Las empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de
frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso
corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las
demás, sino que sus “leyes de mercado” tienen modalidades particulares.
Primero, por el hecho que tienen un mercado cautivo (personas que
padecen enfermedades o preocupadas por su salud), que es una clientela
vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos,
ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les
recetan los medicamentos (generalmente los médicos) o de la urgencia de
curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de
un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto
último, y la protección de patentes, son factores que disminuyen la
competencia.
Este cuadro le da a la industria farmacéutica un poder desmedido
para fijar los precios de comercialización, no tanto en proporción al
costo real de producción, cuanto que en función de lo que el precio de
mercado puede alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas empresas
transnacionales atestiguan de esta realidad; las tres mayores empresas
mundiales: Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de
129 mil millones de dólares; el PIB de muchos países no se acerca ni de
lejos a esta cifra.
Como ejemplo flagrante del sobre-precio basta recordar el caso de
Sofosbuvir, desarrollado para tratar la hepatitis C (una enfermedad que
antes no tenía cura), que afecta a más de 170 millones de personas en el
mundo y puede causar la muerte. Hace 5 años, Gilead Sciences de EEUU
compró la empresa Pharmasset por 11.000 millones de dólares, junto con
la patente del Sofosbuvir, medicamento cuyo precio de venta multiplicó
por 100. Un tratamiento diario durante 12 semanas llegó a costar hasta
US$84 mil dólares[1]. Con la venta de este producto, en un año la
empresa recuperó toda su inversión. Si bien ha bajado en algo el
precio, el medicamento sigue siendo inaccesible a muchos enfermos de
hepatitis C.
Cabe decir que, si los sectores empobrecidos no pueden pagar los
precios elevados, tampoco es de preocupación para la industria: los
pobres son vistos como un mercado para vender los medicamentos más
comunes y baratos. Ello sin hablar de las “enfermedades olvidadas”,
aquellas que afectan principalmente a sectores pobres del Sur y para las
cuales las farmacéuticas no se empeñan en investigar medicamentos para
contrarrestarlos, porque no se lo ve como una opción rentable; es el
caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, de la cual se estima que
apenas el 1% de personas afectadas tienen acceso a la medicación.
Ante este panorama de indefensión de la población frente al poder
de la industria farmacéutica, le corresponde al sector público una alta
responsabilidad para aplicar las necesarias medidas y regulaciones de
control y equilibrio del poder de mercado, para garantizar el derecho
humano a la salud, particularmente para los sectores más empobrecidos.
Un signo alentador en este sentido fue la resolución, este año, en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reafirma que el acceso
universal a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una
condición para gozar del derecho a la salud.
El acuerdo reitera el llamado a los Estados a que continúen
colaborando para desvincular el costo de la nueva investigación y
desarrollo, de los precios de los medicamentos, vacunas y diagnósticos,
en el caso de enfermedades que afectan principalmente a los países en
desarrollo y las enfermedades tropicales olvidadas. En otro acuerdo, se
reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en
materia de salud pública, mediante, entre otras medidas, la aplicación
efectiva de las flexibilidades reconocidas para países en desarrollo
bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el
comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el
costo de las medicinas, por ejemplo, con el establecimiento de licencias
obligatorias para producir medicamentos genéricos.
En la práctica, sin embargo, los países muchas veces son
presionados a renunciar a estos derechos, particularmente si han firmado
acuerdos comerciales. Tales acuerdos suelen incluir provisiones “TRIPS
plus”, como una prolongación del plazo de las patentes y el sistema de
disputas inversionistas-Estados que amenaza el uso de licencias
obligatorias y otras flexibilidades de TRIPS. El Acuerdo Transpacífico
(TPP), en caso de ser ratificado, alargaría, por ejemplo, los patentes
para las nuevas drogas biológicas (resultantes de la biotecnología), que
de por sí suelen ser mucho más caras, y prevé además que, a corto
plazo, los países en desarrollo signatarios deben adoptar las mismas
reglas de patentes que se aplican en los países desarrollados.
Respuestas regionales
En América Latina se está buscando diversas respuestas a estos
retos. Por ejemplo, en 2010, el Ministerio de Salud de Perú lanzó un
Observatorio de Productos Farmacéuticos
(http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/), donde los consumidores
pueden ubicar dónde comprar las medicinas más convenientes para sus
tratamientos y a menores precios. La medida ha contribuido a rebajar
los precios.
Una de las medidas más efectivas es la compra pública agregada, que
significa que el Estado negocia en masa la compra de los medicamentos
que más necesitan los servicios públicos de salud, lo que le permite un
mayor poder de negociación con las empresas productoras. Por ejemplo,
este año el gobierno ecuatoriano compró 326 medicamentos, de los más
usados para el tratamiento de las principales causas de muerte, mediante
una subasta inversa (o sea, donde son los vendedores que pujan, y gana
la oferta de menor precio), lo que le permitió un ahorro de unos 320
millones de dólares, (y eso, comparado con el precio más bajo de venta
en la región de cada medicamento; entonces representa un ahorro mucho
mayor en relación a lo que antes pagaba). Todo el proceso es de acceso
público: https://subastademedicamentos.compraspublicas.gob.ec/[2]
Antes de lanzar la subasta, Ecuador realizó un estudio de los
precios de todos los medicamentos más esenciales en la región, y
encontró que una misma empresa farmacéutica vende el mismo medicamento
en diferentes países con variaciones de precios de hasta 300% o incluso
600%, en algunos casos. El estudio le permitió fijar el precio
referencial de la subasta, ya que normalmente las farmacéuticas no
sueltan este tipo de información.
Sin duda esta ventaja aumentaría si varios países compran en
conjunto, lo que se hace posible en el marco de los acuerdos de
integración regional. Los países de Centroamérica ya cuentan con un
mecanismo común para la compra de unas 64 medicinas básicas; y ahora los
países de Suramérica (o varios de ellos) están considerando la
posibilidad de hacer lo propio, para lo cual Ecuador ha puesto a
disposición de Unasur su base de datos de precios en la región.
Por su parte, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud
(ISAGS), entidad de Unasur, está impulsando una serie de medidas para
estos propósitos. Además de impulsar una compra pública agregada entre
los países interesados y de ampliar la base de datos de precios (la cual
se hará público), se está elaborando un mapeo de las capacidades
productivas de medicamentos en la región, en particular en el sector
público, con la idea de que un país productor podría abastecer a toda
Suramérica con un medicamento específico, a menor costo. Hay
iniciativas también que apuntan a desarrollar nuevos medicamentos para
las enfermedades particulares de la región, en particular las
“olvidadas”.
Otras respuestas que se están trabajando regionalmente incluyen:
desarrollar vademécums fármaco-terapéuticos en el sistema de salud
pública (históricamente han sido elaborados por las empresas) con
información más completa y objetiva para orientar a los médicos; adoptar
legislaciones adecuadas para fijar techos a los precios de
medicamentos, evitando el mal uso de las patentes; homologar los
sistemas de registro sanitario y de control de calidad, que no tienen
por qué ser distintos en cada país. En el caso de medicamentos
“biosimilares” (un equivalente de genéricos, para los medicamentos
biológicos), por ser más complejos, hay la exigencia adicional de
asegurar que tengan la misma calidad, lo que requiere invertir en
investigación previa, que se podría hacer conjuntamente.
Amenazas
No obstante, se sigue enfrentando diversos problemas. Uno de ellos
es la “judicialización de la salud” como le explicó a ALAI, en una
entrevista, la nueva directora ejecutiva de ISAGS, Carina Vance. Los
ministros de salud de la región han identificado que es una de las
principales amenazas a los sistemas de salud, tanto para el uso racional
de medicamentos, como para la sostenibilidad de los sistemas, afirmó.
Por ejemplo, hay juicios planteados por grupos de enfermos que han
obligado al Estado a cubrir el costo de medicamentos patentados, que no
están en el cuadro nacional de medicamentos, ni necesariamente son
mejores, siendo además que el sistema judicial no está capacitado
técnicamente para juzgarlo. Colombia, en 2003, tuvo que gastar más de
mil millones de dólares por casos judicializados. En varias
oportunidades se ha descubierto que los bufets de abogados u ONGs que
auspician a estos grupos de pacientes reciben financiamiento de las
empresas farmacéuticas transnacionales, lo que constituye un claro
conflicto de interés.
A la par de estas prácticas, los niveles de corrupción van
penetrando a diversos estamentos de la sociedad. Es el caso de los
premios e incentivos económicos que las farmacéuticas entregan a ciertos
médicos para que receten sus medicamentos de marca, o a las farmacias
que más venden sus productos.
También hay cortes nacionales que han bloqueado, por ejemplo, el
uso de medicamentos “biosimilares”, por demanda de las empresas. O hay
empresas farmacéuticas que deciden unilateralmente retirar un
medicamento y remplazarlo por otro más caro, como lo denunció
recientemente en Ecuador una fundación que trabaja con personas
hemofílicas.
En suma, la concentración del poder de mercado de las
transnacionales farmacéuticas representa una amenaza directa al derecho a
la salud. La única manera de enfrentar efectivamente este poder es con
políticas públicas, que tendrán mayor fuerza si son concertadas
regional e internacionalmente. Todos los gobiernos, con independencia
de su color político, son afectados. En tal sentido es preocupante la
tendencia en algunos países hacia la reprivatización de los servicios
públicos, que reduciría este margen de maniobra; y más aún, dado el
carácter del sector farmacéutico, podría prestarse para afianzar el
cuadro de corrupción. Asimismo, sería inadmisible que se siga
entregando mayores prerrogativas a estas empresas a nombre del libre
comercio o de atraer la inversión extranjera.
Artículo publicado en la edición 517 (septiembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”. http://www.alainet.org/es/revistas/517
[1] Martin Khor, Access to medicines and the right to health and life, www.alainet.org/es/node/168961
[2] Ver también: Sally Burch, El poder de las farmacéuticas y el derecho a los medicamentos, www.alainet.org/es/articulo/179977
original en http://www.alainet.org/es/articulo/180785
Hace
un tiempo hacíamos en este mismo lugar una reflexión sobre la relación
de las sociedades médicas y los profesionales con la industria,
afirmando que “de forma directa (ayudas a los propios pediatras) o
indirecta (a través de convenios con las administraciones o de las
sociedades científicas), la docencia y formación en al ámbito de la
salud están siendo mayoritariamente promovidas y financiadas por la
casas comerciales”, lo que ocurre “aunque algunas instituciones
oficiales y grupos profesionales quieran ocultar o silenciar el origen
de sus ingresos para estos fines y la realidad de su relación con estas
empresas”(1). Todos sabemos que mientras no sea la Administración a
través de sus presupuestos la que asuma los costes de estas actividades
difícilmente se podrá aceptar una crítica general a esta relación. Esto
debe reconocerse así; y cualquier otra cosa es un ejercicio de doble
moral con beneficios particulares. El imperativo de rigor y
transparencia hacia la comunidad pediátrica y hacia la sociedad debiera
sentirse irrenunciable. Igualmente, tendremos que defender y reforzar un
plan de trabajo conjunto del que formen parte tanto el logro de una
prescripción de la mayor calidad posible como la realización de estudios
que ayuden a mejorar la competencia profesional, trabajos de
investigación sobre el uso adecuado de los medicamentos, la difusión y
actualización de conocimientos (1,2). Por todo ello, señalábamos, que
“la industria farmacéutica debe tenerse como un aliado estratégico de
importancia fundamental para nosotros”. El planteamiento es exactamente
el mismo a la hora de iniciar la colaboración con empresas no
farmacéuticas, incluidas las relacionadas con alimentos destinados a la
infancia y el uso de nuestro sello o logotipo en el proceso de
comercialización de algunas marcas, aunque en este caso se puede añadir
algún comentario más.
