Trasncribimos un atriculo del amigo Alberto Ferrari
LEY DE MEDICAMENTOS, UN DEFICIT DE LA DEMOCRACIA
Sin remedio
Por Alberto Ferrari
Revista Zoom, 20 de junio de 2008
El lobby de los laboratorios medicinales, sumado a la apatía o connivencia de los legisladores, viene impidiendo la sanción de una Ley Nacional de Medicamentos desde hace cuatro décadas. Las consecuencias de este vacío legal son un atropello a la salud pública.
La democracia argentina adeuda a la sociedad una Ley Nacional de Medicamentos, pues desde 1983 los intentos por imponer un texto regulatorio para el sector fracasaron por el lobby de los laboratorios medicinales. Una historia parecida a la Ley de Radiodifusión, quizás menos intoxicante que los medios de comunicación, pero no menos perversa.
Hay sin embargo una aparente buena noticia: antes de fin de año se promulgará una ley para regular a las empresas de medicina privada, que hasta ahora han evitado ajustarse a cualquier norma legal. En otras palabras, para la ley “no existen” porque no existe ley para las prepagas.
En realidad, ahora son las empresas privadas las que piden una ley regulatoria, asustadas por la cantidad de demandas judiciales que reciben desde hace algunos años de pacientes que reclaman costosos medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades complejas, que, amparos judiciales mediante, obligan a las prepagas y a las obras sociales que paguen tratamientos de hasta 22 mil pesos mensuales, aunque no esté comprobada su eficacia terapéutica.
¿Eficacia qué…? Para eso están los gerentes de marketing y las estratégicas fundaciones financiadas por la propia industria, para que colaboren con los pacientes o sus familiares en la presentación de los amparos judiciales.
Esa avalancha de juicios ha convertido a las empresas de medicina privada de victimarias en víctimas, que están probando la amarga medicina de haber inflado los costos de sus prestaciones con nuevas tecnologías de dudosa eficacia, pero que funcionaban de anzuelos en los avisos publicitarios.
Incluso, los tibios intentos de transparentar al sector se han diluido con la complicidad de los funcionarios. En la Ciudad de Buenos Aires existe desde 2004 una ley que obliga a las prepagas y a las obras sociales a presentar sus balances, que deben remitir a todos sus afiliados, con detalle de prestaciones, costos e inversiones, entre otras exigencias. ¿Alguien ha recibido el balance de Osde, de Medicus o de la obra social de los bancarios, que junto con la obra social de los municipales de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba), ahora intervenida por Mauricio Macri, son las peores en el ranking de prestadores que elabora la Superintendencia de Servicios de Salud?
De Oñativia a la nada
El gobierno radical de Arturo Illia promulgó en 1965 la Ley de Medicamentos de su ministro de Salud, el salteño Arturo Oñativia, ley que fue una de las causales del golpe militar de 1966, bendecido por las multinacionales farmacéuticas. Casi es obvio mencionar que esa ley fue anulada apenas el dictador Onganía ingresó a la Casa Rosada.
Más de cuarenta años después no existe en Argentina una Ley de Medicamentos y el único avance para recortar la voracidad empresaria fue la Ley de Prescripción de Genéricos sancionada en 2002 por el Congreso, a instancias del ministro Ginés González García.
Los laboratorios han evitado durante más de cuatro décadas que los sucesivos parlamentos de la democracia aprueben una Ley Nacional de Medicamentos y en estos días han conseguido otro módico triunfo al trabar la sanción del Código de Etica para la Promoción del Medicamento, que impone que la información que reciban los médicos refleje “una sólida base científica, precisa, equilibrada, honesta y objetiva” y castiga el pago de coimas y sobornos a los profesionales disfrazados de “servicios profesionales”.
“Esa ley no va a salir”, dicen que prometió Ernesto Felicio, presidente de la cámara de los laboratorios extranjeros (CAEME) después de que el Código de Etica fue aprobado por unanimidad en Diputados. Tenía razón, el Senado lo devolvió sin aprobar y con modificaciones.
La defensa corporativista de la industria farmacéutica está tan acendrada que la reciente creación de un Programa Público de Fabricación de Medicamentos, anunciado por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, disparó las alertas entre las cámaras patronales del sector.
Algunos medicamentos en Argentina llegan al mostrador de las farmacias con una diferencia de 33 mil por ciento con relación al costo de la materia prima, cuando ingresa al puerto de Buenos Aires, según un informe que difundió el año pasado la Asociación de Agentes de Propaganda Médica.
En Argentina nadie investiga semejante abuso de mercado. Pero las multinacionales tienen menos suerte en sus casas matrices. La Comisión Europea inició este año una investigación por monopolio y entorpecimiento del ingreso de competidores de genéricos contra Sanofi-Aventis (franco-alemana), GlaxoSmithKline (británica), AstraZeneca (sueca-norteamericana), Sandoz (suiza), y Johnson&Johnson (estadounidense).
La investigación incluyó procedimientos judiciales, calificados de redadas por el periodismo, con inspectores y funcionarios que invadieron las oficinas de los laboratorios para revolver hasta el último documento y el último archivo que pudiera estar almacenado en las computadoras.
¿Alguien se imagina un procedimiento similar en los laboratorios argentinos en un intento por explicar las razones del sobreprecio de 2.258 por ciento del Lexotanil de Roche, uno de los tres medicamentos de mayor venta en el país? ¿O para dilucidar la tasa de rentabilidad del Losec (omeprazol) de AstraZeneca que asciende a 33.130 por ciento, pues el costo de la droga es de $0,10 por unidad pero se vende en las farmacias a $36,60?
Cómo los laboratorios arrodillaron a la democracia
Con el retorno de la democracia, Aldo Neri, ministro de Salud de Raúl Alfonsín, convocó a todos los sectores involucrados en el mercado farmacéutico para discutir una Ley Nacional de Medicamentos. Los colegios profesionales de médicos y farmacéuticos acudieron a la convocatoria e incluso uno de ellos, Antonio Somaini, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal, recibió intimidaciones telefónicas recomendándole que no se metiera con la industria.
Los laboratorios optaron por boicotear la convocatoria y acertaron en qué puerta debían golpear para impedir la aprobación de la Ley Nacional de Medicamentos, pues acudieron al ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille, quien a su vez le calentó los oídos a Alfonsín de que esa ley sería un obstáculo para las negociaciones que mantenía con el FMI. También hubo un embajador suizo que acudió a la Casa Rosada para explicarle al presidente “cómo se debe organizar” el mercado farmacéutico.
Lo ex diputados nacionales Aldo Neri y la peronista Silvia Martínez impulsaron entre 2003 y 2005 la sanción de una Ley Nacional de Medicamentos. Los proyectos fueron cajoneados en la Comisión de Salud de Diputados, cuyo actual presidente, el peronista santafesino Juan Sylvestre Begnis, prometió recientemente que se reactivará el debate parlamentario en pos de la sanción de esa norma legal y reconoció que el Congreso argentino “está en mora”.
Es la oportunidad de cumplir las promesas para demostrar que el lobby empresario ha dejado de susurrar a los oídos de los presidentes o los legisladores, como antes lo hicieron en las orejas de los generales de Onganía.
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