martes, 30 de junio de 2015

Los tratamientos médicos que enferman la economía familiar

Más de un centenar de patologías, conocidas como catastróficas, tienen altos costos para los pacientes y los sistemas de cobertura; afectan a 400.000 hogares

Fabiola Czubaj  | LA NACION, 30 de junio de 2015
 
Hay fármacos con precios que se cotizan en dólares y alteran la economía doméstica. Foto: Archivo 
 
Hay más de un centenar de enfermedades oncológicas, inmunológicas y hereditarias que pueden empobrecer a una familia. Sus tratamientos incluyen fármacos con precios que se citan en dólares y, mes a mes, alteran la economía doméstica sin importar, en la mayoría de los casos, la cobertura. De hecho se las denomina enfermedades catastróficas y el acceso a sus tratamientos son el principal motivo de judicialización de la salud.
"En la Argentina hay alrededor de 400.000 hogares en los que casi dos millones de personas cayeron en la pobreza porque uno de sus miembros padece una enfermedad muy costosa. La cobertura de esas enfermedades no está contemplada con precisión dentro del Programa Médico Obligatorio que deben cubrir las obras sociales y las prepagas. De modo que los pacientes que pueden recurren a demandas judiciales para conseguir que les financien sus tratamientos", explicó Federico Tobar, coordinador de la maestría en Administración de Servicios y Sistemas de Salud de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y consultor internacional en políticas de salud y medicamentos.
 
Cánceres, hepatitis C, hemofilia. esclerosis múltiple, VIH/sida, fibrosis quística, insuficiencia renal crónica antes y después de un trasplante o síndromes hereditarios poco frecuentes son algunos de los ejemplos de esta familia de enfermedades que exigen tratamientos con medicamentos de alto costo (MAC). Pero en los próximos años, con la aparición de nuevas terapias, hasta la diabetes o el colesterol alto podrían volverse catastróficas para los pacientes y un sistema de salud tan fragmentado como el argentino.
Ya existe, por ejemplo, una droga para la hepatitis C conocida como la píldora de los 1000 dólares, porque eso es lo que cuesta cada comprimido o terapias para enfermedades genéticas poco comunes, como el síndrome de Gaucher, que cuestan unos 400.000 dólares anuales por paciente.
Los amparos judiciales de los pacientes para que sus obras sociales o las prepagas cubran estos tratamientos crecen al 10% desde 2010, según datos informados durante las jornadas "Cobertura de enfermedades catastróficas como política de Estado", en la Facultad de Medicina de la UBA. En su presentación, el decano de la facultad, Sergio Provenzano, consideró este centenar de dolencias costosas uno de los mayores desafíos para la salud pública. Los resultados de una encuesta de la Fundación Güemes, que también se conocieron en la reunión, hablan de que al 45% de los argentinos les preocupa qué les pasaría si les detectaran una enfermedad cara.
"Para el sistema de salud, las enfermedades catastróficas son como un tumor que va creciendo y compromete su sostenibilidad -aseguró Tobar-. Para las obras sociales y las prepagas, el costo de estas enfermedades es cada vez mayor. Para los profesionales de salud y las instituciones prestadoras son un dolor de cabeza. En primer lugar, por la duplicación de esfuerzos: es frecuente que los pacientes peregrinen por diferentes servicios repitiendo consultas y estudios. En segundo lugar, por la baja certidumbre respecto de qué será cubierto por las entidades financiadoras. En tercer lugar, porque la ausencia de protocolos que indiquen cómo deben ser diagnosticadas y tratadas estas enfermedades aumenta los riesgos de demandas por mala praxis."

Con reglas más claras

Y la industria farmacéutica tampoco escapa a este problema, que exige reglas más claras. Para Tobar, que coordinó un relevamiento para dar "Respuestas a las enfermedades catastróficas" del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Fundación Sanatorio Güemes presentado en las jornadas, sostuvo que el "panorama (para los laboratorios) no es del todo favorable" porque "es difícil establecer una estrategia de producción y comercialización donde no hay certeza de la cantidad de pacientes que requerirá cada tratamiento ni quién será responsable de financiar su cobertura".
En la publicación, los autores citan la última Encuesta Nacional de Gasto y Utilización en Salud: en 2010, el 6% de los hogares tenía gastos médicos por más del 34% de sus ingresos, un umbral que define cuándo una enfermedad se vuelve catastrófica. Es que cuando no se trata de antibióticos, analgésicos u otras drogas consideradas esenciales en la definición de la Organización Mundial de la Salud (genéricos que cubran las necesidades de atención prioritarias de la población, según la prevalencia de las enfermedades), los gastos de un tratamiento se salen de control.
Los motivos van desde la estructura del sistema de salud y el proceso de aprobación de los nuevos fármacos hasta los reclamos de las asociaciones de pacientes para acceder a los tratamientos, los intereses de la industria y la judicialización de la salud. "La fragmentación de nuestro sistema de salud atenta contra la implementación de políticas. No sólo se divide en público, prepagas y obras sociales, sino que éstos a su vez se subdividen: el resultado es una cobertura atomizada. Y cuando se habla de financiamiento, aparecen aún más dificultades. Son muchos los interlocutores para consensuar y sus agendas difieren. Todo esto, hoy define la gran complejidad para lograr un marco legal que permita una solución con equidad en el acceso a los servicios de salud y los tratamientos para los que lo necesitan", dijo Gabriela Hamilton, coautora del libro y máster en Sistemas de Salud y Seguridad Social.
Esteban Lifschitz, consultor en políticas sanitarias, coincidió. "No se trata de limitar el acceso, sino de corregir el sistema con principios claros: todo para quien lo necesita y nada para quien no lo necesita. Esto incluye contar con la evidencia que respalde la aprobación y la indicación de cada medicamento, con criterios de cumplimiento obligatorio. Que los pacientes comprendan que más y nuevo no siempre es mejor para su condición, que el sistema se lo demuestre y que la industria sepa qué fármacos serían más necesarios. Muchas veces se pone el foco en el costo y no en la evaluación: es necesario que demuestre en los papeles que sirve para lo que dice servir y para lo que fue aprobado.
Este mal gasto en los MAC se está llevando el presupuesto para cubrir los medicamentos prioritarios", dijo Lifschitz, coautor del libro del Cippec.
Si no, el tratamiento adecuado y oportuno lo seguirán recibiendo "quienes tengan determinada cobertura o puedan judicializar su necesidad", dijo Hamilton.
Un seguro nacional de protección universal ante las enfermedades catastróficas, la compra centralizada de medicamentos con licitaciones públicas internacionales, la actualización permanente de los protocolos de diagnóstico y tratamiento, y la historia clínica digitalizada en todo el país son las soluciones que propone el equipo del Cippec, formado también por María Teresa Bürguin Drago y Roberto Daniel Yjilioff.
"Definir respuestas adecuadas para las enfermedades de alto costo podría ser la piedra angular para construir un sistema de salud más equitativo y eficiente -propuso Tobar a modo de síntesis-. Consolidar un seguro que proteja a todos los argentinos ante unas 50 enfermedades de alto costo con tratamientos protocolizados ya generaría equidad y reduciría los costos de esas enfermedades en un 75 %.

http://bit.ly/1LFOz94

Drug Safety Update - Junio 2015




MHRA, 29 de junio 2015 
 

Contenido

1 SGLT2 inhibitors (canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin): risk of diabetic ketoacidosis

2 High - dose ibuprofen (≥2400mg/day): small increase in cardiovascular risk

3 Intrauterine contraception: uterine perforation— updated information on risk factors

4 Survey of medicines safety communications

5 Hormonal pregnancy tests and birth defects: call for evidence 




Inhibidores de SGLT2 (canaglifozina, dapagliflozina, empagliflozina): se han relacionado con un mayor riesgo de cetoacidosis diabética (CAD) incluso cuando los niveles de glucosa en plasma son casi normales. Se recomienda que en los pacientes que presentan síntomas de acidosis se realicen pruebas de cetonas y se suspendan que los inhibidores de SGLT2 si se sospecha de la CAD.

Ibuprofeno en dosis altas (> 2400 mg por día)

Una reciente revisión de la seguridad ha identificado riesgos cardiovasculares similares a la COX 2 inhibidores y diclofenaco. Se recomienda que se evite las altas dosis de ibuprofeno en pacientes con enfermedades cardiovasculares (incluyendoenfermedad isquémica cardiaca, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardiaca congestiva e hipertensión no controlada). Aquellos pacientes con estos problemas de salud que ya están tomando ibuprofeno a altas dosis deben ser revisados en futuras visitas.

Contracepción intrauterina y riesgo de perforación uterina

Se aconseja a los médicos a informar a las mujeres sobre los riesgos de perforación uterina antes de introducir un sistema intrauterino (SIU) o un dispositivo intrauterino (DIU). Se observa que la perforación se produce en menos de 1 de cada 1.000 mujeres y que los síntomas incluyen:
- dolor pélvico severo después de la inserción (peor que los calambres del periodo)
- dolor o sangrado abundante después de la inserción, que se prolonga durante más de unas pocas semanas
- cambios repentinos en los períodos menstruales
- dolor durante las relaciones sexuales
- Incapacidad de sentir los hilos

Debe pedirse a las mujeres que comenten si tienen alguno de los síntomas anteriores y también se les explica cómo comprobar los hilos y se solicita que vuelvan para un chequeo si no pueden sentirlos.





Encuesta de comunicaciones de seguridad de medicamentos

Se solicita completar una encuesta de comunicaciones de seguridad de medicamentos que evalua la experiencia del usuario sobre las comunicaciones de seguridad de la agencia reguladora, puntos de vista sobre su eficacia y sobre los canales de información preferidos por los usuarios. 
 



Pruebas de embarazo hormonales orales y defectos de nacimiento

Se hace un pedido para presentar cualquier evidencia considerada relevante para una posible asociación entre el uso de pruebas de embarazo hormonales orales, que estaban disponibles hasta finales de 1970, y efectos adversos sobre el embarazo o defectos de nacimiento.



Número completo disponible en http://bit.ly/1LFFJJm

lunes, 29 de junio de 2015

Argentina: El negocio de los remedios, en la mira oficial



Mariano Beristain, Tiempo Argentino, 29 de Junio de 2015


La rentabilidad media de los laboratorios orilla el 900% y los valores al público cada día son más altos. El déficit del sector aumenta año a año. Crece la puja política por un cambio de paradigma.

Pese a los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por reducir el impacto económico y social de sus costos, los medicamentos no han dejado de ser un lastre para los bolsillo de los ciudadanos y las divisas del país. 
De acuerdo a los últimos da tos oficiales correspondientes al 2014, la balanza local de remedios es deficitaria en U$S 1900 millones. El problema es que mientras en 2013 el rojo orilló los U$S 1700 millones, el año pasado se sumaron otros U$S 200 millones más, lo que evidencia que lejos de resolverse el problema se ha ido agravando.
Según consignó Tiempo Argentino, otro dato que refleja de forma elocuente el elevado costo de los medicamentos es que el  nivel de inversión en salud del 2013 en su conjunto alcanzó los $ 158 mil millones, de los cuales el 32% corresponde a medicamentos. 
Un porcentaje nada desdeñable si se recuerda que en el resto de los países del mundo el peso del gasto total en el rubro Salud de los medicamentos jamás supera el 17% y en promedio se ubica entre el 10 y el 16 por ciento.
La cadena de valor de la industria farmacéutica exhibe números llamativos de rentabilidad.
La cadena de valor de la industria farmacéutica exhibe números llamativos, cimentado en base a la publicidad libre y el acuerdo y cooptación de los médicos que incluye desde viaje hasta dinero en efectivo para que los galenos recomienden un medicamento en lugar de otro genérico y más barato.
Por ejemplo, las diez cápsulas de Lotrial, un medicamento de laboratorios Roemmers vital para controlar la presión después de los 40 años de vida, tiene un costo cada diez cápsulas de $ 6 pero en el mercado cuesta entre $ 120 y 140. Pero este fenómeno afecta particularmente a aquellos segmentos críticos de la población. 
Este es el caso de aquellos 1500 pacientes a nivel nacional que deben comprar la tobramicina en Aerosol por un precio promedio mensual de $ 30 mil con un costo anual para este colectivo que orilla los $ 540 millones. 
La tobramicina es una antibiótico aminoglucósido de amplio espectro especialmente destinado para bacterias de tipo gran negativas del tracto genital de la mujer (Escherichia coli, Chlamydia trachomatis, Gonococos), que cobra importancia en la recepción neonatal. Sin embargo este remedio también es vital para los pacientes con fibrosis quística y enfermedades pulmonares crónicas con colonización o infección.
Lo cierto es que este medicamento que obliga a los pacientes argentinos a desembolsar $ 540 millones al año podría fabricarse en laboratorios estatales a un costo de $ 40 millones, menos de la décima parte del total por año.
La rentabilidad promedio de los remedios se encuentra en el orden del 900% de media y en muchos casos supera con creces este número.  
Lo llamativo es que pese a la escandalosa rentabilidad del sector empiezan a percibirse algunos datos que muestran las dificultades que aún tiene el Estado argentino para fijar parámetros básicos a este poderoso sector. 
Por ejemplo, explica Jorge Rachid, coordinador de Salud del Ministerio de Defensa, "hay laboratorios que están patentando medicamentos biológicos que no son producto de investigación, sino similares, es decir copiados de innovaciones, cambiando algunas moléculas y conservando las propiedades clínicas del original". En otras palabras, los laboratorios obtienen ingresos extraordinarios sin que ello traiga aparejado nuevas inversiones del sector en materia de innovación en remedios.
La alta rentabilidad que obtienen las grandes firmas farmacéuticas no sólo plantean un dilema para el usuario sino también al sistema de salud de la Argentina. 
En este contexto, empiezan a profundizarse las consecuencias de la importación sin límites de remedios que podrían fabricarse tranquilamente en la Argentina a un precio menor y sin un costo en dólares para el Estado argentino. 
En el medio de estas necesidades, los intentos de romper con esta cadena de la felicidad que favorece a las grandes compañías farmacéuticas locales y multinacionales, la Argentina se tropieza con el enorme poder de lobby de este oligopolio que ha saboteado todas las veces que pudo aquellas iniciativas tendientes a romper con su hegemonía.

original http://bit.ly/1RLpAAR
 

domingo, 28 de junio de 2015

Sofosbuvir: "Juegan con la cura definitiva"




Jimena Segura, Tiempo Argentino 28 de Junio de 2015

Desde los '80, Freyre milita por el acceso libre de los tratamientos a infectados de HIV y se ha transofrmado en un especialista en la disputa por las patentes y los medicamentos.

"Los monopolios podrían hacer inaccesible el tratamiento a miles de infectados.".

Presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), Alex Freyre dialogó con Tiempo sobre las complicaciones que se presentan para que los infectados de hepatitis C puedan acceder al sofosbuvir que cura la enfermedad en el 90% de los casos, y que aún no ha llegado al país. El rol de los laboratorios y la estructura de la producción de un producto fundamental para la supervivencia.

–¿Cuál es el tratamiento al que hoy tienen que tener acceso los infectados con hepatitis C?
–Desde la Fundación Grupo Efecto Positivo venimos militando desde hace años como representantes de los pacientes mismos.Yo mismo tengo hepatitis C, y vi a varios compañeros morir o también hacer el tratamiento que hoy está disponible, que dura como un año, con Interferón y Ribavirinapor, con el que no se curan todas las personas y tiene efectos psicológicos adversos muy fuertes. Por eso, la única opción es el Sofosbuvir, que ya no se trata de la mejora en la calidad de vida sino en la cura y sin efectos adversos. Somos activistas que ya en los '80 venimos militando por el acceso al tratamiento por HIV y seguimos reclamando por las más de mil personas que se infectaron de este virus a través de transfusión sanguínea en 1984 porque el gobierno compró sangre barata, lo que impulsó la expansión de esta enfermedad en nuestro país. Así es que monitoreamos procesos de compra, y también impulsamos la fabricación nacional de medicamentos retrovirales, porque han faltado en nuestro país muchas veces medicamentos, como resultado de políticas económicas adoptadas.

–¿Cuál es la problemática con el acceso del Sofosbuvir?
–El Sofosbuvir está hecho en base a una molécula que no puede ser patentada según nuestra propia Ley de Patentes porque carece de innovación tecnológica. Sin embargo, el laboratorio Gilead/Pharmasset solicitó su patentamiento, lo que podría hacer inaccesible el tratamiento a los miles de infectados del país. Es muy frecuente en este laboratorio, y muchos otros, la práctica de evergreening, por el que agregan colorantes, excipientes para poder patentar algo como innovación tecnológica cuando no lo es. De esta manera, en los países como Argentina se abre la posibilidad de que se fabrique la versión genérica y que se importe el principio activo, que se fabrica actualmente en la India, Egipto o China. Pero hay tratados de libre comercio que impulsa la Unión Europea firmados con la India por los que les prohíbe vender ciertos principios activos a países como el nuestro. Entonces, tenemos una amenaza que nos obliga a pensar seriamente en el desarrollo de la industria farmacéutica estatal y la nacional privada porque hay riesgos de que no podamos importar los principios activos que no fabricamos. Si logran su patentamiento en la Argentina, seguramente el gobierno nacional tendrá que comprar este producto al precio que pueda negociar para los casos más urgentes, pero para darle cobertura sanitaria y la cura a toda la población con hepatitis C de nuestro país será inviable. 

–¿Hay avances de acercamiento a los productores del principio activo directamente?
–Para importar el principio activo se necesita que quien lo fabrica en su país venga a registrarse en el Anmat. Hay que pensar en qué lugares se puede comprar que no esté afectado por las presiones de tratado de libre comercio o por las que ejercen las multinacionales de la industria farmacéutica sobre los productores de la droga base. Nosotros lo estamos gestionando, hacemos un seguimiento de cuáles son los laboratorios que lo hacen para invitarlos a que vengan a hacer el registro, estamos teniendo reuniones. 

–¿Existe la tecnología para producir este principio activo localmente?
–No ahora. Si bien a nivel estatal la Argentina tiene una industria farmacéutica privada superior a la de Brasil, la producción estatal brasileña es superior a la de acá. Por eso hay que pensar en procesos regionales de compra, producción y distribución de medicamentos. Hay una preocupación fuerte a nivel regional por el tema de la hepatitis C. Unasur anunció la creación de un fondo para colaborar con esto, hay que ver cómo prospera, recién comienza. «

Nota Original http://bit.ly/1KkdPRs

Sofosbuvir: LA BOLSA O LA VIDA



Opinión: Lorena Di Giano, Tiempo Argentino, 28 de Junio de 2015

La hepatitis C representa una crisis de salud pública mundial. Cada año, 700 mil personas mueren de complicaciones hepáticas relacionadas con la enfermedad por no recibir el tratamiento que precisan.

El 20 de mayo de 2015, Hola Malena, la comunidad organizada, organizaciones sociales, organizaciones de personas con Hepatitis C; abogados y activistas defensores de la Salud Pública nos opusimos a una patente que Gilead Sciences (multinacional farmacéutica estadounidense) persigue en nuestros países para garantizar un monopolio que le asegure el cobrar precios exorbitantes por un medicamento que significaría la cura de millones de personas en el mundo.
Las oposiciones a las patentes indebidas se están llevando a cabo en Argentina, Brasil, Ucrania, Rusia mientras que se realizan marchas en Tailandia, Marruecos e India para prevenir el abuso del sistema de patentes de parte de Gilead y que cada persona que necesita el sofosbuvir pueda obtenerlo. 59 millones de personas viven con Hepatitis C en estos países. 
Ante la demanda desesperada de personas cuya salud depende del medicamento sofosbuvir, Gilead saca al mercado este medicamento a precios fuera del alcance de la mayoría de las personas que lo necesitan y fuera del alcance de los presupuestos públicos. Gilead busca patentar sofosbuvir intentando apropiarse de conocimiento que se encuentra en dominio público en un claro abuso al sistema de patentes. En nuestro país, se calcula que el tratamiento de 12 semanas podría costar entre 2.000 mil y 15.000 dólares. Estudios de la Universidad de Liverpool demuestran que el sofosbuvir puede ser manufacturado y vendido en forma genérica por U$S 101.
Gilead ha obtenido $ 16 billones de dólares en ganancias en los últimos 15 meses –en gran parte gracias a la venta de sofosbuvir– a expensas de la salud de la población y la apropiación de conocimiento público en países como EEUU. La búsqueda de patentes injustificadas y el consiguiente precio abusivo que permite el monopolio responden a un modelo de negocios que pone el lucro por encima de la salud pública.
La vida de cientos de miles de personas en Argentina está en juego, y la situación amerita una respuesta rápida desde las políticas públicas. La solicitud de patente que busca Gilead en Argentina debe ser rechazada porque no cumple con los requisitos legales, el rechazo de la patente pretendida garantizará la entrada de versiones genéricas de calidad y bajo precio y permitirá la producción local de este medicamento clave para controlar la epidemia de hepatitis C en Argentina. Los medicamentos no son mercancía, son bienes sociales para garantizar la salud de la población. «

Nota original en http://bit.ly/1U0kDrN

Sofosbuvir: SOBERANÍA SANITARIA, UN DERECHO



Opinión: Gonzalo Basile, Tiempo Argentino, 28 de Junio de 2015

Una cuestión social recurrente en el campo de la salud, no sólo a nivel nacional sino regional y global, es hasta qué punto la industria médico-farmacológica con su poder y diversificaciones de mercado (producen medicamentos-vacunas, tecnología, pero también agroquímicos, negocios financieros, otros) puede ser regulada-controlada recuperando soberanía sanitaria pública por los Estados. Este es la cuestión emergente que plantea el precio de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, en particular en el caso del Sofosbuvir, cuyo monopolio ostenta el laboratorio Gilead. Este último comercializa 12 semanas de este medicamento a un precio exorbitante –el precio de la terapia combinada es superior a los 40 mil euros en Francia, Alemania, Reino Unido o España– y llega los 80 mil dólares en Estados Unidos.
Hoy el 32% del gasto total en salud en Argentina (10% del PBI) es en medicamentos. Asumir este debate estratégico para la salud internacional en la construcción de políticas públicas sobre la fijación de los precios de los medicamentos y su impacto en los sistemas de salud pública radica en una cuestión clave para garantizar el derecho a la salud de nuestros pueblos. India rechazó la patente del Sofosbuvir, planteando que su producción en el país podría bajar en diez veces su valor. En el marco de la cooperación Sur-Sur en Salud, la Unasur planteó la creación de un "Fondo para la Negociación de Adquisiciones de Nuevos Medicamentos contra la Hepatitis C", pensando en la negociación y regulación al mercado de ganancias extraordinarias farmacéuticas y junto al ISAG-Unasur está implementando un banco de precios de medicamentos regionales y mapeando las capacidades para la producción pública de medicamentos esenciales en Latinoamérica. En la Argentina a partir de la reglamentación de la Ley nacional de Producción Pública de Medicamentos N° 26.688 junto a la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (existen unos 40 Laboratorios públicos), cuenta con las capacidades de ciencia y tecnología potenciando la red de laboratorios públicos para producir una plataforma estratégica de desarrollo y construcción de soberanía sanitaria pública para reducir progresivamente las dependencias externas y garantizar el acceso universal a los medicamentos como bien social y derecho de ciudadanía. «


Remedios: el negocio de la patentes puede poner en riesgo la vida de 750 mil argentinos




Jimena Segura, Tiempo Argentino,  28 de Junio de 2015

El laboratorio norteamericano Gilead se niega a otorgar las excepciones necesarias para que en la región se produzca el medicamento que cura definitivamente la hepatitis C. Los tratamientos privados cuestan hasta un 1000 por ciento más con relación a los precios que surgirían de la producción de genéricos en la red de laboratorios públicos.


Remedios: el negocio que puede poner en riesgo la vida de 750 mil argentinos


La Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) junto a la Red Argentina de Personas Positivas (Redar Positiva) presentaron semanas atrás un llamado de atención para que la Oficina de Patentes de Argentina rechace la patente solicitada por el laboratorio norteamericano Gilead/Pharmasset sobre el Sofosbuvir, un medicamento que tendría una efectividad del 95% para la cura de Hepatitis C, enfermedad que causa la muerte de cerca de 700 mil personas por año en el mundo.

Según consignó Tiempo Argentino, el rechazo a este patentamiento se suma al presentado por India y China, alegando que la molécula que Gilead busca patentar no es resultado de ninguna innovación sino que la misma ya existía en la industria farmacéutica. Las denuncias se extendieron a la organización internacional Médicos del Mundo (MDM), que presentó ante la Oficina Europea de Patentes que "la molécula no es lo bastante novedosa para justificar una patente".

LA INDUSTRIA MÁS RENTABLE

Desde Médicos del Mundo, señalaron a Tiempo que con una cifra de venta total aproximada de 900 mil millones de dólares y márgenes de rentabilidad muy por encima del promedio de la industria en general (ganancias de 200 mil millones de dólares anuales), la industria farmacéutica mundial sigue siendo uno de los sectores más prometedores para los negocios de acumulación del capital y garantía de rentas exponenciales. En la República Argentina, siendo junto a Brasil e India unos de los mercados emergentes más apetecibles, esas cifras se estiman en un 30% del gasto total en salud, es decir, un mercado de ventas en facturación ronda los 18 mil millones de dólares anuales.

La Fundación Grupo Efecto Positivo afirmó que Argentina cuenta con infraestructura y recursos humanos para fabricar medicamentos como el Sofosbuvir.

Y para el caso emblemático del Sofosbuvir, afirman que sólo en los primeros meses de comercialización del medicamento (Sovaldi), las ganancias de Gilead se estimaron por encima de los 10 mil millones de dólares, convirtiéndose en el fármaco más rentable a escala mundial.

Según el portal de salud Mirada Profesional, en Estados Unidos la Hepatitis C dispara las ventas de fármacos, y así en base al informe de la consultora IMS, el mercado farmacéutico tuvo una inyección de 373.900 millones de dólares por la venta de los nuevos medicamentos vinculados a esta enfermedad, conduciendo a un espectacular crecimiento de las ventas de más del 647,36% (12.300 millones de dólares en total) para 2014.

CURA PARA POCOS

Según MDM, para el caso del Sofosbuvir (Sovaldi), cuyo monopolio ostenta el laboratorio Gilead, el fármaco se comercializa "a un precio exorbitante", siendo el precio de la terapia combinada superior a los 40 mil euros en Francia, Alemania, Reino Unido o España, lo que en definitiva limita el acceso a ella de numerosos pacientes. En EE UU, el mismo tratamiento de 12 semanas por el que el paciente debe tomar dos pastillas por día cuesta 84 mil dólares (1000 dólares cada comprimido, de aquí que le llamen "la pastilla de los 1000 dólares").

En tanto que la patente pueda impugnarse, la ONG señala que "el medicamento puede entrar en competencia con versiones genéricas, que costarían sólo unos 100 dólares". Así también FGEPseñala que un reciente estudio de la Universidad de Liverpool ha demostrado que el mismo tratamiento podría ser producido por 101 dólares, eso significaría diez veces menos quesu costo actual, o sea un 1000% por ciento más económico.

UNA CARA CARIDAD

Gilead permite a once laboratorios de India la fabricación de Sofosbuvir genérico para su venta en el propio país y en otras 91 naciones con bajos estándares de desarrollo. Este mismo tratamiento en la India tiene un coste de 300 dólares y en Egipto de 900 euros. Pero de la posibilidad de fabricación del genérico quedan excluidos Argentina, Brasil, China, Ucrania y Rusia, por ser consideradas naciones de elevados ingresos según la clasificación realizada por el Banco Mundial (BM). El doble filo de tal clasificación empeora para estos países teniendo en cuenta que son justamente los países de renta media o media-alta los que presentan una mayor cantidad de infectados.

PRECIOS SUDACAS

Se estima que Gilead podría ofrecer a países latinoamericanos un precio con descuento de entre U$S 7000 y U$S 15.000 para el tratamiento de una persona por 12 semanas. Pero como señala FGEP, incluso con este descuento los precios son prohibitivos e inaccesibles como para dejar fuera del alcance a la mayoría de los afectados, mientras que se requeriría un presupuesto público desorbitante para que pueda obtener la cura la totalidad de los infectados. La renta media considerada por el BM, no alcanza.

En el caso argentino, si el tratamiento costara 7000 dólares, se requerirían más de 5 mil millones de dólares para dar cura a todos los infectados, y el presupuesto del Programa Nacional de control de Hepatitis Virales debería ser aumentado al menos en un 115.000%, señalan desde la Fundación. Lo que llevará indefectiblemente a la presentación de numerosos recursos de amparo frente a la limitación económica de acceder a un medicamento de supervivencia. El tratamiento, además, exige la asociación de Sofosbuvir con otros medicamentos de coste igualmente muy elevados.

PRODUCCIÓN NACIONAL Y REGIONAL

En caso de que sea rechazada la solicitud de patentes por parte de Gilead, la Argentina podría acceder a la importación del principio activo a fines de producir localmente el medicamento en cuestión. Desde RedLam, alertan sobre el hecho de que la mayoría de los países latinoamericanos han sido excluidos del ámbito de aplicación geográfico de la licencia y además "a los productores indios se les ha prohibido vendernos estos productos y la materia prima para fabricarlos."

Consultados por Tiempo, la Fundación Grupo Efecto Positivo afirmó que Argentina cuenta con infraestructura y recursos humanos para fabricar medicamentos como el Sofosbuvir, tanto en el sector privado como el público. Respecto al principio activo no habría obstáculos para traerlo de China.

Según MDM, en la Argentina, en el marco de los 40 laboratorios públicos existentes, se puede producir más del 85% de los 410 medicamentos esenciales listados por la propia OMS que son los que atacan el 95% de la patologías y enfermedades prevalentes.

En lo que compete a la producción del propio principio activo, hay que tener en cuenta que en los laboratorios argentinos durante muchos años, y gracias a la inexistencia de la ley de patentes, se destinaron fondos públicos y privados para la producción de las drogas básicas. Pero desde 1995, la OMC solicitó a los países integrantes que conformaran un marco legal bajo la amenaza de represalias comerciales. Es así como en la Argentina, la actual Ley de Patentes entró en vigor a partir de 2003, lo que junto con ciertas desventajas económicas, generó un deterioro de los laboratorios públicos o nacionales abandonando progresivamente la producción de droga base, que hoy es provista al mundo fundamentalmente por India y China.

Los criterios de "exclusión"

Según RedLam, en los 51 países de renta media excluidos por el acuerdo con el laboratorio Gilead habitan más de 50 millones de personas con Hepatitis C, siendo en Argentina cerca de 800 mil las personas que padecen esta enfermedad, aproximadamente seis veces más que los infectados con HIV (existiendo muchos casos de coinfección entre ambos virus).

En nuestra región, se encuentran excluidos del acuerdo de Gilead: Argentina Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela "representando una exclusión de más de 6 millones de personas que necesitan estos medicamentos" afirman desde la organización. De esta manera, tomando nuevamente un costo de 7 mil dólares el tratamiento del Sofosbuvir, se requerirían más de 13,6 mil millones de dólares para su cura.

MDM remarcó a Tiempo, que los países de la región tienen históricamente una balanza comercial deficitaria en cuanto a la cuestión del mercado de medicamentos. Es decir, se importa más de lo que se exporta casi un triple. A veces porque la industria farmacéutica, tanto nacional como multinacional, importa principios activos básicamente de la India y China, en cuestiones que podrían claramente ser producidas localmente. Esto explica el 25% de las importaciones. Los laboratorios multinacionales a su vez importan una parte de sus medicamentos para abastecer el mercado local, lo que por su parte representa el 75% de las importaciones totales.



Nota Original  http://bit.ly/1IFYIgN

Argentina: Sobreprecios de medicamentos


FUERTE DISPUTA CON LABORATORIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Por Alfredo Zaiat, Página12, 28 de junio de 2015


El cisplatino es una droga para el tratamiento del cáncer. 
El Ministerio de Salud la compra para abastecer programas nacionales de provisión gratuita de medicamentos esenciales. 
La convocatoria es por licitación pública y los laboratorios presentan ofertas. 
En la última hubo sobreprecios del 178 por ciento respecto al valor de la oferta de marzo de este año, y del 71 por ciento en relación con el de referencia determinado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). 
Frente a estos aumentos injustificados, el Ministerio de Salud envió una nota a la Secretaría de Comercio detallado la situación, denunciando los sobreprecios y alertando sobre el riesgo de desabastecimiento de ese fármaco en los planes nacionales. 
La situación crítica se resolvió en un mes, en un tiempo muy breve teniendo en cuenta los canales burocráticos del Estado, aplicando la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que reemplazó a la ley de Abastecimiento. 
Es un caso que revela por qué esta norma es motivo de resistencia por parte de grupos económicos concentrados y, a la vez, cuál es su utilidad para evitar abusos de firmas con posición dominante. 
Al mundo de la ortodoxia económica alimentado por el establishment tan preocupados por el aumento del gasto público, este caso lo pone en aprietos: la intervención estatal a través de esa cuestionada ley permitió un ahorro sustancial de recursos públicos, además de garantizar la provisión de una droga indispensable para el tratamiento del cáncer en un programa oficial de cobertura gratuito.

El Ministerio de Salud envió el 14 de mayo pasado una nota a la Secretaría de Comercio denunciando sobreprecios que le impedían comprar la droga cisplatino. Comercio emitió una resolución el 9 de junio comunicando a los laboratorios involucrados que por las facultades conferidas por la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo fiscalizará el stock existente de esa droga en sus plantas. Además les comunicó que estaban obligados a presentar ofertas iguales o menores al precio de referencia establecido por la Sigen, hasta cubrir el abastecimiento del mercado y el pedido realizado por Salud. En caso contrario, iba a ser multadas. Esa resolución fue notificada a los laboratorios y al ministerio. Con ese documento oficial, el 11 de junio Salud convocó para la compra directa por urgencia a los laboratorios y dos de ellos (ambos nacionales) se presentaron el 24 de junio y ofertaron por el precio testigo, cubriendo el total de lo demandado.
El jueves último se efectivizó la compra. La fecha de entrega será en los próximos quince días. Sólo por esta operación que redujo el precio pretendido inicialmente por los laboratorios de 1.238.462 pesos al definido por la Sigen de 725.510 pesos, generó un ahorro para el Estado de 512.952 pesos para los próximos seis meses. Este es uno de los caso pero que se repiten en otras drogas que el Ministerio de Salud está interviniendo para garantizar el abastecimiento sin sobreprecios (ver cuadro).
En los procesos de contratación de medicamentos para HIV, tuberculosis y cáncer los laboratorios ofertaron con sobreprecio. Se trata de medicamentos esenciales que se distribuyen a través de programas sanitarios nacionales a lo largo de todo el país. El comportamiento abusivo e injustificado fue tanto de los laboratorios extranjeros como de los nacionales. En el cuadro se observa un listado de medicamentos de diferentes programas del Ministerio de Salud (HIV y Banco de Drogas Oncológicas). Sobreprecios del 26 al 1317 por ciento respecto de los precios de referencia de la Sigen y de los de compras anteriores. Esas variaciones no sólo imposibilitaban legalmente a Salud la compra de esas drogas en esos términos, sino que además le planteaba un conflicto: tener que decidir frente al gasto desmesurado en un rubro (en este caso de medicamentos) sobre qué otra área o programas de salud recortar presupuesto. Para eludir esa disyuntiva, Salud apeló a la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Con la resolución favorable, espera que el caso de la droga cisplatino actúe de disuasivo y discipline a los laboratorios. Si la resistencia persiste, todavía le queda otras herramientas de regulación: la importación de emergencia autorizada por desabastecimiento o por subas desproporcionadas de precios a través de compra directa, por ejemplo a laboratorios de India o China con precios muchos más baratos.
El 5 de junio pasado, los ministerios de Economía y Salud emitieron una resolución conjunta que dispuso una ampliación en la reglamentación para las excepciones en la inscripción en el registro de medicamentos de la Anmat, paso previo para la comercialización del producto (artículo 2 del decreto 150/192 que ordena la creación de ese organismo público). El ministro de Salud, Daniel Gollán, incorporó en las excepciones, además de por una situación de emergencia, las que emergen por subas desmedidas de precios o por desabastecimiento. Ante esa eventualidad, Salud puede comprar medicamentos que no están anotados en el registro o importando de países del anexo 2 detallados en ese decreto. La Anmat luego deberá realizar un control lote por lote para garantizar la calidad. Y si aún las firmas proveedores locales no alinean sus precios o normalizan el abastecimiento, queda la posibilidad de subir de categoría a India y China (los precios son mucho más baratos) del anexo 2 al 1 (alta vigilancia farmacológica) de ese decreto, donde están detallados los países donde los trámites de aceptación no superan de 2 a 3 meses frente al año promedio en el otro listado. Mediante una vía abreviada para la inscripción en el registro de medicamentos las operaciones se concretan con más facilidad incluso para la participación de licitaciones públicas.
En el cuadro que acompaña esta nota se presentan algunos de los medicamentos con los cuales el Ministerio de Salud ha tenido problemas en las últimas licitaciones públicas por sobreprecios. Sumando solamente estos casos, y de haberse aceptado los sobreprecios ofertados por los laboratorios, se habrían pagado 3.700.000 pesos de más.
Esta tensión por los precios expresa la confrontación del concepto de Salud como derecho o como mercancía. Son dos modelos antagónicos. La política oficial de medicamentos se enfrenta a esa situación reflejada en estos conflictos por precios. Para los laboratorios los medicamentos son una mercancía a la que buscan extraerle la máxima ganancia en la venta al público, y con las compras del sector público pretenden ampliarla aún más puesto que el Estado es el principal cliente.
El Ministerio de Salud invirtió en medicamentos aproximadamente el 25 por ciento de su presupuesto anual en 2014: casi 4000 millones de pesos. De ese monto, 2500 millones fueron destinados para la distribución a través de programas del Ministerio (por ejemplo, provisión gratuita de medicamentos esenciales, el Remediar y otros destinados a diversas enfermedades como el HIV y oncológicas). Dentro de estas compras el 95 por ciento fueron concretadas a laboratorios privados, de los cuales 74 por ciento son nacionales y el 26 por ciento restante extranjeros. Con el programa Remediar se cubrieron 38 millones tratamientos para diferentes patologías por año con un gasto de unos 450 millones de pesos, y 1000 millones de pesos fueron asignados para la provisión de medicamentos del programa Federal Incluir Salud. Además el Estado financió a través del PAMI prestaciones farmacéuticas por 15.821 millones de pesos en el último año.
Desde el 2003, la industria farmacéutica argentina ha crecido en forma sostenida alcanzando ventas de 35 mil millones de pesos en 2014, según un informe elaborado en el Ministerio de Economía. Durante los últimos doce años los laboratorios nacionales lograron describir un salto cualitativo y cuantitativo en su nivel de competitividad generando un aumento de casi 400 por ciento de sus exportaciones y una mayor participación en el mercado local. El sector farmacéutico ha sido uno de los más beneficiados por los créditos oficiales a tasa subsidiada denominado Bicentenario. A través de esta línea, entre 2010 y 2013 la industria obtuvo préstamos por 1043 millones de pesos. Además han recibido beneficios impositivos y subsidios.
En el campo de la salud, el acceso a los medicamentos es uno de los temas más críticos y por ese motivo la intervención estatal es un constante desafío para garantizar el abastecimiento por precio y calidad. En estos años se ha consolidado como una política de Estado para mejorar el acceso de la población a los tratamientos adecuados y oportunos. Los sobreprecios de los laboratorios afectan el despliegue de esa política y la ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo se ha convertido en una primera instancia para ordenar un mercado tan sensible.

 Nota Original
http://bit.ly/1U0ouFd

viernes, 26 de junio de 2015

TPP: la evaluación de los derechos humanos debe preceder a las negociaciones, dicen expertos de la ONU


Alejandra Ancheita, Red Tercer Mundo  26 de junio de 2015 - No. 215 - Año 2015

Luego de que diez expertos de las Naciones Unidas dijeron que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) podrían potencialmente perjudicar los derechos humanos, importantes voces en defensa de los derechos humanos en los países del TPP dieron la alarma y pidieron que se detuvieran las negociaciones hasta que se realizaran las adecuadas evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos. 

Entre otros, se encuentran los ex Comisionados de las Comisiones de Derechos Humanos de Malasia y Nueva Zelanda, Oxfam América, el Consejo de Canadienses, la Red de Comercio Justo e Inversiones de Australia, Derechos Humanos Ahora (Japón), Derechos Digitales (Chile), Acción Internacional para la Salud (Perú), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (México).

El 2 de junio, 10 expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación sobre el posible impacto negativo del TPP sobre los derechos humanos. Recomendaron que se hagan las evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos antes de continuar con las negociaciones del TPP.
Criticaron la extrema reserva en torno a las conversaciones y el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado, que permite a las empresas extranjeras demandar a los países en relación con las leyes y políticas que limitan sus ganancias en las inversiones. Los relatores dijeron que esto tendría un efecto negativo en la capacidad de los países para promulgar leyes que protejan las normas medioambientales y sociales.
También llamaron la atención sobre el posible impacto negativo que estos tratados y acuerdos podrían tener en el disfrute de los derechos humanos consagrados en los instrumentos jurídicamente vinculantes, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, y dijeron: “Nuestras preocupaciones se refieren a los derechos a la vida, el alimento, el agua y el saneamiento, la salud, la vivienda, la educación, la ciencia y la cultura, la mejora de las normas laborales, un poder judicial independiente, un medio ambiente limpio”.
Las negociaciones finales del TPP podrían realizarse apenas dos semanas después de la aprobación de la autoridad de vía rápida, un proyecto de ley que aceleraría su aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos que se encuentra en curso.
El TPP es un acuerdo de libre comercio de gran alcance que actualmente están negociando 12 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Algunos de los temas que abarca este acuerdo son las regulaciones sociales, ambientales y laborales, la privacidad, los costos de los medicamentos, los servicios públicos, la regulación financiera y la agricultura.
Comentarios de expertos
Muhammad Shaani Abdullah, ex comisionado de la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malasia – SUHAKAM) y Secretario General Adjunto de la Sociedad para la Promoción de los Derechos Humanos (Persatuan Promosi Hak Asasi Manusia – PROHAM).
“A la luz de las preocupaciones expresadas y de las recomendaciones de los diez expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, SUHAKAM debe hacer una evaluación del impacto sobre los derechos humanos del TPP antes de continuar con las negociaciones o de que se tomen decisiones acerca del acuerdo. El gobierno de Malasia debe proporcionar fondos suficientes para que la SUHAKAM lleve a cabo esta evaluación del impacto sobre los derechos humanos”.
Peter Hosking, Presidente de la Fundación de Derechos Humanos de Aotearoa Nueva Zelanda (HRF) y ex Comisionado en la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda.
“La Fundación de Derechos Humanos de Aotearoa Nueva Zelanda (HRF, por sus siglas en inglés) pide a la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda que realice una evaluación del impacto del TPP sobre los derechos humanos (y al gobierno que dé los recursos adecuados para que la HRF pueda llevar a cabo esta evaluación) antes de que las negociaciones del TPP continúen. Esto sucede a la luz de la preocupación expresada por 10 expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sobre el posible impacto negativo del TPP sobre los derechos humanos”.
Kazuko Ito, Secretario General de Derechos Humanos Ahora en Japón (http://hrn.or.jp/eng/)
“Las preocupaciones planteadas por los expertos de la Naciones Unidas merecen la mayor consideración en la mesa de negociación del TPP. Nos preocupa profundamente que el proceso de negociación excluya totalmente a comunidades que puedan verse afectadas, y niegue los derechos de información y participación. Además, nos preocupa que una amplia gama de protección de los derechos humanos en Japón esté en juego como consecuencia de la negociación, especialmente en relación con la sección de ISDS. Japón debería hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar cualquier deterioro de la situación de los derechos humanos de las personas que podrían verse afectadas por el TPP”.
Javier Llamoza, de Acción Internacional para la Salud de Perú.
El TPP es un nuevo y gran obstáculo para que Perú pueda satisfacer las necesidades de tratamiento a las que todas las personas tienen derecho y mejorar la atención del sistema público de salud, que atiende principalmente a los pobres y pobres extremos. El derecho humano a la salud está seriamente amenazado por este acuerdo, afirmó.
Patricia Ranald, Coordinadora de la Red de Comercio Justo e Inversiones de Australia (AFTINET).
“La declaración de los relatores de las Naciones Unidas subrayó las preocupaciones de las organizaciones comunitarias de Australia en cuanto a que el TPP podría tener un impacto negativo en muchas áreas de los derechos humanos. El texto del TPP debería lanzarse ahora para que sea posible realizar una Evaluación completa de su Impacto sobre los derechos humanos”.
“Los derechos humanos son la base fundamental para todas las sociedades. Es esencial que conozcamos el verdadero costo humano de tales acuerdos, incluso antes de considerarlos. Teniendo en cuenta el alcance y el poder del TPP, y el hecho de que la mayoría de nosotros no tenemos acceso a los detalles, es realmente preocupante que los gobiernos no se detengan y analicen en lo que se están metiendo. Otra ronda de negociaciones es ridícula en este contexto”.
Maude Barlow, Presidente Nacional, Consejo de Canadienses, Canadá.
“Si la democracia se trata realmente de la participación activa de la ciudadanía en las decisiones políticas y la protección de sus derechos humanos básicos, el TPP es una de las mayores amenazas para la democracia en este momento. Y no solo porque se decide a espaldas de la gente, sino porque las reglas acerca de cómo se tomarán nuestras decisiones públicas en sectores críticos de nuestro espacio ya están decididas”.
Claudio Ruiz, Derechos Digitales (Chile).
“En el mejor de los casos, el comercio puede ser un motor para la reducción de la pobreza. En el peor, los acuerdos de libre comercio como el TPP pueden socavar los derechos humanos universales.
Stephanie Burgos, Administradora de Políticas de Justicia Económica, Oxfam América.
“El diablo está en los detalles, y los detalles sobre el TPP aún son un secreto. Pero los textos filtrados señalan el peor de los escenarios. Oxfam acoge con beneplácito la participación de expertos de las Naciones Unidas y está de acuerdo en que solo una evaluación completa del impacto sobre los derechos humanos mostrará si el acuerdo está escrito en beneficio de intereses especiales o del interés público más amplio”.
En la discusión sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y los derechos humanos laborales es fundamental que los Estados firmantes retomen el concepto de “trabajo decente”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como una forma de ratificar su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos laborales (ingreso digno, condiciones de trabajo seguras, seguridad social, libertad de asociación, entre los más importantes). Para México, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que constituye el referente más próximo de lo que puede ocurrir con la implementación del TPP, tuvo como consecuencia la puesta en vigor de reformas estructurales que han implicado la pérdida de derechos humanos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la libre sindicalización, al acceso a un salario digno, a condiciones dignas de trabajo y al acceso a la justicia.
La firma de estos acuerdos comerciales, en los cuales las empresas trasnacionales juegan un papel determinante, tendrá como resultado la puesta en marcha de políticas, traducidas en reformas estructurales, que derivarán en un aumento de las violaciones a los derechos y en el incumplimiento de uno de los principales deberes de los gobiernos: la protección, respeto y garantía de los derechos humanos.
Ginebra, 24 de junio de 2015.
Alejandra Ancheita es directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC).
Por más información, póngase en contacto con:

  • Muhammad Sha’ani Abdullah: mdshaanXXi@gmail.com, teléfono celular +6013-3363647
  • Peter Hosking, teléfono celular: +6421660275
  • Shoko Uchida (Japón), Tel.:+81-3-5209-3455, E-mail: kokusai@parc-jp.org
  • Javier Llamoza, Acción Internacional para la Salud – Red Ge, teléfono celular: +51998603206, javierllamoza@aislac.org
  • Dra. Patricia Ranald, AFTINET, campaign@aftinet.org.au, teléfono celular: +61 419 695 841
  • Leila Marshy, Relaciones con los medios, Consejo de Canadienses, teléfono celular +1613 618-4761
  • Vladimir Garay, Derechos Digitales, teléfono: (+56 2) 2702 7108; prensa@derechosdigitales.org
  • Laura Rusu, Administradora de medios de políticas y campañas Oxfam América, teléfono de la oficina: +1 (202) 496-1169, teléfono celular: +1 (202) 459-3739
  • Adriana Aguilar, ProDESC, adriana@prodesc.org.mx, teléfono de la oficina: +52 (55) 5212 2230 y +52 (55) 5212 2229, teléfono celular: +52 1 55 15 03 24 10
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NOTA original http://agendaglobal.redtercermundo.org.uy/2015/06/24/tpp-evaluacion-derechos/
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miércoles, 24 de junio de 2015

El pochoclo ( las palomitas) del cine engorda más y tiene más sal que dos hamburguesas con queso



Un estudio ha desvelado, además, que una ración puede tener la misma cantidad de azúcar que tres latas de refresco
 
Abc.es 18 de junio de 2015
 
 
 
 
Las palomitas han pasado de ser un aperitivo sano, a comida basura - Fotolia
 
Una tarde de cine no suele estar completa sin una buena ración de palomitas (eso, si el dinero lo permite, pues no son precisamente baratas). El aperitivo, a priori, no tendría por qué ser insano, pues el maíz es una fuente de vitaminas B-6 y C

No obstante, un nuevo estudio realizado por el grupo «Consenso en la Acción sobre la Sal y la Salud» ha determinado que la realidad es bien diferente. ¿La razón? Una ración de este tentempié puede llegar a contener (dependiendo del tamaño) una cantidad de sal equivalente a la que tienen dos hamburguesas con queso y azúcar por valor a tres latas de refresco. 

Este estudio ha venido a desvirtuar todavía más las palomitas que se adquieren en el cine, las cuales cuentan además con muchas calorías

Concretamente, 
una ración pequeña suele contener 400 calorías (una cantidad similar a la de una hamburguesa con queso), 
750 si es de tamaño mediano y,
 finalmente, 1.200 en el caso de que se apueste por los gigantescos cubos que se ofrecen a las puertas de la gran pantalla. 

Si se considera que la ingesta de calorías recomendada para un adulto a diario debería oscilar entre las 1.500 y las 2.000 calorías, se puede apreciar la factura que pasamos por «picar algo» en el cine.

Una peligrosa cantidad de sal y azúcar

El estudio ha sido realizado con muestras recogidas en los cines de Lancashire (en Gran Bretaña). Los resultados obtenidos no han podido ser peores, pues han desvelado que una ración mediana de palomitas puede contener (dependiendo del establecimiento) entre 3,1 gramos y 5,1 gramos de sal.


Esta cantidad es equivalente a la que se encuentra en dos hamburguesas -con sus respectivas patatas fritas- adquiridas en cualquier cadena de comida rápida. «Las palomitas de maíz se han reinventado a sí mismas. Han pasado de ser una merienda saludable y sabrosa, a contener peligrosos niveles de sal», ha explica al «Daily Telegraph» la nutricionista Sonia Pombo.

De la misma opinión es Graham MacGregor, presidente de la asociación responsable del estudio: «Este es un ejemplo perfecto de cómo se puede coger algo bueno para la salud y arruinarlo añadiendo grandes cantidades de sal. La sal aumenta nuestra presión arterial, dando lugar a accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas La reducción de sal es una de las medidas más cefectivas para reducir el número de muertes en este sentido».
Otro tanto sucede con el azúcar que se incluye en las palomitas de los cines. Y es que, estas suelen contener una cantidad equivalente a la que se puede hallar en tres refrescos de cola. A su vez, esta cuantía aumenta hasta los 121 gramos (unas 30 cucharaditas) por una ración de 200 gramos en el caso de las famosas palomitas de caramelo.