La salud como objeto de mercado

Nadia Luna, Agencia TSS, 14 de abril 2016


Ante el aumento de precios en productos farmacéuticos, TSS habló con especialistas sobre la situación actual de la producción pública de medicamentos. Falta de ejecución de presupuestos, un organismo coordinador que no funciona y una ley que no se cumple.






En el actual contexto inflacionario y de suba de precios en servicios esenciales como agua, gas, luz y transporte, los medicamentos no se quedan atrás. Según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) de febrero pasado, en el rubro “productos farmacéuticos” se produjo un aumento del 38,4 % con respecto al mismo mes del año anterior. A esto se le suman casos particulares que sobresalen de la situación general, como sucede con el PAMI, la obra social de los jubilados, que acaba de quitar 163 medicamentos del listado de cobertura total, pasando a cubrir solo el 50 u 80 %.

La producción pública de medicamentos (PPM) también está sufriendo las consecuencias de las medidas económicas y políticas tomadas por el Gobierno. Según sostuvo Guillermo Cleti, director del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe, en una nota publicada la semana pasada por diario El Litoral, tras ocho años consecutivos de proveer medicamentos para el programa Remediar, del Ministerio de Salud de La Nación, este año todavía no han recibido la confirmación de la compra por parte de esa cartera, a pesar de haber elevado la oferta en septiembre de 2015. 
El LIF destinaba a Remediar un 25 % de su producción total. El programa Remediar abastece a más de 7.000 centros de atención primaria de salud, que podrían comenzar a experimentar una escasez de medicamentos fundamentales producidos por este laboratorio, como la metformina, necesaria para personas que padecen diabetes, y el enalapril, para quienes sufren de hipertensión.

En relación a la producción pública de medicamentos, TSS consultó a dos referentes y promotores de la Ley 26.688, sancionada en 2011 y reglamentada en 2014, que declara a la PPM de interés nacional; y de la Ley 27.113, sancionada en 2014 y reglamentada en mayo de 2015, que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). La ANLAP es un organismo autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y que tiene la función de diseñar las políticas de investigación y producción pública de medicamentos, de manera de coordinar y asistir a los 40 laboratorios de PPM que existen en la Argentina.

Martín Isturiz, doctor en Farmacia y Bioquímica, y coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, dice: “En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, anunció que el plan Remediar no iba a seguir en el actual formato, pero no especificó cuál sería la participación de los laboratorios públicos en el nuevo Remediar. En cuanto al presidente Mauricio Macri, ya se expresó oficialmente en 2008 cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vetó una ley de PPM”.


El programa Remediar abastece a más de 7.000 centros de atención primaria de salud.

Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), uno de los primeros grupos de profesionales que realizó un relevamiento de la situación de los laboratorios públicos (en el año 2000), se remonta un poco más atrás en el tiempo. “Hay una gran deuda en materia de salud por parte de todos los gobiernos. Es como si la salud no diera votos. Una deuda que, por omisión, desconocimiento o falta de decisión política, aún no ha sido saldada. Por eso tardó tanto en reglamentarse la ley de PPM”, sostiene. “Y ahora, con Macri, los problemas existentes se agudizaron. Creo que es muy claro el lineamiento estratégico actual: la decisión política es que no se produzcan medicamentos”, agrega.

Ambos especialistas coinciden en que, partiendo de que la salud es un derecho, el medicamento no debe ser considerado como un bien mercantil sino como un bien social y, por ende, debe ser garantizado por el Estado. “La PPM es una cuestión central para la soberanía en salud, para impedir que quedemos a merced de los precios que fijan los laboratorios internacionales. Tener tecnología propia es un instrumento de negociación. Esto no se trata de estar en contra de la industria privada, sino de estar en contra de los abusos, porque son conglomerados oligopólicos que se cartelizan para establecer los precios”, afirma Isturiz.

Para Capuano, “la PPM sale por fuera de la lógica del mercado y posibilita tener medicamentos hasta 10 o 15 veces más baratos. Esto permite generar un mecanismo de control de precios”. El impacto económico, señala Isturiz, también se ve en la reactivación de toda una cadena de valor. “En la medida en que se complejizan los laboratorios, necesitan el soporte de pymes. Es como lo que pasó con la producción de satélites. Muchas veces, los laboratorios no cuentan con la capacidad tecnológica requerida y entonces tienen que recurrir a las pymes, cuya función y producción se ve así revalorizada”, indica.

“También hay un impacto científico, a través de convenios de investigación y desarrollo realizados con universidades y organismos de ciencia y tecnología, porque estas políticas no refieren solo a medicamentos, sino también a productos biomédicos que se importan”, remarca Isturiz. Según el bioquímico, el déficit comercial en el área es de unos 1900 millones de dólares, a pesar de que “hay mucha investigación en biomedicina, especialmente en laboratorios insertos en un ámbito científico, como el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, un laboratorio municipal no tiene la misma envergadura y capacidad que uno provincial”.

Para graficar la falta de apoyo político a la PPM, Isturiz resalta un caso clave. “La vacuna BCG, contra la tuberculosis, se produce en el país desde hace 50 años. Es una vacuna de referencia de la Organización Mundial de la Salud y se fabrica en el Instituto Biológico de La Plata. Para ser vacuna de referencia se requiere tener al menos unos 20 años consecutivos de controles de calidad impecables. Sin embargo, esa vacuna se sigue importando. En lo económico no es muy relevante, pero desde lo político es una señal brutal. Te están diciendo ‘no vas a fabricar ni la BCG’”, sostiene.

Organismo paralizado

“Si tenés una afección y te prescriben un medicamento pero no lo podés comprar, no estás accediendo a la salud, aunque hayas accedido a un médico”. Con esta reflexión, recuerda Capuano, desde la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA comenzaron, en 1999, a formarse un panorama de la situación en la que se encontraban los laboratorios de PPM. En 2001, conocieron a colegas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que venían trabajando en el mismo tema y decidieron aunar esfuerzos. De esta manera, los expertos hablaban de impulsar la PPM en una época donde todo era crisis y en los hospitales no había medicamentos. “Me acuerdo que hicimos el primer encuentro y vinieron ocho personas, que nos miraban como diciendo ‘estos tipos están locos’”, ilustra. 



En la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA comenzaron, en 1999, a formarse un panorama de la situación en la que se encontraban los laboratorios de PPM.

El relevamiento derivó en la creación de la Red Nacional de Laboratorios de PPM (RELAP) en el año 2007, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT, que en diciembre de ese año se convertiría en Ministerio) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Al mismo tiempo, trabajaban en la elaboración del proyecto que se convirtió en ley en 2011 y, posteriormente, ante la demora en su reglamentación, en la ley que creó la ANLAP en 2014.

Sin embargo, a pesar del sustento legislativo, Capuano afirma que la ANLAP “había comenzado a andar tímidamente con la gestión del ministro saliente Daniel Gollán, pero con el cambio de gobierno no está funcionando”. Isturiz coincide y precisa: “No está funcionando como debería. Lo que sí se ha formado, el 3 de julio de 2015, es el Directorio de ANLAP, conformado por el presidente, el vicepresidente y un secretario. También se conformó el Comité Ejecutivo, constituido por representantes de todos los productores públicos del país; y el Comité Consultivo, integrado por organismos de derechos humanos, y de ciencia y tecnología, entre otros. Pero el presupuesto destinado por ley para la ANLAP, de 150 millones de pesos para varios proyectos de ampliación, todavía no fueron ejecutados. Y esa es una atribución de Jefatura de Gabinete de la Nación”, aclara.

El bioquímico sostiene que, durante el gobierno de Cristina Kirchner, “hubo contradicciones internas muy importantes”. Y agrega: “Nunca se impulsó la PPM en la medida de lo necesario. La primera ley tardó tres años en reglamentarse y para eso tuvo que hacerse una nueva presentación de ley”. 
Tanto Isturiz como Capuano reconocen que la gestión en Salud que más se ocupó de la PMM fue la de Daniel Gollán, ministro de Salud de la Nación desde febrero a diciembre de 2015. “Juan Manzur (antecesor de Gollán en el cargo) no apoyó absolutamente nada. En cambio, Gollán fue uno de los promotores de la iniciativa, en 2007, como representante de la SECYT. Pero estuvo poco”, reflexiona Isturiz.

Con respecto al panorama actual y futuro, el científico dice: “Yo no soy muy optimista, porque el Gobierno está compuesto por muchos representantes de las corporaciones económicas y financieras. Los laboratorios van a seguir produciendo individualmente, pero es necesaria una decisión política para luchar contra las corporaciones”.

En tanto, para Capuano, “si bien hay una deuda histórica de los diferentes gobiernos, ahora la salud es tomada explícitamente como un objeto de mercado. Se está hablando de que la Argentina va a firmar tratados de libre comercio con países como Estados Unidos y Canadá. Esto puede traducirse en escasez de medicamentos y de inversiones en hospitales y centros de salud periféricos”.

Nota Original http://bit.ly/20USF31

No es un bien del dios mercado

 Jorge Rachid. Médico sanitarista
MIradas al sur Año 7. Edición número 301. Domingo 23 de Febrero de 2014


 Opinión.

En estos días, se está discutiendo un valor sobre los medicamentos con participación de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Comercio, en función exclusiva de contener los precios en una disparada –injustificada– de la industria que tiene el lamentable privilegio de tener la mayor cadena de valor, de cualquier proceso productivo del país.

El medicamento es un bien social, por lo cual debe garantizarse su universalidad y accesibilidad al conjunto de la población y por esa sola razón, no puede estar sometido a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, más aún con una industria que no duda en cronificar enfermedades ( prolongar los tiempos de tratamiento en vez curar); que no invierte en investigación y desarrollo; que plantea, sobornando la práctica médica, la medicalización de cuestiones afectivas, emotivas, normales de la vida cotidiana (tratamientos médicos para situaciones normales de la vida).

Una industria como la farmacéutica, que ha confrontado y golpeado gobiernos, desde el Dr. Ramón Carrillo creador del Emesta (Empresa de Medicamentos del Estado-1949), primera productora pública de medicamentos hasta la ley Oñativia, en época de Ilia, que lleva al golpe de estado; una industria que tiene precios que superan el 10.000% entre su estructura de costos y su precio final, evadiendo el IVA, que en el medicamento se paga sólo en la primera venta; por disposición, sólo la salida del laboratorio paga impuesto, el resto de la cadena de comercialización está exento), por eso sólo venden a sus propias droguerías, sin o con mínimas ganancias, pagando mínimo IVA y luego, esas empresas camufladas venden al Estado y la seguridad social (con los valores que superan cualquier cadena de valor de otras industrias), que discute con estos verdaderos traficantes de la salud, como si fuese un producto de almacén y no como un producto imprescindible para la vida de millones de personas.

La misma industria que produce en el país y exporta, siendo sus productos más baratos en el exterior que en nuestro país donde son producidos, como por ejemplo Chile, donde Bagó junto a Glaxo tienen diferencias de precios del orden del 30% más bajos. La misma industria que durante la crisis del 2001 se retiró de los hospitales públicos, por falta de garantías de pago del país, pese a que durante el debate de la ley de patentes del año 1995, discutimos y protegimos, los peronistas y no peronistas del campo nacional y popular, la industria nacional, frente a los avances neoliberales, que la hubiesen hecho desaparecer, si triunfaba el proyecto original de Cavallo y la embajada de EE.UU.

Los mismos que importan del exterior a sobreprecios (para poder girar divisas) y en los casos de medicamentos de alto costo y baja incidencia, llegan a ganancias del orden del 17.000% (por favor no piensen que me equivoqué, ver ej. Tobramicina aerosol, ARV, monoclonales) que termina pagando sólo la seguridad social, o sea un sistema solidario de salud en todas sus variantes, sometido y violado por las leyes del mercado. La misma que ocasiona a nuestro país, un déficit de la balanza de pagos por 1.700 millones de dólares anuales, que es hoy uno de los conflictos con el sector externo.

El gasto del medicamento en el gasto total de salud, es el más alto del mundo, en nuestro país. En efecto, sobre el gasto total de salud de 275.000 millones, el medicamento significa el 32% de ese total, o sea, más de 80 mil millones cuando cualquier país del mundo no gasta más del 15% como máximo.

De esa erogación el 20% es gasto de bolsillo, lo que significa resignar para la familia argentina otras asignaturas de vida, en función del medicamento, elemento esencial de la vida en especial los enfermos crónicos. El hospital público, las obras sociales sindicales y las obras sociales provinciales erogan, a través del ahorro interno genuino o recursos tributarios, el 90% del gasto de salud a nivel nacional, gastando, cuando debería ser invirtiendo –en función de los abusivos precios de la industria– ingentes recursos que deberían ser asignados a la prevención, ante tratamientos de dudosa eficacia en muchos casos, impuestos por la industria a fuerza de publicidad sintomatológica, prohibida en todo el mundo, menos en la Argentina, lo que lleva a la automedicación.

La PPM (Producción Pública de medicamentos) son 36 laboratorios en el país de los cuales 10 tienen habilitación Anmat (Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología), no sólo debió salvar el escollo de la crisis del 2001, produciendo ante la falta de insumos dando respuestas en cada provincia argentina, sino que ha evolucionado, con inversión tecnológica, capital humano capacitado y produciendo bajo normas de calidad, constituyendo como mínimo una empresa testigo de precios en la discusión, a la cual no ha sido convocada, ni consultada, pese a haber constituido en el año 2007 la Relap ( red de laboratorios públicos, junto al INTI y Conicet).

No hay medicamentos para ricos y para pobres, todos son autorizados por el Anmat, con las mismas técnicas de producción, con las materias primas compradas al exterior en el mismo lugar que compra la industria privada (la Argentina producía medicamentos esenciales, materias primas, hasta hace 40 años), con recursos humanos nuestros; sin embargo, un Enalapril de 10 comprimidos, su precio de costo en la PPM es de 0,50 y se vende por parte de la industria. Saque el compañero ministro la cuenta cuando discuta la fijación de precios.
La PPM pudo gracias a este gobierno promulgar la ley 26.688 de producción pública de medicamentos, ley aún no reglamentada. Sin embargo, provincias y universidades siguen avanzando con la producción, agregando investigación y desarrollo que la industria no realiza, como se verificó en la reunión con las tres cámaras en el año 2006, cuando el secretario pidió los resultados contables anuales, con inversión máxima en ese rubro del 0,2%, mientras la PPM invertía en ese momento 5% de sus presupuestos anuales.

Tenemos propuestas

Que todos los medicamentos de alto costo y baja incidencia sean centralizados en la compra por el Estado Nacional, ya que es quien en definitiva lo paga, por sí o por el ahorro genuino de trabajadores a través de la seguridad social.

Que los medicamentos a los enfermos crónicos diabéticos, hipertensos y renales, sean provistos en forma gratuita y con peso sobre la PPM que está produciendo dichos medicamentos, evitando las complicaciones que llevan a internaciones de segundo nivel y a urgencias evitables.

Que se elimine por ley la publicidad sintomatológica y se apliquen sanciones, también por ley ( como en los países centrales) a los médicos e industria, que paguen por receta por vía directa, dinero o indirecta viajes, congresos o instrumental obsequio, que terminan pagando los pacientes, instalando una ley de ética médica que permita bajar la matrícula frente a esas prácticas.
Modificar la currículas de formación médica en las universidades, en general colonizadas por los laboratorios, lo mismo que los “kioscados hospitalarios”, es decir, zonas del mismo privatizadas, que imponen protocolos a los médicos condicionando su actividad.

Que se reglamente en forma urgente, la ley 26.688 y se relance la Relap, red de laboratorios públicos, creada en el 2007 por quienes integrábamos los mismos, más el INTI y la facultad, junto al Conicet, en esa época secretaría de estado, hoy ministerio.

Que los medicamentos, sus presentaciones y sus precios dejen de ser controlados por Comercio y pasen a Salud.

Desarrollar lo logrado en el Unasur desde el Ministerio de Defensa, bajo el lema “el medicamento como eje de construcción de soberanía”, del cual Argentina es cabeza de proyecto, con Brasil, uruguay y el Isags (instituto de salud del Unasur) aprobado en el 2012 en Lima, con fines estratégicos en la región, con la propuesta de producir materia prima en 5 años, para 400 millones de latinoamericanos, evitando la dependencia de las mismas de terceros países.

Quienes somos peronistas o pertenecemos al campo nacional y popular, seguiremos bregando por estos principios, apoyando al Gobierno e intentando corregir secuelas del pasado neoliberal, que estructuró la medicina como un negocio rentístico-financiero antes que en un hecho sanitario esencial, primario de los DDHH de nuestro pueblo, derecho constitucional garantizado por el estado nacional.