 2012 y setiembre de 2015”.

El ejecutivo de Cilfa precisó que en ese periodo “se concedieron 159 patentes farmacéuticas, lo que significó una reducción del orden del 75% anual respecto a las otorgadas hasta el dictado de las pautas”, y añadió que “se denegaron aproximadamente 489 solicitudes”.

“De estas 489 patentes denegadas, sólo 22 casos fueron judicializados a fin de que se revocara la decisión denegatoria”, concluyó. 
 
 
original  http://www.telam.com.ar/notas/201609/164537-gobierno-nacional-laboratorios-patentes-quimico-farmaceuticas.html

domingo, 25 de septiembre de 2016

Argentina. El zorro en el gallinero: Oficina de marcas y patentes en manos de abogados de empresas multinacionales

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La empresa PAGBAM PI es una firma que provee una amplia gama de servicios relacionados con la protección y el cumplimiento de todos los derechos de Propiedad Intelectual, desde las áreas más tradicionales, como patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales y comerciales, diseños industriales y variedades vegetales, hasta las manifestaciones más recientes, como los nombres de dominio, Internet y derechos de privacidad. Asimismo, contamos con experiencia en derechos de publicidad y marketing.
El grupo de Propiedad Intelectual cuenta con un equipo multidisciplinario capaz de asistir a nuestros clientes en casos complejos. Abogados, ingenieros, químicos, asistentes legales y personal administrativo trabajan en conjunto para brindar una óptima calidad de servicios legales y una solución personalizada a cada cliente. A través de nuestra red de corresponsales prestamos servicios relacionados con la Propiedad Intelectual en todos los países de América Latina. Nuestra organización nos permite además administrar una cartera local o regional de patentes, marcas y derechos de autor de compañías multinacionales. Estamos convencidos de que abordar las necesidades de nuestros clientes desde un enfoque proactivo redunda en beneficio de estos. Por ello dedicamos una parte importante de nuestra práctica al asesoramiento legal a fin de encontrar la mejor manera de proteger los activos intangibles. La experiencia nos ha demostrado que en la mayoría de los casos un asesoramiento legal oportuno evita un litigio innecesario. Pese a ello, en caso de que surgiera la necesidad de litigar, contamos con un equipo completo y multidisciplinario de abogados, químicos e ingenieros que goza de una fuerte reputación en los Tribunales Federales. Ellos se encuentran preparados para enfrentar cualquier disputa referida a los derechos de Propiedad Intelectual“.
Esta presentación corresponde al estudio jurídico PAGBAM, siglas de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). PAGBAM PI se fundó originalmente en 1995 cuando los doctores Fernando Alonso y Dámaso Pardo decidieron establecer su propio estudio. La práctica se inició con el nombre de Alonso, Pardo & Asociados.
En el año 2001, Alonso, Pardo & Asociados y el estudio de práctica general y corporativa Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) decidieron “combinar sus prácticas y establecer una alianza estratégica”, afirman los socios.
Antes de asumir el pasado mes de junio en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Pardo debió suspender su matrícula de agente de la propiedad industrial ante el INPI, como así también renunciar a la participación societaria que mantenía en la firma PAGBAM: como se aprecia, la incompatibilidad es manifiesta.
Su socio, José Alfredo Martínez de Hoz (hijo) fue quien realizó lobby ante el gobierno para lograr ubicarlo al frente del INPI controlando, ya no desde afuera, sino ahora desde adentro, todos los procesos de resoluciones de marcas y patentes en el país. En Argentina alrededor del 50% de las solicitudes de marcas y el 90% de las patentes pertenecen a empresas extranjeras. Se sabe que este estudio de abogados fue además socio aportante de la campaña presidencial de Mauricio Macri.
PAGBAM no solamente se ha dedicado a la propiedad industrial, sino también a defender los intereses de las empresas transnacionales contra el Estado argentino ante el CIADI y demas tribunales internacionales. El presidente del INPI trabajó antes como abogado de empresas sobre las que ahora debe decidir otorgar derechos exclusivos de explotación por 20 años.
El socio en PAGBAM especialista en marcas y docente en la Universidad del Opus Dei (Univ.Austral), Dámaso Pardo,  es el encargados de garantizar los nuevos negocios que se van a generar a partir de la concesión de patentes biotecnológicas y farmacéuticas en Argentina.
Confirmando esto, Pardo emitió una resolución administrativa publicada en el boletín oficial a la medida de las empresas extranjeras en la Argentina que impacta directamente en  los intereses económicos de los laboratorios farmacéuticos nacionales quienes ocupan un 50 % del mercado de los medicamentos en el país.
Esta resolución ha sido duramente fustigada por las cámaras farmacéuticas locales, quienes ven a esta decisión inconstitucional y violatoria de varias leyes nacionales. Esta resolución permite que oficinas de patentes de otros países decidan sobre el patentamiento en nuestro país, pues mediante una simple instrucción se faculta a los examinadores de patentes argentinos a dar por válidos los resultados de patentabilidad resueltos por examinadores de EEUU, Unión Europea o Japón, quienes poseen más del 90% de las patentes del Mundo.
Con esta resolución la oficina de patentes de Argentina se convierte en un simple registro que permitirá sin embargo otorgar un monopolio para cada uno de los productos que presenten las empresas extranjeras concentrando aún más la economía en manos de las empresas y aumentando las ganancias del sector farmacéutico transnacional en el mercado argentino.
Pardo y su banda están consumando una gran maniobra jurídica y económica para lograr que sus habituales clientes se hagan de un botin de millones de dólares al conceder patentes a estas empresas, ahora desde adentro del INPI, obligando a su empleados a cumplir con la Resolución 56 /2106.
Los examinadores de patentes argentinos deberán aprobar los informes de búsqueda internacional y exmen de patente realizados por oficinas extranjeras que contemplan,por ejemplo, los segundos usos farmacéuticos, las variedades vegetales o las patentes de software.
Esta resolución administrativa  “fast track”, transfiere la decisión soberana de conceder o denegar patentes a organismos extranjeros o supranacionales. Dámaso Pardo y el gobierno de Macri, como agentes personeros estadounidenses en Argentina, pretender modificar la ley de patentes nacional, invocando convenios con otras oficinas pasando por alto al Congreso Nacional y usurpando sus funciones.
El zorro Pardo fue colocado en el gallinero (INPI) para desplumar a las empresas farmacéuticas nacionales, la sociedad argentina y apoderarse definitivamente del mercado de medicamentos local.

original en 
http://observadorpatentesur.blogspot.com.ar/2016/09/el-zorro-en-el-gallinero-oficina-de.html

Transnacionales avanzan hacia una “Patente Regional” para acelerar sus monopolio

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Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay se han unido bajo la tuetela de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y prosiguen con las directivas para  avanzar hacia una Patente Regional.
 
En la ciudad colombiana de Santa Marta, se reunieron los representantes de las Oficinas de Propiedad Industrial de estos países  y en el marco del Sistema de Cooperación en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL, se realizó una declaración conjunta que inició el Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH).
 
El Programa acelera el procedimiento de examen de patentabilidad de las Oficinas y reduce costos asociados al mismo evitando dobles esfuerzos de búsquedas y exámenes de patentes en paralelo, acelerando tiempos de tramitación”, aseguran sus promotores.
Según el anuncio, otra de las innovaciones de este acuerdo será la posibilidad de usar el producto del trabajo internacional PCT que elabore el INPI de Brasil y el INAPI de Chile, como oficinas ISA/IPEA, para beneficiarse del examen acelerado de patente en un país del PROSUR.
Expertos en propiedad intelectual consideran que mediante este procedimiento, las oficinas de cada país darán por válidas las patentes que se concedan en otro país y que ingrese desde las principales economías del mundo, creando un peligroso dispositivo de concesión masiva de patentes extranjeras que bloquearían nuevas tecnologías mediante la saturación de presentaciones de solicitudes de empresas transnacionales.
Los integrantes del PROSUR, una iniciativa tutela por la OMPI, supone según sus miembros facilitar y unificar varios procedimientos para patentar invenciones en la región, que en su mayor porcentaje corresponde a empresas de Estados Unidosy Unión Europea junto a Japón y Canadá.
Las oficinas aseguran que la implementación del acuerdo se hará conforme a las guías preparadas por parte de las Oficinas de Propiedad Industrial que establecen los requisitos, condiciones y procedimientos para participar en el Programa Piloto PPH, el cual estará a prueba por un periodo de tres años.
Bajo el argumento de promover la innovación se oculta el verdadero motivo de este acuerdo regional: otorgar monopolios de patentes por más de 20 años a empresas farmacéuticas y semilleras.
Las guías que le dan operatividad a este programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) estarán disponibles en las Oficinas de Propiedad Industrial respectivas, junto con los instrumentos necesarios para su utilización.
 
original

sábado, 24 de septiembre de 2016

La ONU recomienda saltarse las patentes de algunos fármacos cuando hay necesidad ciudadana

Pablo Trillo / Irene Bernal, eldiario.es 24 deseptiembre de 2016 

Un Panel de expertos de Naciones Unidas destaca la necesidad de que los gobiernos adopten una legislación nacional para saltarse las patentes de algunos fármacos cuando se convierta en una necesidad ciudadana
Las conclusiones, conocidas recientemente, ofrecen propuestas para cambiar un sistema de I+D farmacéutico que solo beneficia a la industria

 

El gasto farmacéutico desciende casi un 2% en julio, hasta los 11,1 millones
Imagen de archivo. Efe
Nunca antes en la historia de la humanidad el conocimiento científico y tecnológico nos había permitido tratar enfermedades como es posible hacerlo a día de hoy. Las causas de muchísimas enfermedades han sido identificadas ya. La lucha contra los virus, bacterias y parásitos ha mejorado exponencialmente. Y vivimos en una época en la que el desarrollo de medicinas, vacunas y métodos de diagnósticos permiten tratar o prevenir enfermedades que hace apenas años eran fatales.
Pese a todo, millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a medicamentos y a servicios médicos básicos. En muchos casos, los fármacos, vacunas o diagnósticos no han sido desarrollados o mejorados por ser relativos a enfermedades asociadas a la pobreza y por carecer de un margen importante de beneficio, afectando claramente a numerosas comunidades en países de rentas medias y bajas que soportan la mayor prevalencia de estas enfermedades.
Esta amenaza, hasta ahora ajena en muchos lugares del mundo, comienza a ser parte de la realidad de muchos países desarrollados, que corren el riesgo de ver fracturada la sostenibilidad de sus sistemas de salud por los altos precios de nuevos fármacos, dando lugar a Estados de bienestar incapaces de asumir el gasto para toda la población que los necesita.
Si a esto le sumamos la llegada de nuevas amenazas en forma de enfermedades o de enfermedades resistente a los fármacos, el panorama que nos encontramos es tan incoherente como desolador.

Un panel de expertos sobre acceso a medicamentos

La Secretaría General de las Naciones Unidas convocó el pasado noviembre un Panel de Alto Nivel sobre innovación y acceso a tecnologías de la salud para encontrar soluciones a esta incoherencia existente entre el derecho a la salud y las normas de comercio y propiedad intelectual, con la intención de poner el acceso a medicamentos en el centro de la reforma pública nacional e internacional.
Entre diciembre y febrero, el Panel (formado por un grupo de 16 personas de diferentes ámbitos expertos en temas de comercio, salud pública y derechos humanos) fue recibiendo propuestas desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, grupos de pacientes, centros de estudios, gobiernos e industria farmacéutica: hasta 182 propuestas llegaron a sus manos.
La alta participación y la variedad y calidad de las aportaciones de cada sector enriquecía el debate y auguraban un análisis complejo y minucioso del grupo de expertos. Un análisis que se ha hecho esperar demasiado pero que, finalmente, vio la luz recientemente pasada a través de un informe de 70 páginas que ofrece recomendaciones y propuestas para cambiar un sistema de I+D farmacéutico que se ha demostrado fallido, que solo beneficia a la industria, y que deja a millones de personas de todo el planeta desatendidas.
En el informe, los expertos profundizan en los siguientes aspectos: la propiedad intelectual; la inversión en tecnologías sanitarias; el modelo de innovación en sí mismo y la necesidad de revisarlo; la transparencia en el proceso de investigación, en los ensayos clínicos y en distribución y comercialización; e impulsar nuevos modelos colaborativos y abiertos.

Propiedad Intelectual

El Panel , en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración de Doha y los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Además, siguiendo el artículo 27 de este acuerdo sobre los ADPIC, expone la necesidad de aplicar definiciones rigurosas de lo que es una invención y su patentabilidad, con el objetivo de limitar el “evergreening” o reverdecimiento, una práctica habitual de la industria farmacéutica con la que, a través de variaciones mínimas en la formulación de medicamentos ya patentados, consiguen nuevas patentes que les permiten mantener el monopolio sobre éstos.

Transparencia y ‘Open Access’

Según el Panel, los gobiernos deben exigir a los fabricantes y distribuidores de tecnologías de la salud total transparencia en todo el proceso de fijación de precios. Es decir, que se conozcan las cifras de los costes de investigación y desarrollo, de la producción, de la comercialización y de la distribución del medicamento, incluyendo marketing (las empresas suelen añadir los costes de marketing a los de I+D para legitimar los altos precios) y otras subcategorías.
El panel recomienda además transparencia para cualquier financiación pública recibida por los fabricantes en el desarrollo del medicamento, incluidos los créditos fiscales, subsidios y subvenciones. Los gobiernos, sugiere también el informe, deben requerir que el conocimiento generado con inversión pública se comparta a través de modelos abiertos y colaborativos, y que las publicaciones fruto de dichas investigaciones se encuentren disponible para ser cotejadas por terceros.

Financiación y coordinación internacional

El informe destaca la necesidad de una mayor financiación de la I+D en salud pública y de impulsar modelos alternativos de innovación, más eficaces que el actual. Los expertos sugieren que parta de la financiación necesaria para el desarrollo de investigaciones olvidadas pueda venir con la puesta en marcha de mecanismos innovadores de financiación como, por ejemplo, los Impuestos sobre Transacciones Financieras (ITF) que negocian desde 2011 algunos países europeos.
Los expertos recuerdan la necesidad de seguir el debate iniciado en el seno de la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de negociar acuerdos globales sobre la coordinación, la financiación y el desarrollo de nuevas tecnologías en salud. Esto incluye las negociaciones sobre un acuerdo global de I+D vinculante y el impulso del conocido delinkage: es decir, desvincular los costes de investigación de los precios finales de las medicinas.
Un problema real
Las recomendaciones del Panel de Expertos identifican un problema real que ya no puede ser ignorado ni por el sector público ni por el privado. Los precios de los medicamentos incrementan a una velocidad imposible de asimilar por ningún Estado: mucho menos por sus ciudadanos. Precios secretos y establecidos de manera arbitraria por empresas que anteponen el lucro a la salud pública. Precios que disparan el gasto farmacéutico. Precios que, peor aún, coartan este gasto farmacéutico a costa de racionar tratamientos y terapias que llegan solo a unos pocos, o de frenar autorizaciones de nuevos medicamentos con valor terapéutico añadido.
Las recomendaciones del Panel de Expertos deben ser una guía internacional y nacional para darle coherencia a un sistema tan ineficaz como insostenible. En los próximos meses seremos capaces de ver si sirven de algo; si calan. Es cierto que muchas iniciativas solo prosperaran si el compromiso internacional se asume. No obstante, otras recomendaciones que tienen que ver con el dinero público invertido en I+D, proponen establecer condicionalidades que los Estados pueden asumir desde ahora mismo. El sector privado debe entender que la transparencia es la misma para todos los sectores industriales y que es por ello exigible. No podemos olvidar que el Estado es el principal cliente, y que el dinero con el que se pagan los medicamentos es de los ciudadanos.
Necesitamos un nuevo modelo de I+D en salud que responda a las necesidades de la población y de su salud, y no solo a los intereses financieros de las grandes compañías farmacéuticas. Desde organizaciones como Salud por Derecho, y a través de campañas como No Es Sano, llevamos muchos años denunciando este problema que nos afecta a todos y que pone en riesgo la vida de millones de personas alrededor del planeta cada día.