No es un bien del dios mercado

 Jorge Rachid. Médico sanitarista
MIradas al sur Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014


 Opinión.

En estos días, se está discutiendo un valor sobre los medicamentos con participación de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Comercio, en función exclusiva de contener los precios en una disparada –injustificada– de la industria que tiene el lamentable privilegio de tener la mayor cadena de valor, de cualquier proceso productivo del país.

El medicamento es un bien social, por lo cual debe garantizarse su universalidad y accesibilidad al conjunto de la población y por esa sola razón, no puede estar sometido a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, más aún con una industria que no duda en cronificar enfermedades ( prolongar los tiempos de tratamiento en vez curar); que no invierte en investigación y desarrollo; que plantea, sobornando la práctica médica, la medicalización de cuestiones afectivas, emotivas, normales de la vida cotidiana (tratamientos médicos para situaciones normales de la vida).

Una industria como la farmacéutica, que ha confrontado y golpeado gobiernos, desde el Dr. Ramón Carrillo creador del Emesta (Empresa de Medicamentos del Estado-1949), primera productora pública de medicamentos hasta la ley Oñativia, en época de Ilia, que lleva al golpe de estado; una industria que tiene precios que superan el 10.000% entre su estructura de costos y su precio final, evadiendo el IVA, que en el medicamento se paga sólo en la primera venta; por disposición, sólo la salida del laboratorio paga impuesto, el resto de la cadena de comercialización está exento), por eso sólo venden a sus propias droguerías, sin o con mínimas ganancias, pagando mínimo IVA y luego, esas empresas camufladas venden al Estado y la seguridad social (con los valores que superan cualquier cadena de valor de otras industrias), que discute con estos verdaderos traficantes de la salud, como si fuese un producto de almacén y no como un producto imprescindible para la vida de millones de personas.

La misma industria que produce en el país y exporta, siendo sus productos más baratos en el exterior que en nuestro país donde son producidos, como por ejemplo Chile, donde Bagó junto a Glaxo tienen diferencias de precios del orden del 30% más bajos. La misma industria que durante la crisis del 2001 se retiró de los hospitales públicos, por falta de garantías de pago del país, pese a que durante el debate de la ley de patentes del año 1995, discutimos y protegimos, los peronistas y no peronistas del campo nacional y popular, la industria nacional, frente a los avances neoliberales, que la hubiesen hecho desaparecer, si triunfaba el proyecto original de Cavallo y la embajada de EE.UU.

Los mismos que importan del exterior a sobreprecios (para poder girar divisas) y en los casos de medicamentos de alto costo y baja incidencia, llegan a ganancias del orden del 17.000% (por favor no piensen que me equivoqué, ver ej. Tobramicina aerosol, ARV, monoclonales) que termina pagando sólo la seguridad social, o sea un sistema solidario de salud en todas sus variantes, sometido y violado por las leyes del mercado. La misma que ocasiona a nuestro país, un déficit de la balanza de pagos por 1.700 millones de dólares anuales, que es hoy uno de los conflictos con el sector externo.

El gasto del medicamento en el gasto total de salud, es el más alto del mundo, en nuestro país. En efecto, sobre el gasto total de salud de 275.000 millones, el medicamento significa el 32% de ese total, o sea, más de 80 mil millones cuando cualquier país del mundo no gasta más del 15% como máximo.

De esa erogación el 20% es gasto de bolsillo, lo que significa resignar para la familia argentina otras asignaturas de vida, en función del medicamento, elemento esencial de la vida en especial los enfermos crónicos. El hospital público, las obras sociales sindicales y las obras sociales provinciales erogan, a través del ahorro interno genuino o recursos tributarios, el 90% del gasto de salud a nivel nacional, gastando, cuando debería ser invirtiendo –en función de los abusivos precios de la industria– ingentes recursos que deberían ser asignados a la prevención, ante tratamientos de dudosa eficacia en muchos casos, impuestos por la industria a fuerza de publicidad sintomatológica, prohibida en todo el mundo, menos en la Argentina, lo que lleva a la automedicación.

La PPM (Producción Pública de medicamentos) son 36 laboratorios en el país de los cuales 10 tienen habilitación Anmat (Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología), no sólo debió salvar el escollo de la crisis del 2001, produciendo ante la falta de insumos dando respuestas en cada provincia argentina, sino que ha evolucionado, con inversión tecnológica, capital humano capacitado y produciendo bajo normas de calidad, constituyendo como mínimo una empresa testigo de precios en la discusión, a la cual no ha sido convocada, ni consultada, pese a haber constituido en el año 2007 la Relap ( red de laboratorios públicos, junto al INTI y Conicet).

No hay medicamentos para ricos y para pobres, todos son autorizados por el Anmat, con las mismas técnicas de producción, con las materias primas compradas al exterior en el mismo lugar que compra la industria privada (la Argentina producía medicamentos esenciales, materias primas, hasta hace 40 años), con recursos humanos nuestros; sin embargo, un Enalapril de 10 comprimidos, su precio de costo en la PPM es de 0,50 y se vende por parte de la industria. Saque el compañero ministro la cuenta cuando discuta la fijación de precios.
La PPM pudo gracias a este gobierno promulgar la ley 26.688 de producción pública de medicamentos, ley aún no reglamentada. Sin embargo, provincias y universidades siguen avanzando con la producción, agregando investigación y desarrollo que la industria no realiza, como se verificó en la reunión con las tres cámaras en el año 2006, cuando el secretario pidió los resultados contables anuales, con inversión máxima en ese rubro del 0,2%, mientras la PPM invertía en ese momento 5% de sus presupuestos anuales.

Tenemos propuestas

Que todos los medicamentos de alto costo y baja incidencia sean centralizados en la compra por el Estado Nacional, ya que es quien en definitiva lo paga, por sí o por el ahorro genuino de trabajadores a través de la seguridad social.

Que los medicamentos a los enfermos crónicos diabéticos, hipertensos y renales, sean provistos en forma gratuita y con peso sobre la PPM que está produciendo dichos medicamentos, evitando las complicaciones que llevan a internaciones de segundo nivel y a urgencias evitables.

Que se elimine por ley la publicidad sintomatológica y se apliquen sanciones, también por ley ( como en los países centrales) a los médicos e industria, que paguen por receta por vía directa, dinero o indirecta viajes, congresos o instrumental obsequio, que terminan pagando los pacientes, instalando una ley de ética médica que permita bajar la matrícula frente a esas prácticas.
Modificar la currículas de formación médica en las universidades, en general colonizadas por los laboratorios, lo mismo que los “kioscados hospitalarios”, es decir, zonas del mismo privatizadas, que imponen protocolos a los médicos condicionando su actividad.

Que se reglamente en forma urgente, la ley 26.688 y se relance la Relap, red de laboratorios públicos, creada en el 2007 por quienes integrábamos los mismos, más el INTI y la facultad, junto al Conicet, en esa época secretaría de estado, hoy ministerio.

Que los medicamentos, sus presentaciones y sus precios dejen de ser controlados por Comercio y pasen a Salud.

Desarrollar lo logrado en el Unasur desde el Ministerio de Defensa, bajo el lema “el medicamento como eje de construcción de soberanía”, del cual Argentina es cabeza de proyecto, con Brasil, uruguay y el Isags (instituto de salud del Unasur) aprobado en el 2012 en Lima, con fines estratégicos en la región, con la propuesta de producir materia prima en 5 años, para 400 millones de latinoamericanos, evitando la dependencia de las mismas de terceros países.

Quienes somos peronistas o pertenecemos al campo nacional y popular, seguiremos bregando por estos principios, apoyando al Gobierno e intentando corregir secuelas del pasado neoliberal, que estructuró la medicina como un negocio rentístico-financiero antes que en un hecho sanitario esencial, primario de los DDHH de nuestro pueblo, derecho constitucional garantizado por el estado nacional.