Los encierros de pacientes afectados por la hepatitis C han permitido visibilizar uno de los principales problemas que arrastra el sistema sanitario desde la promulgación en 1986 de la Ley General de Sanidad: su dependencia absoluta de las multinacionales de farmacia al haber renunciado en aquel momento a la creación de un sistema público de investigación y producción de medicamentos.
La lucha de afectados y familiares ha puesto sobre la mesa la imposibilidad de acceder a un tratamiento reconocido hasta el momento como el más eficaz, debido al altísimo coste exigido por la multinacional que lo produce y ostenta su patente (Gilead, la misma empresa que vendió a Roche la patente del fármaco Tamiflú, la supuesta cura de la gripe aviar…) y que nuestro gobierno ha pactado.
El medicamento en cuestión es el Sofosbuvir y su nombre comercial, Sovaldi. El precio pactado por el gobierno es inasumible, tanto que hace imposible el tratamiento de los 35.000 pacientes que se estima lo necesitan. Pero lo realmente preocupante, es que existiendo estudios de costes que valoran el precio de producción de una pastilla de Sofosbuvir en 2.5 euros, y el tratamiento de 12 semanas entre 68 y 136 dólares Gilead lo proponga a un precio de 650 a 1.000 euros por comprimido y entre 25.0000 a 60.000 euros el tratamiento completo.
Las normas internacionales permiten que un gobierno emita licencias obligatorias para “permitir la producción de un producto patentado por otros o utilizar el proceso patentado sin el consentimiento del titular de la patente”. Esto significa que un gobierno puede promover la producción de Sofosbuvir por una empresa de productos genéricos a un precio mucho más bajo o importarlo de otro país en una versión genérica. Nuestro gobierno no lo ha hecho. Tampoco ha negociado conjuntamente con otros países la compra del medicamento, o se ha planteado pagar la patente a un fabricante de genéricos. También ha estado en contra, así como la Comisión Europea, de establecer un precio máximo para Sofosbuvir.
Nuestro gobierno podría incluso, así como lo ha hecho el gobierno Indio, cuestionar legalmente la patente sobre Sofosbuvir dado que esta molécula fue patentada previamente como un medicamento contra el cáncer, y se podría demostrar la ausencia de una innovación que justifique la patente actual. Pero nuestro Gobierno, así como la mayoría, tampoco lo ha hecho.
Sin embargo, no es sólo el Gobierno el que ha mantenido una actitud pasiva frente a la presión de Gilead. Nos llama poderosamente la atención el silencio de la mayoría de las sociedades científicas respecto al precio impuesto por la multinacional (lo que se repite con otras enfermedades), y nos genera grandes dudas respecto a sus relaciones con la industria multinacional farmacéutica.
Al margen de casos más oscuros, hay hechos incontrovertibles que podrían explicar ese silencio como que prácticamente todos los congresos de especialidades médicas están financiados por la industria farmacéutica, que prácticamente no existan canales de investigación que no estén financiados por la misma, o que la formación que se da en todas las Facultades de Medicina esté controlada por el negocio de los medicamentos.
Exigimos que en aras de la transparencia, dichas sociedades científicas hagan públicas las subvenciones que hayan recibido de la multinacional citada.
El evidente sufrimiento de los pacientes de Hepatitis C y sus familiares, constituye el reclamo perfecto para que todo tipo de fuerzas políticas quieran rentabilizar políticamente este problema. Las propuestas de actuación ante el Parlamento Europeo u otras instancias (políticas) no solo buscan ofrecer la falsa imagen de que nuestros problemas se solucionan delegando en políticos, sino que tienen intereses puramente electoralistas.
La problemática puesta en evidencia por los pacientes de Hepatitis C no es, sino una más de la larga lista de problemas del sistema sanitario, que tiene su raíz en el proceso de mercantilización que gobiernos de todo color político y empresas llevan ejecutando desde hace décadas. Hoy es la Hepatitis C, pero el hecho general es que la inmensa mayoría del gasto farmacéutico —que es casi la cuarta parte del gasto sanitario público total- está absolutamente sobredimensionado en función de los intereses de la industria farmacéutica.
Por todo ello la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad:
- APOYA DECIDIDAMENTE las movilizaciones de pacientes, familiares y población en general con el convencimiento de que sólo mediante la lucha mantenida en el tiempo podremos imponer la prioridad de las necesidades de las personas sobre los intereses económicos de las multinacionales y de los políticos a su servicio.
- EXIGE AL GOBIERNO que adopte todas las medidas necesarias para poner a disposición de los pacientes de Hepatitis C el medicamento Sofosbuvir imponiendo la primacía de las necesidades de salud sobre los derechos de patente.
- EMPLAZA AL GOBIERNO ACTUAL Y A TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS A ACOMETER UNA POLÍTICA INTEGRAL DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO QUE EXIGE:
- Poner en marcha una industria farmacéutica pública que fabrique y distribuya los medicamentos esenciales de forma que se garantice el acceso a todos los fármacos realmente útiles a quienes los necesiten.
- Derogar todas las normas que imponen el copago de medicamentos de uso hospitalario, a las personas pensionistas y el aumento del copago para las activas. Medicamentos gratuitos para todas las personas desempleadas.
- Eliminar del Registro todos los medicamentos inútiles, perjudiciales para la salud o con precios comparativos injustificadamente elevados. Todos los medicamentos admitidos en el Registro deberán tener financiación del sistema público.
- Dispensar directamente los medicamentos en los centros sanitarios a la dosis necesaria.
- Prohibir la financiación por parte de la industria farmacéutica de congresos, actividades científicas y de investigación, que deberán ser sufragadas con fondos públicos.
- Acabar con todo tipo de publicidad de medicamentos.
Original en bit.ly/1w5qQTY
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