por Andrew Ward, Financial Times, 25 de
abril 2014
Cada vez hay más demandas millonarias
contra los laboratorios por ocultar información sobre posibles
efectos secundarios de un medicamento hasta el pago de sobornos
Cuando el exitoso abogado fue
contratado para representar en un juicio a un hombre que asegura que
medicamento para la diabetes le provocó cáncer, la industria
farmacéutica supo que estaba en problemas.
Tras el alegato final de Mark Lanier,
que mencionó una “desconsideración imprudente por la seguridad del
paciente”, un juez federal en Louisiana ordenó a Takeda de Japón y
a Eli Lilly de EE.UU. el pago de daños y perjuicios por la suma
récord de u$s 9.000 millones por ocultar evidencia de una posible
relación entre su medicamento Actos y el cáncer a la vejiga.
Para Lanier, fue el último de una
serie de triunfos frente a grandes farmacéuticas. Se hizo conocido
en EE.UU. hace una década, por ganar un juicio por u$s 250 millones
contra Merck & Co iniciado por una viuda que culpó al analgésico
Vioxx de la muerte de su esposo por un fatal ataque al corazón.
La multa de su última victoria legal
es tres veces superior al récord de u$s 3.000 millones que pagó
GlaxoSmithKline por malas prácticas en la promoción de sus
medicamentos en 2012. Los analistas sostienen que la suma es tan
elevada que seguramente un juez la reduzca y aún podría ser
rechazada en una apelación. Takeda y Eli Lilly insisten en que Actos
es seguro y prometieron apelar el fallo.
Pero el juicio, en el que los miembros
del jurado oyeron cómo Takeda destruyó grandes cantidades de
documentos relacionados con Actos, se sumó a una serie de casos que
pusieron a toda la industria en el banquillo.
A primera vista no hubo una conexión
directa entre el fallo judicial de Louisiana y otros titulares
vergonzosos: una acusación de soborno contra GSK en Irak; una
investigación sobre supuestas prácticas anticompetitivas contra
Novartis y Roche en Francia; y un informe que asegura que el costoso
antiviral Tamiflú no sería mejor que una aspirina.
Sin embargo, de una o otra manera,
respaldan las acusaciones de críticos del sector que aseguran que
las grandes farmacéuticas anteponen las ganancias a la salud
pública, desde elegir las mejores pruebas clínicas para ocultar
riesgos a la salud, hasta sobornar médicos y bloquear medicamentos
más baratos.
Dichas acusaciones son rechazadas
ferozmente por las empresas, pero incluso los líderes de la
industria admiten que han tenido cierta resonancia en el público.
En respuesta a las críticas, algunas
farmacéuticas como Roche, GSK, y Johnson & Johnson, anunciaron
el año pasado algunas medidas para abrir su información de pruebas
clínicas a revisiones independientes. Otros son más precavidos y
citan la necesidad de proteger su propiedad intelectual y la
confidencialidad de los pacientes. Pero la opción quizás ya no
dependa de las compañías: el parlamento europeo acaba de aprobar
una ley que establece que los resúmenes detallados de los ensayos
clínicos deben ser públicos.
“La presión no va a diminuir”, dijo
una alta fuente de la industria. “Hay una movida hacia una mayor
transparencia en todas las áreas de la sociedad. Es imposible
resistirse”.
Los desafíos reputacionales no son
nada nuevo para las grandes farmacéuticas, pero la tendencia las
está obligando a repensar sus estrategias de marketing ahora que se
presta más atención a sus vínculos financieros con los médicos.
GSK anunció en diciembre que desde 2016 dejará de pagarle a los
profesionales de la salud por asistir a conferencias médicas o por
hablar de sus productos. También eliminó los objetivos individuales
a su equipo de ventas.
Esa fue la respuesta a la multa
norteamericana por u$s 3.000 millones que recibió el grupo en 2012
por comercializar en forma ilegal y a la investigación iniciada por
las autoridades chinas en julio del año pasado por supuestos
sobornos a médicos. La revelación hace días de que GSK está
enfrentando acusaciones similares en Irak recalcó la naturaleza
global del desafío. Per el grupo británico asegura que sus
modificaciones de las prácticas de marketing lo colocaron a la
vanguardia de la reforma de la industria.
A los ejecutivos del sector les
preocupa que la peor imagen de la industria les dificulte defender
sus precios, en un momento en que los presupuestos de salud caen en
todo el mundo desarrollado.
Mientras tanto, en Louisiana, Lanier se
prepara para atender a 2.700 personas que hacen fila para demandar a
Takeda y Eli Lilly.
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