en 25 años no se
podrá usar un principio activo, según documento
La Unión Europea propone una
protección por 5 años a los datos de prueba. El sector farmacéutico
local se opone.
El Telegrafo 16 de jun io 2014
Uno de los temas discordantes dentro de
las negociaciones de un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión
Europea (UE), es la protección de datos de prueba a fármacos.
El documento base de discusión propone
proteger los datos de prueba -información que avala la efectividad
de un fármaco-, por 5 años lo que, sumado a la duración de la
patente de un medicamento que es de 20 años, resulta en un cuarto de
siglo que se niega la posibilidad a cualquier laboratorio del mundo a
fabricar tal medicamento. El sector farmacéutico local aboga porque
no se acepte.
“El tema nos perjudica porque al ser
fabricantes de medicamentos genéricos lo que hacemos es que los
precios disminuyan y se promueva el acceso a la sustancia”, dijo
Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios
Farmacéuticos del Ecuador (ALFE).
En la práctica, al momento que fenece
una patente de un principio activo, se crean competidores del
laboratorio titular y por ende su precio baja. Palacios puso como
ejemplo el viagra (Pfizer), que en su presentación de marca cuesta $
20 y en genérico, apenas $ 1,50.
Por otro lado, según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la exclusividad en datos de prueba
conlleva a un gasto para Ecuador de $ 500 millones, lo que equivale a
la inversión en salud de 1’180.000 personas. El incremento de los
precios es de un 18%.
Hasta el momento el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), como parte de las
negociaciones con el bloque europeo, ha sugerido un royalty o
compensación económica al titular de la patente por esos 5 años,
para que los laboratorios locales puedan fabricar el producto, pero
no hay un acuerdo.
“Nuestra postura es que no se creen
protecciones adicionales que no están en la ley y ellos (UE) no
quieren tampoco ninguna compensación”, señaló.
A criterio de Martín Cereijo, gerente
general de laboratorios Acromax, esta condición impuesta por el
bloque europeo es un atentado no solo para la industria farmacéutica
local, sino también para la de otros países de la región.
Licencias obligatorias
Los costos en tiempo y dinero que pagan
los países por temas de fármacos son altos. En el último concurso
público para la adjudicación de 2 medicamentos retrovirales para la
red de salud pública, los montos fueron de $ 3’900.000, por
5’631.800 tabletas de Lopinavir - Ritonavir, y $ 4’257.000, por
661.910 tabletas, de Lamivudina-Abacavir, con un total de $
8’157.000.
“Nosotros podríamos hacerlo en 7
millones”, sostuvo el gerente de Acromax.
Este laboratorio local terminó su
etapa de desarrollo para ambos medicamentos -indicados en el
tratamiento del VIH-, luego de una negociación de un año por
obtener la licencia obligatoria de los laboratorios dueños de la
patente: Abbot y Glaxo, respectivamente.
La licencia obligatoria es una
herramienta a la que pueden acudir los Estados para fabricar el
medicamento localmente y hacerlo accesible al público, aunque estén
protegidos por una patente.
Sin embargo, comentó Cereijo, este
procedimiento tampoco es gratis porque la normativa ecuatoriana de
Propiedad Intelectual establece que por cada comprimido se tiene que
cumplir con una retribución.
“El Royalty (compensación) no es
mucho y eso es precisamente lo que no le gusta a la gente, porque si
fuera mucho dinero, sería más conveniente para las
multinacionales”, señaló Cereijo.
Por ahora los antirretrovirales ya
tienen registro sanitario y el laboratorio participará en las
compras públicas para el período 2015-2016 por una cantidad similar
a la adjudicada anteriormente, pero con varias ventajas: un costo
menor y el permitir a la industria local crecer.
Según datos de ALFE, la farmacéutica
ecuatoriana empleó a 5.871 personas en 2011 y cuadriplicó sus
inversiones de 2010 a 2013, y el mayor rubro (57%) se destinó a
comprar equipos nuevos.
Miguel Palacios, asesor técnico de
ALFE, dijo que la industria local está preparada y a un nivel
técnico que va más allá de “importar un principio activo en
polvo y colocarlo en una cápsula”.
Si bien la figura de la licencia
obligatoria consta en la ley ecuatoriana desde 1998, Palacios recordó
que este Gobierno ha hecho énfasis en la utilización de este
instrumento.
Palacios aseguró que en materia de
licencias la UE es más flexible, sin embargo, en la protección de
datos de prueba por 5 años persiste el desacuerdo.
René Ramírez, secretario de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, dijo hace poco que la aplicación de
licencias obligatorias debería ampliarse al sector de la educación,
patentes de literatura e investigación académica.
Original en
No hay comentarios:
Publicar un comentario