Observatorio Sudamericano de Patentes, 15 de noviembre de 2017
Agencias
El número de cláusulas suspendidas marca un compromiso entre los países
que querían ver un cambio más integral en el TPP y las economías más
avanzadas que deseaban que el pacto original se mantuviera en gran parte
intacto.-
Según el acuerdo alcanzado el 11 de noviembre en
Vietnam, el pacto comercial entrará en vigencia 60 días después de que
la mayoría (seis) de los 11 miembros ratifiquen el CPTPP. De acuerdo al
documento firmado en febrero del 2016, los países que representan el 85%
del PBI total del TPP original debían ratificarlo para que entre en
vigencia.
Este porcentaje sería imposible sin Estados Unidos. Buscando un nuevo
equilibrio Cuando los actuales miembros del TPP-11 (Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam) y EE.UU. firmaron el acuerdo original, acordaron estándares
altos en temas tales como derechos de propiedad intelectual y protección
del medio ambiente. Pero luego de que el presidente Donald Trump
retirara a EE.UU. del acuerdo en enero, muchos de los países signatarios
querían retirar las concesiones que habían hecho en gran parte para
obtener acceso a la economía más grande del mundo. “Esto no es
simplemente una diferencia entre un acuerdo con 12 u 11 miembros.
La retirada de EE.UU. supuso una gran dificultad para todos los países,
ya que teníamos que encontrar un nuevo equilibrio”, dijo el ministro de
Comercio vietnamita, Tran Tuan Anh, el 11 de noviembre, poco después de
que se revelara el nuevo pacto. Las 11 partes restantes no dijeron
cuándo se restablecerían las cláusulas suspendidas. “En la actualidad,
tampoco queda claro cómo se trataría la suspensión de disposiciones si
EE.UU. se reincorpora al acuerdo. Los once países podrían ratificar un
acuerdo que restablece automáticamente estas cláusulas cuando Estados
Unidos regrese”, según Electronic Frontiers Australia.
Propiedad intelectual y patentes
La mayor parte de las disposiciones suspendidas incluyen la eliminación
de: • cinco años de protección para datos de prueba no divulgados; •
ocho años de protección para datos de pruebas no divulgados sobre
productos biológicos; • 70 años de protección de derechos de autor
después de la muerte de un autor; • sanciones penales por eludir las
medidas tecnológicas de protección, información correcta de gestión y
las señales de televisión por satélite y cable; y • un requisito para
facilitar la cooperación entre los proveedores de servicios de Internet y
los titulares de derechos de autor cuyos derechos se han violado en
línea. El nuevo CPTPP también suspende las obligaciones para que las
partes proporcionen patentes que impliquen nuevos usos, métodos o
procesos de productos existentes o patentes para inversiones derivadas
de plantas.
Tampoco se exigirá a las partes que ajusten los términos de patentes
por demoras irrazonables en la concesión de la patente o la concesión de
aprobaciones de comercialización en el caso de productos farmacéuticos.
Solución de controversias y comercio electrónico Además de la propiedad
intelectual, las suspensiones también traen consigo un cambio
significativo en las normas sobre solución de controversias entre
inversionistas y estados (ISDS, por sus siglas en inglés), y ahora se
exige a los inversionistas demandar a los gobiernos en los tribunales de
ese país.
El ministro de Comercio de Nueva Zelanda, David Parker, dijo que aunque
los cambios no llegaron tan lejos como el nuevo gobierno de su país
quería, sí marcaron una mejora significativa con respecto al acuerdo
original. En un potencial golpe al comercio electrónico, el acuerdo
propuesto eliminaría la obligación de las partes de revisar
periódicamente las tarifas de envíos urgentes; sus defensores esperaban
ver gradualmente una disminución de dichas tarifas según el volumen de
paquetes enviados. También se suspendió una disposición para prohibir
que los servicios postales de monopolio subsidien los servicios de
entrega urgente que compiten con rivales privados, algo que había sido
criticado por sindicatos postales en Canadá y otros lugares.
, se suspendió una obligación de aplicar las normas acordadas sobre
contratación pública a niveles inferiores de gobierno dentro de los tres
años posteriores a la entrada en vigor del acuerdo. En cambio, los
países, en una nueva nota a pie de página, acordaron comenzar a negociar
su aplicación a niveles más bajos de gobiernos dentro de cinco años.
Selene Rosales, LaRepublica.pe, 7 de octubre de 2016
Acuerdo comercial.
Fue firmado durante el gobierno de Humala. El actual Ejecutivo ya envió
el acuerdo al Congreso y sobre ello no se dice nada. Aún deben
absolverse los cuestionamientos respecto a los impactos en temas como la
salud.
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP) fue suscrito por el gobierno de Ollanta Humala (la ex ministra
Magali Silva) en febrero y el 23 de setiembre el gobierno de Kuczynski
lo envió al Congreso, para su ratificación. En este momento está en la
Comisión de Relaciones Exteriores.
Los defensores del TPP
son principalmente los grupos empresariales y gubernamentales, que lo
presentan como oportunidad de oro, al permitirles a las empresas
peruanas enviar sus productos a los países firmantes con las ventajas
arancelarias pactadas. No obstante, voces críticas,
como la de Ana Romero Cano, coordinadora de la plataforma Redge,
consideran que el TPP fue firmado de espaldas a los intereses
nacionales.
Romero dice que aún hay escasa información pública sobre el TPP y que el Parlamento tiene dos años para discutir y analizar el acuerdo, así como para que la sociedad lo conozca “hasta que se despejen todas las dudas”.
Tres puntos
El
documento consta de 30 capítulos. En cada uno aborda un área importante
y establece reglas que los países miembros deben cumplir. Esto
demuestra que tratados como este son “más que acuerdos comerciales”,
afirma el ex viceministro de Gestión Ambiental José de Echave. “Si
uno revisa los capítulos, ahí están prácticamente todos los temas que
atraviesan la discusión económica, política y social de un país”,
enfatiza. Son al menos tres los puntos que el nuevo gobierno debería revisar, apunta el economista y ex gerente de Essalud Pedro Francke:
los precios de los medicamentos, la restricción del acceso a contenidos
de internet y el mecanismo que permitiría a las empresas demandar al
Estado ante instancias internacionales por incumplir el acuerdo
comercial. La ley peruana establece para cada
medicamento una patente por 20 años, pero el TPP permitiría nuevas
concesiones y ampliaciones de protección de datos de prueba y patentes. En la práctica, ambas impiden que sus equivalentes genéricos (más baratos) circulen en el mercado. Para
medicamentos químicos, la protección de datos de prueba por cinco años
ya existe, pero subirá por no menos de tres años, si se halla
información clínica que conduzca a segundos usos. También puede
ampliarse ante “demoras injustificadas” en su registro. Un peligro mayor representa la concesión de protección de datos de prueba por cinco años para productos biológicos, necesarios para enfermos de cáncer, diabetes u otros que requieren medicinas nuevas que ingresan al país muy caras. Por estas razones, antes de la firma del TPP, el entonces ministro de Salud, Aníbal Velásquez, le manifestó su oposición a su par de Comercio Exterior, Magali Silva. Al
respecto, Silva se limitó a señalar que la duración de 20 años de las
patentes no varió y que al periodo de protección de datos de prueba solo
se le añadió “una ventana de acceso que inclusive lo puede reducir”. Francke advierte que estudios independientes, en el Perú y el mundo, demuestran que el TPP incrementará los precios de las medicinas. “Si hay otro estudio independiente que demuestre lo contrario, deberían mostrarlo”, agrega.
Se alistan movilizaciones
El 12 de octubre se realizará en Lima una movilización encabezada por el colectivo “Peruanos contra el TPP”. También
habrá una manifestación conjunta en Perú, Chile y otros países de
Latinoamérica para el 4 de noviembre. En el mismo mes llegará a Lima el
presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Obama es el
principal impulsor del TPP, pero una vez que concluya su gestión es muy
posible que su sucesor no siga en esta dirección, pues los principales candidatos, Donald Trump y Hillary Clinton, han manifestado su oposición al acuerdo. Si EEUU no firma el TPP, no se hará vigente para ningún otro país porque no se podría cumplir el requisito de concentrar el 85% del PBI de los 12 países involucrados.
Las empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de
frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso
corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las
demás, sino que sus “leyes de mercado” tienen modalidades particulares.
Primero, por el hecho que tienen un mercado cautivo (personas que
padecen enfermedades o preocupadas por su salud), que es una clientela
vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos,
ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les
recetan los medicamentos (generalmente los médicos) o de la urgencia de
curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de
un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto
último, y la protección de patentes, son factores que disminuyen la
competencia.
Este cuadro le da a la industria farmacéutica un poder desmedido
para fijar los precios de comercialización, no tanto en proporción al
costo real de producción, cuanto que en función de lo que el precio de
mercado puede alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas empresas
transnacionales atestiguan de esta realidad; las tres mayores empresas
mundiales: Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de
129 mil millones de dólares; el PIB de muchos países no se acerca ni de
lejos a esta cifra.
Como ejemplo flagrante del sobre-precio basta recordar el caso de
Sofosbuvir, desarrollado para tratar la hepatitis C (una enfermedad que
antes no tenía cura), que afecta a más de 170 millones de personas en el
mundo y puede causar la muerte. Hace 5 años, Gilead Sciences de EEUU
compró la empresa Pharmasset por 11.000 millones de dólares, junto con
la patente del Sofosbuvir, medicamento cuyo precio de venta multiplicó
por 100. Un tratamiento diario durante 12 semanas llegó a costar hasta
US$84 mil dólares[1]. Con la venta de este producto, en un año la
empresa recuperó toda su inversión. Si bien ha bajado en algo el
precio, el medicamento sigue siendo inaccesible a muchos enfermos de
hepatitis C.
Cabe decir que, si los sectores empobrecidos no pueden pagar los
precios elevados, tampoco es de preocupación para la industria: los
pobres son vistos como un mercado para vender los medicamentos más
comunes y baratos. Ello sin hablar de las “enfermedades olvidadas”,
aquellas que afectan principalmente a sectores pobres del Sur y para las
cuales las farmacéuticas no se empeñan en investigar medicamentos para
contrarrestarlos, porque no se lo ve como una opción rentable; es el
caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, de la cual se estima que
apenas el 1% de personas afectadas tienen acceso a la medicación.
Ante este panorama de indefensión de la población frente al poder
de la industria farmacéutica, le corresponde al sector público una alta
responsabilidad para aplicar las necesarias medidas y regulaciones de
control y equilibrio del poder de mercado, para garantizar el derecho
humano a la salud, particularmente para los sectores más empobrecidos.
Un signo alentador en este sentido fue la resolución, este año, en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reafirma que el acceso
universal a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una
condición para gozar del derecho a la salud.
El acuerdo reitera el llamado a los Estados a que continúen
colaborando para desvincular el costo de la nueva investigación y
desarrollo, de los precios de los medicamentos, vacunas y diagnósticos,
en el caso de enfermedades que afectan principalmente a los países en
desarrollo y las enfermedades tropicales olvidadas. En otro acuerdo, se
reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en
materia de salud pública, mediante, entre otras medidas, la aplicación
efectiva de las flexibilidades reconocidas para países en desarrollo
bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el
comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el
costo de las medicinas, por ejemplo, con el establecimiento de licencias
obligatorias para producir medicamentos genéricos.
En la práctica, sin embargo, los países muchas veces son
presionados a renunciar a estos derechos, particularmente si han firmado
acuerdos comerciales. Tales acuerdos suelen incluir provisiones “TRIPS
plus”, como una prolongación del plazo de las patentes y el sistema de
disputas inversionistas-Estados que amenaza el uso de licencias
obligatorias y otras flexibilidades de TRIPS. El Acuerdo Transpacífico
(TPP), en caso de ser ratificado, alargaría, por ejemplo, los patentes
para las nuevas drogas biológicas (resultantes de la biotecnología), que
de por sí suelen ser mucho más caras, y prevé además que, a corto
plazo, los países en desarrollo signatarios deben adoptar las mismas
reglas de patentes que se aplican en los países desarrollados.
Respuestas regionales
En América Latina se está buscando diversas respuestas a estos
retos. Por ejemplo, en 2010, el Ministerio de Salud de Perú lanzó un
Observatorio de Productos Farmacéuticos
(http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/), donde los consumidores
pueden ubicar dónde comprar las medicinas más convenientes para sus
tratamientos y a menores precios. La medida ha contribuido a rebajar
los precios.
Una de las medidas más efectivas es la compra pública agregada, que
significa que el Estado negocia en masa la compra de los medicamentos
que más necesitan los servicios públicos de salud, lo que le permite un
mayor poder de negociación con las empresas productoras. Por ejemplo,
este año el gobierno ecuatoriano compró 326 medicamentos, de los más
usados para el tratamiento de las principales causas de muerte, mediante
una subasta inversa (o sea, donde son los vendedores que pujan, y gana
la oferta de menor precio), lo que le permitió un ahorro de unos 320
millones de dólares, (y eso, comparado con el precio más bajo de venta
en la región de cada medicamento; entonces representa un ahorro mucho
mayor en relación a lo que antes pagaba). Todo el proceso es de acceso
público: https://subastademedicamentos.compraspublicas.gob.ec/[2]
Antes de lanzar la subasta, Ecuador realizó un estudio de los
precios de todos los medicamentos más esenciales en la región, y
encontró que una misma empresa farmacéutica vende el mismo medicamento
en diferentes países con variaciones de precios de hasta 300% o incluso
600%, en algunos casos. El estudio le permitió fijar el precio
referencial de la subasta, ya que normalmente las farmacéuticas no
sueltan este tipo de información.
Sin duda esta ventaja aumentaría si varios países compran en
conjunto, lo que se hace posible en el marco de los acuerdos de
integración regional. Los países de Centroamérica ya cuentan con un
mecanismo común para la compra de unas 64 medicinas básicas; y ahora los
países de Suramérica (o varios de ellos) están considerando la
posibilidad de hacer lo propio, para lo cual Ecuador ha puesto a
disposición de Unasur su base de datos de precios en la región.
Por su parte, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud
(ISAGS), entidad de Unasur, está impulsando una serie de medidas para
estos propósitos. Además de impulsar una compra pública agregada entre
los países interesados y de ampliar la base de datos de precios (la cual
se hará público), se está elaborando un mapeo de las capacidades
productivas de medicamentos en la región, en particular en el sector
público, con la idea de que un país productor podría abastecer a toda
Suramérica con un medicamento específico, a menor costo. Hay
iniciativas también que apuntan a desarrollar nuevos medicamentos para
las enfermedades particulares de la región, en particular las
“olvidadas”.
Otras respuestas que se están trabajando regionalmente incluyen:
desarrollar vademécums fármaco-terapéuticos en el sistema de salud
pública (históricamente han sido elaborados por las empresas) con
información más completa y objetiva para orientar a los médicos; adoptar
legislaciones adecuadas para fijar techos a los precios de
medicamentos, evitando el mal uso de las patentes; homologar los
sistemas de registro sanitario y de control de calidad, que no tienen
por qué ser distintos en cada país. En el caso de medicamentos
“biosimilares” (un equivalente de genéricos, para los medicamentos
biológicos), por ser más complejos, hay la exigencia adicional de
asegurar que tengan la misma calidad, lo que requiere invertir en
investigación previa, que se podría hacer conjuntamente.
Amenazas
No obstante, se sigue enfrentando diversos problemas. Uno de ellos
es la “judicialización de la salud” como le explicó a ALAI, en una
entrevista, la nueva directora ejecutiva de ISAGS, Carina Vance. Los
ministros de salud de la región han identificado que es una de las
principales amenazas a los sistemas de salud, tanto para el uso racional
de medicamentos, como para la sostenibilidad de los sistemas, afirmó.
Por ejemplo, hay juicios planteados por grupos de enfermos que han
obligado al Estado a cubrir el costo de medicamentos patentados, que no
están en el cuadro nacional de medicamentos, ni necesariamente son
mejores, siendo además que el sistema judicial no está capacitado
técnicamente para juzgarlo. Colombia, en 2003, tuvo que gastar más de
mil millones de dólares por casos judicializados. En varias
oportunidades se ha descubierto que los bufets de abogados u ONGs que
auspician a estos grupos de pacientes reciben financiamiento de las
empresas farmacéuticas transnacionales, lo que constituye un claro
conflicto de interés.
A la par de estas prácticas, los niveles de corrupción van
penetrando a diversos estamentos de la sociedad. Es el caso de los
premios e incentivos económicos que las farmacéuticas entregan a ciertos
médicos para que receten sus medicamentos de marca, o a las farmacias
que más venden sus productos.
También hay cortes nacionales que han bloqueado, por ejemplo, el
uso de medicamentos “biosimilares”, por demanda de las empresas. O hay
empresas farmacéuticas que deciden unilateralmente retirar un
medicamento y remplazarlo por otro más caro, como lo denunció
recientemente en Ecuador una fundación que trabaja con personas
hemofílicas.
En suma, la concentración del poder de mercado de las
transnacionales farmacéuticas representa una amenaza directa al derecho a
la salud. La única manera de enfrentar efectivamente este poder es con
políticas públicas, que tendrán mayor fuerza si son concertadas
regional e internacionalmente. Todos los gobiernos, con independencia
de su color político, son afectados. En tal sentido es preocupante la
tendencia en algunos países hacia la reprivatización de los servicios
públicos, que reduciría este margen de maniobra; y más aún, dado el
carácter del sector farmacéutico, podría prestarse para afianzar el
cuadro de corrupción. Asimismo, sería inadmisible que se siga
entregando mayores prerrogativas a estas empresas a nombre del libre
comercio o de atraer la inversión extranjera.
Artículo publicado en la edición 517 (septiembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”. http://www.alainet.org/es/revistas/517
La
UE quiere discutir cambios en las patentes farmacéuticas como condición
para avanzar en un Tratado de Libre Comercio con el Mercosur.
Preocupación entre empresarios argentinos por las exigencias europeas.
La UE informó oficialmente que quiere debatir
cambios en los regímenes de propiedad intelectual vigentes en América
Latina en el marco de las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio
con el Mercosur. La exigencia fue transmitida la semana pasada por
funcionarios de la Cancillería y de la Secretaria de Comercio a las
cámaras industriales farmacéuticas. Precisamente, el secretario de Comercio Miguel Braun,
recibía a empresarios farmacéuticos para comunicarle la mala noticia,
el mismo día en que la UIA expresaba su preocupación y malestar por la
apertura de la economía en el Día de la Industria. Entre algunos de
los condicionamientos que se imponen para iniciar las negociaciones
figuran la eliminación de impuestos a las exportaciones, el incremento
de los estándares de las patentes, y que los capitales de origen
europeos tengan un trato equitativo en materia de promoción a la
inversión. El capítulo patentes debía quedar fuera de las negociaciones,
habían propuesto industriales argentinos durante las conversaciones
preliminares con funcionarios de la Cancillería, para evitar que
ocurriese lo mismo que durante las negociaciones de otros tratados de
libre comercio como el TPP (Estados Unidos y socios del Pacífico) que el
tema propiedad intelectual trabó el acuerdo final durante años. “La
idea era avanzar en el Tratado de Libre Comercio dejando afuera
patentes, que quedaría para debatir como último tema para que no pasara
los mismo que con el TPP”, reconoció uno de los interlocutores de la industria. Pero desde Bruselas hay otra mirada. Las
negociaciones con la UE se destrabaron durante los recientes encuentros
del presidente Mauricio Macri con su colega francés Francois Hollande y
con el Premier italiano Matteo Renzi. En el capítulo propiedad
intelectual, la UE reclama que las legislaciones nacionales garanticen
el derecho de patentes de las multinacionales en los más diversos
ámbitos industriales, pero en especial en medicamentos, tal como ocurrió
con el TPP que los países latinoamericanos de la Cuenca del Pacífico
firmaron con Estados Unidos. Una matriz adaptada al modelo de las
multinacionales sería la implementación de un sistema único de
reconocimiento de las patentes, mediante el cual bastaría que un
medicamento obtuviese una patente en Brasil o en Argentina, para que
tuviese igual protección en el resto del bloque, tal como alertó
recientemente Rubén Abete, secretario general de ALIFAR. En
el TPP firmado Estados Unidos y sus socios del Pacífico se impuso la
extensión de la exclusividad de datos de entre cinco a ocho años, aunque
todavía hoy PhRMA considera que es un plazo insuficiente y reclama doce
años.
Martin Khor, 19 de agosto de 2016 -
No. 273 - Año 2016
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) debía entrar en
vigor dentro de dos años, pero ahora crece la incertidumbre en cuanto a
que el controvertido acuerdo vea la luz algún día. Lo que resulta
irónico es que el artífice de su ruina sea finalmente quien lideró el
proceso de negociaciones.
En efecto, el TPP se ha convertido en uno de los temas más candentes del proceso electoral en Estados Unidos. La oposición al TPP está en el centro de la campaña de Donald Trump,
Bernie Sanders sostuvo “Tenemos que liquidar este TLC irrestricto que
nos costaría casi medio millón de puestos de trabajo” y en un drástico
cambio de posición respecto a cuando era Secretaria de Estado, Hillary
Clinton también se pronunció en contra. Para contrarrestar las sospechas
de que volvería a cambiar de posición en caso de llegar a la
Presidencia, subrayó: “Estoy en contra del TPP, y eso significa que lo
estoy antes y lo estaré después de las elecciones”. Otros dos actores que decidirán el destino del TPP son el presidente Barack Obama y el Congreso. Obama, principal impulsor del TPP, debe lograr que sea ratificado por
el Congreso en la sesión saliente, posterior a las elecciones del 8 de
noviembre y antes de mediados de enero de 2017 (conocida como “pato
cojo”). El año pasado se aprobó un proyecto de ley que daba autoridad de
vía rápida al presidente con una escasa mayoría, pero algunos de
quienes la votaron ya adelantaron que no votarán a favor del TPP. La mayoría de los demócratas se manifestaron en contra del TPP, entre
ellos el senador Tim Kaine, compañero de fórmula de Clinton, y la líder
de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelossi. También los republicanos han expresado su oposición. El líder de la
mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que la campaña electoral había
generado un clima político que hace prácticamente imposible aprobar el
TPP en una sesión saliente y el vocero de los republicanos, Paul D.
Ryan, quien ayudó a redactar el proyecto de ley de vía rápida, manifestó
que no ve razones válidas para poner el TPP a votación en la sesión
saliente, porque “no tenemos los votos”. Obama podría también volver a negociar cláusulas específicas del TPP
para apaciguar al Congreso, pero esta opción sería inaceptable para los
demás países, como ya dejaron en claro Canadá, Japón, Malasia y
Singapur.
¿Qué sucede si el Congreso de Estados Unidos no adopta el TPP durante
la sesión saliente?
En teoría, un nuevo presidente puede tratar de
conseguir que el Congreso lo apruebe en el próximo año, pero la
probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Por este motivo, si el TPP no se aprueba en la sesión saliente del
Congreso, probablemente deba ser descartado para siempre. Esto sería una
clara señal de las variantes de la opinión pública sobre los beneficios
de los acuerdos de libre comercio, al menos en Estados Unidos, pionero
en esta materia de los modernos y amplios TLC.
Una década después del desplante que recibiera George Bush (hijo) por parte de los líderes sudamericanos sepultando el ALCA, Estados Unidos se apresta a retomar su dominio casi total sobre la región. El inevitable golpe mortal al Mercosur sellado días atrás por el gobierno ilegítimo de Michel Temer en Brasil y el de Mauricio Macri en la Argentina es una prueba irrefutable: el canciller interino de Brasil, José Serra, le propuso al gobierno argentino flexibilizar el Mercosur, a fin de que cada uno de los países miembros puedan negociar acuerdos de libre comercio con terceros países y bloques. Sería éste el primer paso para ingresar de lleno al Tratado de Libre Comercio (TLC) y luego al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), objetivos estratégicos que sepultan el viejo sueño de la Patria Grande e impacta enormemente en la pérdida de soberanía política y económica, con sus secuelas de ajustes, privatizaciones y exclusión. El TPP es el nuevo engendro de los Estados Unidos para contrarrestar a los BRICS (el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), hoy en retroceso por las crisis en Rusia y el gigante sudamericano. El Tío Sam espera, siempre agazapado, con el rostro severo y su dedo acusador, la mirada intrépida y su inagotable paciencia de araña.
En primer lugar, la Alianza Transpacífico es un acuerdo de libre comercio multilateral secreto, que tiene a los Estados Unidos como el principal interesado. Es casi una patente de corso concedida a los oligopolios norteamericanos: sólo los lobistas de sus multinacionales tienen acceso a sus contenidos. WikiLeaks filtró y publicó una parte del texto del borrador secreto, al que considera de gran controversia “debido a sus efectos de largo alcance sobre medicinas, editores, servicios de internet, libertades civiles y patentes biológicas”. Tan secreto que, según afirman los editores de WikiLeaks, “los miembros del congreso de EE.UU. únicamente pueden ver porciones selectas de documentos relacionados al tratado bajo condiciones altamente restrictivas y bajo supervisión estricta”. Según Julian Assange, editor en Jefe de WikiLeaks, “de ser instituido (el Tratado) pisotearía los derechos individuales y la libre expresión, y trataría como un trapo al patrimonio común intelectual y creativo. Si usted lee, escribe, publica, piensa, escucha, baila, canta o inventa; si usted cultiva o consume comida; si se encuentra enfermo o se pudiera encontrar algún día enfermo, el TPP lo tiene en su mira”. El concepto de libre comercio constituye en sí mismo una ficción concebida por los países poderosos para expoliar a los débiles. Esas potencias actúan desde su posición privilegiada, asimétrica, para imponerles condiciones a sus socios menores. Pero -lo que es peor aún- esto implica la creación de un poder supranacional capaz de erigirse por encima de las constituciones y de las decisiones soberanas de los países firmantes. Dicho de otro modo, es un tratado organizado por corporaciones en nombre de los países: es decir, compromete la soberanía de los Estados al permitir a los inversores demandar a dichos Estados ante comisiones arbitrarias como el CIADI. Meses atrás, el Premio Nobel Joseph Stiglitz definió al TPP como una farsa, ya que no se trata precisamente de libre comercio sino de una estructura logística creada con el fin de concentrar aun más la economía mundial y llevar a límites exorbitantes el desempleo en el mundo. El Tratado involucra a más de mil millones de habitantes que representan el 25% de las exportaciones globales y el 40% del PBI mundial. Algunas de las cláusulas que trascendieron al acuerdo secreto son: la eliminación de las barreras arancelarias, la garantía supranacional para que las corporaciones realicen sus negocios, la extensión de las patentes exclusivas para la industria farmacéutica, el impedimento de regular en materias tales como tabaco, alcohol y telecomunicaciones, la supeditación de toda política ambiental a las reglas de mercado, la restricción para el surgimiento de empresas estatales y la flexibilización de toda legislación laboral. En fin, la pérdida de soberanía y de los derechos civiles y laborales está a la vuelta de la esquina. El presidente Mauricio Macri decidió dar un giro a la política exterior de los últimos años: para esto, viajará a Chile a fin de junio para participar como observador en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que ya integran Chile, México, Perú y Colombia. "Hay un claro objetivo del Presidente –expresó días atrás la canciller Susana Malcorra- de empezar a trabajar arduamente en una alianza real con los países del Pacífico y unir esas voluntades con las del Mercosur”. A su vez, la burguesía paulista reclama desde hace tiempo liberarse de los condicionamientos de la cláusula 31 del Mercosur que prohíbe a sus miembros negociar acuerdos con terceros. Para esos empresarios, el Mercosur es un obstáculo para sus aspiraciones de expansión internacional. Esto, y decretar su sentencia casi definitiva parecen ser la misma cosa, habida cuenta de que el Mercosur no solamente actúa como una herramienta económica sino también política y de cooperación regional con naciones y organismos mundiales. Hasta hoy, el Mercosur había sido configurado como una unión aduanera que protegía con un arancel externo único a los frágiles sectores industriales de los países miembros (un bien o servicio paga la misma tarifa si ingresa por la frontera de cualquiera de los socios). Tal como afirma José Natanson, a diferencia de los acuerdos de libre comercio, que solo apuntan a crear mercados ampliados, la unión aduanera propone una articulación mayor, en la medida en que impide a sus integrantes negociar bilateralmente con terceros países y los empuja a coordinar políticas comerciales y productivas comunes. El debate entre acuerdos de libre comercio versus unión aduanera encierra una discusión más profunda acerca de los grados de protección económica, el rol del Estado y el papel de la industria en las economías. Países con estructuras productivas limitadas, como Chile, posiblemente se beneficien con una apertura que les permita exportar sus productos a la mayor cantidad de destinos posibles e importar todo lo que no fabrica localmente. Pero parece insuficiente para sociedades más complejas como la argentina o la brasileña, con industrias en acción, salarios más altos, sindicatos más poderosos y, por ende, mayor conflictividad política (José Natanson, Integración a la Macri, en “Le Monde Diplomatique”, junio 2016) Basta con recorrer las voces de los pueblos que ya sufren las consecuencias de estos acuerdos: es el caso de Chile, que “ha tenido beneficios mínimos en relación a las promesas previas a la firma del TLC –según expresa Sebastián Balbontín, integrante de la Plataforma Ciudadana “Chile mejor sin TPP”-. Hoy, es innegable que nuestra economía ha quedado a merced de los intereses corporativos estadounidenses, que entran libremente, sin protecciones, para la extracción excesiva de nuestros recursos naturales”. Y agrega que “la perdida de nuestra soberanía alimentaria, con la entrada oculta de la Ley Monsanto -que marcaría la llegada de los transgénicos a Chile-, el encarecimiento de los medicamentos genéricos, la implantación de altísimas restricciones al consumo de contenidos en la web por la aplicación de nuevas normas de derechos de autor, son solo algunas de las implicancias, y a esto se suma que el TPP coloca a las corporaciones transnacionales en capacidad de demandar al Estado chileno ante tribunales internacionales, si es que ven que sus intereses han sido afectados”. Otras organizaciones sociales de Chile, Perú y México se han movilizado en estos días contra la ratificación del Acuerdo Transpacífico. El Tío Sam pretenderá imponerle a la Argentina sus condiciones: entre ellas, salarios competitivos –es decir, más bajos- acordes a los de la región, y una tropa sindical más disciplinada con el poder político. Para esto se necesita un índice de desocupación más alto que debilite los ímpetus gremiales, y un juego de alianzas entre los caciques del movimiento sindical con el oficialismo. Esto último se mantiene intacto desde el 10 de diciembre: los líderes de las CGT se han mostrado -a pesar del ajuste, los tarifazos y los despidos- extrañamente reticentes a sostener medidas gremiales de impacto general. El ominoso acuerdo de libre comercio por venir sencillamente destruirá la integración regional, que tanto rédito les ha dado a nuestras naciones sudamericanas desde el amanecer del siglo XXI, aun con las grandes dificultades y contradicciones que entraña. Es necesario entender que un acuerdo semejante constituye un claro cepo a la soberanía nacional (porque el Estado no tendrá injerencia en asuntos que serán estrictamente de índole supranacional) y a la democracia (porque, por ejemplo, va a coartar la posibilidad de regular a través del Parlamento legislaciones relativas a los intercambios comerciales). Y también un cepo al trabajo, al desarrollo industrial y, por lo tanto, a la dignidad individual y social. Tal como sugirió Enrique Lacolla, se primarizará la producción y se repetirá el modelo de economía rentística y parasitaria que ha distinguido a la mayor parte de nuestra historia. Por ahora, el gobierno argentino parece medir sus fuerzas promoviendo sólo una aproximación a la Alianza en calidad de observador. Esto en sí mismo no conlleva oportunidades ni riesgos, pero esa mera formalidad es, desde lo político y simbólico, toda una definición. Inquietante, en primer lugar, por la degradación del status social del Mercosur y, en segundo término, por la amenaza que implicaría ser un Estado Parte en un acuerdo librecambista que tiene a Estados Unidos como intérprete central. Este es el peligro del retorno del Tío Sam. El Viejo Caballero es la metáfora de las políticas expoliadoras y abusivas de la potencia hegemónica mundial. Y quiere regresar, más recargado que nunca. Gabriel Cocimano (Buenos Aires, 1961) Periodista y escritor. Todos sus trabajos en el sitio web www.gabrielcocimano.wordpress.com
Giro en la política exterior: Argentina se incorporó a la Alianza del Pacífico
El país ingresa en calidad de “observador”, según confirmaron durante la noche del miércoles los países que integran el bloque económico. El Presidente asistirá a la cumbre del 1 de julio Infobae, 8 de junio de 2016 La Alianza del Pacífico aprobó en la Ciudad de México la solicitud de Argentina de integrarse a este mecanismo como país observador, por lo que el presidente Mauricio Macri asistirá con esa categoría a la cumbre del bloque que se celebrará el 1 de julio en Chile. La Alianza del Pacífico, creada en 2011, concentra un 50% del comercio de América Latina y atrae el 41% de la inversión extranjera. Sus países firmaron un conjunto de tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea, y eliminaron el 92% de los aranceles de los productos comercializados entre los estados miembros. Tiene un mercado de 217 millones de personas y un PBI per cápita promedio de US$ 16.759. Después de asistir a la XV Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que la cumbre de Puerto Varas "tendrá una presencia inédita de al menos dos presidentes" que no pertenecen al bloque, entre ellos el mandatario argentino. Macri ha sido especialmente invitado "porque Argentina tiene un especial interés por acercarse a la Alianza del Pacífico y de hecho presentó la solicitud de ser miembro observador", indicó. “Hay un claro objetivo del Presidente de empezar a trabajar arduamente en una alianza real con los países del Pacífico y unir esas voluntades con las del Mercosur”, dijo la canciller argentina "En esta reunión aprobamos esa solicitud, de modo que ha sido aceptada la petición de Argentina de ser miembro observador de la Alianza, y el presidente Macri ya estará en condición de observador", abundó. El titular de Exteriores dijo que "casi con seguridad" el gobernante costarricense, Luis Guillermo Solís, también participará en la cumbre.
No descartó que "haya algún otro presidente que también asista, lo que indica que la Alianza del Pacífico sigue generando interés, y eso es muy positivo para los cuatro países que la integramos". Macri había sido invitado a asistir como observador a la XI cumbre por el mandatario peruano, Ollanta Humala (presidente pro tempore saliente de la Alianza) y por la chilena Michelle Bachelet (próxima en el cargo), según confirmó a principios de mayo la canciller argentina Susana Malcorra. "Hay un claro objetivo del Presidente de empezar a trabajar arduamente en una alianza real con los países del Pacífico y unir esas voluntades con las del Mercosur", dijo Malcorra. Hasta el año pasado, no existían las condiciones políticas para que el Mercosur mire hacia la Alianza del Pacífico. La política exterior de Cristina Kirchner y Dilma Rousseff lo impedían por razones ideológicas y comerciales. Sin embargo, tras el fin de mandato de la primera y el impeachment de la segunda, hoy existen posibilidades reales de que se concrete el giro diplomático. El presidente argentino viajaría entre el 15 y el 17 de junio a Colombia para participar de un foro económico, y afianzar su vínculo con el presidente Juan Manuel Santos, uno de los líderes más influyentes en la Alianza. La noticia del giro en la política exterior tuvo eco en Europa. Recientemente, El País de España publicó una columna donde aseguran que "el gesto tendrá importantes repercusiones regionales, sobre todo porque ese bloque comercial fue blanco de duros ataques durante el kirchnerismo"
Más de 450 organizaciones pidieron el lunes al Congreso de Estados Unidos rechazar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica si es sometido a votación en el otoño boreal, al argumentar que el pacto comercial permitiría a compañías eludir normas ambientales en instancias judiciales fuera del país.
Los grupos, en su mayoría organizaciones ambientalistas, advirtieron que muchas compañías desafiarían los estándares ambientales estadounidenses en instancias fuera del sistema legal local, basándose en provisiones del TPP (por su sigla en inglés) y de otro pacto comercial que se está negociando con la Unión Europea, el TTIP (por su sigla en inglés).
Está previsto que el Congreso vote sobre el TPP después de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. El presidente Barack Obama quiere que el pacto sea ratificado antes de dejar su cargo el 20 de enero, pero la oposición a la iniciativa ha aumentado durante los debates surgidos en la campaña electoral de este año.
“Los instamos enfáticamente a eliminar la amenaza al avance de Estados Unidos sobre cambio climático comprometiéndose a votar por el ‘no’ al TPP y pidiendo al representante de Comercio que remueva del TTIP toda provisión que permita a las empresas desafiar las normas del Gobierno en cortes fuera del país”, escribieron los grupos en una carta a los miembros del Congreso.
La aliada política de Obama y precandidata demócrata a las elecciones, Hillary Clinton, ha dicho que desea renegociar el TPP para incluir normativas más severas sobre la manipulación de divisas.
La preocupación de los votantes por el impacto de los acuerdos comerciales en el empleo y el medioambiente ha ayudado a impulsar las campañas de Donald Trump, el probable candidato republicano, y del senador estadounidense Bernie Sanders, quien compite contra Clinton para obtener la nominación demócrata.
La carta indica que la aprobación de estos acuerdos permitiría a compañías con alto consumo de combustibles fósiles demandar compensaciones por normativas medioambientales en casos que serían decididos fuera el sistema judicial estadounidense.
Los grupos destacaron que en enero la petrolera canadiense TransCanada se amparó en una provisión del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica para pedir una compensación por más de 15.000 millones de dólares, luego que el año pasado la Casa Blanca rechazó un permiso para construir el oleoducto Keystone, citando preocupaciones sobre calentamiento global.
Este
acuerdo comercial, el peor para el acceso a medicamentos a nivel
histórico, restringe la competencia de medicamentos genéricos -que baja
los precios- y promueve un sistema de innovación ineficaz.
A medida que Perú se prepara para
comenzar el proceso para ratificar e implementar el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), la organización médico-humanitaria
internacional Médicos Sin Fronteras (MSF)
pide a Perú que rechace el acuerdo a menos que se eliminen las
disposiciones perjudiciales que mantendrán altos los precios de los
medicamentos. En su forma actual, este acuerdo -el peor acuerdo
comercial para el acceso a medicamentos a nivel histórico- hará subir
los precios de los medicamentos para los pacientes y los proveedores de
tratamientos médicos, tanto en Perú como en todo el mundo.
“Todavía hay tiempo para que Perú
detenga el impacto negativo respecto al acceso a medicamentos que
contiene este acuerdo comercial “, dice el Dr. Carlos Trotta, presidente
de MSF para América Latina. “La ratificación del TPP perjudicará a las
800 millones de personas viviendo en los países firmantes del TPP y,
potencialmente a millones más al imponerles como referencia un acuerdo
que hará que los tratamientos que salvan vidas queden fuera del alcance
de los que más lo necesitan. Perú debe rechazar el peor acuerdo
comercial de todos los tiempos para el acceso a los medicamentos y
cumplir con sus obligaciones de proteger la salud pública.”
Si se ratifica e implementa, el TPP
extenderá los monopolios de las compañías farmacéuticas y evitará que
las personas tengan acceso a medicamentos que salvan vidas al bloquear o
retrasar la disponibilidad de medicamentos genéricos de precio
reducido. Además, el TPP desmantelará las salvaguardas de salud pública
al forzar a los países a cambiar sus leyes para incorporar abusivas
protecciones de propiedad intelectual para las compañías farmacéuticas,
haciendo más difícil para las personas, los gobiernos y los proveedores
de tratamientos médicos tener acceso a los medicamentos asequibles que
necesitan.
Específicamente, el TPP anulará
esencialmente las salvaguardas de la salud pública existentes que están
incluidas en el acuerdo comercial del 10 de mayo de 2007 entre Estados
Unidos y Perú, que le otorga a Perú flexibilidad para no conceder
extensiones de patentes más allá de los 20 años requeridos actualmente.
Además, si se aplica el TPP, Perú tendrá que cambiar sus leyes para
implementar la ampliación del plazo de exclusividad de datos para
medicamentos biológicos, como tratamientos contra el cáncer y vacunas,
lo que bloqueará el acceso a los últimos avances médicos al retrasar aún
más la competencia que reduce precios. La exclusividad de datos brinda a
las compañías derechos de monopolio adicionales para restringir el uso
de datos de ensayos clínicos por los reguladores de drogas para aprobar
versiones genéricas o “biosimilares” de medicamentos y vacunas. Además,
el TPP anulará esencialmente la flexibilidad que tiene el gobierno de
Perú para limitar el evergreening (perennización de patentes) al no
conceder patentes adicionales por modificaciones de medicamentos
existentes.
Este Acuerdo de Asociación Transpacífico
fue firmado en febrero por todos los países después de más de cinco
años de negociaciones que se llevaron a cabo en secreto, sin la
posibilidad de una revisión pública. Los países que actualmente forman
parte del TPP son Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, pero
más países podrían firmar, y el TPP se ha anunciado como un modelo para
futuros acuerdos comerciales.
El alto precio de los medicamentos es un
problema mundial que afecta a los países en todos los niveles de
ingresos, incluyendo a los Estados Unidos; pero la gente en los países
en desarrollo, incluidos en los que MSF tiene operaciones, se ve
particularmente afectada por los altos precios, ya que la mayoría de las
personas pagan por los medicamentos de su propio bolsillo.
“Acordar la creación de nuevas protecciones monopólicas
para las empresas farmacéuticas, quitando salvaguardas de salud pública
y provocando que los pacientes tengan que esperar aún más tiempo para
acceder a sus medicamentos y vacunas es inaceptable. Aunque países como
Perú son considerados de ingresos medios, demasiadas personas que viven
aquí tienen dificultades para pagar necesidades como la atención
médica”, asegura Judit Rius Sanjuan, gerente y asesora de política legal
para la Campaña de Acceso de MSF de Estados Unidos.
Precios más altos y normas de propiedad
intelectual más largas y estrictas tampoco aportarán nada para resolver
la crisis mundial de innovación biomédica, incluyendo la falta de nuevos
medicamentos para tratar la resistencia a antibióticos y muchas otras
prioridades de salud pública como el virus Zika, la tuberculosis y el
Ébola. Los altos precios de los medicamentos desvían los recursos de
gobierno lejos de la financiación de investigaciones basadas en
necesidades, y a favor de los bolsillos de las compañías farmacéuticas
multinacionales.
