viernes, 15 de abril de 2016

La salud como objeto de mercado

Nadia Luna, Agencia TSS, 14 de abril 2016

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Ante el aumento de precios en productos farmacéuticos, TSS habló con especialistas sobre la situación actual de la producción pública de medicamentos. Falta de ejecución de presupuestos, un organismo coordinador que no funciona y una ley que no se cumple.






En el actual contexto inflacionario y de suba de precios en servicios esenciales como agua, gas, luz y transporte, los medicamentos no se quedan atrás. Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) de febrero pasado, en el rubro “productos farmacéuticos” se produjo un aumento del 38,4 % con respecto al mismo mes del año anterior. A esto se le suman casos particulares que sobresalen de la situación general, como sucede con el PAMI, la obra social de los jubilados, que acaba de quitar 163 medicamentos del listado de cobertura total, pasando a cubrir solo el 50 u 80 %.


La producción pública de medicamentos (PPM) también está sufriendo las consecuencias de las medidas económicas y políticas tomadas por el Gobierno. Según sostuvo Guillermo Cleti, director del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe, en una nota publicada la semana pasada por diario El Litoral, tras ocho años consecutivos de proveer medicamentos para el programa Remediar, del Ministerio de Salud de La Nación, este año todavía no han recibido la confirmación de la compra por parte de esa cartera, a pesar de haber elevado la oferta en septiembre de 2015. 

El LIF destinaba a Remediar un 25 % de su producción total. El programa Remediar abastece a más de 7.000 centros de atención primaria de salud, que podrían comenzar a experimentar una escasez de medicamentos fundamentales producidos por este laboratorio, como la metformina, necesaria para personas que padecen diabetes, y el enalapril, para quienes sufren de hipertensión.

En relación a la producción pública de medicamentos, TSS consultó a dos referentes y promotores de la Ley 26.688, sancionada en 2011 y reglamentada en 2014, que declara a la PPM de interés nacional; y de la Ley 27.113, sancionada en 2014 y reglamentada en mayo de 2015, que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). La ANLAP es un organismo autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y que tiene la función de diseñar las políticas de investigación y producción pública de medicamentos, de manera de coordinar y asistir a los 40 laboratorios de PPM que existen en la Argentina.

Martín Isturiz, doctor en Farmacia y Bioquímica, y coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, dice: “En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, anunció que el plan Remediar no iba a seguir en el actual formato, pero no especificó cuál sería la participación de los laboratorios públicos en el nuevo Remediar. En cuanto al presidente Mauricio Macri, ya se expresó oficialmente en 2008 cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vetó una ley de PPM”.


El programa Remediar abastece a más de 7.000 centros de atención primaria de salud.

Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), uno de los primeros grupos de profesionales que realizó un relevamiento de la situación de los laboratorios públicos (en el año 2000), se remonta un poco más atrás en el tiempo. “Hay una gran deuda en materia de salud por parte de todos los gobiernos. Es como si la salud no diera votos. Una deuda que, por omisión, desconocimiento o falta de decisión política, aún no ha sido saldada. Por eso tardó tanto en reglamentarse la ley de PPM”, sostiene. “Y ahora, con Macri, los problemas existentes se agudizaron. Creo que es muy claro el lineamiento estratégico actual: la decisión política es que no se produzcan medicamentos”, agrega.

Ambos especialistas coinciden en que, partiendo de que la salud es un derecho, el medicamento no debe ser considerado como un bien mercantil sino como un bien social y, por ende, debe ser garantizado por el Estado. “La PPM es una cuestión central para la soberanía en salud, para impedir que quedemos a merced de los precios que fijan los laboratorios internacionales. Tener tecnología propia es un instrumento de negociación. Esto no se trata de estar en contra de la industria privada, sino de estar en contra de los abusos, porque son conglomerados oligopólicos que se cartelizan para establecer los precios”, afirma Isturiz.

Para Capuano, “la PPM sale por fuera de la lógica del mercado y posibilita tener medicamentos hasta 10 o 15 veces más baratos. Esto permite generar un mecanismo de control de precios”. El impacto económico, señala Isturiz, también se ve en la reactivación de toda una cadena de valor. “En la medida en que se complejizan los laboratorios, necesitan el soporte de pymes. Es como lo que pasó con la producción de satélites. Muchas veces, los laboratorios no cuentan con la capacidad tecnológica requerida y entonces tienen que recurrir a las pymes, cuya función y producción se ve así revalorizada”, indica.

“También hay un impacto científico, a través de convenios de investigación y desarrollo realizados con universidades y organismos de ciencia y tecnología, porque estas políticas no refieren solo a medicamentos, sino también a productos biomédicos que se importan”, remarca Isturiz. Según el bioquímico, el déficit comercial en el área es de unos 1900 millones de dólares, a pesar de que “hay mucha investigación en biomedicina, especialmente en laboratorios insertos en un ámbito científico, como el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, un laboratorio municipal no tiene la misma envergadura y capacidad que uno provincial”.

Para graficar la falta de apoyo político a la PPM, Isturiz resalta un caso clave. “La vacuna BCG, contra la tuberculosis, se produce en el país desde hace 50 años. Es una vacuna de referencia de la Organización Mundial de la Salud y se fabrica en el Instituto Biológico de La Plata. Para ser vacuna de referencia se requiere tener al menos unos 20 años consecutivos de controles de calidad impecables. Sin embargo, esa vacuna se sigue importando. En lo económico no es muy relevante, pero desde lo político es una señal brutal. Te están diciendo ‘no vas a fabricar ni la BCG’”, sostiene.

Organismo paralizado

“Si tenés una afección y te prescriben un medicamento pero no lo podés comprar, no estás accediendo a la salud, aunque hayas accedido a un médico”. Con esta reflexión, recuerda Capuano, desde la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA comenzaron, en 1999, a formarse un panorama de la situación en la que se encontraban los laboratorios de PPM. En 2001, conocieron a colegas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que venían trabajando en el mismo tema y decidieron aunar esfuerzos. De esta manera, los expertos hablaban de impulsar la PPM en una época donde todo era crisis y en los hospitales no había medicamentos. “Me acuerdo que hicimos el primer encuentro y vinieron ocho personas, que nos miraban como diciendo ‘estos tipos están locos’”, ilustra. 




En la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA comenzaron, en 1999, a formarse un panorama de la situación en la que se encontraban los laboratorios de PPM.

El relevamiento derivó en la creación de la Red Nacional de Laboratorios de PPM (RELAP) en el año 2007, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT, que en diciembre de ese año se convertiría en Ministerio) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Al mismo tiempo, trabajaban en la elaboración del proyecto que se convirtió en ley en 2011 y, posteriormente, ante la demora en su reglamentación, en la ley que creó la ANLAP en 2014.

Sin embargo, a pesar del sustento legislativo, Capuano afirma que la ANLAP “había comenzado a andar tímidamente con la gestión del ministro saliente Daniel Gollán, pero con el cambio de gobierno no está funcionando”. Isturiz coincide y precisa: “No está funcionando como debería. Lo que sí se ha formado, el 3 de julio de 2015, es el Directorio de ANLAP, conformado por el presidente, el vicepresidente y un secretario. También se conformó el Comité Ejecutivo, constituido por representantes de todos los productores públicos del país; y el Comité Consultivo, integrado por organismos de derechos humanos, y de ciencia y tecnología, entre otros. Pero el presupuesto destinado por ley para la ANLAP, de 150 millones de pesos para varios proyectos de ampliación, todavía no fueron ejecutados. Y esa es una atribución de Jefatura de Gabinete de la Nación”, aclara.

El bioquímico sostiene que, durante el gobierno de Cristina Kirchner, “hubo contradicciones internas muy importantes”. Y agrega: “Nunca se impulsó la PPM en la medida de lo necesario. La primera ley tardó tres años en reglamentarse y para eso tuvo que hacerse una nueva presentación de ley”. 

Tanto Isturiz como Capuano reconocen que la gestión en Salud que más se ocupó de la PMM fue la de Daniel Gollán, ministro de Salud de la Nación desde febrero a diciembre de 2015. “Juan Manzur (antecesor de Gollán en el cargo) no apoyó absolutamente nada. En cambio, Gollán fue uno de los promotores de la iniciativa, en 2007, como representante de la SECYT. Pero estuvo poco”, reflexiona Isturiz.

Con respecto al panorama actual y futuro, el científico dice: “Yo no soy muy optimista, porque el Gobierno está compuesto por muchos representantes de las corporaciones económicas y financieras. Los laboratorios van a seguir produciendo individualmente, pero es necesaria una decisión política para luchar contra las corporaciones”.

En tanto, para Capuano, “si bien hay una deuda histórica de los diferentes gobiernos, ahora la salud es tomada explícitamente como un objeto de mercado. Se está hablando de que la Argentina va a firmar tratados de libre comercio con países como Estados Unidos y Canadá. Esto puede traducirse en escasez de medicamentos y de inversiones en hospitales y centros de salud periféricos”.


Nota Original http://bit.ly/20USF31