Wikileaks, TTP y nuevas coartaciones

El gobierno mexicano negocia un acuerdo que limitaría la libertad de acceso a Internet

 

Miriam Posada García, Tania Molina Ramírez y Roberto González Amador

La Jornada  13 de noviembre de 2013

 

 

 

El gobierno mexicano negocia un acuerdo de alcance multinacional que, de acuerdo con organizaciones civiles, limita la libertad de acceso a Internet y obliga a los proveedores del servicio a suprimir contenidos cuando un autor considere que la difusión transgrede sus derechos de propiedad intelectual. El conjunto de compromisos considera la aplicación de sanciones en contra de aquellos proveedores que no realicen estas tareas de fiscalización, revela un documento que recoge los acuerdos a que han llegado hasta ahora los países y que Wikileaks entregó a ocho organizaciones y medios en el mundo, entre ellos La Jornada, en exclusiva para México.

El documento filtrado es el capítulo relacionado con Propiedad Intelectual y fue producido y distribuido en agosto de este año, luego de la 19 ronda de negociaciones, del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), en Bandar Seri Begawan, Brunei.

Cuando ocurra una disputa por difusión de contenidos con derecho de autor en Internet, la controversia será dirimida por un panel internacional cuyas decisiones deberán ser acatadas por los países que suscriban este acuerdo, aun si contraviene sus legislaciones locales, según el más reciente borrador del capítulo de Propiedad Intelectual que una docena de gobiernos, entre ellos el de México, negocian en el TPP.
La negociación de este acuerdo, en el caso de México, no ha ido acompañada de un debate público sobre sus alcances, a diferencia de lo que ocurrió hace dos décadas, cuando se discutió la incorporación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los alcances del TTP en cuanto a la regulación de Internet tienen como antecedente en México el compromiso contraido por el gobierno mexicano cuando en 2012 firmó el Acuerdo Comercial contra la  Falsificación (Acta), para revisar y en su caso modificar las leyes de Propiedad Industrial, Federal de Derecho de Autor y Aduanera.
La revelación del contenido de la negociación que realizan 12 países en el marco del TPP  “confirma que la administración de Estados Unidos busca obtener reglas comerciales que limitarían la libertad de Internet a lo largo de la región de Asia Pacífico” comentó Public Citizen, una de las principales organizaciones de defensa de consumidores en Estados Unidos, respecto del documento filtrado por Wikileaks a La Jornada.
“Los proveedores de servicios de Internet tendrán que cooperar con los dueños de los derechos de autor para impedir la piratería, y tendrán que acatar sus solicitudes de bajar contenido”, en caso que prospere ese capítulo del TPP, dijo a este diario Burcu Kilic, experto en temas de propiedad intelectual, de Public Citizen.
En la negociación del TPP participan los gobiernos de 12 países de la región Pacífico cuyas economías generan 35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial. Las negociaciones abarcan agricultura, servicios, compras de gobierno, regulación, controversias entre otras áreas. El documento entregado a La Jornada sólo incluye el estado actual de la negociación en el tema de propiedad intelectual.
Según el borrador, incorporar el tema de los derechos de propiedad intelectual al TPP busca dar más “relevancia al papel de la propiedad intelectual en promover el desarrollo económico y social particularmente respecto de la nueva economía digital, innovación tecnológica, transferencia y el intercambio de tecnología y comercio”.
La regulación de la propiedad intelectual en el TPP, según el documento, pretende reducir las barreras al comercio y la inversión “a partir de promover una integración económica más profunda mediante una efectiva y adecuada creación, utilización, protección y legislación de los derechos de propiedad intelectual tomando en cuenta los diferentes niveles de desarrollo económico, asi como la capacidad y las diferencia sde los sistemas legales nacionales”.
Mientras no hay información respecto del nivel de conocimiento que el público y los congresos de los países tienen sobre el alcance de laa reglamentación del uso en Internet planteada en el TPP,  por  lo menos 600 compañías estadunidenses incluidas de tecnología, farmacéuticas y alimentos tienen acceso al proceso de negociación y están aconsejando sobre las políticas, aseguró Burcu Kilic.
El borrador que recoge el proceso de negociación de los 12 gobiernos establece que los países deberán limitar la disponibilidad o establecer acciones en contra de los proveedores de servicio de Internet (PSI) que permitan que circulen pr sus redes contenidos que infrinjan los derechos de autor, o derechos relacionados, que hayan sido subidos por otras personas y sobre los cuales el autor haya reclamado los derechos.
La regla negociada en el TPP se aplicaría a contenido protegido por derecho de autor en los casos en que el PSI lo transmita, lo hospede en su red o lo conserve en sus sistemas. El documento señala que habría “incentivos legales para que los PSI acaten estos procedimientos o acciones contra los PSI que no lo hagan. Según el borrador, el gobierno canadiense propuso incluso que sean removidos los materiales o limitado el acceso al contenido.
Otra de las restricciones contenidas en el borrador es que ninguno de los países que participen en el TPP puede permitir la retransmisión de señales de televisión abierta, por cable o satelital a través de Internet sin la autorización del o los propietarios de los contenidos.
Claudio Ruiz, presidente de la organización chilena Derechos Digitales (http://www.derechosdigitales.org/), explicó que estas medidas “crean nuevos derechos que en la esfera internacional no han tenido consenso durante los últimos 15 años, como es el uso de contenidos. Se aumentan los plazos de protección en materia de derechos de autor hasta casi duplicar los estándares internacionales y crea nuevos derechos que no existen en ningún instrumento de propiedad intelectual y que pueden significar serias desventajas para el acceso al conocimiento y la cultura”.
El borrador recoge la propuesta de los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Singapur Nueva Zelanda y Perú para que sean creados los mecanismos legales que permitan “una acción efectiva en contra de cualquier violación a los derechos de autor considerados en el documento, incluidas acciones  expeditas para prevenirlas, así como la posibilidad de imponer sanciones penales y civiles”. A esta propuesta se oponen Brunei, Vietnam, Canadá y México.
El texto “también incluye propuestas inspiradas por Hollywood y la industria de la música para limitar la libertad de Internet y el acceso a materiales educativos, y forzar a los proveedores de Internet a actuar como quienes vigilan los derechos de autor y cortan el acceso a la gente el acceso a Internet”, dijo Burcu Kilic. “Estas propuestas no son populares en el mundo y han llevado a una parálisis en la negociación. Será muy difícil que concluya”, porque hay más de cien diferencias entre los negociadores.
Las propuestas contenidas en el borrador “avanzan en la dirección que llevaba la llamada  Acta de Cese a la Piratería en Línea, conocida SOPA”, afirmó a La Jornada Claudio Ruíz.
Las siglas SOPA hacen referencia a una iniciativa que surgió en el Congreso de Estados Unidos en 2011 y que tenía como fin expandir al mundo las atribuciones de la ley estadunidenses para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autori y bienes falsificados a través de Internet.
Los ocho medios y organizaciones a los cuales Wikileaks entregó el material son, además de La Jornada: Fairfax (Australia), CIPER y Derechos Digitales (Chile), New Zealand Herald (Nueva Zelanda), Knowledge Ecology International, McClatchy y Public Citizen (Estados Unidos).

Qué es la iniciativa de Ley para Detener la Piratería en Línea (SOPA)
Material relacionado con el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA):

El Acuerdo Comercial Antifalsificacion (ACTA)

Presentación de Irene Levy, presidenta de Observatel, sobre el ACTA, para el Grupo de Trabajo de este tema del Senado de la República, el 23 de febrero de 2011.

Conclusiones del Grupo de Trabajo "ACTA" del Senado, el 20 de julio de 2011.

Informe de la Secretaría de Economía sobre ACTA a la Cámara de los Senadores, el 29 de septiembre de 2011.

 

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