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viernes, 30 de septiembre de 2016

Los mega acuerdos y sus amenazas para América Latina

Jaime Estay, 30 de setiembre de 2016. Red Tercer Mundo - No. 279 - Año 2016


La tendencia a negociar “mega acuerdos” se ha acentuado. Los más significativos son el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA).



En las décadas recientes, se ha acentuado la tendencia a negociar acuerdos entre grupos de países y, de esas negociaciones, las más significativas, por la magnitud económica y peso político de los participantes, son las referidas al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés, negociado entre EE.UU. y la Unión Europea) el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), con participación de 12 países, tres de ellos de América Latina, y el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TISA), con participación de 50 países, siete de ellos de América Latina, que se conocen como “mega acuerdos”, en todos los cuales la negociación ha sido secreta.

Si bien esos tres acuerdos están en distintas etapas de negociación o puesta en marcha, involucran a diversos países y se refieren principalmente, en dos casos, al comercio de bienes y, en el tercero, al comercio de servicios, todos ellos tiene en común, por una parte, que constituyen estrategias alternativas ante el deterioro de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio y, por la otra, que implican grados importantes de avance en los procesos de desregulación de la economía internacional y en el despliegue global de los grandes capitales, los cuales, a través de esos acuerdos y con el apoyo de sus gobiernos, están buscando las mejores condiciones para penetrar sin restricciones en las distintas economías. A ello se agrega, por parte de Estados Unidos –eje de los tres acuerdos–, el intento de contrarrestar, al menos parcialmente, el avance regional y global que la economía china ha venido logrando desde hace ya algunas décadas.

TPIP
De los dos acuerdos referidos al comercio, el TPIP se encuentra aún en un proceso de negociación que lleva ya tres años, habiéndose celebrado 19 Rondas desde julio de 2013 a la fecha –la más reciente se realizó en julio de 2016– y el conocimiento de los textos parciales filtrados de dicha negociación ha despertado reacciones en contra, tanto en Europa como en Estados Unidos. A diferencia del TPIP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica ya fue suscrito, el 4 de febrero de 2016, luego cinco años y más de 20 Rondas de Negociación que iniciaron en marzo de 2010 y terminaron en octubre de 2015, y actualmente se encuentra en proceso de ratificación por los parlamentos de los países miembros del Tratado, sin certeza de que dicha ratificación se vaya a dar, sobre todo en el congreso estadounidense, y con movimiento sociales, en varios países, exigiendo a sus parlamentos que el acuerdo sea rechazado.

TPP y TISA
El texto del TPP, que una vez suscrito se dio a conocer, está compuesto por 30 capítulos, 4 Acuerdos Paralelos y 17 Instrumentos Bilaterales, abarcando los capítulos temas referidos al comercio de bienes y servicios (entre otros, Trato Nacional y Acceso de Mercancías; Reglas de Origen; Defensa Comercial; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Comercio Electrónico; Servicios financieros; Servicios de telecomunicaciones), a la administración del TPP (Disposiciones Administrativas e Institucionales; Solución de Controversias; Excepciones y Disposiciones Generales), a aspectos normativos de los países (Política de Competencia, Coherencia Regulatoria, Transparencia y Anticorrupción), y a otros temas como son: Inversión; Contratación Pública; Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados; Propiedad Intelectual; Medio Ambiente; Laboral; Cooperación y Desarrollo de Capacidades; Desarrollo; y, Pequeñas y Medianas Empresas.

Según se ve, el TPP incluye una amplia variedad de temas y tan sólo el cuerpo de los 30 capítulos –sin contar los anexos– abarca más de 600 páginas, si bien los capítulos tienen muy distintas extensiones, que en alguna medida reflejan las preocupaciones e intereses que se impusieron en la negociación. A modo de ejemplo, entre los capítulos más breves están el de Cooperación y Desarrollo de Capacidades (3 pp.), el de Desarrollo (5 pp.), y el de Pequeñas y Medianas Empresas (3 pp.), dirigidos, los dos primeros, hacia las economías participantes menos desarrolladas y el tercero hacia empresas que no son grandes –a lo que se agrega la total ausencia de algún capítulo dedicado a las migraciones, excepto lo referido a “Entrada Temporal de Personas de Negocios”–, en tanto que, en el otro extremo, el capítulo más extenso del Acuerdo es el de Propiedad Intelectual (80 pp.) con un tratamiento sumamente detallado del tema a lo largo de los 83 artículos que lo componen, y con el término “protección” (de los derechos de propiedad industrial, de obras literarias, de la propiedad industrial, de indicaciones geográficas, de las marcas, de datos de prueba) utilizado ¡146 veces!
En lo que respecta al TISA, su negociación inició formalmente en marzo de 2013, y hasta la fecha se han realizado 19 Rondas, la más reciente en julio de 2016. De acuerdo a los textos que han sido filtrados, con el Acuerdo se busca cubrir una muy amplia gama de temas: servicios financieros; servicios TIC (incluyendo telecomunicaciones y comercio electrónico); transporte marítimo; transporte aéreo; servicios de entrega competitivos; energía; servicios profesionales; entrada temporal de personas de negocios; y compras del sector público.

Esos textos, reflejan una clara decisión de avanzar al extremo en la liberalización de todo tipo de servicios, en parte reproduciendo los contenidos más cuestionables del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, y en gran parte ampliando sustancialmente dichos contenidos, tanto respecto de los temas recién mencionados que son objeto de negociación y compromisos de apertura, como en relación a la profundidad de dichos compromisos. Esa mayor profundidad, por ejemplo, respecto del “trato nacional” implica que se pasa de una modalidad de “lista positiva” en el AGCS (esto es, que los compromisos de tratar a los servicios y proveedores extranjeros por lo menos igual que a los nacionales, solo se aplican a los sectores que cada gobierno enlista de manera explícita) a un modalidad de “lista negativa” en el TISA (el “trato nacional” se aplica a todos los sectores excepto aquellos que cada gobierno enliste de manera explícita).
En suma, con el TISA se acentúa el principio general, que desde hace ya tiempo viene imponiéndose, de negar el carácter y función social de muchos servicios, asumiéndolos en su totalidad como mercancías a ser vendidas a clientes bajo las reglas del mercado y de las empresas que en él dominan. Con el conjunto de los mega acuerdos, se pretende dar un paso decisivo en contra, tanto de la capacidad de los estados para reglamentar sus economías, como de los estándares sociales y ambientales, y a favor de la desregulación plena de los mercados, de la multiplicación del poder de las grandes empresas y de la creciente mercantilización del conjunto de la vida económica y social, limitando al máximo los márgenes de acción de los gobiernos y otorgando todas las facilidades y derechos imaginables a los inversores.

Ese avance y posible concreción de los mega acuerdos ha contado con la participación de siete países latinoamericanos en el TISA, de los cuales tres también participan en el TPP, lo que no resulta extraño dada la permanencia del neoliberalismo en distintos países de la región y, con él, de estrategias gubernamentales de inserción internacional que claramente apuntan hacia el Norte, y que incluyen la sujeción a los dictados, intereses e iniciativas estadounidenses como son el TTP y el TISA.
Sin embargo, dicha participación no por esperable es menos peligrosa, y no sólo para las sociedades cuyos gobiernos se han embarcado en los proyectos estadounidenses, que con ello están viendo seriamente comprometidas sus posibilidades futuras de desarrollo nacional autónomo.
Los peligros que entrañan los mega acuerdos, son también muy altos para el resto de la región, así como para el desenvolvimiento futuro del conjunto de América Latina y el Caribe.
En términos generales, la posible concreción de dichos acuerdos reafirmaría un contexto global e internacional caracterizado por el dominio creciente de los mayores países y las más grandes empresas transnacionales, en el interior del cual se acentuarían las dificultades para abrir paso a proyectos alternativos de base nacional y regional, más aún dada la intención explícita de ampliar el alcance de los mega acuerdos al ámbito multilateral, aplicando sus contenidos a la totalidad de movimientos mundiales del gran capital bajo todas sus formas. En términos más particulares, la participación de países latinoamericanos en ambos mega acuerdos –con todo lo que esos acuerdos representan e impulsan–, con seguridad hará más difíciles no sólo los vínculos entre esos países y los restantes de la región, sino también la marcha de distintos mecanismos integradores en América Latina y el Caribe, y en particular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en cuyo interior se acentuarán las diferencias entre las visiones y estrategias que hasta hoy coexisten en su seno.

Notas
Los participantes del TPP, son Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Los participantes del TISA son Australia, Canadá, Chile, China Taipéi, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República de Corea, Suiza, Turquía y la Unión Europea (representando a sus 28 estados miembros).
A modo de ejemplo, en el TISA se reproduce el criterio del AGCS, en relación a que ambos Acuerdos están referidos a “todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”, agregando a continuación que “un ‘servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales’ significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”. Con ello, por ejemplo, servicios gubernamentales tales como salud y educación quedan incorporados en los Acuerdos, ya que se ofrecen “en competencia” con prestadores privados.
Al respecto, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han declarado su intención de que, una vez acordado el TISA, pudiera ser trasladado a la OMC, para su aplicación al conjunto de la economía mundial. Por una parte, en un memorando de la Comisión Europea (Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in Services, Memorando, 15 de febrero de 2013) se plantea que “En términos de la estructura del acuerdo, se convino que estaría basado en el AGCS, con algunos artículos fundamentales del AGCS incorporados (incluyendo las definiciones, el alcance, el acceso al mercado y trato nacional, exenciones generales y de seguridad). Esto, en general, haría posible en una etapa posterior integrar el acuerdo plurilateral en el AGCS”. Por otra parte, Kirk Ron, Representante Comercial Estadounidense, declaró lo siguiente (Remarks by United States Trade Representative Ron Kirk at the Coalition of Service Industries, 2012 Global Services Summit, 19 de septiembre de 2012): “El TISA presenta nuevas e importantes oportunidades para examinar los logros de los acuerdos de servicios hasta el momento; la consolidación de los elementos más importantes y eficaces en un único marco; y extender ese marco a un grupo más amplio de países. El TISA también ofrece un medio para construir un consenso internacional sobre las nuevas normas comerciales que algún día podrían ser introducidos en la OMC”.

Jaime Estay es profesor-investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, México, y coordinador de la Red de Estudios de la Economía Mundial.
original en 

lunes, 5 de septiembre de 2016

TLC implica ruptura de las débiles integraciones en la región



Observatorio Sudamericano de Patentes, 4 de septiembre de 2016

Alejandro Zegada.- elpais.com.- Los Tratados de Libre Comercio (TLC) generan una “creciente pauperización del trabajo”, y están hechos “a medida y conveniencia de los actores más beneficiados”, o sea  los más poderosos, advierten Vanessa Dourado (escritora brasileña) y Ramón Gómez Mederos (del Observatorio Geopolítico de la Energía y Soberanía de Argentina).
Según los expertos, este tipo de tratados fueron estructurados en gran medida por la competencia de China (considerada como una amenaza a los intereses de EEUU y sus aliados occidentales), y especialmente para contraponer la influencia de otros bloques económicos como los BRICS y la ASEAN+3. 
Una faceta clave de los TLC son los nuevos patrones de control de la propiedad intelectual. 
“Es importante recordar que las implicancias de la pérdida de competitividad de la economía norteamericana, además de la percepción de que Japón y los países asiáticos utilizaban libremente las tecnologías desarrolladas en los EEUU, postuló una fuerte política en cuanto a las patentes y la propiedad intelectual, fundamentalmente en la era Reagan y Clinton, a tal punto que en 1982 se crea una Corte de Apelaciones especializada en derechos de propiedad intelectual”, destacan Gómez y Dourado.
Así, las industrias intensivas del conocimiento (particularmente farmacéutica, audiovisual y de software) constituyeron en 1981 el ACTN (Comité Consultivo para las Negociaciones de Comercio) para vincular el comercio internacional con el fortalecimiento de los llamados derechos de propiedad intelectual.
El TPP: desde y para EEUU
Una variante moderna de los TLC es el TPP (Tratado Trans-Pacífico). Resulta muy revelador entrar al sitio web oficial de la Oficina del Representante de Estados Unidos para el Comercio-Oficina Ejecutiva del Presidente (https://ustr.gov/).
En dicha web, el representante del gobierno norteamericano explica así textualmente lo que es el TPP: “El TPP escribe las reglas del comercio global – reglas que ayudarán a incrementar las exportaciones hechas en Estados Unidos, a hacer crecer la economía estadounidense, apoyará los trabajos bien remunerados en Estados Unidos, y fortalecerá la clase media estadounidense” [traducción propia]. 
El acuerdo (firmado este año), impulsado por el presidente Barak Obama, está conformado por 12 países: Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú, EEUU, Vietnam, Chile, Brunei, Singapur y Nueva Zelanda.
El Primer Ministro neozelandés, John Key, dijo al momento de firmar el acuerdo que el “TPP dará mucho mejor acceso a bienes y servicios a los 800 millones de habitantes de los 12 países firmantes” que representan un 36% del Producto Interno Bruto Mundial.
Mientras, Obama afirmó en un comunicado relacionado que “el TPP permite que Estados Unidos -y no países como China, que esta fuera del acuerdo- escriban las normas de circulación (comercial) en el siglo XXI, lo cual es especialmente importante en una región tan dinámica como Asia-Pacífico”.
De ahí la preocupación de Dourado y Gómez cuando advierten que el TPP “posibilita a los EEUU presionar a los países de América Latina y demás países participantes a adoptar nuevos compromisos que sean favorables a sus intereses y que limitan el desarrollo de estos países”, especialmente en lo referido a aspectos de propiedad intelectual/patentes.
Para los citados expertos, este proceso “es un intento de desmonte de esfuerzos, aunque poco efectivos e igualmente desarrollistas de los gobiernos llamados progresistas, en promover una mayor integración de América Latina con otros países de Sur, aunque hay una política de no-enfrentamiento al centro estructural de dependencia del Norte”.
Al TPP se suman iniciativas similares de “reorganización estatal al servicio de las transnacionales”: en Europa los acuerdos TTIP (Tratado Trans-Atlántico  de Comercio e Inversiones), y el Tratado de Servicios (TISA), que es un acuerdo secreto entre 50 países.
Pero el camino del TPP no es totalmente expedito. Ha habido manifestaciones de protesta en países firmantes, como Nueva Zelanda y Malasia. Y por el lado de los gobiernos y los legislativos también hay dudas.
El gobierno canadiense por ejemplo ya advirtió a través de su ministra de Comercio, Chrystia Freeland, que “muchos canadienses no se han decidido sobre el TPP y muchos más tienen dudas”, por lo cual habrá un examen en profundidad antes de ver si es ratificado. Los gobiernos firmantes tienen hasta octubre de 2017 para ratificar el tratado.

viernes, 27 de mayo de 2016

A hacha y Tisa : la llave para pasar los servicios públicos al sector privado

, la brecha, (Uruguay) , 26 de mayo de 2016


Los cincuenta países que negocian el pacto secreto Tisa mantienen el rumbo para abrir las puertas de los servicios públicos al sector privado. La Comisión Europea ha fijado su posición en las conversaciones del acuerdo que afectará a prácticamente todos los servicios, desde los postales hasta los transportes, a pesar de la exigencia del Europarlamento de que el Trade in Services Agreement (Tisa, en inglés) deje fuera los servicios públicos. Y todo ello tiene lugar en una atmósfera de secretismo aun más densa que la que envuelve al Ttip, el acuerdo en negociación entre Europa y Estados Unidos.
Una nueva filtración de Wikileaks muestra que las negociaciones han mantenido, e incluso endurecido en algunos aspectos, la línea hecha pública entre junio y julio de 2015. Uno de los documentos filtrados recoge la obligación de los estados de informar al resto de los países –y por tanto a sus empresas– antes de aprobar normativas que puedan afectar a sus intereses comerciales. Y, mientras algunos de los estados negociadores piden acotar esta imposición, Estados Unidos, Canadá y otros exigen que se mantenga ante prácticamente cualquier escenario. Esto afectaría incluso a las medidas adoptadas de urgencia por los respectivos gobiernos, ya que incumplirían la cláusula que obliga a dar una “oportunidad razonable” al resto de los estados firmantes para hacer comentarios con base en sus intereses o los de sus empresas. Si Estados Unidos logra imponer su posición, la obligación de dar cuentas al resto de estados se aplicaría a las regulaciones “a cualquier nivel de gobierno”, por lo que, según los expertos de Wikileaks, esto obligaría hasta al más pequeño de los ayuntamientos a informar sobre las normativas que planee aprobar por su posible impacto en los intereses económicos y financieros de los inversores extranjeros.
Por otro lado, el documento establece restricciones a las tasas que cada uno de los países pueda imponer al resto por los procedimientos para prestar servicios a lo “razonable”, y la UE respalda que la cantidad fijada no pueda superar el coste administrativo. El análisis de la organización que dirige Julian Assange advierte que el texto en cuestión “lleva las negociaciones mucho más allá de los aspectos legítimamente vinculados al comercio hasta el territorio de una agenda política profundamente liberalizadora”. Advierte que, tal y como está contemplado hoy, el Tisa “obstruye” la capacidad normativa de los estados para imponer la desregulación que los lobbies corporativos están exigiendo a los negociadores.
El referido documento es el borrador del anexo sobre regulación nacional de la ronda de reuniones del 10 de octubre de 2015, una versión actualizada del escrito fechado en febrero de ese mismo año. También recoge la propuesta alternativa de Estados Unidos en esta materia, fechada en 2014, y sorprende cómo parte de sus postulados han sido incluidos de forma casi literal en la versión del acuerdo filtrada.
En marzo de 2013, prácticamente en el momento en que se lanzaron las negociaciones, el entonces vicepresidente de la Coalición de Industrias de Servicios, Samuel di Pia­zza, llegó a afirmar ante el Congreso que el Tisa debe “modificar o eliminar regulaciones”, como recuerdan desde la organización de Assange. En el mismo año, la National Retail Federation estadounidense llegó a pedir que el acuerdo suavice las regulaciones en lo que respecta a los tamaños de los locales y a las horas de apertura y cierre para lograr “eficiencias operativas” y trabajar “relativamente libres de regulación gubernativa”.
“Los borradores filtrados y los documentos estratégicos de los negociadores revelan que los lobistas corporativos están en lo cierto al pensar que podrán comenzar su causa desreguladora”, sentencia el análisis de Wikileaks.
El marco de actuación del acuerdo es enorme –desde las normativas sobre la expedición de licencias para prestar servicios hasta, posiblemente, los estándares técnicos–, y en función de qué propuesta tenga un mayor apoyo, más duro será el acuerdo final. Una de ellas es impedir que las regulaciones sean “más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio”; otra que estén basadas en “criterios objetivos y transparentes” relacionados con su prestación, lo que situaría en un segundo plano los objetivos ambientales o sociales.
El acuerdo también pretende acelerar los tiempos a la hora de tomar decisiones normativas en las que haya que contar con las opiniones de estos estados. Los acota a “períodos de tiempo razonable”, sin “retrasos injustificados”. Los expertos de Wikileaks cuestionan si dentro de lo “razonable” entraría un estudio de impacto ambiental sobre una nueva normativa, pero la respuesta de nuevo depende de la propuesta que finalmente se imponga, o del nivel de inconcreción del lenguaje que plantee este texto.
(Tomado de público.es, por convenio).

viernes, 25 de marzo de 2016

Argentina: La visita de Obama para derrumbar la normativa nacional de patentes farmacéuticas. TISA y PCT


Observatorio Sudamericano de Patentes, 25 de marzo de 2016




obsupat.-La "visita" de Barak Obama a la Argentina estuvo precedida de un feroz lobby sobre funcionarios del gobierno de Macri para derogar normativa relacionada a los procedimientos de concesión de patentes farmacéuticas y biotecnológicas. El CEO de la Cámara de Comercio de EEUU en el país (AmCham) hizo saber días antes de las intenciones de las empresas estadounidenses para que Argentina se incorpore al tratado TISA y PCT.

El Acuerdo en comercio de servicios (en inglés Trade in Services Agreement, TISA) es un tratado internacional en el que entran 23 países, incluyendo los que pertenecen a la Unión Europea y EE.UU. El acuerdo promueve la liberalización a escala global del comercio de servicios como la banca o el transporte.

Por su parte, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, conocido generalmente como PCT crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros contando en la actualidad con aproximadamente 150 países. Este acuerdo es el paso previo a la patente mundial que las empresas globales anhelan.

Al mismo tiempo, los abogados o agentes de propiedad industrial representantes de estas corporaciones en Argentina agrupados en la AAAPI, ya habían solicitado la derogación de resoluciones implementadas durante del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que regula el procedimiento de concesión y denegación de solicitudes de patentes farmacéuticas por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

Los agentes pidieron al ministro de producción argentino la derogación de una resolución conjunta de las carteras de Salud, Producción y el INPI del 2012, que estableció lineamientos (guías) a los que se tiene que ajustar el INPI cuando analiza el pedido de una patente.

La Ley Argentina de Patentes, de 1995, adoptó las bases dispuestas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionados con el Comercio de la OMC, firmado el año anterior en la ronda de Uruguay. A partir de este convenio multilateral, que estableció el plazo de 20 años para las patentes, luego cada país es soberano en determinar qué es nuevo, qué tiene altura inventiva y qué tiene aplicabilidad industrial, tres requisitos para obtener las licencias. Pero hasta 2012, la normativa era ambigua, por lo que los laboratorios nacionales debían recurrir a la Justicia para pelear cada una de patentes otorgadas de manera poco transparente por el INPI.

Sucede que la actual ley de patentes es una traba para los laboratorios extranjeros quienes pretenden que el país ingrese al tratado PCT para quitar a la oficina nacional (INPI) la capacidad de otorgar patentes, pues el propio tratado asigna a algunos pocos países la realización de los informes internacionales de patentes necesarios para conceder o no, un monopolio por esos 20 años que actualmente establece la ley argentina, redactada para adecuarse a los ADPICs.

Así, las empresas norteamericanas que negociaron los TLC con Chile y Colombia, DR-CAFTA, CAN, NAFTA y TPP pretenden mayores plazos de protección de las patentes al introducir una cláusula por demoras imputables a la oficina de patentes, para el caso de supuestos atrasos en la concesión por problemas "burocráticos", extendiendo la protección por varios años más de los 20 ya existentes a partir de la fecha de solicitud.

Esto sumado al lobby para que el ministerio de salud y el ANMAT aprueben los 5 años de protección de datos de pruebas que impiden la apariciónn de medicamentos genéricos de laboratorios nacionales en el mercado. Que en el tratado TPP puede extenderse hasta 8 años.

El problema para ellos es que el MERCOSUR impide según su normativo, incorporarse a otros tratados de forma individual por lo que es imperioso para las corporaciones forzar la derogación de las mencionadas resoluciones administrativas del INPI que el propio gobierno de Macri puede deshacer con un simple decreto.

Los intereses estadounidenses en Argentina liderados por AmCham impulsaron la llegada de Obama para derrumbar la normativa que protege todavía la aparición de medicamentos genéricos en las farmacias y hospitales del país.



El CEO de Amcham en Argentina, Alejandro Díaz, lo expresó claramente en una respuesta al diario El Cronista:

— ¿Cuál es el interés en materia de propiedad intelectual? ¿Se espera alguna gestión en el marco de la visita de Obama?

— Lo que se pretende es que se dé cumplimiento a la Ley de Patentes Argentina. Para eso hay que revisar las últimas decisiones tomadas por resolución, las guías de patentabilidad, que están en contra del proceso de la ley. Además, los procesos de aprobación de las patentes son mucho más largos que en el resto del mundo. En cuanto a si será parte de la agenda de Obama, no lo sé, pero Propiedad inte lectual es uno de los cinco temas que EE.UU. ha planteado en los últimos 150 años en las negociaciones bilaterales. ¿Crees que a la Argentina lo va a excluir? Hay que romper con la famosa mística de los laboratorios nacionales y los importados y empezar a trabajar con la innovación y la tecnología.