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lunes, 4 de diciembre de 2017

Hepatitis C: el INPI Argentino rechazó una patente clave sobre Sofosbuvir

Observatorio Sudamericano de Patentes, 4 de diciembre de 2017

Es un paso importante para que Argentina pueda conservar las versiones genéricas locales.  Es un medicamento esencial para tratar la Hepatitis C con importantes beneficios para los programas de provisión gratuita de medicamentos.

El INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) de Argentina rechazó la patente solicitada por Laboratorios GILEAD PHARMASSET LLC sobre la prodroga del Sofosbuvir; medicamento esencial para tratar la Hepatitis C.

La Disposición PN 066898 del INPI que rechaza la patente se basa en los mismos argumentos que sostenemos desde FGEP en nuestras oposiciones al patentamiento; conforme el artículo 4 de la ley Nacional de Patentes, la prodroga que pretendía patentar Gilead carece de novedad y actividad inventiva.
En mayo de 2015 la Fundación GEP presentó una oposición a la solicitud de la patente. Allí destacamos que Gilead no cumplía con los requisitos legales vigentes en nuestro país para que un producto farmacéutico sea patentable. El artículo 4 de la Ley de Patentes de Argentina requiere que exista novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Además, la solicitud carecía de suficiencia descriptiva y de claridad, que requieren los artículos 12 y 20 de la misma ley.
GEP junto con otras organizaciones de la sociedad civil argumentamos y probamos que Gilead pretendía reivindicar un principio activo ya conocido , que conforme a la normativa vigente no es patentable. Sofosbuvir fue desarrollado basado en conocimiento ya disponible en el dominio público y las técnicas científicas utilizadas para desarrollarlo son rutinarias en la práctica químico- farmacéutica.Esos argumentos fueron una parte fundamental de la justificación de los examinadores del INPI Argentino para desestimar la solicitud de Gilead.
En Argentina actualmente existen 3 versiones genéricas de producción nacional que obtuvieron registro sanitario de ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). “Estas versiones garantizan la competencia de precios en las licitaciones del Ministerio de Salud y deben ser protegidas. El otorgamiento de patentes de producto sobre sofosbuvir generaría monopolios inmerecidos e impediría la comercialización de genéricos”, señaló Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de FGEP. Di Giano, además, además patrocina la presentación como Abogada y Agente de Propiedad Intelectual.
“El precio exorbitante de los medicamentos para la Hepatitis C es la principal barrera para el acceso, muchas personas están en estos momentos en lista de espera para recibir tratamiento que curaría su enfermedad. Algunos no llegan a tiempo y fallecen en esa espera. Esto es inaceptable”, indicó Pablo García Presidente de FGEP.
El expediente de la solicitud de patente sobre la prodroga de sofosbuvir también contó con la oposición de productores locales, que a pesar de la existencia de esa solicitud y otras sobre sofosbuvir, decidieron invertir en desarrollar el producto y buscar el registro sanitario en el país.
“En la actualidad existe una licitación pública abierta del Ministerio de Salud en la cual varios de los productores locales con registro han ofrecido precios significativamente menores al de Gilead. El rechazo de esta patente es un gran paso para la protección de las versiones genéricas”agregó Lorena Di Giano.
En la primera compra que hizo el Ministerio de Salud de Antivirales de Acción Directa, el laboratorio argentino Richmond pudo participar ofreciendo un precio 4 veces menor que la empresa estadounidense Gilead, quien pretende varias patentes sobre sofosbuvir en Argentina que todavía están pendientes de resolución.
“Esperamos que las patentes pendientes sobre sofosbuvir sean rechazadas por el INPI muy pronto. Las solicitudes de patentes sin resolver generan monopolios de hecho e inseguridad en el mercado para la producción de medicamentos genéricos”señaló José María Di Bello, Secretario de Fundación GEP.
Gilead es una de las compañías trasnacionales farmacéuticas más importantes a nivel mundial que pretende apropiarse ilegítimamente de los derechos de patente sobre sofosbuvir a través de solicitudes de patentes que no cumplen con los requisitos de la ley. El tratamiento de Sofosbuvir combinado con otras drogas antivirales de acción directa tiene una efectividad de curación comprobada de hasta un 95% en los pacientes que tienen Hepatitis C.
En Argentina, se estima que 400.000 personas viven con Hepatitis C y muchas de ellas se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad y sin acceso a tratamiento a causa de los altos precios. La oferta de versiones genéricas tiene un impacto directo en el presupuesto del Programa Nacional de control de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación y permitiría que la cura llegue a más personas.

martes, 15 de noviembre de 2016

Argentina. Congreso Internacional sobre acceso a medicamentos y derechos humanos

Fundación Grupo Efecto Positivo y la Red Latinoamericana Acceso a Medicamentos, organizan el Congreso Internacional sobre Acceso a Medicamentos, Tecnologías Médicas y Derechos Humanos a realizarse en Buenos Aires, Argentina.

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El evento tendrá como objetivo abordar desde una perspectiva de Derechos Humanos los avances y desafíos en materia de innovación tecnológica para la Salud y contará con la participación de destacados expertos, académicos, activistas y representantes gubernamentales nacionales e internacionales.

El Congreso tendrá lugar en el Dazzler Hotel San Martín del 16 al 18 de noviembre, y será un espacio de participación e intercambio entre diferentes actores de la sociedad –organizaciones sociales, científicos, académicos e investigadores, autoridades gubernamentales nacionales e internacionales, comunicadores sociales y activistas– para analizar y debatir cuestiones que son hoy más importantes que nunca para Argentina, la región y el mundo en materia de defensa del derecho a la Salud.

Ponentes:
Asistirán como ponentes del congreso, Ernesto Samper Pizano, Secretario General de UNASUR, Daniel Gollán, Ex Ministro de Salud de la Nación Argentina. y Jorge Bermúdez, Vice-Presidente de Producción e Innovación en Salud.
También asistirá Fundación Oswaldo Cruz -Fiocruz, Ministerio de Salud de Brasil. Miembro del Panel de Alto Nivel sobre Acceso a Medicamentos e Innovación del Secretario General de Naciones Unidas.
Además de Germán Velásquez, Asesor Especial para la Salud y el Desarrollo, South Centre, Suiza;  Melissa Barber, Universidad de Liverpool, Reino Unido; Lotti Rutter, Investigadora Principal, Treatment Action Campaign (TAC), Sudáfrica y Kajal Bhardwaj, abogada especialista en Acceso a Medicamentos y Propiedad Intelectual, India.
Del Perú, estarán presentes como participantes y expositores del evento, Lídice López Tocón, de Acción Internacional para la Salud, Pablo Anamaría del moviemiento de personas que viven con el VIH y Marlon Castillo, coordinador del colectivo Givar y de la institución Sí, da Vida.




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En la conferencia se tratará de responder a las siguientes interrogantes:
¿Por qué, a 15 años de la Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública, las Salvaguardas de Salud continúan siendo instrumentos legales efectivos para garantizar el acceso a la Salud?
¿Qué impacto tienen los derechos de propiedad intelectual sobre el acceso a tecnologías en salud, en particular en materia de precios y sustentabilidad?
¿Cómo afecta el actual sistema de patentes, como modelo de innovación y desarrollo, el ejercicio de los Derechos Humanos? ¿Qué iniciativas regionales y globales plantean otros modelos de Innovación y Desarrollo?
¿Cuál es el rol de la producción local de medicamentos en la definición de las necesidades de salud y la cobertura de los tratamientos?
¿Cuáles son los riesgos para la salud pública que conlleva la firma de los tratados de libre comercio?
Ingreso Libre
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada.
Registrate al evento aquí –> https://goo.gl/forms/sKARajjjo9rxU2Hf2

El Congreso se transmitirá además en directo por el canal de YouTube de FGEP –> https://www.youtube.com/channel/UC5T48pUQJj7rTYSFJbxEnbA
Cabe indicar que la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) es una organización de la sociedad civil fundada en 2006 que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH/Sida y Hepatitis C en Argentina, promoviendo el mejoramiento de las políticas públicas en materia de inclusión social y acceso a servicios, tratamiento y cuidados de la Salud. FGEP dirige especialmente sus objetivos, estrategias y acciones para contribuir a la eliminación las barreras de acceso a medicamentos generadas por los derechos de propiedad intelectual y otros derechos exclusivos.

martes, 6 de septiembre de 2016

Gobierno argentino concederá patentes farmacéuticas

Observatorio sudamericano de patentesPatentado-Buenos Aires.

6 de septiembre de 2016

- luego de la visita de la ONG Fundación Efecto Positivo (GEP) al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), se develaron las intenciones del presidente del organismo encargado de conceder patentes en el país, Dámaso Pardo, quien fuera socio del hijo de Martínez de Hoz en el estudio de abogados PAGBAM, hasta pocos días antes de asumir en el cargo.
La ONG solicitó una entrevista con Pardo para anoticiarlo del trámite de oposición que presentarían ante el INPI para impedir que se conceda la patente del sofosbuvir perteneciente al laboratorio norteamericano GILEAD, medicamento conocido como la píldora de los 1000 dólares, bajo la marca SOVALDI.
En reunión con el equipo de GEP en ocasión de la presentación realizada, Dámaso Pardo,  dejó claro que su misión en el INPI es "otorgar derechos de propiedad". Para la Fundación, "la expresa postura de Pardo es defender el interés de las compañías que formaron parte de la clientela de su estudio jurídico, algo que Pardo no tiene ningún reparo en hacer público".
Esta posición del INPI no sorprende a especialistas locales quienes afirmaron que Martínez de Hoz (h) puso a su socio en el INPI a cambio de suntuosos contratos de su estudio de abogados con los laboratorios estadounidenses representados en Argentina por su propio estudio PAGBAM, del que Pardo fue socio por más de 15 años.
Asimismo, agentes de la propiedad industrial (bufetes de abogados) encolumnados en la AAAPI reclamaron a Pardo la derogación de las "Directrices de Patentamiento" del INPI que favorecen la aparición de medicamentos genéricos en el país, que actualmente permite el acceso de medicinas baratas para la ciudadanía.
Invitado por sus ex colegas, el presidente del INPI se comprometió ante los principales estudios de abogados a cumplir con los tratados internacionales administrados por OMPI y conceder patentes farmacéuticas. 
 
http://bit.ly/2c93cpe

jueves, 14 de julio de 2016

Medicamentos: la salud pública argentina está bajo una grave amenaza #abandonenelcaso

  ver tambien  http://medicamentos-comunidad.blogspot.com.ar/2016/03/redlam-abandonenelcaso-interfarma-y.html

Por Lorena Di Giano (*), Télam, 13 de julio de 2016


Lorena Di Giano, directora Ejecutiva de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), opinó para Télam sobre la campaña lanzada ayer que busca juntar firmas para que multinacionales farmacéuticas desistan de un juicio contra la Argentina en el que exigen la nulidad de las guías que, desde el Estado, marcan los criterios para la administración del sistema de patentes de medicamentos.




La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), junto a 26 compañías farmacéuticas multinacionales, persiguen judicialmente la nulidad de las nuevas guías para el examen de solicitudes de patentes farmacéuticas que resguardan la adecuada administración del sistema de patentes; aseguran el acceso a los medicamentos y la sustentabilidad económica de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos de salud, tanto públicos como de seguridad social y de medicina pre-paga.

Las guías son instrumentos fundamentales para proteger la Salud Pública: sus criterios estrictos para el examen de patentes en el sector farmacéutico han impedido el otorgamiento de un gran número de patentes que no cumplen con los requisitos legales. Así se evita la creación de monopolios sobre medicamentos esenciales, posibilitando la producción local y promoviendo la competencia y la reducción de precios de los medicamentos.

Es escandaloso cómo las corporaciones farmacéuticas multinacionales demandan al Estado argentino por ejercitar un derecho que surge de los tratados internacionales firmados en el marco de la Organización  Mundial del Comercio (OMC) (art 1 del ADPIC).

No es la primera vez que estas empresas desafían las facultades de gobiernos constitucionales para intentar frenar el uso de las que llamamos Salvaguardas de Salud. Ya en Sudáfrica a finales de los años ´90 un caso similar iniciado por las mismas compañías puso en alerta a la comunidad internacional, produciéndose una de las más grandes movilizaciones en la historia mundial del acceso a medicamentos. Ese fue el antecedente de la Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública, en la cual los miembros de la OMC debieron aclarar cuáles son los derechos de los países en materia de protección de la salud en casos de propiedad intelectual sobre productos y procedimientos médicos.

El caso que CAEMe inició contra Argentina da cuenta de que a pesar de los esfuerzos que se han hecho estamos expuestos al mismo tipo de embate. En Brasil las mismas compañías asociadas en INTERFARMA también intentan poner en jaque medidas similares adoptadas por el Ministerio de Salud de ese país.

Nuestra campaña lanzada ayer tiene por objetivo informar y movilizar a la sociedad para que las compañías desistan de la acción judicial contra las guías. Queremos concientizar sobre cómo los dramáticos incrementos en el precio de nuevas medicinas están vinculados con la manera en la que las patentes farmacéuticas son examinadas y otorgadas. La situación es alarmante porque el abuso al sistema de patentes se ha convertido en práctica usual en la industria farmacéutica, perjudicando a competidores y usuarios y desfavoreciendo la innovación.

Las guías deben ser mantenidas en vigencia no sólo porque ello beneficia la salud de los argentinos, sino porque permiten que nuestra industria local se desarrolle, que las empresas locales produzcan, y que el país se beneficie desde un aspecto social y económico.

Desde la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) hemos tomado la firme decisión de defender las guías y nos hemos presentado en el expediente judicial "CAEMe y otros c/ Estado Nacional S/ Nulidad del Acto Administrativo" como terceros interesados.

Nuestra organización representa los intereses de las personas que necesitamos usar medicamentos y en tal carácter hemos adherido a la postura y argumentos que el Estado Nacional ha presentado en su defensa en el juicio, tendientes al mantenimiento de esta política fundamental para nuestro sector de la comunidad.

(*) Directora Ejecutiva de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP).

Argentina: lanzamiento nacional de la campaña “CAEME y otros ¡Abandonen el caso!” #abandonenelcaso


Advierten que peligra el acceso a medicamentos por dramático aumento de precios si prospera juicio de multinacionales farmacéuticas contra el Estado


  ver tambien  Lanzamiento internacioal en marzo en conjunto con BRASIL http://medicamentos-comunidad.blogspot.com.ar/2016/03/redlam-abandonenelcaso-interfarma-y.html

Fundación GEP, 13 de julio de 2016

En el lanzamiento de la campaña “CAEME y otros ¡Abandonen el caso!” de Fundación GEP, panelistas coincidieron en la importancia de defender las políticas que protegen la salud pública y la soberanía sanitaria

Fundación GEP lanzó ayer nacionalmente su campaña “CAEME y otros ¡Abandonen el caso!” junto al ex Ministro de Salud Dr. Daniel Gollán, la diputada y presidenta de la Comisión de Salud de esa cámara Carolina Gaillard, el periodista Raúl Dellatorre (Página 12), Andrés López del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros expertos en derecho a la salud, propiedad intelectual y acceso a medicamentos. La campaña, cuyo objetivo es juntar firmas para exigir el cese del juicio que empresas multinacionales están llevando a cabo contra el Estado Argentino por la adopción de medidas que favorecen la salud pública, fue presentada en la sede de la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) frente a un centenar de personas junto a una muestra de fotos y la proyección de un video con testimonios de personas sobre el impacto de la falta de acceso a medicamentos en sus vidas.

El lanzamiento, seguido del seminario “El medicamento como bien social: la defensa de la soberanía sanitaria en el Bicentenario de la Independencia” organizado junto a la Fundación Soberanía Sanitaria, fue la plataforma desde la cual se discutieron en profundidad en qué consiste el juicio de CAEME al Estado y la importancia de defender las guías de examinación de patentes farmacéuticas.



Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de GEP, junto a Andrés López (CELS), Dr. Daniel Gollán (ex Ministro de Salud) y José María Di Bello (Secretario General de GEP)

“Estamos aquí porque la demanda de CAEME contra el Estado es escandalosa: si prospera, peligra la sustentabilidad económica de los programas de provisión gratuita de medicamentos, tanto públicos como de seguridad social y las pre-pagas, y nuestro derecho a definir nuestras propias políticas en materia de Salud”, declaró Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de GEP, quien añadió: “Con cada patente farmacéutica le damos un monopolio a una compañía. Debemos defender las guías para que no haya abusos y para que prime la Salud Pública”.

Los panelistas dieron varios ejemplos del impacto que el abuso al sistema de patentes tiene sobre los precios de medicamentos. Es el caso de sofosbuvir, medicamento que cura la hepatitis C y que cuesta U$S 84.000 el tratamiento en EEUU pero cuya versión genérica fabricada nacionalmente por Richmond tiene un precio de U$S 1.400, o de Atripla, medicamento para el tratamiento del VIH cuya versión genérica fuera adquirida por el Estado al laboratorio indio CIPLA a un precio 19 veces menor que el de venta de Gilead, compañía titular de la patente. En este sentido, José María Di Bello, moderador de los paneles y Secretario General de GEP, remarcó que “En este juicio queda claro que la puja es entre el derecho humano a la salud y los derechos de las compañías farmacéuticas multinacionales, que razonan como los fondos especulativos de inversión: no les interesa curar sino lucrar”.

Las exposiciones de los invitados también analizaron las necesidades y problemáticas entre los derechos de propiedad intelectual y el acceso a medicamentos en el contexto político argentino. En el primer panel, el ex Ministro de la cartera de Salud Dr. Daniel Gollán dijo que“Las empresas farmacéuticas extorsionan con sus precios porque fabrican algo por lo que no se puede esperar. Si no nos organizarnos en campañas como ésta, nuestro acceso a medicamentos como sociedad estará comprometido”. En el mismo sentido, la diputada Carolina Gaillard expresó que “La producción pública de medicamentos puede evitar los abusos de las compañías, para quienes la enfermedad es un negocio” y remarcó que“Por el lobby de los laboratorios la llamada ley de genéricos está casi en desuso”. Los panelistas coincidieron en que ambas estrategias son desaprovechadas como alternativas en la actualidad por las autoridades gubernamentales.



Carolina Gaillard, diputada nacional por Entre Ríos y presidenta de la Comisión de Salud de esa cámara

En el panel final del evento fue el turno de advertir sobre los riesgos que suponen para la disponibilidad de medicamentos y el derecho a la salud los tratados de libre comercio. Los disertantes se detuvieron en particular en el Tratado Trans-Pacífico, ya que el ingreso de Argentina al mismo ha sido expresado como objetivo por el gobierno. Raúl Dellatorre, periodista de Página 12, advirtió que “Estos tratados suponen la imposición de monopolios neoliberales, que no sólo afectan la capacidad de decisión de los estados, sino al propio mercado, porque atentan contra la oferta y elevan los precios”. Dellatorre subrayó además que “Las corporaciones vienen por todo, y son tan fuertes que tenemos que defender un derecho tan básico como la salud. Esta campaña es necesaria y bienvenida porque es un intento por pararlas”. Nicolás Krepak, ex-viceministro de Salud, afirmó que “Las medidas ADPIC-plus que conlleva el TTP son una entrega de soberanía sanitaria pero también de independencia económica y política frente a las corporaciones”.

En el cierre del evento y entre aplausos de los asistentes, José María Di Bello cerró la presentación recordando que la organización activa de la sociedad civil junto a la academia, el sector sanitario y los tomadores de decisiones de política pública “es el único camino para seguir defendiendo a los medicamentos como lo que son: un bien social que garantiza el derecho a la salud, y no una mercancía”.



José María Di Bello (GEP), Pablo García (RedAR Positiva), Nicolás Kreplak (Soberanía Sanitaria), Lorena Di Giano (GEP), Raúl Dellatorre (Página 12), Paula Español (ex Subsecretaria de Comercio Exterior) y Alex Freyre (GEP) en el cierre del evento.




miércoles, 8 de junio de 2016

Reunión Alto Nivel sobre el VIH/sida: Ya cuestionan el documento final de la ONU

Fabiola Czubaj LA NACION,  8 de junio de 2016


Las ONG anticipan que el borrador está "lejos de las personas" que viven con el virus; reclaman evitar monopolios con los medicamentos



El borrador de la declaración política que acordarán esta semana los estados miembros de las Naciones Unidas para controlar la epidemia del VIH/sida en el mundo ya provoca dudas y cuestionamientos entre las organizaciones de la sociedad civil. En Nueva York, sus representantes unificaban ayer estrategias para mejorar ese documento final en los debates sobre cómo controlar la epidemia en el mundo en los próximos 14 años que comienzan hoy en la sede de la ONU.

Ese primer borrador, al que se puede acceder en el sitio online de Onusida, posee 74 puntos en los que coincidieron las misiones de los países el 26 de febrero y el 8 de abril pasados, además de las propuestas durante la Audiencia de la Sociedad Civil en ese período. Según pudo conocer ayer LA NACION, estaba previsto que la versión final estuviera definida hace una semana. Fuertes diferencias entre las delegaciones oficiales de algunos de los países, como Rusia, que viajaron a la reunión y sus misiones ante la ONU retrasaron esa posibilidad.


También influyeron reclamos de organizaciones de la sociedad civil, según comentaron ayer a LA NACION por vía telefónica desde Nueva York representantes argentinos.


"La declaración política, cuyo borrador ya fue publicado y está siendo discutido para su publicación final, es un texto fundamental para definir lineamientos de trabajo, prioridades y compromisos en la respuesta global a la epidemia de VIH/sida", indicaron desde la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), que trabaja en el país para eliminar las barreras de acceso a los medicamentos para el tratamiento del VIH/sida y la hepatitis C.


Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la FGEP, será parte hoy de la delegación oficial del país. Explicó que la declaración política de la Reunión Alto Nivel sobre el VIH/sida es "un texto fundamental para definir lineamientos de trabajo, prioridades y compromisos" ante la epidemia.

Un comunicado de la FGEP en nombre de las organizaciones de la sociedad civil y las redes de personas que viven con VIH de nuestro país y el resto de América latina, señala que dada la importancia del documento de esta cumbre, "las organizaciones que trabajan desde hace décadas en el tema en la región están monitoreando las negociaciones y están alarmadas por las versiones que indican que el texto final" pueda cerrarse antes de la llegada de sus representantes.

Les preocupa especialmente que no haga referencia a herramientas para evitar que el derecho de propiedad intelectual sobre los medicamentos sea una excusa para crear monopolios. Eso es importante para la región porque América latina y el Caribe poseen la cobertura más alta de las personas que viven con VIH/sida en el mundo. Controlar los precios es fundamental para sostenerla. Con la prevención y la reducción de la mortalidad, la cobertura es indispensable en el camino que se propone la ONU para controlar la epidemia.

"Nosotros, jefes de Estado y gobierno y representantes de los Estados y los gobiernos reunidos en las Naciones Unidas entre el 8 y 10 de junio de 2016 reafirmamos nuestro compromiso para terminar la epidemia de sida para 2030 como nuestro legado a las generaciones actuales y futuras", se lee en el primer artículo de la declaración.

José María Di Bello, miembro de la Red Latinoamericana por el Acceso a los Medicamentos (Redlam), dijo ayer desde Nueva York que el documento es "el gran tema en agenda" de esta reunión. "Por un lado -indicó- el último borrador incluye a las poblaciones clave (los hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores sexuales, mujeres trans, usuarios de drogas, personas en prisiones y migrantes) de manera estigmatizante y discriminatoria: lo hace en términos de posibilidades de transmitir el virus."

Di Bello coincidió en que efectivamente hay una mayor prevalencia de la infección en esos grupos, pero explicó que es la primera vez que se los incluye sólo por eso. "Y tiene que ver con la puja de la industria farmacéutica en el mundo -sostuvo-. La tendencia es medicalizar la epidemia: no sólo darles tratamiento a los pacientes, sino también a las personas en situación de riesgo."

Ayer, en una reunión, las ONG de América latina y otras regiones acordaron plantear la modificación de esa referencia y que se incorpore en el documento final la facultad de los Estados de permitir producir un fármaco sin la autorización del dueño de la patente si existiera alguna práctica que pusiera en riesgo el acceso al tratamiento. "El financiamiento de la epidemia de parte de los países y los donantes privados es la discusión grande de fondo. Muchos medicamentos están bajo un monopolio debido a las patentes, lo que afecta la producción de genéricos", indicó Di Giano.

Una de las soluciones que se proponen en el borrador es el uso de licencias voluntarias: la empresa con derechos sobre un medicamento los cedería voluntariamente. "Pero el problema es que eso se aplicaría sólo a los países de renta baja. Quedan excluidos los de renta media y alta, como la Argentina. Y esto, en un mundo en el que la discusión es por el dinero disponible, es muy importante porque la mayor parte de los recursos existentes van a la compra de medicamentos", agregó.

En ese contexto, señaló: "Necesitamos poder acceder a los genéricos para garantizar el acceso universal al tratamiento y necesitamos que la delcaración política lo exprese. Se está discutiendo como Estado, no como gobierno y la sociedad civil tiene un papel fundamental en la definición de las políticas públicas por su trabajo cotidiano con las personas sujeto de esas medidas".

http://bit.ly/1rdtcoy

viernes, 11 de marzo de 2016

RedLAM: #abandonenelcaso ¡INTERFARMA y CAEME deben abandonar las causas judiciales!

¡INTERFARMA y CAEME deben abandonar las causas judiciales!


Firma aquí la petición de la campaña

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Brasil y Argentina se han comprometido en el desafío de mantener sistemas universales de salud pública, que incluyen la distribución gratuita de medicinas esenciales para quienes las necesiten. Muchas vidas dependen de que estas políticas de salud pública se cumplan. Para que las personas puedan seguir viviendo vidas productivas y saludables estos países necesitan asegurar que obtendrán las medicinas a precios asequibles; sin embargo, las multinacionales farmacéuticas intentan que las leyes se hagan a su medida para que sus intereses se prioricen antes que los derechos de las personas.
Los dramáticos incrementos en el precio de nuevas medicinas están vinculados con la manera en la que las patentes farmacéuticas son examinadas y otorgadas. La situación es alarmante porque el abuso al sistema de patentes se ha convertido en práctica usual en la industria farmacéutica, perjudicando a competidores y usuarios y desfavoreciendo la innovación.
Es por esto que Brasil y Argentina han creado estándares y criterios estrictos para la examinación de patentes en el sector farmacéutico y han impedido exitosamente a varias patentes ilegítimas e inmerecidas, asegurando la existencia de genéricos en el mercado y reduciendo precios de medicinas que salvan vidas. La examinación rigurosa de patentes en el sector farmacéutico es urgente para proteger a los pacientes y los sistemas de salud de los monopolios sobre drogas esenciales.
Ahora las multinacionales farmacéuticas buscan destruir estos mecanismos que ponen límite a sus abusos. Interfarma y CAEME, asociaciones que representan sus intereses en Brasil y Argentina, han presentado casos judiciales que amenazan el futuro del acceso a medicamentos en estos países y más allá.

¡INTERFARMA y CAEME deben abandonar las causas judiciales!

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Por el bien de los sistemas públicos de salud y el acceso universal a medicamentos, exigimos a las multinacionales farmacéuticas que desistan en su ataque a Brasil y Argentina.
Las personas nunca abandonarán su derecho a la salud. Las multinacionales farmacéuticas deben abandonar las causas judiciales de una vez y para siempre.

Firma la petición aquí para que las corporaciones farmacéuticas abandonen las causas judiciales en contra de la salud pública.


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martes, 5 de enero de 2016

Hepatitis C: el Ministerio de Salud adquirió 140 mil dosis del medicamento antiviral

Infobae, 5 de enero de 2016

Se trata de la droga Sofosbuvir, un antiviral para personas con la enfermedad en estado avanzado. La compra se realizó a un laboratorio internacional y a uno local. En Argentina, alrededor de 800 mil personas sufren este mal
Hepatitis C, la importancia de la nueva medicación Crédito: shutterstock
El Ministerio de Salud de la Nación adquirió casi 140 mil dosis de un medicamento antiviral para personas infectadas con el virus de la hepatitis C en estado avanzado.

Se trata del Sofosbuvir (por 400 miligramos), un medicamento que será comprado en forma directa a Gador S.A., representante en Argentina de la empresa multinacional Gilead; y a Laboratorios Richmond S.A.C.I.F., productor nacional del genérico.

"Hubo muchas resistencias para esta compra del Sofosbuvir a Richmond pero ha salido aprobada y eso es positivo para tantas personas que esperan esta medicación; al tener más de un oferente, se abre la posibilidad de que algún día podamos adquirirlo por licitación y a precios más accesibles", explicó a Télam Lorena Di Giano, directora de Grupo Efecto Positivo.

Di Giano, quien recientemente fue nombrada como parte del equipo de expertos en Innovación, Desarrollo en Salud de ONU, sostuvo que es "muy positivo tener como oferente un productor nacional del genérico".


Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación la compra directa demandará 72.072.000 pesos en favor de Gador S.A., por 52.416 unidades a 51.105.600 pesos. Mientras que respecto de Laboratorios Richmond S.A.C.I.F., la compra de un total de 89.600 unidades será por 20.966.400. pesos.

En la actualidad, la hepatitis C representa la primera causa de trasplante hepático y es una importante causa de mortalidad en pacientes con VIH

"La diferencia de precio es evidente. Nuestros registros muestran permanentemente esas grandes diferencias que se pueden dar porque aún está vigente la Ley de Patentes. Que haya sido tomado Richmond como oferente es un paso muy importante", enfatizó Di Giano.

En Argentina, unas 800.000 personas tienen la enfermedad y 1.200 de ellos están atravesando un estadio muy severo y dependen de esta medicación.

En otra decisión administrativa publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud adquirió Daclatasvir a la fima Global FarmS.A., por un monto total de 111.138.720 pesos.


original en http://bit.ly/1OMGwes

domingo, 13 de diciembre de 2015

Una argentina será parte del grupo que asesora a la ONU sobre acceso a medicamentos y patentes


 Observatorio Sudamericano de Patentes, 12 de diciembre de 2015

Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación Grupo Efecto Positivo. A partir de ahora será parte de llamado Grupo Asesor de Expertos, que reporta al secretario general de la ONU, sobre temas relacionados con acceso a los fármacos. “Los medicamentos no son una mercancía, sino bienes sociales”, aseguró la flamante funcionaria.

El denominado Grupo Asesor de Expertos funciona en el seno de las Naciones Unidas, y está formado por especialistas de distintos países, que analizan entre otras cosas situaciones donde el acceso a los medicamentos para la población y la propiedad intelectual de los mismos colisionan. Desde esta semana, una argentina se sumará al trabajo de este espacio, que reporta al director general de la ONU. Se trata de Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación Grupo Efecto Positivo, quien se sumará al grupo asesor para sumar su experiencia en la materia. Su elección se basó en el trabajo realizado en el país en ayuda de los pacientes con HIV y hepatitis C, donde se busca mejorar el acceso a los tratamientos a precio no especulativo.

Di Giano es además coordinadora general de RedLAM, la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos. Ahora, se sumará a este grupo de expertos que asesorará en sus recomendaciones al secretariado general de ONU, Ban Ki-moon. “Este es un reconocimiento a su activismo y amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con VIH y hepatitis C en materia de acceso a medicamentos”, informó el Grupo Efecto Positivo mediante un comunicado.
“Para FGEP y para todo nuestro país y la región Latinoamericana, es un orgullo y gran responsabilidad que nuestra directora ejecutiva forme parte de un comité asesor al máximo nivel de representación global”, remarcó la entidad. La presencia de Di Giano en el Grupo Experto de Asesores asegura “la voz de aquellos que todos los días trabajamos para que el acceso a medicamentos y el compromiso vital por defender la visión integral de la salud como un derecho humano fundamental que nunca debe estar por debajo de los intereses comerciales corporativos”.

El Grupo Asesor de Expertos estará alojado por el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD), en Nueva York Estados Unidos, y deberá recomendar alternativas y soluciones para remediar las inconsistencias todavía existentes entre los derechos de propiedad intelectual –que incluyen a las patentes farmacéuticas- y las reglas de intercambio comercial por un lado, y los derechos humanos y la salud pública por el otro.
Estas inconsistencias funcionan todavía como barrera para la obtención de las Metas de Desarrollo Sustentable que los Estados miembro de la ONU se han impuesto, y el papel de Di Giano será representar los intereses de aquellas personas que necesitan acceder a la salud y los tratamientos para VIH y hepatitis C. “Los medicamentos no son una mercancía, sino bienes sociales para asegurar la salud pública de la población”, aseguró la flamante funcionaria de la ONU.
El trabajo de Di Giano y el FGEP viene ganando visibilidad a partir de sus reclamos para mejorar la cobertura de fármacos para pacientes con Sida y con hepatitis C. En el primero de los casos, son una de las entidades que fomentó la cuarta estrategia propuesta por la Argentina, es decir, que el 90 por ciento de los HIV positivos tengan acceso a tratamientos a precio módico.
“Hay que centrar la cuestión de la soberanía en medicamentos en la discusión de las patentes farmacéuticas como barrera para el acceso, considerando su impacto sobre los costos y la sustentabilidad de los programas nacionales”, recordó Di Giano en una reciente actividad en el Ministerio de Salud. Además, se pidió remarcar que la Argentina “es el país que más paga por los medicamentos en la región y que esto puede revertirse haciendo uso de las salvaguardas de salud como las licencias obligatorias”.

nota original http://bit.ly/1Ntoh7K

domingo, 28 de junio de 2015

Sofosbuvir: "Juegan con la cura definitiva"




Jimena Segura, Tiempo Argentino 28 de Junio de 2015

Desde los '80, Freyre milita por el acceso libre de los tratamientos a infectados de HIV y se ha transofrmado en un especialista en la disputa por las patentes y los medicamentos.

"Los monopolios podrían hacer inaccesible el tratamiento a miles de infectados.".

Presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), Alex Freyre dialogó con Tiempo sobre las complicaciones que se presentan para que los infectados de hepatitis C puedan acceder al sofosbuvir que cura la enfermedad en el 90% de los casos, y que aún no ha llegado al país. El rol de los laboratorios y la estructura de la producción de un producto fundamental para la supervivencia.

–¿Cuál es el tratamiento al que hoy tienen que tener acceso los infectados con hepatitis C?
–Desde la Fundación Grupo Efecto Positivo venimos militando desde hace años como representantes de los pacientes mismos.Yo mismo tengo hepatitis C, y vi a varios compañeros morir o también hacer el tratamiento que hoy está disponible, que dura como un año, con Interferón y Ribavirinapor, con el que no se curan todas las personas y tiene efectos psicológicos adversos muy fuertes. Por eso, la única opción es el Sofosbuvir, que ya no se trata de la mejora en la calidad de vida sino en la cura y sin efectos adversos. Somos activistas que ya en los '80 venimos militando por el acceso al tratamiento por HIV y seguimos reclamando por las más de mil personas que se infectaron de este virus a través de transfusión sanguínea en 1984 porque el gobierno compró sangre barata, lo que impulsó la expansión de esta enfermedad en nuestro país. Así es que monitoreamos procesos de compra, y también impulsamos la fabricación nacional de medicamentos retrovirales, porque han faltado en nuestro país muchas veces medicamentos, como resultado de políticas económicas adoptadas.

–¿Cuál es la problemática con el acceso del Sofosbuvir?
–El Sofosbuvir está hecho en base a una molécula que no puede ser patentada según nuestra propia Ley de Patentes porque carece de innovación tecnológica. Sin embargo, el laboratorio Gilead/Pharmasset solicitó su patentamiento, lo que podría hacer inaccesible el tratamiento a los miles de infectados del país. Es muy frecuente en este laboratorio, y muchos otros, la práctica de evergreening, por el que agregan colorantes, excipientes para poder patentar algo como innovación tecnológica cuando no lo es. De esta manera, en los países como Argentina se abre la posibilidad de que se fabrique la versión genérica y que se importe el principio activo, que se fabrica actualmente en la India, Egipto o China. Pero hay tratados de libre comercio que impulsa la Unión Europea firmados con la India por los que les prohíbe vender ciertos principios activos a países como el nuestro. Entonces, tenemos una amenaza que nos obliga a pensar seriamente en el desarrollo de la industria farmacéutica estatal y la nacional privada porque hay riesgos de que no podamos importar los principios activos que no fabricamos. Si logran su patentamiento en la Argentina, seguramente el gobierno nacional tendrá que comprar este producto al precio que pueda negociar para los casos más urgentes, pero para darle cobertura sanitaria y la cura a toda la población con hepatitis C de nuestro país será inviable. 

–¿Hay avances de acercamiento a los productores del principio activo directamente?
–Para importar el principio activo se necesita que quien lo fabrica en su país venga a registrarse en el Anmat. Hay que pensar en qué lugares se puede comprar que no esté afectado por las presiones de tratado de libre comercio o por las que ejercen las multinacionales de la industria farmacéutica sobre los productores de la droga base. Nosotros lo estamos gestionando, hacemos un seguimiento de cuáles son los laboratorios que lo hacen para invitarlos a que vengan a hacer el registro, estamos teniendo reuniones. 

–¿Existe la tecnología para producir este principio activo localmente?
–No ahora. Si bien a nivel estatal la Argentina tiene una industria farmacéutica privada superior a la de Brasil, la producción estatal brasileña es superior a la de acá. Por eso hay que pensar en procesos regionales de compra, producción y distribución de medicamentos. Hay una preocupación fuerte a nivel regional por el tema de la hepatitis C. Unasur anunció la creación de un fondo para colaborar con esto, hay que ver cómo prospera, recién comienza. «

Nota Original http://bit.ly/1KkdPRs