El pasado 6 de diciembre, cuando la onda expansiva del caso Lava jato
golpeaba a toda América Latina, uno de los últimos episodios de la
guerra que enfrenta a las farmacéuticas con los Estados y los pacientes
pasó inadvertido en el auditorio de un lujoso hotel de la ciudad de
Panamá. Después de dos años de gestiones, delegados de una coalición de
organizaciones civiles de seis países consiguieron un espacio en una
audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
denunciar un problema por el que está en riesgo la vida de millones de
personas: el actual sistema de patentes como principal obstáculo para el
acceso a medicamentos contra enfermedades graves como el virus del
Sida, el cáncer y la hepatitis C. Fue la primera vez que un grupo de
oradores de Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, México y Brasil expuso
ante este foro que las reglas de propiedad intelectual permiten a los
grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios
de las medicinas.
“Las multinacionales farmacéuticas tienen el
control de un sistema que impide extender los medicamentos a todos los
que los necesitan.”, dice Germán Holguín, director de Misión Salud, la
fundación colombiana que tomó la iniciativa de solicitar la audiencia.
“Más de 700 mil personas mueren al año en la región por causas que
pudieron evitarse”, precisa este abogado y economista caleño que estudia
desde hace quince años el comportamiento de la industria farmacéutica.
Holguín está convencido de que existen todas las condiciones para
calificar la conducta de los laboratorios que bloquean el acceso a las
medicinas genéricas como un crimen de lesa humanidad juzgable por la
Corte Penal Internacional.
“Estamos frente a un drama de gigantescas proporciones”, advierte.
Su preocupación coincide con las conclusiones del panel de alto nivel
sobre acceso a medicamentos de las Naciones Unidas, que en su último
reporte del 2016 ubica como un problema central: “las incoherencias
entre las reglas de comercio y de propiedad intelectual con los
objetivos de la salud pública y los derechos humanos”.
En este contexto, Ojo-publico.com ha realizado una investigación en
alianza con periodistas de Argentina, Colombia, Guatemala, México y
Venezuela, que revela las presiones de las compañías farmacéuticas sobre
los Estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies
diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con
funcionarios que representan conflictos de interés, la multiplicación de
patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para
alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre
farmacéuticas con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de
menor costo. El resultado ofrece un panorama de prácticas cuestionadas
que explica las dificultades del acceso a las medicinas costosas para
personas vulnerables a lo largo de América Latina.
El dinero o la vida
Uno de los más visibles detractores del comportamiento de las
grandes farmacéuticas es el ex presidente colombiano Ernesto Samper. En
1989, tras sufrir un atentado que casi le cuesta la vida, Samper fue
sometido a una trasfusión de sangre que le contagió la hepatitis C.
Durante un año y medio, se sometió al tratamiento convencional, tan
agresivo como una quimioterapia, sin éxito. La cura solo llegó tiempo
después por medio del sofosbuvir, un fármaco del laboratorio
estadounidense Gilead Sciences, que salió al mercado en el 2014 con la
marca Sovaldi, y por el que su seguro médico pagó 84 mil dólares. La
experiencia le hizo descubrir en carne propia el drama de los pacientes
que requieren medicinas de alto costo.
“Cuando uno se pone a averiguar
cómo un tratamiento puede valer mil dólares la píldora, si el costo de
elaborarla vale menos de mil, le dan respuestas como: ‘Eso es lo que
vale un hígado’. Como quien dice: ‘Su vida vale 84 mil dólares’”, cuenta
el expresidente en una entrevista para esta investigación.
Hasta enero último Samper fue secretario general de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur). Allí descubrió que el tema era mucho
más complejo.
“Cuando ya
estaba curado, llegaron a mi oficina –en la secretaría de Unasur– los
mismos (representantes) del laboratorio Gilead para proponer un acuerdo
que permitiría cubrir el tratamiento completo por 6.400 dólares”, relata
Samper. “Yo dije: ‘Perfecto, pero me van girando los 78 mil que me
robaron’. Porque, ¿cómo pueden rebajar un tratamiento de 84 mil a 6 mil?
Tienen que estarlo produciendo más barato”, recuerda el expresidente.
Precios tan altos como el fijado a Sovaldi son impuestos al
amparo de patentes de veinte años, que a menudo se justifican con la
presunta necesidad de cubrir los costos de investigación y desarrollo.
Sin embargo, Gilead Sciences, la titular de las patentes de sofosbuvir,
no inventó este medicamento: lo compró. Para ser más precisos, adquirió
la compañía que lo había creado: Pharmasset, una pequeña firma
biotecnológica con base en New Jersey. Y por si eso fuera poco, ahora se
sabe que el precio de venta de sofosbuvir supera, en promedio, más de
800 veces el costo de su producción: un estudio de la Universidad de
Liverpool concluyó que el tratamiento de 12 semanas con esta pastilla
puede fabricarse a un costo que oscila entre 68 y 136 dólares.
El problema está en que pocos gobiernos ponen contrapeso a los abusos
de las farmacéuticas a través de un recurso legal que tienen a su
disposición para proteger la salud pública: las licencias obligatorias.
Se trata de autorizaciones, concedidas a algún laboratorio, para
elaborar productos que de ordinario no podría fabricar por estar
protegidos con patentes. Este mecanismo está reconocido en el propio
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, vigente desde 1995, y la Declaración de
Doha, suscrita en el 2001 por los países miembros de la Organización
Mundial del Comercio.
Una base de datos de las licencias obligatorias, elaborada como
parte de la investigación de The Big Pharma Project, revela que entre
1960 y 2016 solo catorce países recurrieron a este mecanismo que en 44
casos llevó a la reducción de precios de medicamentos bajo monopolio de
doce farmacéuticas. Estos casos involucraron productos de
GlaxoSmithKline, Abbott, Merck Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb,
Gilead Sciences y Pfizer. La amplia mayoría de fármacos liberados de
patente corresponde a antirretrovirales, tratamiento indispensable para
mantener con vida a los pacientes con VIH, pero también hubo licencias
para medicinas contra el cáncer, la artritis reumatoide, la hepatitis B,
la diabetes y otras enfermedades.
En la lista de países que otorgaron licencias obligatorias aparecen
solamente dos latinoamericanos: Brasil y Ecuador. El primero, que cuenta
con una sólida industria farmacéutica nacional, usó este recurso en el
2001 para abaratar el costo del antirretroviral Efavirenz, que estaba
bajo el control monopólico de Merck Sharp & Dohme. El segundo ha
concedido diez licencias obligatorias y ha apostado por robustecer su
industria farmacéutica al fundar la compañía pública Enfarma, orientada a
la producción de genéricos. De hecho, en el 2009, el mismo año en que
se creó Enfarma, el Gobierno de Ecuador emitió el decreto ejecutivo que
declara de interés público el acceso a los medicamentos empleados para
el tratamiento de las enfermedades que afectan a la población del país.
Ecuador comparte con Indonesia el récord de licencias obligatorias en el
mundo. El gobierno de Rafael Correa liberó de patentes seis
antirretrovirales que estaban en manos de los laboratorios Abbott y
GlaxoSmithKline; dos medicamentos contra la artritis, que monopolizaban
Merck Sharp & Dohme y UCB Pharma; un oncológico de Pfizer y un
fármaco usado en trasplantes renales fabricado por Syntex.
Para sorpresa de muchos, la lista incluye a Estados Unidos, que en 1960
fue el primer país que concedió una licencia obligatoria. Ahora se opone
a su uso en América Latina para proteger los intereses comerciales de
las farmacéuticas de capitales estadounidenses. Las licencias
obligatorias también han sido otorgadas por Italia (en tres ocasiones),
Eritrea, Ghana, India, Malasia, Mozambique, Tailandia, Zambia y
Zimbabue.
Lo que ha quedado claro es que en ninguno de estos casos se cumplieron
las apocalípticas advertencias de los representantes diplomáticos de
Estados Unidos y de las multinacionales farmacéuticas sobre inminentes
sanciones comerciales o políticas para los países que aplicaran la
medida. No obstante esa evidencia, el lobby diplomático y político que
mueve esta industria acaba de frenar estos procesos en Colombia y Perú
con los mismos argumentos.
Juan Carlos Tealdi: riesgos para la vida, la integridad y la salud de miles de pacientes de consumarse la fantasía anunciada por
