Opinión: Gonzalo Basile, Tiempo Argentino, 28 de
Junio de 2015
Una cuestión social recurrente en el
campo de la salud, no sólo a nivel nacional sino regional y global,
es hasta qué punto la industria médico-farmacológica con su poder
y diversificaciones de mercado (producen medicamentos-vacunas,
tecnología, pero también agroquímicos, negocios financieros,
otros) puede ser regulada-controlada recuperando soberanía sanitaria
pública por los Estados. Este es la cuestión emergente que plantea
el precio de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, en
particular en el caso del Sofosbuvir, cuyo monopolio ostenta el
laboratorio Gilead. Este último comercializa 12 semanas de este
medicamento a un precio exorbitante –el precio de la terapia
combinada es superior a los 40 mil euros en Francia, Alemania, Reino
Unido o España– y llega los 80 mil dólares en Estados Unidos.
Hoy el 32% del gasto total en salud en
Argentina (10% del PBI) es en medicamentos. Asumir este debate
estratégico para la salud internacional en la construcción de
políticas públicas sobre la fijación de los precios de los
medicamentos y su impacto en los sistemas de salud pública radica en
una cuestión clave para garantizar el derecho a la salud de nuestros
pueblos. India rechazó la patente del Sofosbuvir, planteando que su
producción en el país podría bajar en diez veces su valor. En el
marco de la cooperación Sur-Sur en Salud, la Unasur planteó la
creación de un "Fondo para la Negociación de Adquisiciones de
Nuevos Medicamentos contra la Hepatitis C", pensando en la
negociación y regulación al mercado de ganancias extraordinarias
farmacéuticas y junto al ISAG-Unasur está implementando un banco de
precios de medicamentos regionales y mapeando las capacidades para la
producción pública de medicamentos esenciales en Latinoamérica.
En la Argentina a partir de la reglamentación de la Ley nacional de
Producción Pública de Medicamentos N° 26.688 junto a la creación
de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (existen unos 40
Laboratorios públicos), cuenta con las capacidades de ciencia y
tecnología potenciando la red de laboratorios públicos para
producir una plataforma estratégica de desarrollo y construcción de
soberanía sanitaria pública para reducir progresivamente las
dependencias externas y garantizar el acceso universal a los
medicamentos como bien social y derecho de ciudadanía. «
No hay comentarios:
Publicar un comentario