miércoles, 3 de agosto de 2011

Ley de producción pública de medicamentos en Argentina: la opinión de sus protagonistas

ayer al publicarse en el Boletín oficial se promulgo la ley de producción pública de medicamentos
ver texto de la Ley

la agencia Telam compilo una serie de notas de opinión. Es un post muyyyyy largo por lo cual seleccione algunas de quienes tuvieron un protagonismo clave para lograr el contexto politico para que esto sea posible



La Ley también busca abastecer la demanda de medicamentos de primera necesidad y promover una mejor utilización de los recursos disponibles en cada ámbito institucional, evitando la superposición de producción.
Menciona además la importancia del desarrollo de la investigación y docencia, así como la formación y capacitación de recursos humanos.
La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud, que debe promover los acuerdos necesarios con las instituciones universitarias estatales que cuenten con laboratorios de producción pública, para coordinar su actividad.

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La salud como derecho por Martín A. Isturiz.
Al gran pueblo argentino salud Por Claudio Capuano* y Patricio De Urraza**
La recuperación del medicamento como bien social por Jorge Rachid
Producción estatal de medicamento por Eduardo Macaluse




La salud como derecho
por Martín A. Isturiz. *Investigador Superior del CONICET, Academia Nacional de Medicina.

Agencia TELAM S.E. (Argentina) 03-08-11

Si partimos del concepto de que la Salud es un derecho, el medicamento deja de ser una mercancía para constituirse en un bien social y, en consecuencia, la accesibilidad al mismo por todos los habitantes de nuestro país debe estar garantizada por el Estado.

En un marco de esas características la Producción Pública de Medicamentos (PPM) es un área estratégica en salud.

Las políticas de los últimos años relacionadas al abastecimiento de medicamentos a la población se llevaron a cabo, principalmente, a través de la compra en licitaciones internacionales pero no de la producción.

Un ejemplo de ello se expresa en el programa Remediar, un plan iniciado en el 2002 y destinado a cubrir necesidades de 15 millones de personas sin cobertura social.

Sin embargo, para que una cobertura en medicamentos pudiera ser sostenible en el tiempo, la activación de la capacidad instalada en PPM hubiera sido una decisión razonable. Si bien se insinuaron algunas medidas en el año 2008, finalmente se persistió
en la compra al sector privado, que es la política actual.

La implementación de políticas públicas que aseguren el acceso al medicamento basadas esencialmente en la compra de los mismos, significa tener una mirada corta del problema, no una concepción estratégica y difícilmente puedan ser sustentables en el tiempo, por diferentes razones.

En principio porque las empresas farmacéuticas locales, como en todo el mundo, no forman sus precios sobre una estructura de costos sino que se rigen por valores de mercado.

Por otra parte, tampoco se tiene en cuenta la alta extranjerización actual de la economía argentina que, eventualmente, podría concluir en que una pujante industria nacional pasara a manos de multinacionales del sector, hecho que nos dejaría totalmente desguarnecidos en un marco en donde el gasto en medicamentos se podría incrementar a niveles impredecibles.

Entonces, establecer políticas públicas de abastecimiento de medicamentos basadas en la compra pueden llegar a ser muy vulnerables al poder de las grandes empresas farmacéuticas y a los avatares de un ? mercado? altamente oligopólico o monopólico.

Sintetizando, frente a la necesidad social de asegurar el acceso a los medicamentos, hay dos alternativas:
1)Abastecer a planes sociales, hospitales, centros de salud, dispensarios, etc, a través de la compra al sector privado.

2)Recurrir a los laboratorios de PPM

Las consecuencias de priorizar la compra al sector privado son:
- No utilizar la capacidad instalada existente en el sector público
- No hacer desarrollos regionales
- Seguir en la dependencia interna o externa
- No tener un instrumento para establecer precios testigo sobre la base de costos
- No hacer investigación ni desarrollo, entre otras cosas.

Por otra parte, abastecerse a través de la PPM implica:
- Utilizar la capacidad instalada de los 39 laboratorios de PPM que hay en el país
- Resolver el problema de los ?huérfanos?, medicamentos de reconocido valor terapéutico pero de poco valor comercial
- Hacer investigación y desarrollo en el área
- Centralizar las compras para obtener mejores precios en insumos y coordinar la producción nacional
- Generar un instrumento para establecer precios testigo sobre la base de estructuras de costos
- Estimular potentes desarrollos regionales a través de los laboratorios de PPM, establecidos en 12 provincias y en la CABA.

Recientemente, ha surgido una esperanza con la sanción de una ley -el 29/06/11- en el Congreso de la Nación en donde se declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, y en la cual se considera al medicamento un bien social.

Los ejes conceptuales de esa ley han sido caracterizados por la Presidenta de la Nación como una iniciativa que merece estar en el marco de una política de Estado, hecho realmente auspicioso que, de desarrollarse como se plantea en la ley, puede activar un desarrollo público potente y sustentable en el área de la farmoquímica, productos biológicos e insumos médicos que, por otra parte, no se observa en las empresas farmacéuticas privadas de capitales nacionales.

En conclusión, si partimos de la base de la utilización social del conocimiento disponible y desarrollamos la PPM, incorporándole investigación y desarrollo a través de convenios con universidades y organismos de ciencia y tecnología, podríamos resolver problemáticas sociales y expandir racionalmente diferentes áreas tecnológicas.

Todos ellos, aspectos fundamentales para empezar a construir soberanía en salud y en el sector científico-tecnológico. (Télam)


Opinión / Al gran pueblo argentino salud
Por Claudio Capuano* y Patricio De Urraza**
*Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos, Facultad de Medicina, UBA.
**Secretario de Extensión Universitaria, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP.
Agencia TELAM S.E. (Argentina) 03-08-11

La ley aprobada por el Congreso Nacional que declara de Interés la Producción Publica de Medicamentos y Vacunas la investigación, producción de materias prima, es un hecho histórico.
Esta ley retoma las políticas de Estado en nuestro país que nos legaran Ramón Carrillo con EMESTA (Empresa Medicinal del Estado) la Ley Oñativia y la experiencia universitaria conducida por Raúl Laguzzi
El medicamento se declara como bien social. Consideramos que el acceso al medicamento es uno de los pilares para el acceso a la salud, garantizado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el artículo 12 del Pacto Internacional por los Derechos Económicos Sociales y culturales, siendo entonces un derecho consagrado por nuestra Constitución Nacional. Siendo el concepto de salud ?bien meritorio?, es decir un bien que forma parte del capital social de una sociedad porque es imprescindible para el desarrollo
Le ha dado la posibilidad a nuestro Estado, de tener una herramienta estratégica para realizar políticas públicas soberanas en el ámbito de la Salud.
Esta herramienta con el desarrollo correspondiente, cubrirá las necesidades del sistema público de salud, hospitales y centros de atención primaria.
Desarrollara también la producción de los medicamentos que son abandonados por la industria privada, porque dicen que no les da rentabilidad como los medicamentos para la enfermedad de Chagas y tuberculosis.
También prevé laintegración con las Universidades públicas Nacionales, que junto con las organizaciones de trabajadores y usuarios, garantizaran la participación indispensable para su implementación.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías afines, garantizaran el control de calidad, reafirmando un Estado eficiente y seguro.
La implementación de esta ley, favorecerá la sustitución de importaciones, permitirá desarrollar la investigación y un desarrollo tecnológico propio, generara fuentes de trabajo, productos con valor agregado para la exportación y la integración solidaria con la Unasur (Unión de naciones Sud Americanas).
El ahorro en divisas se podrá dirigir a mejorar el sistema público de salud, hospitales y centros de atención primaria, consolidando la presencia del Estado en beneficio de los más necesitados y garantizando el acceso al medicamento a todo habitante de nuestro país.
También se podrá invertir en investigación, según las necesidades sanitarias que tiene nuestro país.
El Senado y Diputados se pronunciaron por unanimidad, esto permite algunas consideraciones:
Creemos que debe haber una integración en investigación y desarrollo, sumados a la potencialidad la los laboratorios públicos, que generara una complementación solidaria con la Unasur.
Todo esto fue posible por un trabajo realizado por colectivos de organizaciones científicas y sociales, que junto con una decisión política se logro la sanción de esta ley.



Opinión / La recuperación del medicamento como bien social

por Jorge Rachid
Agencia TELAM S.E. (Argentina) 03-08-11

La nueva Ley se inscribe sobre un hecho ya sucedido, que cobrará impulso ahora asumiendo además los Laboratorios PPM la calidad de empresa testigo de precios, frente a las enormes ganancias de la industria farmacéutica
Un viejo anhelo sostenido por esos héroes anónimos que diariamente desde los Laboratorios Públicos Productores de Medicamentos, dan respuesta a las necesidades de accesibilidad al medicamento en cada hospital del país, han visto coronada una larga lucha de intentos y frustraciones con la promulgación de la Ley de Producción Pública de Medicamentos (PPM) votada por unanimidad en ambas Cámaras Legislativas.
Este impacto que el pueblo argentino recibirá en los próximos tiempos por la fuerza de dicha Ley, corona una larga lucha emprendida por el Dr. Ramón Carrillo en la primera presidencia del Gral. Perón, cuando puso en marcha EMESTA, la primer empresa productora pública de medicamentos de Latinoamérica.
Esa iniciativa fue luego llevada a cabo por hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, desde laboratorios artesanales hospitalarios hasta complejos industriales de alto nivel científico tecnológico, desde municipios, provincias y universidades, dando respuestas puntuales a las necesidades del pueblo, ante la enfermedad.
Esta Ley permitirá la accesibilidad y la universalización del fármaco para quien lo necesite, en una producción que hoy estaría en condiciones de satisfacer la demanda del 80% de la atención médica hospitalaria del país, siguiendo las normativas del ente regulador , el ANMAT, ya que se cuentan en la actualidad con 39 laboratorios, siendo los de Formosa, Misiones, San Luis, Santa Fe, Rosario, FFAA, y Hemoderivados de la Universidad de Córdoba, los autorizados a distribuir nacionalmente medicamentos. Los otros son provinciales, municipales y universitarios que tienen certificados provinciales de autorización.
Existen en casi todos ellos laboratorios de control de calidad, que asimismo se avocan a la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, con científicos y técnicos de primer nivel hasta hoy ignorados.
En esto se inscribe también, la repatriación de casi mil científicos que en ésta gestión desde el 2003 retornaron al país para colocar su formación y conocimientos al servicio de la recuperación de soberanía en salud que significa controlar el medicamento con tecnología propia sin dependencias de terceros países, lo cual nos obliga al corto plazo a producir materia prima es decir droga base, sustituyendo la importación que hoy es del 100%.
Los Laboratorios PPM estaban ya organizados en la Red de laboratorios Públicos desde el 2007 con apoyo del CONICET y del INTI en una tarea solidaria de respaldo recíproco, formación de recursos humanos, transferencia de tecnología y apoyo tecnológico, además de avocarse al control a través de los Comité de Bioética, de los medicamentos de plaza en cuanto a propiedades clínicas y trazabilidad.
Como vemos la Ley se inscribe sobre un hecho ya sucedido, que cobrará impulso ahora asumiendo además los Laboratorios PPM la calidad de empresa testigo de precios, frente a las enormes ganancias de la industria farmaceútica, que para tomar sólo el caso frecuente del paracetamol llega al 1000% desde su estructura de costos directos e indirectos.
Otro tema que deberán asumir los PPM será la importación centralizada, propuesta por la Presidenta de la Nación de los medicamentos de alto costo y baja incidencia, todos importados, que termina pagando la Seguridad Social en la Argentina, y cuyos sobreprecios llegan al 10,000%.
Efectivamente no es una equivocación de tipeo esta cifra, que hace que hoy núcleos de importadores, lucrando con la salud de enfermedades huérfanas, de escasa población, de universo limitado, estén esquilmando al sector público y al sistema solidario de obras sociales, además de provocar los hechos de corrupción conocidos.
El mal llamado gasto en salud en la Argentina es de los mas altos de Latinoamérica, 65 mil millones anuales, de los cuales 26 mil millones son salarios diferidos de trabajadores a través de obras sociales sindicales, provinciales y PAMI, sin embargo de ese total el gasto del medicamento es del 30%, el mas alto del mundo, cuando en otros países es del 15 al 18%. Este mapa debe cambiar a partir de esta Ley lo cual permitirá invertir en I+D y asimismo dar respuesta al UNASUR para 550 millones de compatriotas Latinoamericanos.
La SALUD es el derecho humano básico de cualquier individuo y esta Ley, junto al decreto de trazabilidad y la compra centralizada ordenada por la Presidenta no hacen mas que reafirmar el camino de la ampliación de derechos, tanto individuales como sociales, que han sido signo distintivo del peronismo desde sus inicios y son su razón de ser, por lo cual mantiene su vigencia actual, al seguir dando respuestas a las necesidades de la hora, con la mirad puesta en le pueblo argentino.


Opinión / Producción estatal de medicamento
por Eduardo Macaluse* Diputado Nacional

Agencia TELAM S.E. (Argentina) 02-08-11
El 29 de Junio de 2011 se aprobó en el Senado la Ley de Producción Estatal de Medicamentos Reactivos y Vacunas, proyecto del cual soy autor y se trabajó en conjunto con representantes de Laboratorios Estatales, desde el año 2002.
Fue aprobado con el voto de todas las fuerzas políticas de las dos Cámaras después de prolongados y ricos debates en las Comisiones de Salud.

La Ley tiene objetivos:
-La accesibilidad del medicamento a todas las capas sociales.
-La garantía de un estándar de calidad para un medicamento accesible, tomando base el manual de buena manufactura de la OMS.
-La baja del precio general de los medicamentos.
-El desarrollo tecnológico independiente de nuestro País.
-La producción de mayor valor agregado.

Establece lineamientos de Políticas Básicas para lograr estos objetivos
-Dotar de presupuesto adecuado a todos los laboratorios de Producción Estatal de Medicamentos Reactivos y Vacunas.
-Articular, organizar y coordinar sus esfuerzos en el marco Federal del COFELESA.
-Definir prioridades en líneas estratégicas teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos y estacionales de las regiones de nuestro País.

El mercado de los medicamentos en la Argentina tiene las siguientes características:
- Una estructura oligopólica y trasnacional con fuerte integración vertical (producción, distribución y venta).
- Una desregulación acentuada en los años 90.
- Una política de precios ligada menos a la estructura de costos que a las posibilidades de la demanda, debido a la inacción del estado al respecto.

Se suma a esto la decisión de relocalizar la producción a escala planetaria: la investigación corresponde a los países centrales, donde tienen su sede los grandes laboratorios. La producción efectiva se realiza en países subdesarrollados, siempre que garanticen bajos costos salariales, unido a un nivel aceptable de cualificación laboral, infraestructura, tecnología adecuada y precios bajos de las drogas utilizadas.
Las consecuencias para nuestro País son las que vemos hoy: la política de medicamentos está regida por el mercado, primacía de los laboratorios privados, precios elevados, costos bajos y escasa investigación, a pesar del elevado presupuesto que el Estado le destina.
Estas consecuencias la pagamos todos nosotros, todos los estratos de la población.
Pero hay un aspecto de ellas que es letal para las capas más pobres: los llamados medicamentos huérfanos, aquellos que se prescriben para enfermedades de la indigencia como por ejemplo el mal de Chagas-Mazza.
Quienes deben recurrir a ellos carecen de recursos por lo que los laboratorios, a falta de mercado, prefieren no producirlos.

En Argentina, existen desde hace años 39 Unidades de producción estatal de medicamentos reactivos y vacunas y 9 farmacias hospitalarias, el primero de ellos fundado en 1950 por Ramón Carrillo y los últimos como paliativo estatal a diferentes crisis económicas.
Dependen del Estado Nacional, de los Estados Provinciales, Municipios, Universidades Nacionales o de las Fuerzas Armadas. Por lo cual su articulación es compleja y requiere de políticas activas precisas, y de inversiones que busquen homogeneizar niveles que son disímiles, empujando hacia arriba.

Algunos de estos laboratorios, por falta de recursos son muy modestos y contrastan con otros que han llegado a ganar licitaciones a laboratorios privados.
Casi todos producen por debajo de su potencial, sea por carencia de infraestructura, por falta de presupuesto para sostener investigaciones, o por la dificultad de mantener al personal técnico calificado que emigra hacia el sector privado en busca de salario más elevado.

Varias de estas unidades de excelente nivel académico han demostrado a pesar de sus escasos recursos económicos los beneficios sociales de la Producción Estatal.
Podemos citar algunos ejemplos:
El Laboratorio Central de la Provincia de Buenos Aires, al fabricar Glibenclamida y entregarla a 37 centavos a los efectores públicos hizo bajar el precio de los proveedores privados de 77 centavos, a los aún hoy más caros 44 centavos.
El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad de Córdoba, recibe Plasma de diferentes lugares de Argentina y Países Limítrofes y devuelve productos elaborados. Tiene una planta de tejidos humanos obtenidos a partir de donaciones cadavéricas. Genera hueso molido para uso odontológico y está investigando para producir anestésicos odontológicos.
El Prozome de Río Negro logró con su producción de Albenazol a precios 44% más bajos que los del laboratorio privado que le proveía a la provincia.
El LIF de Santa Fe y el LEM de Rosario han ganado licitaciones con precios más bajos e igual calidad, a laboratorios privados, en la provisión del Plan Remediar.
Otros laboratorios como el Malbran o el Maiztegui están en condiciones, de producir vacunas en escala, para atender necesidades de nuestro País y también exportarla, si se volcaran las inversiones que el Estado destina al asociarse con el sector privado, pues han superado las etapas de la investigación y la producción.
Estos ejemplos no son los únicos, podríamos citar también el nivel de los laboratorios de la Universidad de San Luis, o el de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata.
Lo que queremos decir, es que es necesario canalizar, coordinar, fortalecer y estimular los enormes caudales de energía e inteligencia existentes en esas unidades, para volcarlas en beneficio de la población.
Es imprescindible, además, articular junto con esta Ley, una política integral sobre medicamentos que debe incluir cambios en la formación e información de los médicos (hoy fuertemente influida por los laboratorios), campañas para el uso racional del medicamento (los niveles de automedicación son alarmantes), una Ley que regule estrictamente su publicidad y una acción estatal que regule los precios en función de los costos. Y, por supuesto una política alimentaria distributiva y justa pues el alimento es la primera y básica medicación.

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