miércoles, 18 de junio de 2014

Ecuador: La patente de medicinas preocupa a laboratorios



en 25 años no se podrá usar un principio activo, según documento

La Unión Europea propone una protección por 5 años a los datos de prueba. El sector farmacéutico local se opone.

El Telegrafo 16 de jun io 2014

Uno de los temas discordantes dentro de las negociaciones de un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE), es la protección de datos de prueba a fármacos.

El documento base de discusión propone proteger los datos de prueba -información que avala la efectividad de un fármaco-, por 5 años lo que, sumado a la duración de la patente de un medicamento que es de 20 años, resulta en un cuarto de siglo que se niega la posibilidad a cualquier laboratorio del mundo a fabricar tal medicamento. El sector farmacéutico local aboga porque no se acepte.

“El tema nos perjudica porque al ser fabricantes de medicamentos genéricos lo que hacemos es que los precios disminuyan y se promueva el acceso a la sustancia”, dijo Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (ALFE).

En la práctica, al momento que fenece una patente de un principio activo, se crean competidores del laboratorio titular y por ende su precio baja. Palacios puso como ejemplo el viagra (Pfizer), que en su presentación de marca cuesta $ 20 y en genérico, apenas $ 1,50.

Por otro lado, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la exclusividad en datos de prueba conlleva a un gasto para Ecuador de $ 500 millones, lo que equivale a la inversión en salud de 1’180.000 personas. El incremento de los precios es de un 18%.

Hasta el momento el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), como parte de las negociaciones con el bloque europeo, ha sugerido un royalty o compensación económica al titular de la patente por esos 5 años, para que los laboratorios locales puedan fabricar el producto, pero no hay un acuerdo.

“Nuestra postura es que no se creen protecciones adicionales que no están en la ley y ellos (UE) no quieren tampoco ninguna compensación”, señaló.

A criterio de Martín Cereijo, gerente general de laboratorios Acromax, esta condición impuesta por el bloque europeo es un atentado no solo para la industria farmacéutica local, sino también para la de otros países de la región.



Licencias obligatorias

Los costos en tiempo y dinero que pagan los países por temas de fármacos son altos. En el último concurso público para la adjudicación de 2 medicamentos retrovirales para la red de salud pública, los montos fueron de $ 3’900.000, por 5’631.800 tabletas de Lopinavir - Ritonavir, y $ 4’257.000, por 661.910 tabletas, de Lamivudina-Abacavir, con un total de $ 8’157.000.

“Nosotros podríamos hacerlo en 7 millones”, sostuvo el gerente de Acromax.

Este laboratorio local terminó su etapa de desarrollo para ambos medicamentos -indicados en el tratamiento del VIH-, luego de una negociación de un año por obtener la licencia obligatoria de los laboratorios dueños de la patente: Abbot y Glaxo, respectivamente.

La licencia obligatoria es una herramienta a la que pueden acudir los Estados para fabricar el medicamento localmente y hacerlo accesible al público, aunque estén protegidos por una patente.

Sin embargo, comentó Cereijo, este procedimiento tampoco es gratis porque la normativa ecuatoriana de Propiedad Intelectual establece que por cada comprimido se tiene que cumplir con una retribución.

“El Royalty (compensación) no es mucho y eso es precisamente lo que no le gusta a la gente, porque si fuera mucho dinero, sería más conveniente para las multinacionales”, señaló Cereijo.

Por ahora los antirretrovirales ya tienen registro sanitario y el laboratorio participará en las compras públicas para el período 2015-2016 por una cantidad similar a la adjudicada anteriormente, pero con varias ventajas: un costo menor y el permitir a la industria local crecer.

Según datos de ALFE, la farmacéutica ecuatoriana empleó a 5.871 personas en 2011 y cuadriplicó sus inversiones de 2010 a 2013, y el mayor rubro (57%) se destinó a comprar equipos nuevos.

Miguel Palacios, asesor técnico de ALFE, dijo que la industria local está preparada y a un nivel técnico que va más allá de “importar un principio activo en polvo y colocarlo en una cápsula”.

Si bien la figura de la licencia obligatoria consta en la ley ecuatoriana desde 1998, Palacios recordó que este Gobierno ha hecho énfasis en la utilización de este instrumento.

Palacios aseguró que en materia de licencias la UE es más flexible, sin embargo, en la protección de datos de prueba por 5 años persiste el desacuerdo.

René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dijo hace poco que la aplicación de licencias obligatorias debería ampliarse al sector de la educación, patentes de literatura e investigación académica.

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