Colombia: Los cantos de sirena de las multinacionales farmacéuticas

POrtafolio.co 28 de octubre 2012



ANÁLISIS / La crisis de la atención en salud es una enfermedad que no solo afecta a Colombia, sino que se ha convertido en una epidemia.

En los últimos meses, la industria farmacéutica multinacional ha arreciado sus esfuerzos para eludir responsabilidades en los impactos lesivos que tendrán las concesiones hechas por el Gobierno en materia de propiedad intelectual en los acuerdos comerciales internacionales.

El discurso de los voceros de las grandes industrias farmacéuticas en los medios de comunicación resulta atractivo para diferentes grupos de interés, pero debe ser tomado con pinzas si el país pretende ser exitoso en las reformas que se están planteando para mejorar la capacidad del sistema de salud y responder a las necesidades de las personas.
En los últimos meses, la industria farmacéutica multinacional ha arreciado sus esfuerzos para eludir responsabilidades en los impactos lesivos que tendrán las concesiones hechas por el Gobierno en materia de propiedad intelectual en los acuerdos comerciales internacionales.

Culpar a otros por los precios exorbitantes de algunos medicamentos, mientras que se alienta al Gobierno para que adopte una normatividad anticompetitiva en relación con los denominados ‘biotecnológicos’, son otras de las tácticas ya habituales dirigidas a mantener su capacidad de fijar precios de nuevos medicamentos (y si les es posible, también de los ya presentes).

Sus intereses –en Colombia y en el mundo– se escudan en el argumento de que los precios deben ser altos para cubrir los costos de la investigación necesaria para la innovación y los altos estándares de calidad, como si otras alternativas con precios menores en el mercado no estuvieran garantizando dichos niveles de calidad.

A pesar de los enormes escándalos que han envuelto a empresas insignes en hechos de corrupción con engaños sistemáticos al personal de salud y a la sociedad en EE. UU. y otros países (casos como los de Glaxo o Abbott, de amplia cobertura en medios colombianos), la industria transnacional y sus voceros tratan de presentar su agenda de fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual en su favor, como un gran paso del Gobierno colombiano; los precios exagerados de los medicamentos como responsabilidad exclusiva de las aseguradoras, las IPS y los intermediarios, y las normas que buscan aumentar la eficiencia de la regulación mediante la eliminación de exigencias innecesarias como regulaciones defectuosas que pondrán en riesgo la salud de las personas.

Sin embargo, los hechos demuestran que se trata es de la avidez por mantener enormes ganancias, que en muchos casos se logran con productos sin nuevos aportes reales a la terapéutica, que son inaccesibles para las personas y ponen en riesgo la viabilidad de los sistemas de salud en todo el mundo.

Son cada vez más comunes la especulación, el mercado impúdico y las prácticas comerciales inadecuadas que pretenden lograr aceptación social ilegal. A pesar de la contundencia de los hechos, su capacidad de cabildeo en los círculos políticos, con el personal de la salud y con los pacientes, así como su influencia en los medios de comunicación, es innegable.

Es insólito que ciertas prácticas castigadas en otros países sean comunes en el nuestro: los medicamentos son usados por fuera de las indicaciones aprobadas, los pacientes son auxiliados en tanto sean consumidores dóciles y permanentes de sus medicamentos.
Los medicamentos protegidos con disposiciones de propiedad intelectual cuestan solo una fracción de su precio de venta de los denominados innovadores, en los cuales se han demostrado diferencias hasta de 60 veces en relación con los genéricos más baratos.

Aunque en términos absolutos podrían ser menos de 200 los medicamentos protegidos con patentes o datos de prueba, su número va creciendo y son precisamente estos, junto con algunos que no tienen competencia por razones tecnológicas, los que están involucrados en la explosión del gasto.
El Gobierno ha hecho esfuerzos tangibles en materia de control de precios y de establecimiento de los topes máximos que está dispuesto a pagar por ciertos medicamentos dentro del sistema general de seguridad social en salud, pero por razones políticas solo ha reglamentado a medias las importaciones paralelas, ha evadido la necesidad de otorgar licencias obligatorias y, generalmente, tiene una actitud complaciente con la industria multinacional.

Es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha cambiado su tradicional política de otorgar patentes de calidad, por unas en las que lo que importa es el número de concesiones.

De paso –y de manera más burda e ilegal–, ha cambiado los conceptos para determinar si existe invención.

ALBERTO BRAVO BORDA PRESIDENTE EJECUTIVO DE ASINFAR





La nota original disponible en

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