El negocio de las patentes farmacéuticas mantiene a 90 milmillonarios en el mundo

Observatorio Sudamericano de Patentes, 19 de enero de 2015
Eduardo Ortega Socorro. Madrid

La ONG reclama que la financiación de la I+D debe desligarse de la fijación de los precios de los medicamentos a fin de acabar con los monopolios de las empresas

¿Es el negocio del medicamento lucrativo? Eso parece. De hecho, al menos 90 personas son ‘milmillonarias’ en el mundo gracias al sector, según indica un informe elaborado por Intermón Oxfam, que, con todo, carga contra los laboratorios y la protección intelectual e industrial con la que están dotados los medicamentos en su fase innovadora. 

José María Vera, director de Intermón Oxfam. Concretamente, la ONG considera que “si bien es cierto que el desarrollo de nuevos medicamentos es un proceso que puede requerir mucho tiempo y dinero, parece que los derechos de propiedad intelectual son casi el único incentivo de las empresas para invertir en investigación y desarrollo”, lo cual lleva a que el sistema se mueva “por intereses comerciales y no por el bien de la salud pública”.
Por ello, Intermón Oxfam reclama que “la financiación de la I+D debe desligarse de la fijación de los precios de los medicamentos a fin de acabar con los monopolios de las empresas”. En este sentido, recuerda que “con frecuencia, la investigación primaria e incluso algunos ensayos clínicos se financian con dinero público”.  De esta manera propone “un nuevo tratado mundial sobre I+D, incluidos los genéricos a precios asequibles, y excluir las normas de propiedad intelectual de los acuerdos comerciales”.


Además, “debe garantizarse una financiación suficiente para la I+D de los tratamientos más necesarios, y que los medicamentos resultantes sean asequibles para todas las personas que lo necesiten”.

Actividad de ‘lobby’
No se olvida Intermón Oxfam de la actividad de ‘lobby’ característica del sector farmacéutico. Tan solo en Washington, la industria dedicó 228 millones de dólares a este tipo de actividades en Washington, todo ellas con el fin de mantener o ampliar sus intereses en propiedad intelectual.
Asimismo, recuerda que las empresas cada vez arriesgan menos en términos de investigación. También en Estados Unidos, aproximadamente  el 75 por ciento de nuevos principios activos calificados como ’prioritarios’deben su existencia a fondos públicos.

El lobby farmacéutico gasta decenas de millones para presionar a favor del TTIP

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL , publico.es, 1 de septiembre de 2015
@alopezdemiguel
Las mayores corporaciones del sector gastaron 40 millones de euros en presionar a la Comisión Europea en 2014, 15 veces más que las organizaciones civiles. 
Ven el acuerdo comercial como una herramienta para lograr más beneficios, según un nuevo informe del Observatorio Corporativo al que 'Público' ha tenido acceso en primicia en España

Manifestación contra TTIP.- AF


No es ningún secreto que el TTIP goza de la bendición de las grandes multinacionales, pero cada vez hay más pruebas de los esfuerzos de estas corporaciones por sacar adelante el polémico tratado de libre comercio que Washington y Bruselas negocian con secretismo. En esta lucha por sellar el acuerdo las farmacéuticas ocupan un lugar protagonista: sólo en 2014 las principales empresas del sector invirtieron 40 millones en acciones de lobby, entre ellas las destinadas a impulsar el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 15 veces más de lo que invirtieron las organizaciones civiles en defensa de la sanidad pública o de la mejora en el acceso a medicamentos.

Público ha accedido en primicia en España al nuevo estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO): Prescripciones Normativas, la potencia de fuego del lobby farmacéutico europeo y sus implicaciones para la salud pública. El informe, que debe ver la luz este miércoles, alerta de la desigualdad de fuerzas entre las organizaciones de la sociedad civil y estas corporaciones, que cuentan con 176 lobbistas y hasta 113 pases de libre acceso al Parlamento Europeo, frente a los 48 agentes registrados por los colectivos civiles. Y esto, siempre según las cifras oficiales del registro de lobbistas de Bruselas, de carácter voluntario.

En concreto, y según el estudio, las farmacéuticas presionan para impulsar el TTIP intentando prolongar el periodo de concesión de patentes y combatir a los medicamentos genéricos. De hecho, el CEO apunta también que las empresas buscarían reducir aún más la transparencia sobre los ensayos clínicos de los nuevos fármacos -que ellas mismas realizan-, y en definitiva presionar para lograr la armonización de estándares de seguridad y de protección del consumidor a la baja que temen los detractores del TTIP.

“Las grandes farmacéuticas están utilizando el TTIP como una oportunidad para cimentar mayores periodos de monopolio, precios de medicamentos más altos y nuevas medicinas con limitado valor terapéutico”, reza el documento al que ha tenido acceso este diario.

Empresas como Bayer AG o GlaxoSmithKline figuran entre las que más recursos dedican a presionar a la Comisión: la última, con entre 150.000 y 199.000 euros invertidos, y la primera con 2.460.000 –aunque en esta partida se incluyen sus gastos en otras áreas de negocio de la empresa, como la de los pesticidas-, siempre según los datos del pasado mes de abril.

Algunas de las corporaciones que no figuran en el registro de lobbistas han contratado servicios de empresas de relaciones públicas o de presión por valor de decenas o cientos de miles de euros, según el estudio

Los tentáculos de las farmacéuticas son alargados: la inversión en acciones de lobby ha crecido, pero no todas las corporaciones que ejercen acciones de presión aparecen en este registro. Sorprendentemente, algunas de las que no figuran en este listado han contratado servicios de empresas de relaciones públicas o de presión por valor de decenas o cientos de miles de euros, y otras influyen a través de distintas asociaciones de pacientes o profesionales sanitarios en las que las corporaciones son activos agentes, y a las que donan importantes cantidades.

Un reciente estudio de la misma ONG, centrada en vigilar de cerca a las multinacionales, alertaba hace un par de meses del incremento del número de representantes del sector farmacéutico en las reuniones sobre el TTIP desde la fase preparatoria y la primera etapa de las negociaciones (2012-2013) a la siguiente fase (2013-2014), siempre según el registro oficial. El documento alertaba de que estas empresas han multiplicado por siete su presencia en reuniones sobre el acuerdo,y el nuevo informe denuncia también las facilidades de acceso de las transnacionales al Ejecutivo comunitario. Bruselas se muestra mucho más reticente a la hora de reunirse con representantes de la sociedad civil, como aparece documentado en los registros oficiales sobre el TTIP, que certifican que un 83% de las reuniones de la Comisión al respecto tuvieron a las empresas como protagonistas.

Por ejemplo, sólo entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 representantes de la Comisión mantuvieron 15 reuniones con la multinacional GlaxoSmithKline, a la cabeza de este ránking. “La industria farmacéutica reina sobre una enorme y bien abastecida maquinaria lobbista en Bruselas, disfrutando de un acceso casi sistemático a los legisladores de la Comisión Europea”, reza el estudio. Lo firma la investigadora Rachel Tansey, que ha utilizado los datos oficiales del periodo que va de marzo a julio de 2015 para desmontar de paso algunos de los mitos más comunes creados por las farmacéuticas.
 
Vuelta a Orwell

La cláusula de protección de inversiones podría armar a las empresas para influir directamente sobre los precios y los legisladores, permitiéndoles demandar a los estados ante tribunales arbitrales privados

 A lo largo de sus más de treinta páginas el documento carga contra la manipulación del lenguaje que durante años han llevado a cabo estas multinacionales. Las empresas aseguran ejercer una labor de "investigación", a pesar de que en muchos casos son las universidades o fundaciones quienes logran los nuevos fármacos, que posteriormente desarrollan estas corporaciones. A menudo, a precios que la inmensa mayoría de la población mundial no puede pagar, almacenando en cajones los fármacos que no consideran rentables.

El estudio critica también que estas corporaciones reciban subvenciones para realizar estas labores, y que logren elevados márgenes de beneficio gracias en parte a costosas campañas de marketing para vender sus productos, o persuadiendo directamente a los profesionales de la salud para que prescriban sus fármacos.

El polémico mecanismo de blindaje a las multinacionales o ISDS que originariamente debía incorporar el tratado, y que hoy permanece en una suerte de limbo, es precisamente otro de los peligros que el CEO encuentra en el acuerdo. La cláusula de protección de inversiones podría armar a las empresas para influir directamente sobre los precios y los legisladores, permitiéndoles demandar a los estados ante tribunales arbitrales privados, y no ante las justicias nacionales.

Frente a esta situación, el Observatorio Corporativo Europeo prescribe crear un registro obligatorio de lobbistas para acabar con algunas de las prácticas de estas empresas y mantener así verdaderamente monitorizada su actividad. Tampoco deja pasar la ocasión de alertar sobre los peligros del polémico tratado que Washington y Bruselas negocian desde mediados de 2013, y que desde el primer minuto han mantenido en la penumbra informativa, a presar del creciente número de voces que exigen cambios en el guión.

original en http://bit.ly/1JQc1eT

Rebelión europea para abaratar el último fármaco contra la hepatitis C

España no se ha sumado aún a la iniciativa lanzada por Francia en el Consejo de Sanidad

Gabriela Cañas / Jaime Prats , El País 14  de julio 2014


El poder curativo de un nuevo fármaco contra la hepatitis C, el sofosbuvir, y su elevado precio han movilizado a media Europa. Respondiendo al llamamiento hecho por Francia en la última reunión de ministros europeos de Sanidad, quince países se han unido para exigir una rebaja del coste de la innovadora medicina y, de paso, reforzar su posición negociadora frente al laboratorio que la produce, el americano Gilead. España asegura que no ha recibido ninguna invitación para sumarse a la rebelión pese a que la propuesta francesa se difundió por los servicios del Consejo Europeo entre los ministros reunidos en Luxemburgo los días 19 y 20 de junio.

“[La cuestión] se va a discutir mañana [por hoy], por lo que no hemos podido suscribir nada antes”, indica una portavoz de Sanidad, el departamento que dirige Ana Mato. El ministerio se refiere al encuentro de directores generales que se celebrará hoy en Bruselas, donde está previsto abordar, entre otros asuntos, el coste de las nuevas terapias para la hepatitis C. “Estamos dispuestos a colaborar con otros Estados en este ámbito”, añade la portavoz.

La propuesta francesa es un llamamiento conjunto a la industria farmacéutica para que reduzca el precio del sofosbuvir (que se vende bajo la marca Sovaldi). Desde entonces, los socios europeos se han ido sumando a la iniciativa. Según el Ministerio de Sanidad francés, son ya 14 los países que se han adherido a la iniciativa y entre ellos no está España, a pesar de que, como expresa la iniciativa, son los países del sur de Europa, junto a los del este, los que sufren una mayor prevalencia de esta infección contagiosa que solo en España afecta a 900.000 personas y que, tras un periodo de evolución que suele durar décadas, puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado.

Han suscrito esta declaración hasta la fecha Alemania, Italia, Polonia, Holanda, Portugal, Bélgica, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre, Croacia, Irlanda, Lituania y Luxemburgo, aparte de Francia. El laboratorio farmacéutico interpelado no ha reaccionado todavía al llamamiento, según informó la portavoz francesa de Sanidad a este periódico.

“Los precios fijados para los nuevos medicamentos contra la hepatitis C son extremadamente altos e insostenibles para los presupuestos de salud”, dice la declaración conjunta, que alerta de que dichos importes pueden dejar excluidos de los beneficios del medicamento a miles de pacientes. El texto conjunto añade: “Los precios de los fármacos deberían tener en cuenta los Presupuestos nacionales y la sostenibilidad de los sistemas de salud para que los pacientes tengan acceso a las innovaciones farmacéuticas”. Una declaración que puede aplicarse también a los últimos antitumorales u otras innovaciones.


Quince países se unen frente al laboratorio americano Gilead

La declaración no va tan lejos como para proponer una negociación conjunta de los precios, dados los obstáculos legales a este respecto, pero sí propone una red de intercambio de información permanente con la finalidad de que al menos se establezca un techo para los precios del fármaco en los países firmantes. “Cada país debe negociar con el laboratorio”, explica la portavoz de la ministra francesa Marisol Touraine, quien añade: “Consideramos que la declaración conjunta puede reforzar la posición negociadora de los sistemas de salud”.

Touraine está convencida de que la unión de estos países “da peso a las autoridades nacionales en la negociación sobre los precios con este laboratorio americano”. El texto conjunto señala a este respecto: “Las autoridades competentes y la industria farmacéutica deberían alcanzar un acuerdo entre el pago adecuado a la innovación y el acceso equitativo y asequible a las terapias innovadoras para los pacientes”.


La nueva medicación cuesta unos 60.000 euros por paciente

El tratamiento completo con sofosbuvir cuesta casi 60.000 euros. La Agencia Europa del Medicamento aprobó el fármaco el pasado mes de enero, pero en países como España, aún no se ofrece por parte de la red pública. Desde principios de año las autoridades sanitarias se encuentran negociando con el laboratorio un precio para incorporar el fármaco al sistema de salud sin que, hasta el momento, hayan llegado a un acuerdo por el elevado coste del compuesto. Según los cálculos de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, unos 3.000 pacientes españoles para los que no es eficaz la terapia actual necesitarían con urgencia la administración del medicamento.

En Francia, el laboratorio cobra 56.000 euros por paciente tratado. En Estados Unidos, donde el mismo tratamiento se eleva a los 84.000 dólares (61.700 euros), ya se conoce a este medicamento nuevo como “el fármaco de los mil dólares”, un número redondo que en Europa serían unos 735 euros, dado que es lo que cuesta la pastilla diaria que hay que tomar durante 12 o 24 semanas.


Responsables sanitarios tratan hoy en Bruselas esta cuestión

Francia no solo ha presentado la iniciativa mencionada, sino que registra entre sus legisladores una cierta revuelta contra lo que Forbes ha calificado de “coste abusivo” de los medicamentos. Cinco diputados socialistas han escrito una dura carta al presidente de Gilead en Francia, Michel Joly, exigiéndole las cuentas de la empresa.

Gilead no es el descubridor del fármaco contra la hepatitis C, sino la compañía que compró la empresa que lo desarrolló, Pharmasset, por 8.000 millones de euros. “Durante el primer trimestre de este año, Gilead ya ha registrado una cifra de negocios de 1.100 millones de euros en todo el mundo con Sovaldi, es decir, va a amortizar rápidamente la compra de Pharmasset”, ha declarado a Le Parisien Gérard Bapt, otro de los diputados firmantes del escrito.


El movimiento puede abarcar otros productos como los antitumorales

La hepatitis C es un grave problema de salud pública en Europa. La prevalencia de la infección es de entre el 0,5% de la población (en los países nórdicos) hasta el 5% en el sur y el este de Europa. Entre 5 y 10 millones de europeos están afectados y el sofosbuvir es un hito médico que podría marcar el inicio de la erradicación de esta enfermedad. El precio, sin embargo, dada la precaria situación de las arcas públicas en Europa, es un obstáculo casi insalvable que obliga de momento, como han señalado los expertos franceses en un informe oficial, a tratar solo los casos más graves (algo que también aceptan los hepatólogos españoles).

Las multas que la semana pasada impuso la Comisión Europea a varios laboratorios aumentan las sospechas de que hay una política tendente a engordar artificialmente los precios. La sanción fue de 427,7 millones de euros y la firma más perjudicada, la francesa Servier. El Ejecutivo europeo le acusa a ella y otros cinco laboratorios de dificultar la comercialización de un genérico más barato de un medicamento cardiovascular.


Compra centralizada de vacunas

El 20 de junio, España y otros 14 países de la Unión alcanzaron un acuerdo para la adquisición conjunta de vacunas. El objetivo de esta iniciativa no es tanto conseguir una posición de mayor fortaleza en la negociación con la industria y alcanzar rebajas de precio —que también—, sino, sobre todo, evitar problemas de desabastecimiento ante situaciones súbitas de aumento en la demanda, como las que se produjeron hace cinco años.

A raíz de la pandemia de la gripe A (H1N1) varios países europeos se encontraron en 2009 ante serias dificultades a la hora de adquirir dosis para sus ciudadanos. Entonces, la Comisión y el Parlamento Europeo pusieron en marcha una iniciativa que se plasmó en el acuerdo alcanzado hace algo más de tres semanas.

La iniciativa ya cuenta con la adhesión de España, Bélgica, Croacia, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Reino Unido. Países como Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Rumanía, Finlandia y Suecia han mostrado la intención de incorporarse. El comisario de Salud, Tonio Borg, ha alentado a todos los países a sumarse “lo antes posible” para “proceder a la primera adquisición conjunta de vacunas pandémicas”.

Además de sueros frente a brotes de gripe, también se contempla usar esta fórmula para afrontar necesidades relacionadas con infecciones por carbunco, botulismo, polio o hepatitis C.

Fuentes del Ministerio de Sanidad apuntan que el pacto no obliga a la compra colegiada, sino a sumarse a ella si las condiciones son más ventajosas que las que los países pueden conseguir por su cuenta.

Enlace a nota original http://bit.ly/U7wjO9

Sudáfrica planta cara a los monopolios farmacéuticos

Diariocrítico 24/01/2014

Médicos Sin Fronteras (MSF) expresa su satisfacción ante la constatación de que el Gobierno de Sudáfrica está dispuesto a resistir a las presiones de la industria farmacéutica, a pesar de que esta no cesa de intentar socavar los esfuerzos que está haciendo el país para reformar las leyes de patentes y mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos asequibles.

El pasado 17 de enero se filtraron una serie de documentos en la prensa sudafricana que revelaron la existencia de un oscuro plan para iniciar una campaña de relaciones públicas, encubierta y a gran escala, que contaba con un presupuesto de 600.000 dólares y que estaba financiada mayoritariamente por el lobby farmacéutico con base en EEUU. La meta de dicha campaña era desestabilizar los tan esperados planes del Gobierno sudafricano para la reforma de las leyes de propiedad intelectual, y conseguir de esta manera que no puedan entrar en vigor salvaguardas de salud pública que a día de hoy están ausentes en el sistema de patentes sudafricano.

A través de las iniciativas en las que está trabajando el Gobierno sudafricano, se lograría asegurar que las compañías farmacéuticas no puedan extender los monopolios mediante el registro de nuevas patentes para medicamentos cuando estos no suponen una novedad. Se trata de una práctica muy extendida a través de la cual se combinan dos medicamentos en una sola tableta, o se cambia ligeramente una formulación, y con la que las farmacéuticas pretenden lograr la 'perennidad' de las patentes bloqueando injustamente la competencia genérica. Las farmacéuticas consiguen así mantener los precios de los medicamentos muy altos y limitan la capacidad de los pacientes para acceder a los mismos.

Países como Brasil e India han conseguido un equilibrio correcto entre la promoción de la salud pública y el acceso a los medicamentos, sin que por ello las compañías farmacéuticas se hayan visto afectadas en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, pues se les sigue concediendo las patentes sobre aquellos desarrollos que resulten verdaderamente innovadores. Las nuevas políticas de propiedad intelectual sudafricanas, en el caso de que llegaran a aprobarse, se pondrían al nivel del conjunto de leyes de propiedad intelectual de otros países de renta media y también estarían acordes a la normativa internacional. Además, se sentaría un precedente positivo para otros países africanos que también están inmersos en procesos de reforma de su ley de patentes para tratar de asegurar que sus ciudadanos tengan acceso a los medicamentos que necesitan.

"Gracias a la filtración de estos documentos, ahora sabemos que Sudáfrica representa la 'zona cero' para las compañías farmacéuticas, y que éstas se están preparando para iniciar inminentes batallas legales contra los Gobiernos de los países con ingresos medios que pretendan facilitar el acceso de su población a los medicamentos asequibles", declara el Dr. Manica Balasegaram, director ejecutivo de la Campaña de MSF para el Acceso a Medicamentos Esenciales (CAME). "La industria farmacéutica no quiere que Sudáfrica reforme su sistema, y por supuesto no quiere que toque sus leyes de patentes, pues sabe que muchos otros países tratarían de seguirán el ejemplo".
Videocomunicado con declaraciones del Presidente de MSF, José Antonio Bastos, en respuesta a la afirmación del Director Ejecutivo de Bayer en la que dice que "No creamos este medicamento (el anticancerígeno Nexavar) para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo".

Empresas farmacéuticas amenazan a Sudáfrica por nueva ley de patentes

Jorge V. Jaime, Prensa Latina, 17 de enero de 2014

Grupos farmacéuticos internacionales amenazan con reducir sus inversiones en Sudáfrica como protesta ante planes de Pretoria para reformar leyes de propiedad intelectual sobre producción de medicamentos.

El gobierno sudafricano dio luz verde hace un mes a una nueva normativa que permitiría a fabricantes de medicamentos genéricos producir copias de estos fármacos a precios reducidos, en comparación con las medicinas patentadas.

La legislación, en su etapa final de implementación, adiciona además nuevos requisitos para el procedimiento de registro de productos farmacéuticos por compañías extranjeras.

Consorcios multinacionales como Sanofi, Baxter International, Pfizer y Novartis iniciaron una campaña a un costo de 600 mil dólares que pretende movilizar a expertos locales y foráneos en contra de las modificaciones legales defendidas por instituciones en este país.

El mundo está preocupado porque Sudáfrica está proponiendo un giro equivocado en cuanto a políticas económicas de protección de la propiedad intelectual, indica un manuscrito rubricado por las mencionadas empresas y citado en esta capital por medios especializados de prensa.

De acuerdo con la ley nacional actual, las compañías farmacéuticas son libres de registrar variantes menores de medicamentos ya ampliamente comercializados como si fueran nuevos hallazgos de la ciencia y sin que medie una revisión pormenorizada de especialistas.

Activistas sanitarios favorables a la reforma gubernamental recordaron que desde 2008 Sudáfrica aprobó más de dos mil 400 nuevas patentes, en comparación con un promedio internacional de 300. Hecho que demuestra la necesidad de una modificación legal.

El ministro de Salud, Aaron Motsoaledi, criticó la campaña planteada por los grupos multinacionales contra leyes sudafricanas y dijo que tales acciones representan en primer lugar una exageración, e incluso un crimen contra miles de pacientes.

Tales amenazas de recortar inversiones y los capitales dedicados al comercio de medicamentos pueden condenar a muchos sudafricanos a la muerte, señaló el funcionario.

Chile: Ley del lobby revelará a los que intentan influir sobre el Congreso y el Gobierno

Claudio Salinas y Paula Canales, 

La Segunda (Chile), 14 de enero de 2014 

Por fin, tras diez años de ires y venires en el Congreso, el proyecto de lobby está a punto de ser despachado y su puesta en marcha significará un gran salto en transparencia. Los altos funcionarios deberán publicar sus agendas de audiencias y habrá registro de lobbistas.

Después de más de diez años y varios intentos infructuosos, tanto de sucesivos gobiernos como de parlamentarios con vocación por los temas de transparencia, finalmente está a punto de ver la luz el primer marco legal que regulará las actividades de lobby en nuestro país.

En estos días el Senado y la Cámara de Diputados deberán pronunciarse sobre una propuesta de una comisión mixta que zanjó las diferencias surgidas entre las dos ramas del Congreso en torno a asuntos como la existencia de un registro habilitante para ejercer acciones de lobby, qué aspectos serán objeto de regulación y cuáles no y qué entidad llevará los registros de agenda pública.

La última batalla la dieron los senadores de oposición al presentar ante la Mixta una indicación para establecer la inscripción en un registro público de lobbystas remunerados como requisito previo para desarrollar la actividad, que fue rechazado por una mayoría trasversal de parlamentarios de la Alianza y la Nueva Mayoría. Pese a que este registro "ex ante" fue uno de los nudos críticos que entrabó en varias oportunidades la tramitación de la iniciativa, los legisladores de centroizquierda se allanarían finalmente a aceptar los registros de audiencias "ex post" que informarán las autoridades y altos funcionarios (los "sujetos pasivos de lobby") para facilitar el despacho de la ley.
En La Moneda y el Congreso coinciden en estimar que se está llegando al final del camino en esta materia.
Mociones que terminaron archivadas, presiones de grupos de interés y la ausencia de prioridad en la agenda legislativa habían terminado haciendo famosa la frase "el lobby mató el lobby" con la que diversos personeros ilustraron los continuos tropiezos que sufrió la iniciativa por mucho tiempo.
El primer proyecto integral para someter al lobby a una normativa jurídica fue presentado por el gobierno del Presidente Lagos en noviembre del 2003 en la Cámara de Diputados y llegó a ser despachado por el Congreso en abril del 2008, pero la entonces administración de la Presidenta Bachelet optó por recoger las observaciones de expertos y congresistas surgidos durante el debate parlamentario para someter a su consideración una nueva propuesta legislativa que ingresó al Senado en noviembre de ese año. Ese texto base fue el que reactivó y en algunos aspectos reformuló el gobierno del Presidente Piñera para llevarlo a puerto.
"¿Qué hace la iniciativa? Fundamentalmente, regular el lobby, pero poniendo énfasis en un aspecto: la transparencia. Los países que han legislado sobre este asunto siguen distintos modelos. Nuestra proposición se centra en la transparencia. Ella es el mejor antídoto contra la corrupción; es el mejor mecanismo para darle legitimidad y confianza al rol de las instituciones públicas", explicó el ministro Cristián Larroulet.

Definiciones y registros de agenda
El texto define el "lobby" como "aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos". En el mismo sentido, caracteriza al lobbista como "la persona natural o jurídica, chilena o extranjera, remunerada, que realiza lobby", precisando que si no media remuneración se denomina "gestor de intereses particulares".
Asimismo, la iniciativa obliga a transparentar las agendas públicas de las autoridades de la administración central (ministros, subsecretarios, jefes de servicio, directores regionales de los servicios públicos, intendentes, gobernadores, seremis), al igual que los gobiernos regionales y comunales (consejeros regionales, alcaldes, concejales). También se incluye a autoridades de otras instituciones públicas como la Contraloría General de la República, el Banco Central, los jefes de las Fuerzas Armadas, miembros del Congreso Nacional, fiscal nacional y fiscales regionales del Ministerio Público y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Dichos "sujetos pasivos" deberán dar a conocer las reuniones que sostengan con personas o instituciones que busquen hacer lobby o gestiones de intereses particulares con un fin, sean aquellos remunerados o no remunerados. Esas acciones tendrán que estar especificadas en las agendas de todas las autoridades públicas del país. Además, se establece la creación de varios registros, mediante los cuales la ciudadanía podrá enterarse de quiénes son los sujetos activos que realizan la actividad de lobby y qué sujetos pasivos son objeto de ella.
Estos registros de agenda pública deberán consignar las reuniones sostenidas, los asistentes, lugar y fecha de su realización, materia específica tratada y si se percibe una remuneración por dichas gestiones. Cuando corresponda, también debe informarse de los viajes, su destino, propósito y costo total así como la persona natural y jurídica que lo financió. Igual obligación rige para las donaciones oficiales y protocolares que reciban los sujetos pasivos en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el proyecto establece sanciones a las autoridades públicas y altos funcionarios que no proporcionen registro de sus audiencias con lobbistas con multas que van de 10 a 30 unidades tributarias mensuales (409 mil a 1 millón 230 mil pesos) y en caso de que dicha omisión sea deliberada o incluya información falsa ellas se elevan de 20 a 50 UTM (818 mil a 2 millones 47 mil pesos).

Puntos de controversia y acuerdo político
Uno de los puntos en controversia que debió zanjarse en la comisión mixta del Congreso fue dónde se radicaba la responsabilidad de sistematizar toda la información de los registros de audiencias para ponerla a disposición de la opinión pública cada seis meses. La propuesta del Ejecutivo fue que dicha tarea quedara entregada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia pero finalmente se convino en que sea un órgano autónomo como el Consejo para la Transparencia el que tenga la misión de reunir y actualizar la información de los registros cada tres meses.
Sin embargo, el núcleo principal de polémica entre el oficialismo y la oposición fue el tema de los registros, donde el Gobierno planteó que los sujetos pasivos de lobby los que deben generar, con la información que se publique mensualmente, el registro de lobbystas remunerados o de personas u organizaciones que promueven una gestión de interés particular no remunerada. En cambio, la Nueva Mayoría proponía que debe haber un registro habilitante para el lobby remunerado que establezca requisitos para que una persona o determinada institución o empresa pueda acreditarse para hacer lobby y ejercer influencia.

 Chile Transparente: "Se logró solución creativa"
El presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau , manifestó que el inminente despacho de la normativa que regulará el lobby "es de la máxima importancia porque Chile necesitaba desde hace mucho tiempo esta normativa en el ámbito de la transparencia".
"El acuerdo alcanzado en la comisión mixta debiera satisfacer las distintas visiones que existían sobre la actividad del lobby, sin perjuicio de que en el futuro esta ley puede ser objeto de mejoras. Sin embargo, lo conseguido desde ya constituye un hito porque vamos a conocer en forma clara la agenda de nuestras autoridades, con quienes y para qué se reúnen, lo que a su vez va a alimentar el registro de personas que de una u otra forma hacen lobby", puntualizó el abogado.
Hizo hincapié que el hecho de que una autoridad se reúna con quienes representen ciertos intereses en sí no es malo, pese a que hoy tiene cierto halo de irregularidad. " El gran avance de esta nueva ley es que esto ahora se va a hacer a la luz pública, independiente de la importancia de los intereses que represente quien pide la audiencia, sean estos empresarios, sindicatos o una junta de vecinos ", indicó.
Respecto al hecho de que no se haya logrado acuerdo para establecer un registro habilitante para ejercer el lobby, como en Estados Unidos, Delaveau sostuvo que en la comisión mixta "se llegó a una solución creativa y positiva en que se construirá un registro a partir de las agendas de las autoridades. No creo que el tema se solucione con un registro como el americano porque éste se encuentra bastante cuestionado al detectarse a agentes de lobby que no figuran registrados".

Cómo se regula en otros países

En Estados Unidos existe desde 1946 una legislación que regula las actividades de lobby. Dicha normativa fue reemplazada en 1995 por la Ley de Revelación de Cabildeos (Lobbying Disclosure Act of 1995) y en lo sustantivo define lo que se entiende como actividad de lobby, precisa quienes la ejercen, las actividades que no quedan cubiertas por la legislación, establece un registro en que deben anotarse los agentes de lobby y la exigencia de informar de las actividades, cada cierto tiempo, que realizan los lobbistas.

Por su parte, la Unión Europea dictó en 1992 una Comunicación por la que regula las relaciones entre los grupos de presión y las instituciones comunitarias. En el Reino Unido , desde 1998 está vigente una instrucción para los ministros de la corona en sus relaciones con los gestores de intereses.

En Argentina , vía decreto, se promulgó el 2003 el Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional y un Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses.

Chile : ministro de Salud denuncia “lobby y prácticas corruptas” de la industria farmacéutica

Mañalich denuncia “lobby y prácticas corruptas” de la industria farmacéutica

El Dínamo, (Chile) 4 de julio de 2013


“Chile es un país hipermedicalizado”, advirtió el ministro, señalando que Chile es el mayor consumidor de medicamentos de América Latina y en el de mayor gasto de toda la OCDE.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, denunció hoy la existencia de prácticas corruptas en la industria farmacéutica y enfatizó la necesidad de que el Parlamento apruebe rápidamente la Ley Nacional de Fármacos para poner fin a esta situación.

Este proyecto legislativo, que actualmente se debate en el Senado, frenaría la colusión de farmacias y laboratorios, eliminaría los incentivos para la venta de medicamentos de marca en detrimento de los genéricos y castigaría la publicidad engañosa, explicó el ministro en un encuentro con corresponsales extranjeros.

Además, permitiría la entrega de las dosis exactas prescritas por los médicos, la existencia de farmacias móviles (en 50 municipios de Chile no hay un solo establecimiento) y la venta en tiendas de genéricos que no requieren receta, además de regular por ley el funcionamiento de la Agencia Nacional del Medicamento.

La industria farmacéutica chilena, que factura anualmente 2.100 millones de dólares, “es muy cerrada y oscura, con ocultamiento de precios y casos de integración vertical entre laboratorios y farmacias”, denunció.


Las presiones de las farmacéuticas: Marketing, viajes y regalos

Este jueves, el secretario de Estado volvió a insistir en que la Ley Nacional de Medicamentos se está tramitando sin que los “lobbys” que intentan presionar a los parlamentarios hayan dado la cara, algo que sí ocurrió durante la discusión de la nueva Ley del Tabaco.

Mañalich también denunció que los empleados de las farmacias son obligados a ofrecer a los clientes medicamentos de marca mucho más caros que los genéricos, porque de ello depende su salario e incluso su puesto de trabajo.

“En Chile, la atención de la salud es mayoritariamente pública. De ahí el interés de la industria farmacéutica en penetrar el sistema”, aseveró el ministro, quien denunció otras prácticas corruptas.

Los médicos de consultorios públicos le dicen a los enfermos que el fármaco que se le administra gratuitamente es de mala calidad y a continuación le recomiendan adquirir uno de marca en una farmacia en la que le harán un descuento “diciendo que van de su parte“.

El Ministerio de Salud ha puesto estos casos en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica, ante la cual también ha denunciado la colusión entre las cadenas farmacéuticas y los laboratorios.

Otra circunstancia que agrava la situación es el hecho de que “la formación continua de los médicos está en manos de la industria farmacéutica”, que gasta buena parte de sus utilidades en marketing, viajes y regalos.

Según Mañalich, “el sistema de salud de Chile es uno de los mejores del planeta” y en contra de quienes opinan que la atención sanitaria en este país está en manos de las Instituciones de Salud Previsional, asegura que la atención privada apenas cubre el 15 % ciento de la población, mientras que el 80 % de la población es atendida por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
“Aquí todos nacemos enfermos”

“Chile es un país hipermedicalizado”, advirtió el ministro Mañalich, quien reconoció que en materia de prescripción de fármacos, “la práctica médica es osada e imprudente“.

“Aquí todos nacemos enfermos“, comentó de manera sarcástica para referirse al hecho de que los jóvenes de entre 20 y 30 años consumen en promedio dos fármacos al día, una proporción que sube a 4,5 para la población mayor de 65 años.

Esta situación, que convierte a Chile en el mayor consumidor de medicamentos de América Latina y en el de mayor gasto de toda la OCDE, “supone un gran sufrimiento para los pacientes y también para los contribuyentes”, asegura.

Pero además de consumir muchos fármacos, los chilenos tienen que soportar precios caros, ya que los remedios cuestan entre dos y cuatro veces lo que valen en los otros países de la región.

De cada 100 pesos del presupuesto en salud de una familia, 65 se destinan a comprar medicinas. “Esto supone la ruina para muchos”, reconoció el ministro.


http://bit.ly/129PIQc

UNASUR-MEDICAMENTOS : A favor de genéricos y contra lobbies

(ANSA). AEF-DS 20-05-12


Los países de Unasur defenderán la libre circulación de los medicamentos genéricos durante la 65 Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque "la seguridad de los paciente es prioritaria a los intereses comerciales", adelantaron fuentes del Ministerio de Salud de Argentina.


Los países de la región también propondrán la conformación de un mecanismo de resolución dentro de la OMS para que los países miembros tengan mayor capacidad de decisión que las empresas farmacéuticas, anticipó a ANSA un miembro de la delegación argentina antes de viajar a Ginebra, donde a partir de mañana debatirá la Asamblea Anual de la OMS, con alrededor de tres mil delegados.


"Los genéricos no violan la propiedad intelectual y nuestra obligación es garantizar la seguridad de los pacientes y no proteger intereses comerciales", señaló el vocero de la delegación argentina, país que será la "voz cantante" de Unasur durante la Asamblea Anual de la OMS, que finalizará el viernes venidero.


El comercio mundial de los medicamentos y la reforma institucional de la OMS, dos temas considerados "sensibles" dominarán la agenda de la OMS, que intentará distanciarse de los "lobbies" farmacéuticos, adelantó a ANSA el funcionario argentino.


Unasur "tiene una voz única y una posición común sobre la necesidad de eliminar las trabas a los genéricos que, como todo medicamento, deben demostrar que son seguros, eficaces y de calidad y además, en este caso, que son más baratos", afirmó el vocero del Ministerio de Salud de Argentina.


Los países de la región también propondrán "la conformación de un mecanismo de resolución dentro de la OMS en la que los países miembros tengan mayor capacidad de resolución que las multinacionales farmacéuticas".


"La industria farmacéutica tenía mas peso que la OMS en un grupo de trabajo del organismo y eso generó confusión" entre los países miembros, reconoció el funcionario argentino.


Los países deben ejercer el liderazgo" en ese mecanismo de resolución para que las decisiones de la organización mundial se complementen con las políticas nacionales de salud, sin injerencia de las compañías multinacionales, tal como ocurrió hace algunos años cuando estalló el primer brote mundial de la Gripe A, señaló el vocero argentino.


La posición de Unasur fue debatida por los funcionarios de salud de los países miembros y Argentina asumirá la representación del conjunto en virtud de su experiencia en el combate a la falsificación de medicamentos con el sistema de trazabilidad.


"Por suerte Unasur tiene una voz única e integral y una posición similar que permite un abordaje conjunto sobre la necesidad de constituir un grupo dentro de la OMS integrado por los propios Estados, las agencias sanitarias y especialistas, que se reúnan para tomar las decisiones complementarias a las iniciativas nacionales", propuso el vocero argentino, sobre la demanda regional.


El funcionario resaltó que Argentina tiene "antecedentes valederos como para hablar en nombre de Unasur porque "estamos en contra de falsificaciones y tenemos pruebas probadas" del combate a la piratería.


"Pero no vamos a confundir genéricos con propiedad intelectual y el combate a la falsificación tampoco es una confrontación entre genéricos contra marcas", remarcó el funcionario.


"Nuestra responsabilidad es garantizar la seguridad de los pacientes, no proteger intereses comerciales", completó el funcionario argentino, especializado en economía de la salud.

Lobby de la industria farmacéutica en la politica Europa

 

La industria farmacéutica gastó 40 millones en hacer 'lobby' en Europa

 

El Global,  6 de abril de 2012
Bayer AG, MSD y GSK fueron las compañías que más invirtieron según el Registro Europeo de Transparencia

  http://bit.ly/HvDC7r

Patronales y consultoras engrosan el grupo de entidades que tratan de influir en la política comunitaria

 

La política comunitaria europea cuenta cada día con más componentes que la asemejan al modelo americano. Entre ellos destaca la posibilidad de emprender acciones de lobbying, para que los sectores económicos puedan influir en las políticas que emergen de las instituciones que gobiernan el continente. Un ejemplo de ello lo encontramos en la industria farmacéutica, que gasta anualmente (entre laboratorios, patronales y consultoras) unos 40 millones de euros en este concepto, según un informe de la Health Action International (HAI) y el Corporate Europe Observatory (CEO) sobre los datos del Registro Europeo de Transparencia.

 

Tal y como señala el estudio, son 23 las compañías que están inscritas en el Registro Europeo, en torno al 20 por ciento de las que forman parte de la patronal Efpia. El gasto aproximado que estas realizan cada ejercicio es de unos 18,9 millones de euros, aunque los autores advierten que la cifra es relativa si se tiene en cuenta que la inscripción es voluntaria en Europa y que se han identificado algunos desfases entre la cantidad declarada y la inversión real.

Al margen de esto, cabe señalar que entre los laboratorios que más dinero destinaron a hacer lobby destacan Bayer AG, con más de 2,5 millones de euros, Merck Sharp & Dhome con 900.000 y GlaxoSmithKline, que declaró un gasto de unos 825.000 euros a durante el ejercicio 2011. Por detrás quedaron compañías como Pfizer (700.000 euros), Novartis (700.000 euros), Genzyme (600.000 euros), Amgen (550.000 euros), AstraZeneca (500.000 euros) y Bayer Healthcare (500.000 euros), que completaron el top ten de las firmas que más invirtieron en influir en la política europea y que gastan grandes sumas en hacer lo mismo en EEUU.

 

 

Patronales

 

Para acompañar la labor de las compañías en Europa, existen además 22 patronales que apuntadas en el Registro de Transparencia que realizaron un gasto declarado de 2,3 millones de euros, entre las que se encuentra la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA), que ha declarado un gasto de 571.900 euros durante 2011.

 

Junto a esta, aparecen inscritas la Asociación de la Industria del Autocuidado (150.000 euros), la asociación de Fabricantes Europeos de Vacunas (150.000), la asociación de Empresas Biofarmacéuticas Europeas (150.000 euros), la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (100.000 euros), la Alianza Europea por un Cuidado de la Salud Coste-Efectivo (100.000 euros), la Confederación Europea de Emprendedores Farmacéuticos (100.000 euros) y la Asociación de Terapias de Plasma y Proteínas (50.000 euros).

 

Asimismo, existe un grupo de 24 consultoras que hacen lobby en la UE en favor de la industria farmacéutica y que según los datos incluidos en el Registro Europeo habrían gastado más de 19 millones de euros. Destacan firmas como Burson-Marsteller, con un gasto estimado en 1,6 millones de euros en acciones para clientes como Bayer Schering, Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis, Lilly, Celgene, NovoNordisk, AstraZeneca, Amgen, BMS o Genzyme. Otras entidades destacadas fueron Hill & Knowlton International Belgium o Fleishman-Hillard.

 

Derecho a influir en la UE

 

El hecho de que el sector privado trate de influir en la toma decisiones políticas genera recelos en algunos sectores de la población, por lo que tanto Efpia como algunas compañías han querido zanjar la controversia justificando el valor de estas acciones.

 

Así, la patronal emitió un comunicado en el que defiende su derecho "democrático" a defender sus intereses en el marco europeo. "Es parte de nuestro trabajo. El sector farmacéutico está muy regulado y sería extraño que no intentáramos influir en esa legislación. A pesar de eso, los actores que tratan de influir deben ser transparentes no solo en las cifras, sino en las intenciones que tienen", decía la nota.

 

En esta misma línea, fuentes de Bayer señalaron la "legitimidad" de las acciones de lobby para trasladar a las autoridades las posiciones políticas de la industria, a la vez que apoyaron el Registro de Transparencia, el cual tratan de cumplir estrictamente, y animaron a otras compañías y organizaciones a suscribirlo.

 

Por su parte, Novartis considera que el sentido de estas acciones está en "facilitar a los decisores políticos su labor" y admitió que su compromiso con la transparencia le ha valido el ser considerada como una de las compañías que trasladan mayor confianza en el seno de la UE. Asimismo, reveló su contribución a la elaboración de un documento sobre "Ética y transparencia para la industria farmacéutica" que emitirá próximamente la Comisión Europea.

 

http://bit.ly/HvDC7r

Lobby de la industria farmacéutica para transparentar las leyes de la FDA

Drug Lobby Wants Clearer FDA Rules
Reuters Health Information, 20 de enero 2012

Por Anna Yukhananov  en Medscape News :http://www.medscape.com/viewarticle/757280

traducción: CIMUN disponible en http://www.cimun.unal.edu.co/


La industria farmacéutica dejaría de invertir en el desarrollo de medicamentos para enfermedades como la diabetes o la obesidad si la agencia reguladora estadounidense no expide guías más explícitas, manifestó el líder del grupo.
La Food and Drug Administration (FDA) debe aprobar previamente la comercialización de todos los medicamentos en los Estados Unidos, pero las compañías farmacéuticas reconocen enfrentar incertidumbres en cuanto a la manera con que la agencia evalúa los riesgos y los beneficios de tratamientos con potencial de amplio uso.
Para evitar esta incertidumbre, las compañías podrían enfocarse en fármacos especializados para el tratamiento del cáncer, donde es claro que los pacientes y la FDA aceptarían efectos adversos severos a cambio de tratamientos que potencialmente pudieran salvar vidas.

leer más en http://www.cimun.unal.edu.co//

Reforma del sistema de salud norteamericano parece naufragar ante el poder de aseguradoras y farmacéuticas.

Publican acuerdo secreto de farmacéuticas con la administración Obama
Las similitudes con el caso colombiano son evidentes

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Por Tatiana Samay Andia Rey
Federación Médica Colombiana


1. El aumento de los costos del sistema norteamericano es insostenible y urge una reforma

Uno de los temas más debatidos de la reforma al sistema de salud estadounidense ha sido el de la financiación. No la financiación de la reforma como tal, que a algunos preocupa, sino la financiación del sistema en general, que es considerada uno de los mayores detonantes de la crisis que vive la salud actualmente en los EE.UU. y que hace tan urgente una reforma.

En efecto, y como lo muestra un informe preparado por la administración Obama al respecto, "Estados Unidos gastó aproximadamente US $2.2 billones en asistencia médica en 2007, o US $7.421 por persona. Esto equivale al 16.2% del PIB, casi el doble del promedio de otras naciones desarrolladas". Adicionalmente, "los costos de asistencia médica se duplicaron entre 1996 y 2006, y se proyecta que aumentarán hasta llegar al 25% del PIB en 2025 y al 49% en 2082"[1].

La Casa Blanca ha expresado que la reforma al sistema de salud está orientada por ocho principios básicos, a saber:
- Reducir el crecimiento a largo plazo de los costos de la asistencia médica para las empresas y el gobierno
- Proteger a las familias de la bancarrota o de las deudas causadas por costos de asistencia médica
- Garantizar la elección del médico y de los planes de salud
- Invertir en prevención y bienestar
- Mejorar la seguridad para el paciente y la calidad de la asistencia
- Garantizar una cobertura médica asequible y de gran calidad para todos los estadounidenses
- Mantener la cobertura cuando una persona cambia de empleo o lo pierde
- Eliminar los obstáculos para la cobertura de personas con afecciones médicas preexistentes

De estos ocho principios al menos 3 tienen que ver directamente con la estructura de costos del sistema de salud y su financiamiento, ya que el aumento excesivo de los costos se ha canalizado principalmente de dos formas que van en detrimento de los más débiles participantes del sistema (i.e. las pequeñas empresas y los hogares):

- A través del aumento de las primas que pagan los empleadores, que termina afectando la competitividad de las empresas, pero sobretodo de las más pequeñas. En efecto, las primas de seguro de salud subsidiadas por el empleador han aumentado más del doble en los últimos 9 años, un crecimiento 3 veces más rápido que el incremento salarial acumulativo[2].

- A través del incremento en el valor de los deducibles, copagos y del porcentaje de conceptos que deben ser gasto de bolsillo de los hogares. De hecho, el deducible promedio para una familia de pequeña empresa aumentó 64% en sólo dos años, pasando de US $1,439 a US $2,367. Por su parte, los costos del propio bolsillo subieron aún más bruscamente, con un incremento del 30 por ciento, de un promedio de $2,827 en 2001 a $3,744 en 2006[3].


2. Las aseguradoras y las farmacéuticas son las mayores responsables de costos injustificados y representan el mayor obstáculo para la Reforma

El incremento permanente y exagerado de las cuentas de salud ha sido explicado por múltiples factores, pero sin duda el incremento en los costos asociados a la administración hecha por las aseguradoras y a la compra de medicamentos han sido los que mayor controversia han causado.

En su propuesta de campaña, Obama identificó las acciones anticompetitivas de la industria farmacéutica y de las compañías aseguradoras como uno de los principales causantes de los sobrecostos para el sistema, y manifestó expresamente que "no es justo que las familias Americanas estén pagando primas astronómicas mientras las compañías farmacéuticas y de seguros disfrutan records en sus utilidades"[4].

La situación de los medicamentos en particular es apremiante, si consideramos que constituyen la segunda causa más importante del incremento acelerado de los costos del sistema de salud norteamericano, y que en EE.UU. se puede pagar en promedio hasta 67% más que en otros países desarrollados por los mismos productos[5].

Es por eso que, frente a los elevados costos farmacéuticos, el actual presidente proponía en su campaña tres alternativas:

- Por un lado, permitir las importaciones paralelas de países con menores precios e iguales garantías de seguridad;
- Por otro lado, evitar que las compañías farmacéuticas limitaran la entrada de alternativas genéricas al mercado; y
- Por último, permitir que el programa Medicare negociara mejores precios de medicamentos.

Casi proféticamente, la misma propuesta de campaña resaltaba que tanto las aseguradoras como las compañías farmacéuticas, responsables de los mayores incrementos en los costos injustificados, "se benefician del status quo y en muchos casos representan el mayor obstáculo para la reforma"[6].


3. El primer semestre de 2009 las grandes farmacéuticas (big pharma) destinaron más de 13 millones de dólares al "lobby" y lograron un acuerdo secreto con la administración Obama

Y en efecto, la industria farmacéutica ha invertido toda su energía en influenciar el proceso de reforma, y definitivamente tiene suficientes recursos para hacerlo. Basta con conocer las cifras que PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), la organización que representa los intereses de la industria farmacéutica de investigación en los Estados Unidos, ha destinado al lobby en lo corrido del año 2009.

Efectivamente, según un artículo del Washington Post al respecto, PhRMA reportó haber destinado US$ 6.2 millones al lobby en el segundo trimestre del 2009. Esta cifra, sumada a los US$ 6.9 millones del primer trimestre del año, implica un aumento de más del 50% frente al mismo período del año pasado en el que dicha organización había destinado US $ 8.6 millones al lobby[7].

Así mismo, la compañía GlaxoSmithKline reportó un gasto en lobby de US $1.8 millones en el primer trimestre y de otros US $2.3 millones entre abril y junio. Por su parte, Novartis reportó gastos por el mismo concepto de US $1.4 millones en el primer trimestre y de US $1.8 millones en el segundo, y Bayer Corp. Mantuvo los US $2 millones de lobby en ambos trimestres[8].

Es así como, en días pasados la industria farmacéutica protagonizó uno de los escándalos más sonados de la Casa Blanca, al hacerse público un acuerdo secreto entre dicha industria y el gobierno de Barack Obama. Aunque las partes dicen que el reporte a la prensa no es exhaustivo, en el memorando interno que se hizo público hace una semana, PhRAMA se compromete a reducir hasta en US$ 80 billones (pero no más) los costos proyectados a 10 años, a cambio de que la Casa Blanca se abstenga de hacer futuras negociaciones para bajar los precios en el Medicare (parte D y parte B) y que se oponga a las importaciones paralelas[9].

El acuerdo, sin duda, contradice varias de las aseveraciones del presidente en su campaña, ya que éste se había comprometido a forzar a la industria a negociar mejores precios, a permitir las importaciones paralelas desde Canadá, y sobre todo, a realizar acuerdos de este tipo a la luz pública y no en privado.


4. Los gigantes farmacéuticos (big pharma) quieren más: Protección de datos de prueba de 12 años para medicamentos biotecnológicos y barreras tecnológicas para frenar la competencia de "biosimilares"

Pero mientras el debate se enfoca en el mencionado acuerdo de los US $ 80 billones, la industria avanza su agenda paralelamente y presenta una propuesta de acuerdo ante el congreso, que aunque ha generado debate, ha tenido mucha menos visibilidad que otros asuntos de la reforma.

Esta propuesta, sin embargo, podría poner en riesgo la viabilidad de la reforma misma si tenemos en cuenta que podría generar nuevos sobrecostos astronómicos para el sistema, y que, de nuevo, va completamente en contravía de lo propuesto por Barack Obama en su campaña.

La propuesta consiste en proteger por un período no inferior a 12 años los datos de prueba del los productos biotecnológicos. A pesar de la posición del presidente, que manifestó que 7 años era ya una protección generosa, y de la Comisión Federal para el Comercio, que sugirió que no debería haber protección en absoluto[10], la propuesta va bien en el congreso y podría ser aprobada.

Los medicamentos biotecnológicos, como ya lo hemos manifestado en otros boletines, representan la nueva apuesta de la industria farmacéutica, en la que están cifradas sus esperanzas de futuras utilidades. Pero además estos medicamentos ya tienen en jaque a buena parte de los sistemas de salud por sus excesivos costos.

El sistema norteamericano no es la excepción, si tenemos en cuenta que los medicamentos biotecnológicos cuestan en promedio 22 veces más que los productos farmacéuticos convencionales de marca, y que en algunos casos el tratamiento por paciente con estos medicamentos puede superar los US $ 100.000 al año[11].



5. Las similitudes con el caso colombiano son evidentes:
La experiencia norteamericana no está para nada alejada de nuestra realidad si miramos las trabas a las que se han enfrentado y el limbo en el que se encuentran las medidas para acatar la sentencia 760 de la Corte Constitucional. Así mismo, vale la pena recordar que hace solo unos cuantos meses en nuestro país se discutía una normativa que todavía está pendiente de aprobación y que buscaba exactamente lo mismo que su homónima americana, hacer más estrictos los requisitos de registro para los productos bio-similares extendiendo así los privilegios monopólicos de la industria farmacéutica transnacional.

Así mismo, y al igual que en Estados Unidos, los colombianos estamos pagando por los medicamentos significativamente más que el resto de la región latinoamericana, como lo muestra el informe de AIS-HAI y la propia Circular 02 de 2009 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos con el caso del Kaletra.

Más aun, no sería para nada exagerado afirmar que nos encontramos en un dilema similar al norteamericano y que, como ya lo hemos denunciado en este boletín en múltiples ocasiones, la suma entre desregulación, desinformación y protección de propiedad intelectual para preservar las ganancias de unos pocos, amenazan con hacer insostenible el sistema de salud colombiano privando a muchos del derecho fundamental a la salud.



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[1] “The costs of INACTION. The urgent need for Health Reform” en http://www.healthreform.gov/reports/inaction/inactionreportprintmarch2009.pdf
[2] “Helping the bottom line. Health Reform and small business” en http://www.healthreform.gov/reports/helpbottomline/helpbottomline.pdf
[3] “Hidden costs of Health Care: why Americans are paying more but getting less” en http://www.healthreform.gov/reports/hiddencosts/hiddencosts.pdf
[4] “Barack Obama and Joe Biden’s plan to lower health care costs and ensure affordable, accessible health coverage for all” en http://www.barackobama.com/pdf/issues/HealthCareFullPlan.pdf
[5] Uno de los estudios a este respecto muestra que para 2003 y una muestra de 30 medicamentos líder los precios eran 52% más bajos en Canadá, 59% más bajos en Francia y 47% más bajos en el Reino Unido. (en G. F. Anderson, D. G. Shea, P. S. Hussey et al., “Doughnut Holes and Price Controls,” Health Affairs Web Exclusive (July 21, 2004):w4-396–w4-404)
[6] “Barack Obama and Joe Biden’s plan to lower health care costs and ensure affordable, accessible health coverage for all” en http://www.barackobama.com/pdf/issues/HealthCareFullPlan.pdf
[7] “Lobbyists spend millions to influence Health Care”, The Washington Post, July 21, 2009.
[8] Ibid.
[9] Copia del memorando se encuentra en artículo del Huffington Post del pasado 13 de agosto. http://www.huffingtonpost.com/2009/08/13/internal-memo-confirms-bi_n_258285.html
[10] Los reportes de hecho indican que la competencia de seguidores biotecnológicos es deseable para proteger a los consumidores. Vea los reportes de la Federal Trade Commission en http://www.ftc.gov/opa/2009/06/biologicdrugs.shtm
[11] “Guest editorial: Big Pharma wants to keep monopoly” By Sarah Rimmington and Robert Weissman, The Tennessean, August 28, 2009. En http://www.tennessean.com/article/20090828/

EE.UU. el lobby de la industria farmacéutica no se detiene

La industria farmacéutica norteamericana invierte 28,8 millones de dólares en gastos de presión al poder durante el segundo trimestre

PM Farma (España) 24-07-09


Las farmacéuticas norteamericanas continúan vertiendo dólares a los cofres de Washington, ya que el debate sobre la reforma de salud no muestra señales de encontrar un final próximo. Nuevos informes sobre la presión a los grupos de poder presentados anteayer muestran que PhRMA invirtió 6,2 millones de dólares en esta actividad de ‘lobbying’ durante el segundo trimestre.
Pfizer gastó más que cualquier otra farmacéutica de forma individual: 5,6 millones de dólares. Tal y como informa el ‘Washington Post’, alrededor de 22 compañías y asociaciones de salud gastaron 1 millón de dólares o más durante este trimestre, y la mitad de ellas eran farmacéuticas.
Así es como se comportó la industria: tras PhRMA y Pfizer se sitúa Eli Lilly con 3,6 millones, GlaxoSmithKline con 2,3 millones, Bayer con 1,9 millones, Novartis con 1,8 millones, sanofi-aventis con 1,6 millones, Johnson & Johnson con 1,6 millones, Merck con 1,5 millones, Roche también con 1,5 millones y AstraZeneca con 1,2 millones de dólares. ¿El total? 28,8 millones de dólares.
Por supuesto, las farmacéuticas tienen toda la razón a la hora de querer tener un lugar privilegiado en la mesa de negociaciones. Y es que los legisladores están considerando todas las formas posibles de recorte de costes de salud, incluyendo recortes a Medicare, negociación del precio de fármacos, medicamentos biológicos genéricos entre otros. Ya la industria farmacéutica se comprometió a recortar 80.000 millones de dólares en costes de ayuda a la reforma, esperando así que su buena voluntad fuera recompensada en otro tipo de recortes. Lo más destacado es que, en el otro lado de la mesa de negociación cuando se cerró el trato de 80.000 millones de dólares de recorte, estaba el senador Max Baucus, quien preside el Comité de Finanzas del Senado, y que es el epicentro de las negociaciones de la reforma en este momento. Es entonces totalmente lógico que sea el comité de campaña de Baucus quien haya estado entre los mayores beneficiarios de los dólares invertidos por las compañías farmacéuticas a la hora de hacer presión sobre las distintas decisiones a tomar.

Negocio de medicamentos, una de las causas del golpe en Honduras

El empresario Jorge Canahuati, uno de los que apoya el golpe, tenía el monopolio de los medicamentos en honduras hasta que Zelaya introdujo genéricos.

ANSA 30/06/09

El golpe de estado en Honduras es un "globo de ensayo de los halcones de la inteligencia" de Estados Unidos, lo cual plantea al presidente Barack Obama un "problema interno" y frente a sus pares de América Latina, opinó hoy Estela Calloni, analista y escritora argentina.

La autora del libro "El Plan Cóndor" analizó en diálogo con ANSA la serie de factores internos y externos de Honduras, como la "fuerte" presencia militar norteamericana y los intereses del poder económico local.

Para la investigadora, "Estados Unidos no podía desconocer" el golpe contra Manuel Zelaya, ni "ignorar que llevaban al presidente en un avión" a Costa Rica, dado el control que ejerce en aeropuertos para custodiar la base militar que tiene en Palmerola.

Esa base cuenta con las mejores pistas de Centroamérica, ubicada entre Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La analista opinó que el golpe comenzó a gestarse el 24 de junio, cuando el ejército "robó las urnas" de la consulta no vinculante convocada por Zelaya y el embajador norteamericano en el país, Hugo Llorens, "se va el día antes para no estar presente cuando esto sucediera".

Caloni sostiene que el golpe es "un globo de ensayo de los halcones de la inteligencia" norteamericana para determinar "de qué modo se retoma el control perdido en la región".

Agregó que se trata del "peor pasado" de los equipos de inteligencia, entre ellos John Negroponte, el enviado a la región en los 80 para apoyar a los contras en la guerra al gobierno sandinista de Nicarag?a y que era conocido como "El virrey de Honduras".

Acerca del presidente Obama, la periodista e investigadora afirma que hay "dos visiones", una que dio "un guiño previo" al golpe, y la otra que los "halcones usaron esto para poner en una situación difícil" al mandatario, que se comprometió ante sus pares latinoamericanos a tener una relación distinta a la de George W. Bush y a poner fin a las intervenciones en los asuntos internos.

Si Obama no dio un "guiño", se le plantea "un problema interno", pero también una "situación definitoria" frente a los presidentes tinoamericanos, agregó.

Caloni citó como ejemplo cuando la secretaria de Estado, Hillary Clinton, recién asumida, dio un informe de derechos humanos elaborado en los tiempos de Bush y causó "malestar" en mandatarios de la región.

En cuanto a los factores internos, la investigadora recordó que Zelaya tuvo un "fuerte enfrentamiento" con sectores de poder económico por decisiones que además lo alejaron del Congreso, donde nunca tuvo mayoría propia.

Entre ellos, citó las medidas contra el monopolio de la importación de combustibles, que favorecía a Esso, Texaco y Shell, y de armas, que dijo maneja el empresario Jorge Canahuati, además de controlar la comercialización de medicamentos y ser dueño de los dos únicos diarios de Tegucigalpa, La Prensa y El Heraldo.

También irritó a los sectores conservadores y molestó a Estados Unidos, agregó, la intención de construir un aeropuerto internacional en Palmirola, lo que lleva al retiro de la base militar norteamericana allí asentada.

Sin remedio: ley de medicamentos u n déficit de la democracia

Trasncribimos un atriculo del amigo Alberto Ferrari

LEY DE MEDICAMENTOS, UN DEFICIT DE LA DEMOCRACIA
Sin remedio

Por Alberto Ferrari
Revista Zoom, 20 de junio de 2008

El lobby de los laboratorios medicinales, sumado a la apatía o connivencia de los legisladores, viene impidiendo la sanción de una Ley Nacional de Medicamentos desde hace cuatro décadas. Las consecuencias de este vacío legal son un atropello a la salud pública.

La democracia argentina adeuda a la sociedad una Ley Nacional de Medicamentos, pues desde 1983 los intentos por imponer un texto regulatorio para el sector fracasaron por el lobby de los laboratorios medicinales. Una historia parecida a la Ley de Radiodifusión, quizás menos intoxicante que los medios de comunicación, pero no menos perversa.
Hay sin embargo una aparente buena noticia: antes de fin de año se promulgará una ley para regular a las empresas de medicina privada, que hasta ahora han evitado ajustarse a cualquier norma legal. En otras palabras, para la ley “no existen” porque no existe ley para las prepagas.

En realidad, ahora son las empresas privadas las que piden una ley regulatoria, asustadas por la cantidad de demandas judiciales que reciben desde hace algunos años de pacientes que reclaman costosos medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades complejas, que, amparos judiciales mediante, obligan a las prepagas y a las obras sociales que paguen tratamientos de hasta 22 mil pesos mensuales, aunque no esté comprobada su eficacia terapéutica.

¿Eficacia qué…? Para eso están los gerentes de marketing y las estratégicas fundaciones financiadas por la propia industria, para que colaboren con los pacientes o sus familiares en la presentación de los amparos judiciales.

Esa avalancha de juicios ha convertido a las empresas de medicina privada de victimarias en víctimas, que están probando la amarga medicina de haber inflado los costos de sus prestaciones con nuevas tecnologías de dudosa eficacia, pero que funcionaban de anzuelos en los avisos publicitarios.

Incluso, los tibios intentos de transparentar al sector se han diluido con la complicidad de los funcionarios. En la Ciudad de Buenos Aires existe desde 2004 una ley que obliga a las prepagas y a las obras sociales a presentar sus balances, que deben remitir a todos sus afiliados, con detalle de prestaciones, costos e inversiones, entre otras exigencias. ¿Alguien ha recibido el balance de Osde, de Medicus o de la obra social de los bancarios, que junto con la obra social de los municipales de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba), ahora intervenida por Mauricio Macri, son las peores en el ranking de prestadores que elabora la Superintendencia de Servicios de Salud?

De Oñativia a la nada
El gobierno radical de Arturo Illia promulgó en 1965 la Ley de Medicamentos de su ministro de Salud, el salteño Arturo Oñativia, ley que fue una de las causales del golpe militar de 1966, bendecido por las multinacionales farmacéuticas. Casi es obvio mencionar que esa ley fue anulada apenas el dictador Onganía ingresó a la Casa Rosada.

Más de cuarenta años después no existe en Argentina una Ley de Medicamentos y el único avance para recortar la voracidad empresaria fue la Ley de Prescripción de Genéricos sancionada en 2002 por el Congreso, a instancias del ministro Ginés González García.

Los laboratorios han evitado durante más de cuatro décadas que los sucesivos parlamentos de la democracia aprueben una Ley Nacional de Medicamentos y en estos días han conseguido otro módico triunfo al trabar la sanción del Código de Etica para la Promoción del Medicamento, que impone que la información que reciban los médicos refleje “una sólida base científica, precisa, equilibrada, honesta y objetiva” y castiga el pago de coimas y sobornos a los profesionales disfrazados de “servicios profesionales”.

“Esa ley no va a salir”, dicen que prometió Ernesto Felicio, presidente de la cámara de los laboratorios extranjeros (CAEME) después de que el Código de Etica fue aprobado por unanimidad en Diputados. Tenía razón, el Senado lo devolvió sin aprobar y con modificaciones.

La defensa corporativista de la industria farmacéutica está tan acendrada que la reciente creación de un Programa Público de Fabricación de Medicamentos, anunciado por la ministra de Salud, Graciela Ocaña, disparó las alertas entre las cámaras patronales del sector.

Algunos medicamentos en Argentina llegan al mostrador de las farmacias con una diferencia de 33 mil por ciento con relación al costo de la materia prima, cuando ingresa al puerto de Buenos Aires, según un informe que difundió el año pasado la Asociación de Agentes de Propaganda Médica.
En Argentina nadie investiga semejante abuso de mercado. Pero las multinacionales tienen menos suerte en sus casas matrices. La Comisión Europea inició este año una investigación por monopolio y entorpecimiento del ingreso de competidores de genéricos contra Sanofi-Aventis (franco-alemana), GlaxoSmithKline (británica), AstraZeneca (sueca-norteamericana), Sandoz (suiza), y Johnson&Johnson (estadounidense).

La investigación incluyó procedimientos judiciales, calificados de redadas por el periodismo, con inspectores y funcionarios que invadieron las oficinas de los laboratorios para revolver hasta el último documento y el último archivo que pudiera estar almacenado en las computadoras.
¿Alguien se imagina un procedimiento similar en los laboratorios argentinos en un intento por explicar las razones del sobreprecio de 2.258 por ciento del Lexotanil de Roche, uno de los tres medicamentos de mayor venta en el país? ¿O para dilucidar la tasa de rentabilidad del Losec (omeprazol) de AstraZeneca que asciende a 33.130 por ciento, pues el costo de la droga es de $0,10 por unidad pero se vende en las farmacias a $36,60?

Cómo los laboratorios arrodillaron a la democracia
Con el retorno de la democracia, Aldo Neri, ministro de Salud de Raúl Alfonsín, convocó a todos los sectores involucrados en el mercado farmacéutico para discutir una Ley Nacional de Medicamentos. Los colegios profesionales de médicos y farmacéuticos acudieron a la convocatoria e incluso uno de ellos, Antonio Somaini, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Capital Federal, recibió intimidaciones telefónicas recomendándole que no se metiera con la industria.

Los laboratorios optaron por boicotear la convocatoria y acertaron en qué puerta debían golpear para impedir la aprobación de la Ley Nacional de Medicamentos, pues acudieron al ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille, quien a su vez le calentó los oídos a Alfonsín de que esa ley sería un obstáculo para las negociaciones que mantenía con el FMI. También hubo un embajador suizo que acudió a la Casa Rosada para explicarle al presidente “cómo se debe organizar” el mercado farmacéutico.

Lo ex diputados nacionales Aldo Neri y la peronista Silvia Martínez impulsaron entre 2003 y 2005 la sanción de una Ley Nacional de Medicamentos. Los proyectos fueron cajoneados en la Comisión de Salud de Diputados, cuyo actual presidente, el peronista santafesino Juan Sylvestre Begnis, prometió recientemente que se reactivará el debate parlamentario en pos de la sanción de esa norma legal y reconoció que el Congreso argentino “está en mora”.

Es la oportunidad de cumplir las promesas para demostrar que el lobby empresario ha dejado de susurrar a los oídos de los presidentes o los legisladores, como antes lo hicieron en las orejas de los generales de Onganía.