El Mundo (Colombia) 1 de Febrero de 2014
La retractación no modifica la
trascendental batalla que libran algunos gobiernos, académicos y ONG
frente a poderosas multinacionales que pretenden convertir la justa
retribución a sus investigaciones científicas en tributo impagable.
La petición de disculpas al pueblo indio presentada por Marijn
Dekkers, presidente ejecutivo de la multinacional Bayer, luego de su
muy publicitada frase “no producimos medicamentos para los indios
sino para quienes puedan pagarlos”, no logró borrar la ofensa a
los pacientes a los que impone pagar altísimos costos por
medicamentos, a productores agrícolas sometidos a los precios de sus
insumos, a los desarrolladores tecnológicos que deben someterse a
sus tasas de cobro por materiales. Con su retractación tampoco
modifica la trascendental batalla que libran algunos gobiernos,
académicos y ONG frente a poderosas multinacionales que pretenden
convertir la justa retribución a sus investigaciones científicas en
tributo impagable.Los escenarios de la batalla hoy son múltiples y complejos y van desde la discusión trasnacional, a los acuerdos comerciales que incluyen fuertes restricciones protectoras de la “propiedad intelectual” en general, hasta las guerras particulares que hoy libran gobiernos como los de India y Kenia, para restringir la concesión de patentes a aquellos desarrollos y productos que verdaderamente impliquen una innovación científica y deriven en un producto totalmente distinto a los que lo precedieron.
La batalla de Bayer y el gobierno indio tiene origen en la determinación de liberar la patente para la producción y comercialización de la molécula Nexavar, usada medicinalmente contra el cáncer de riñón e hígado, y que Bayer comercializaba con el nombre de sorafenib. La decisión de la Oficina de Patentes hizo que el precio mensual de un tratamiento con el medicamento pasara de US $5.400 a US $180 y que Bayer perdiera un rentable monopolio. En abril de 2013, el Estado de la India había ganado una batalla similar contra la suiza Novartis. En este debate, el Tribunal Supremo concedió la razón al Gobierno, que había declarado que la molécula básica de su medicamento anticancerígeno llamado Gleevec o Glivec no era original, sino que se trataba de una modificación parcial de una molécula que existía con anterioridad.
Uno de los más interesantes debates en los países que se han decidido a fortalecer la producción de medicamentos genéricos, más baratos, es sobre el carácter original o no de las moléculas que patentan las productoras, en decisiones razonables en tanto representan el pago justo a inversiones considerables que hacen esas compañías o las universidades a ellas asociadas para el descubrimiento, ensayo y consolidación de las moléculas que sí transforman la acción curativa, paliativa o preventiva. Un ejemplo de nuevo producto, entre los medicamentos sencillos, fue la aspirina: un desarrollo de Bayer que hoy es propiedad de la humanidad.
Pero no todos los nuevos productos farmacológicos, o en el terreno de la producción agrícola los insumos del campo, son resultado de investigaciones desarrolladas por compañías médicas. Algunas de ellas, y esta es la razón del conflicto de Novartis y Bayer con India, son moléculas perfeccionadas, que exigen algunas pequeñas inversiones pero que no imponen modificaciones a los efectos del producto original. En otros casos, el conflicto surge porque los laboratorios proponen nuevos usos para las moléculas que ya tienen en el mercado y por las cuales ya han obtenido las patentes como compensación. En estos casos, gobiernos como el de Kenia y el de India libran duras batallas para establecer legislaciones que ofrezcan tratamientos diferenciados a productos originales en todos sus componentes y a productos derivados de moléculas ya desarrolladas. En su esfuerzo han perdido la ayuda que en décadas anteriores recibieron de la OMS.
Colombia hoy libra una batalla igualmente importante en la defensa de la salud frente al excesivo afán de rentabilidad sobre los medicamentos. En ella confluyen el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio, que han avanzado en un esquema de regulación de precios que limita especialmente a los distribuidores y comercializadores finales, razón por la cual no ha generado aun serias discusiones con los productores farmacéuticos. Este empeño nacional va quedando por ahora en hombros del ministro de salud, Alejandro Gaviria, y del superintendente, Luis Guillermo Vélez, pues el Congreso no ha avanzado en la definición de una norma que garantice precios justos para los medicamentos. Pero al menos se ha dado un paso hacia la regulación de costos que hacen, como lo demuestra el ejemplo indio, cada vez más gravoso el acceso a la salud.
