butlletí
groc Vol. 28, n.º 4, octubre - diciembre 2015
11
de diciembre de 2015
A
finales de septiembre la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, constituida por 118 diputados de 47 países, aprobó una
Resolución sobre salud pública e industria farmacéutica.1
Dirigida
a los gobiernos nacionales, propone medidas para acabar con la
opacidad que rodea las relaciones entre compañías farmacéuticas,
sistemas de salud y sus profesionales (véase el Cuadro 1).2
El
texto señala que de los medicamentos comercializados en los últimos
años, sólo algunos tienen un efecto terapéutico real, y que
algunos nuevos se comercializan a precios prohibitivos.
Además,
llama a aplicar criterios rigurosos en la autorización de nuevos
medicamentos, con una “cláusula de necesidad” (la necesidad
médica del fármaco debe ser un elemento clave de su evaluación).
Pide que los gobiernos garanticen la transparencia de las compañías
sobre los costes
reales
de la I+D de nuevos medicamentos, y que se establezca normativa para
evitar las puertas giratorias entre lugares de trabajo en la
regulación de medicamentos y en las compañías farmacéuticas.
Además,
propone dar más apoyo financiero público a las asociaciones de
pacientes, con el fin de reducir la influencia de los financiadores
privados.
También
hace referencia a la exageración de enfermedades y propone que
definiciones diagnósticas y umbrales de tratamiento se basen en
consideraciones de salud pública. Además, propone a los estados que
introduzcan un impuesto obligatorio sobre las actividades de
promoción de la industria farmacéutica para financiar la formación
médica continuada independiente. También propone hacer obligatoria
la publicación de la totalidad de los resultados de todos los
ensayos clínicos realizados con los fármacos comercializados, y que
se prohiba y se sancione cualquier acuerdo entre compañías que
tenga por objeto retrasar injustificadamente la comercialización de
versiones genéricas de cualquier fármaco.
disponible
en
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